Lorenzo Maria Pacini.
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06 de noviembre 2026.
La tragedia de dos años de promesas incumplidas ha concluido con un veredicto inequívoco.
Una promesa cumplida en 22 meses
El 20 de enero de 2025, desde la Rotonda del Capitolio, Donald Trump anunció al pueblo estadounidense que la edad de oro del país comenzaba en ese mismo momento.
Veintidós meses después, esa promesa reveló su verdadera naturaleza: una burbuja naranja inflada con eslóganes, que estalló la noche del 3 de noviembre de 2026, con un estruendo que pocos —incluso entre los críticos más acérrimos del presidente— habían anticipado.
Los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso. El resultado más significativo, desde el punto de vista político, se produjo en el Senado, ya que allí la contienda parecía prácticamente decidida desde el inicio.
Incluso al comienzo del ciclo electoral, los observadores independientes consideraban que recuperar el control del Senado sería una batalla cuesta arriba: los republicanos contaban con una mayoría de 53 contra 47, y solo dos de sus escaños se consideraban verdaderamente competitivos.
El resultado fue mucho más allá de eso. Los demócratas ganaron escaños en Texas, Carolina del Sur, Kansas, Maine, Iowa, Ohio y Carolina del Norte, y defendieron sus escaños vulnerables en Michigan, Georgia y Nuevo Hampshire; las proyecciones de ABC News —con el recuento aún incompleto y Misisipi y Alaska por asignar— les otorgan 54 escaños (a la mañana del 4 de noviembre). En la Cámara de Representantes, se estima que la mayoría demócrata es de al menos 245 escaños de un total de 435.
No estamos presenciando el habitual declive del partido del presidente en las elecciones de mitad de mandato —ese al que el propio Trump había aludido en enero con una mezcla de molestia y superstición—. Estamos presenciando una ruptura que podemos describir como geográfica.
La América rural y del «estado profundo» —esa parte del país que, hasta hace dos años, ni siquiera habría considerado votar en su contra— le ha cerrado la puerta en las narices.
Fue el voto de la persona común a quien se le prometió prosperidad, pero que terminó con precios más altos, una guerra lejana y costosa, y un presidente que se preocupa principalmente por hablar de sí mismo.
Para evaluar la importancia de la votación, es mejor comenzar con las excepciones, porque aquí las excepciones se han convertido en la regla.
En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews derrotó a la senadora republicana Darline Graham con aproximadamente el 50,6 por ciento de los votos frente al 47,2 por ciento.
Es la primera demócrata en ganar una contienda estatal para el Senado o la gobernación desde 1998, y será la primera mujer elegida para el Senado en la historia del estado. Este caso es doblemente revelador.
Darline Graham había estado ocupando un escaño en el Senado por designación del gobernador tras la muerte repentina de su hermano, Lindsey Graham, el 11 de julio, y se había asegurado la nominación gracias al apoyo directo de Trump; dos semanas antes de la elección, él había regresado a Carolina del Sur para hacer campaña a su favor.
Fue en Myrtle Beach, el 21 de agosto, durante un mitin a su favor, donde el presidente acuñó la frase destinada a definir su campaña: les pidió a los votantes que imaginaran que su nombre aparecía en la boleta electoral. El estado que vio nacer ese eslogan es también el que lo desmintió primero.
En Texas, James Talarico, un exmaestro de secundaria de 37 años y representante estatal de Austin, derrotó al fiscal general Ken Paxton. Ningún demócrata había ganado una elección al Senado en Texas desde 1988; la candidata demócrata Gina Hinojosa también le arrebató el cargo de gobernador a Greg Abbott.
Los números hablan más que los eslóganes: Talarico terminó con alrededor del 55 por ciento de los votos frente al 43 por ciento de Paxton, mientras que hace dos años Trump había ganado el estado por un margen de casi catorce puntos.
El cambio neto supera los veinticinco puntos, y en los condados fronterizos del Valle del Río Grande —precisamente aquellos que en 2024 se habían presentado como prueba de la conversión de la población hispana al trumpismo— los márgenes demócratas han vuelto a niveles que parecían cosa del pasado.
En Kansas, el reverendo metodista Adam Hamilton —pastor de la congregación metodista unida más grande de Estados Unidos y autodenominado centrista— derrotó al senador titular Roger Marshall, un acérrimo partidario de la agenda presidencial, con aproximadamente un 51 por ciento frente a un 46 por ciento.
Kansas no había enviado a un demócrata al Senado desde 1932: casi un siglo. En comparación con las elecciones presidenciales de 2024, el estado se ha desplazado unos veintiún puntos hacia los demócratas.
Un cambio de esta magnitud no puede explicarse únicamente por los suburbios de Kansas City. Necesariamente debe haberse extendido a los condados agrícolas de las Grandes Llanuras —es decir, el corazón sociológico del electorado republicano—.
Por último, en Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed derrotó al excongresista y exagente del FBI Mike Rogers. El-Sayed, un médico de 42 años y excomisionado de salud de Detroit, será el primer musulmán en ocupar un escaño en el Senado de los Estados Unidos.
Ganó con una plataforma abiertamente progresista, en un estado en el que Trump había ganado dos veces, frente a un oponente que había apostado casi todo a su supuesta desconexión de los valores del electorado del Medio Oeste. El significado simbólico es claro; el significado político es aún mayor, porque demuestra que avivar el miedo contra un candidato ya no es suficiente para contrarrestar el descontento con quienes están en el poder.
“Imaginen que mi nombre está en la boleta electoral”
Trump llevó a cabo esta campaña como un referéndum sobre sí mismo. Realizó veintiocho mítines, todos en estados predominantemente republicanos, y les dijo repetidamente a los votantes que votaran como si su nombre estuviera en la boleta electoral.
Los estadounidenses le tomaron la palabra. La elección del 3 de noviembre fue exactamente lo que él había pedido que fuera: un juicio sobre él personalmente y sobre sus dos años en el cargo. El veredicto ya se dio a conocer, y fue un rechazo.
Vale la pena destacar un hecho —y, conociendo al hombre, no era en absoluto un resultado predecible. Esta vez, Trump no protestó; dijo que estaba dispuesto a aceptar los resultados, felicitó a sus oponentes y se limitó a argumentar que, de haber sido él realmente el candidato, los republicanos habrían ganado por una mayoría aplastante.
La diferencia con respecto a 2020 es marcada. La explicación más sencilla es también la más probable: la derrota fue tan contundente, tan generalizada en todo el país y tan bien documentada que cualquier narrativa alternativa es insostenible.
Incluso un líder que se ha convertido en el centro de todo sabe que hay un límite más allá del cual la propaganda deja de funcionar y comienza a hacerlo lucir ridículo.
Lo que queda, sin embargo, es el reflejo del niño ofendido que se lleva su pelota a casa. Una hora después de hablar de cooperación, Trump publicó una imagen de una gorra roja con una sola palabra: «VETO»: cualquier cosa que apruebe el nuevo Congreso y que no le guste será vetada. El mensaje es claro.
Los últimos dos años de su mandato no se tratarán de gobernar, sino de bloquear.
No se trata de una amenaza vacía. Para anular un veto presidencial se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, y con unos cincuenta escaños en el Senado, los demócratas están muy lejos del umbral de sesenta y siete votos.
El resultado es una parálisis legislativa casi segura: el Congreso podrá aprobar leyes, el presidente podrá bloquearlas, y ninguno de los dos tendrá la fuerza para imponerse sobre el otro. La nueva mayoría conserva herramientas reales, como los poderes de investigación, el control sobre las confirmaciones del Senado y, sobre todo, la influencia presupuestaria, pero estas son herramientas de restricción, no de gobernanza.
En el ámbito de la política exterior, el panorama es aún menos favorable para el Congreso. La Constitución otorga formalmente al Congreso la facultad de declarar la guerra y financiarla, y la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 tenía por objeto volver a someter el uso de la fuerza al control del Congreso.
En la práctica, sin embargo, desde la Guerra de Corea en adelante, los presidentes han librado guerras sin declaraciones de guerra, y el Congreso casi siempre ha terminado por ratificar retroactivamente —a través de la financiación— decisiones que ya se habían tomado.
Una resolución que ordene la retirada de las tropas puede, a su vez, ser bloqueada mediante un veto.
En términos prácticos, por lo tanto, Trump conserva un margen muy amplio de maniobra en el ámbito internacional, y un presidente que ya no tiene nada que perder en el frente interno puede verse tentado a buscar en el extranjero lo que se le ha negado en casa.
Es aquí donde la derrota electoral se convierte en un tema geopolítico. La guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, nunca ha terminado realmente: altos el fuego, nuevos ataques aéreos y negociaciones intermitentes.
A principios de octubre, la prensa estadounidense informó que el Pentágono estaba preparando opciones para reanudar operaciones a gran escala, con tres portaaviones en camino hacia la región y planes para atacar el arsenal de misiles y drones de Irán, así como su infraestructura energética.
Según las mismas fuentes, Trump había rechazado cinco propuestas de operaciones de gran envergadura en los meses anteriores. Otros rumores, nunca confirmados, atribuían a sus asesores la convicción de que el mejor momento para atacar sería después de las elecciones de medio período, no antes.
El riesgo de un furioso ataque de última hora es, por lo tanto, muy real. Y aquí radica una amarga ironía. Hoy nos vemos obligados a confiar en el sentido común de los militares para que no estalle otra guerra en el Medio Oriente. Sin embargo, debemos ser precisos sobre a qué oficiales militares nos referimos.
No a la dirección política del Departamento de Defensa, que bajo el mando de Pete Hegseth continuó extendiendo los despliegues en la región incluso cuando el presidente estaba considerando declarar el fin del conflicto, sino a la dirección profesional de las fuerzas armadas: aquellos que conocen el estado real de las reservas de misiles interceptores y el costo humano de una nueva campaña.
El hecho de que, en una república fundada en la primacía de la autoridad civil, la esperanza de moderación deba recaer en el liderazgo militar en lugar de en las instituciones electas es, en sí mismo, un síntoma de una patología institucional profundamente arraigada. Pero tal es la situación, y es mejor verla sin ilusiones.
Lo mismo se aplica a quienes rodean al presidente. Durante dos años, su séquito fue seleccionado en función de la lealtad personal, y esa lealtad generó un sistema de corte en el que nadie se atrevía a contradecirlo.
Después del 3 de noviembre, esa lealtad perdió su principal incentivo: ya no garantiza ni las carreras profesionales ni la reelección. Cabe esperar que parte de ese aparato comience a hacer lo que debería haber hecho desde el principio: establecer límites. No por virtud, sino por instinto de supervivencia.
Cada uno por su cuenta
Sin embargo, el espectáculo más revelador de las próximas semanas será otro: ver cómo los legisladores republicanos que, hasta ayer, apoyaban a Trump sin reservas, se apresuran a saltar del barco que se hunde. Esta dinámica ya había comenzado antes de la votación.
En agosto, seis candidatos respaldados por el presidente fueron derrotados en las primarias para la Cámara de Representantes o para gobernador —el doble que en toda la primera mitad del año—.
El presidente no puede postularse a la reelección en 2028, y esta derrota da inicio, de hecho, a la carrera por su sucesión dentro del Partido Republicano.
En esta carrera, la cercanía a Trump —que hasta ayer era un requisito— corre el riesgo de convertirse en un lastre. Veremos a senadores que votaron a favor de cada nominación, cada arancel y cada asignación para la guerra reinventarse de repente como guardianes de las prerrogativas del Congreso, el equilibrio de poderes y la prudencia fiscal.
Veremos a gobernadores que han construido sus carreras basándose en la deferencia hacia el presidente presentarse como la voz del conservadurismo «serio» y «responsable». Es una farsa tan antigua como la política misma, y no hay por qué sorprenderse tanto. En todo caso, deberíamos recordar quién dijo qué —y cuándo—.
Dicho esto, sería un error dar por perdido a Trump —y con él, al trumpismo— como políticamente acabado. Las elecciones de medio período castigaron al presidente; aún no han decidido la era post-Trump. Y dentro de la lógica de la política estadounidense, hay una estrategia perfectamente racional para los republicanos: dejar que los demócratas carguen con la culpa.
El razonamiento es sencillo. Al controlar ambas cámaras, los demócratas se vuelven corresponsables de todo lo que suceda en los próximos dos años, pero sin control sobre el poder ejecutivo —es decir, sin poder cambiar realmente las cosas—.
Cada proyecto de ley será bloqueado por un veto; cada impasse presupuestario podría derivar en un cierre del gobierno federal; cada investigación del Congreso podría ser presentada como una represalia partidista.
El propio Trump predijo esto ya en enero, cuando advirtió a sus seguidores que, si perdían las elecciones, los demócratas encontrarían «una razón» para someterlo a un juicio político por tercera vez.
La Cámara de Representantes puede aprobar el juicio político por mayoría simple, pero la condena requiere una mayoría de dos tercios en el Senado —un umbral que actualmente es inalcanzable—. Un juicio político condenado al fracaso sería el mejor regalo que los demócratas podrían darle a los republicanos.
En este escenario, el país sigue deteriorándose y la culpa recae sobre quienes controlan el Congreso. Los republicanos, liberados de la carga de un presidente cuyo mandato está por terminar, se presentarían en 2028 como la alternativa al caos y se asegurarían una victoria rotunda.
Es una posibilidad, no una certeza. Pero tiene sentido, tanto dentro de la lógica de la política estadounidense como en el juego de estrategia y táctica que Trump siempre ha practicado: perder una batalla para cambiar el escenario de la guerra.
La historia ofrece evidencia que respalda esta interpretación. En 1948, Harry Truman ganó una contienda por la reelección que se había dado por perdida al hacer campaña contra el «Congreso de los que no hacen nada», de mayoría republicana.
En 1996, Bill Clinton fue reelegido después de que el Congreso de Newt Gingrich —que había salido triunfante de las elecciones de 1994— se hubiera agotado a sí mismo con los cierres del gobierno federal. En 2012, Barack Obama se aseguró un segundo mandato tras su derrota de 2010. En los tres casos, el presidente que había sido castigado en las elecciones de mitad de mandato logró convertir a un Congreso hostil en un blanco.
Sin embargo, estos mismos precedentes también señalan la debilidad de este cálculo. Truman, Clinton y Obama se postulaban para la reelección: podían sacar provecho directamente del enfrentamiento con el Congreso.
Trump no es —ni puede ser— un candidato que se postule para la reelección. El beneficio de esta estrategia recaería en un sucesor que tendría que, al mismo tiempo, aprovechar el legado del trumpismo y distanciarse de él.
Además, cuando la victoria de la oposición en las elecciones de mitad de mandato vino acompañada de la salida forzada del presidente del cargo —como en 2006 con George W. Bush—, la presidencia cambió de manos dos años después. Tampoco debemos olvidar 1998: los republicanos que buscaban la destitución de Clinton perdieron escaños en la Cámara de Representantes, contrariamente a todas las tendencias históricas.
El resultado dependerá, por lo tanto, de cuál de los dos partidos logre marcar la narrativa de los próximos dos años. Si los demócratas utilizan su mayoría para la venganza y el estancamiento, la estrategia republicana tiene buenas posibilidades de triunfar.
Si, por el contrario, logran presentar al país medidas económicas concretas y comprensibles, obligando a Trump a vetar leyes populares, será el presidente quien se quede corto, y la culpa recaerá sobre él. Ninguno de los dos escenarios es un hecho consumado.
La tragedia ha terminado, pero la comedia continúa
Para quienes observan a Estados Unidos desde afuera —y particularmente desde Europa—, la noche del 3 de noviembre ofrece una lección menos reconfortante de lo que podría parecer.
Una superpotencia con un presidente derrotado políticamente que aún conserva poderes bélicos es una variable inestable. Las capitales que tienen asuntos pendientes con Washington —desde Teherán hasta Moscú y Pekín— interpretarán el voto como una señal de debilidad y tenderán a esperar hasta 2028; mientras tanto, sin embargo, el hombre que ocupa la Casa Blanca tal vez quiera demostrar que aún no está acabado.
La fase más peligrosa de una presidencia no siempre es su ascenso. A veces es su declive.
A nivel interno, la tragedia de dos años de promesas incumplidas ha concluido con un veredicto inequívoco.
Ahora comienza la farsa: desertores de última hora, vetos rencorosos, investigaciones y maniobras para la sucesión. Sería ingenuo considerarla inofensiva. Detrás de escena de una farsa política, a menudo se deciden las guerras y la paz, y aún no ha caído el telón sobre la presidencia de Trump.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente: Strategic Culture Foundation
