William Bouchardon.
Fotos. Las escenas de enfrentamientos con la policía llevaron al gobierno a condenar las protestas del movimiento estudiantil en Francia. Pero gran parte de la sociedad se solidariza con una juventud que se rebela contra un sistema educativo abandonado. (Lou Benoist / AFP vía Getty Images)
Traducción: Natalia López
26 de octubre 2026.
La movilización de los estudiantes de secundaria ha sorprendido a toda la clase política y ha vuelto a poner el malestar de los jóvenes en el primer plano de una campaña presidencial que hasta ahora había dicho muy poco al respecto.
El inicio del ciclo lectivo dejó en evidencia el estado de deterioro catastrófico de las aulas en los suburbios de París.
En lugar de escuchar las quejas de los estudiantes, el gobierno ha respondido con una represión violenta.
Solo hizo falta una chispa para que Francia entrara en combustión. Las protestas estallaron apenas comenzado el nuevo ciclo lectivo, cuando las y los lycéens (estudiantes de secundaria, de entre quince y dieciocho años aproximadamente) expresaron su bronca ante lo que consideran un estado de total abandono y desprecio por parte del gobierno.
Este descontento profundamente arraigado evoca episodios anteriores. Mientras el movimiento intenta extenderse a las universidades, la única respuesta de las autoridades es la represión y los señalamientos contra La France Insoumise (LFI).
El partido de izquierda radical busca aprovechar la ola de indignación juvenil en su campaña para las elecciones presidenciales de la próxima primavera, mientras sus oponentes esperan que el movimiento se apague lo antes posible.
Francia se enfrenta a un crecimiento nulo, un desempleo en aumento, precios de los combustibles por las nubes, el abandono de las políticas ecológicas justo cuando el cambio climático se acelera y un nuevo presupuesto de ajuste.
Hasta ahora, las elecciones presidenciales de 2027 parecían canalizar esa ira. Sin embargo, la explosión social proviene de un sector que vota poco o nada y siente que no tiene nada que perder: las juventudes secundarias de la región de París, a quienes rápidamente imitaron sus pares en el resto del país. Y motivos para la bronca no les faltan.
Escuelas en ruinas y falta de docentes
No es casualidad que la movilización haya comenzado en las escuelas secundarias de las comunas más humildes de la región de Île-de-France, en los alrededores de París, con los primeros bloqueos el 17 de septiembre en Créteil.
Aquí, el inicio de clases se caracterizó una vez más por condiciones de enseñanza profundamente degradadas. Los edificios suelen estar en ruinas: en la escuela secundaria Paul-Éluard de Saint-Denis y en la escuela secundaria Blaise-Cendrars de Sevran, los videos grabados por estudiantes y docentes muestran techos que se derrumban, ratas, filtraciones de agua y falta de sillas y mesas.
En la escuela media Georges-Politzer de Bagnolet (un collège, para alumnos de entre once y quince años, en otra localidad de Seine-Saint-Denis), salía agua turbia con materia fecal de los grifos, y la comunidad escolar recién fue informada cuatro meses después de realizados los análisis.
Más allá de estos ejemplos particularmente impactantes, los edificios escolares son totalmente inadecuados para hacer frente a fenómenos climáticos extremos.
Según una encuesta realizada por la SNES-FSU —el principal sindicato de docentes de educación secundaria—, que abarcó 623 escuelas medias y secundarias, en mayo pasado alrededor del 78 por ciento de los establecimientos registró temperaturas superiores a los 30 °C, y más de 33 °C en uno de cada cinco colegios.
La sucesión de olas de calor que azotaron a Francia entre mayo y septiembre confirmó este diagnóstico, con numerosos casos de docentes y estudiantes desmayados, el cierre de varios cientos de escuelas en los días más calurosos y el aplazamiento de los exámenes del baccalauréat (el examen nacional de egreso de la secundaria, que también habilita el ingreso a la universidad).
Las académies (las delegaciones regionales del Ministerio de Educación Nacional) intentaron arreglárselas y poner parches para hacer frente a la emergencia. Pero al inicio del ciclo lectivo, solo el 21 por ciento de las escuelas había planificado medidas contra el calor extremo, de las cuales el 61 por ciento consistía en «obras planificadas o solicitadas» —es decir, aún no iniciadas—. El esfuerzo de renovación edilicia será gigantesco y ya se estima en entre 40 y 50 mil millones de euros.
El descontento también apunta a la escasez de personal. Es cierto que el Ministerio de Educación Nacional logró cubrir casi todos los puestos docentes ofrecidos en el concurso de este año —frente al 91 a 92 por ciento en 2025— gracias a una reforma que redujo los requisitos de ingreso. Sin embargo, algunos de los nuevos contratados, que solo cuentan con un bac+3 (un título universitario de tres años), deben completar dos años de capacitación antes de poder dar clase; por lo tanto, el efecto de la reforma no se sentirá de inmediato.
Estas cifras tranquilizadoras se ven atenuadas por una disminución en el número de puestos ofrecidos, compensada por un mayor uso de contractuels (docentes contratados con contratos de plazo fijo en lugar de funcionarios de carrera), cuya capacitación suele ser muy básica.
En términos más generales, la profesión docente atraviesa una verdadera crisis y un aumento «bajo pero constante» en las renuncias, según la Cour des comptes (el organismo de auditoría pública de Francia).
En la última encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo el 4 por ciento del personal docente francés considera que la sociedad valora su profesión, el nivel más bajo de todos los países estudiados. Los bajos salarios, por debajo del promedio de la OCDE, son la causa principal: tres cuartas partes del cuerpo docente consideran que su sueldo es insuficiente.
El resultado es la dificultad para impartir todas las clases programadas. Al inicio de este nuevo año escolar, a la mitad de las escuelas les faltaba al menos un docente.
Para el ciclo lectivo 2023–2024, la Cour des comptes estimó que se había perdido alrededor del 9 por ciento de las horas de clase en la escuela media, cifra que aumentaba a un 11 por ciento en promedio en las zones d’éducation prioritaire (zonas desfavorecidas que reciben recursos adicionales). Este déficit de enseñanza afecta inevitablemente el nivel de conocimientos de estos jóvenes y su futuro profesional.
A pesar de las contrataciones sustanciales de los últimos años, Francia también padece una escasez grave de AESH (asistentes de aula para estudiantes con discapacidad): casi 50.000 estudiantes —uno de cada siete— esperaban un acompañante al inicio del ciclo lectivo 2025.
La situación es similar en el caso de la enfermería escolar, con solo 7.700 puestos para doce millones de estudiantes en 2023. A pesar de los aumentos salariales para ambas profesiones en los últimos años, los sueldos siguen sin resultar atractivos.
Desigualdades cada vez más marcadas
Más allá de estas cifras generales, la situación varía enormemente de una escuela a otra. Las académies de Créteil y Versalles, que abarcan los departamentos que rodean a París, han tenido dificultades desde hace tiempo para atraer docentes.
Dentro de cada académie, las diferencias entre las escuelas de los barrios acomodados y las de los suburbios de clase trabajadora (banlieues populaires) también resultan abrumadoras.
A menudo, a los docentes que están iniciando su carrera se los asigna a estas zonas desfavorecidas mientras acumulan puntos para solicitar un traslado. Por lo tanto, los estudiantes de estas escuelas medias y secundarias se enfrentan a una alta rotación de profesores con poca experiencia, lo que empeora sus condiciones de aprendizaje.
Los datos del Ministerio de Educación Nacional confirman este diagnóstico: el «índice de posición social» asignado a cada escuela según las ocupaciones de las familias de sus alumnos revela grandes desequilibrios y una fuerte reproducción social. La correlación entre el origen social y el rendimiento académico entre los estudiantes franceses es una de las más altas de la OCDE.
Si bien existen brechas entre las escuelas públicas, estas son aún más amplias entre la educación pública y la privada. En 2022, el sector privado subvencionado por el Estado contaba con un 40 por ciento de estudiantes de entornos muy favorecidos, frente a un 20 por ciento en el sector público.
Por el contrario, el 18 por ciento del alumnado de escuela media en estas escuelas privadas concertadas provenía de clases sociales desfavorecidas, frente al 42 por ciento de sus contrapartes del sector público.
Estas brechas, que no han hecho más que ampliarse desde finales de la década de 1980, se derivan de los criterios de selección que practican muchas escuelas privadas, basados en las calificaciones y en las cuotas de matrícula que se cobran a las familias.
Sin embargo, estas escuelas privadas subvencionadas se financian en su gran mayoría con fondos públicos: en 2024, un informe parlamentario señaló que el Estado otorga 8.500 millones de euros al año a este sector, además de otros 1.500 millones provenientes de los gobiernos locales.
Como resultado de un acuerdo histórico en la larga «guerra escolar» entre el Estado y la Iglesia católica (la gran mayoría de las escuelas privadas en Francia son católicas), la Ley Debré de 1959 establece que el Estado cubre los salarios docentes y los gastos de funcionamiento de las escuelas concertadas —lo que representa el 75 por ciento de sus gastos— a cambio de que apliquen el plan de estudios oficial.
También existen escuelas privadas sin contrato estatal (hors contrat), que gozan de mayor libertad en su funcionamiento y no reciben fondos públicos, pero educan a menos del 1 por ciento del alumnado francés. Además de estos gastos obligatorios, algunas autoridades locales otorgan subsidios adicionales a las escuelas privadas: entre 2016 y 2023, las regiones distribuyeron más de 1.200 millones de euros a escuelas que ya contaban con una buena financiación.
Aunque esta palanca presupuestaria podría permitirle al Estado presionar a las escuelas privadas para que promuevan una mayor diversidad social, los sucesivos ministros siempre han evitado cuidadosamente hacer tales exigencias. La razón es bastante simple: la mayoría se formó en las escuelas más prestigiosas (las grandes écoles, las instituciones de élite altamente selectivas de Francia) y envía a sus propios hijos a escuelas privadas.
En 2024, la efímera ministra de Educación Nacional, Amélie Oudéa-Castéra, causó un escándalo al justificar que matriculara a sus hijos en una escuela privada de clase alta —el Colegio Stanislas, en el distrito 6.º de París— alegando el ausentismo docente en el sector público.
Su predecesor, Gabriel Attal (quien luego se convirtió en primer ministro y ahora compite por la presidencia), asistió a la muy burguesa École alsacienne, en el mismo barrio. Las trayectorias escolares de estos ministros son, por lo tanto, emblemáticas de una forma de separatismo social.
Al haber crecido en una burbuja burguesa, los ministros de Macron no saben prácticamente nada sobre la realidad social de la escuela pública, lo que a menudo los lleva a adoptar reformas que perjudican aún más al sector.
A principios de la década, Francia tenía las aulas más saturadas de Europa. Para el año escolar 2026, un docente tendrá que atender en promedio a veintiún alumnos en la primaria, 25,3 en la escuela media y 30,5 en la secundaria. Con estas cifras, es difícil brindar un apoyo adecuado a cada alumno; inevitablemente, algunos se vuelven más revoltosos y se quedan rezagados.
Sin embargo, la caída de la tasa de natalidad podría permitir reducir el número de alumnos por profesor: para 2035, Francia tendrá 1,7 millones menos de estudiantes, lo que representa una disminución del 14,2 por ciento.
Los sindicatos docentes, las familias y muchos sectores políticos ven una oportunidad: al mantener estable el número de docentes, la proporción de alumnos por aula puede disminuir de manera natural con el paso de los años.
Pero el gobierno tiene una prioridad diferente: ajustar. En 2026 se eliminaron 3.256 puestos docentes. Ese mismo imperativo de austeridad también llevó a recortar 40 millones de euros de un programa de renovaciones escolares diseñado para enfrentar el cambio climático —dos tercios del presupuesto— en medio de un verano abrasador.
Prohibiciones de teléfonos y algoritmos de selección
Otras reformas recientes también están avivando la indignación, en particular las decididas por Gabriel Attal durante su mandato en el Ministerio de Educación Nacional (de julio de 2023 a enero de 2024).
Una de ellas es el choc des savoirs («choque de conocimientos»), que introdujo los groupes de niveau (grupos por nivel para las materias básicas), ampliamente denunciados por docentes, estudiantes y familias como una forma de «segregación social» y cuya eficacia siempre ha sido objeto de controversia. Esta reforma emblemática de Attal fue finalmente derogada a principios de 2026.
La segunda medida, adoptada en nombre de la laïcité (el estricto principio francés de laicidad que rige las instituciones públicas, incluidas las escuelas), es la prohibición de usar la abaya (una túnica larga y holgada que usan algunas mujeres musulmanas), considerada una prenda que identifica la fe musulmana.
Pero este decreto, diseñado para seducir a los votantes conservadores y de extrema derecha, resultó ser un dolor de cabeza a la hora de aplicarlo: ¿cómo distinguir una abaya de un vestido común? Más allá de que el Consejo Francés de la Fe Musulmana (un organismo interlocutor ante el Estado) señala que la abaya nunca ha sido una prenda de prescripción religiosa, la aplicación inconsistente entre las jóvenes que usaban vestidos similares —algunas tuvieron que cambiarse, otras no— y el hecho de que solo se apuntara a las alumnas musulmanas desataron numerosas controversias.
Sobre todo, si bien el objetivo de la laicidad es fundamental en la educación nacional, cabe preguntarse si enviar a las jóvenes musulmanas a casa por una prenda, en lugar de permitirles asistir a la escuela pública, es realmente la forma correcta de combatir el fundamentalismo islámico.
La prohibición de los teléfonos celulares en las escuelas secundarias desde el inicio del año escolar 2026 —que ya se aplica en las escuelas primarias y de nivel medio— también pudo haber contribuido a avivar el enojo de los estudiantes de secundaria.
Si bien la medida tiene claramente efectos positivos en la concentración de los estudiantes y en la salud pública, y ayuda a reducir las trampas, el celular sigue siendo una herramienta indispensable para muchas actividades escolares.
El personal docente a veces pide a los estudiantes que usen sus celulares en clase; las calificaciones, los horarios y las tareas se comunican generalmente a través de la plataforma Pronote (el software de gestión escolar utilizado en la mayoría de los colegios franceses); y el celular también sirve como tarjeta para el comedor escolar.
Por lo tanto, la medida se ha aplicado de manera desigual, ya que cada escuela es responsable de incorporarla a sus normas internas, lo que inevitablemente alimenta las comparaciones entre estudiantes de diferentes establecimientos.
Por último, una reforma de los primeros años de la era Macron nunca ha sido aceptada: Parcoursup. Este algoritmo de selección para el ingreso a la educación superior desató una furia intensa cuando se creó en 2018, ya que, en la práctica, pone fin al derecho de acceder a la universidad con el solo hecho de obtener el baccalauréat.
La opacidad del algoritmo no ha ayudado. Quienes están en el último año de la secundaria envían una avalancha de postulaciones para el próximo año universitario sin estar seguros de qué obtendrán al final.
Para algunos, la respuesta nunca llega: en julio de 2026, 100.000 estudiantes no tenían lugar asignado para el inicio de sus estudios universitarios.
Aunque esta cifra disminuye más adelante a medida que se liberan cupos, el estrés para estos jóvenes y sus familias es enorme: terminan postulándose a todo tipo de carreras, a veces muy lejos de lo que desean y de donde viven, y enfrentan grandes dificultades para prepararse para el nuevo año académico. Desanimados, algunos esperan hasta el año siguiente para volver a postularse.
Una historia de lucha estudiantil
La combinación de estos múltiples factores y un ambiente especialmente angustiante —guerras, cambio climático, el auge de la extrema derecha, una economía en mal estado— ha dado lugar a una salud mental extremadamente precaria entre las juventudes.
Por ejemplo, el 20 por ciento de los estudiantes de secundaria tuvo pensamientos suicidas durante el año, según Santé publique France (la agencia nacional de salud pública). Si bien la adolescencia siempre ha sido un período difícil de la vida, estos niveles no tienen precedentes y son particularmente alarmantes.
Por lo tanto, no hizo falta mucho para impulsar a los estudiantes de secundaria a iniciar un movimiento social, lo que además les brinda a algunos de ellos una razón para tener esperanza en el futuro y un fervor colectivo del que se habían visto privados por el imperio de las pantallas.
Como cualquier movimiento juvenil, la actual ola de bloqueos escolares es caótica, sus demandas a veces son confusas y sus métodos no siempre generan consenso.
También hay jóvenes que no desean participar en los bloqueos y están más preocupados por aprobar sus exámenes. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional está planeando clases por videoconferencia para los cuatrocientos a quinientos institutos bloqueados en los próximos días.
Como señal de los tiempos que corren, las herramientas tecnológicas ahora son fundamentales, tanto para debilitar el movimiento como para alimentarlo, con videos de Snapchat y publicaciones en Instagram. Pero más allá de esta novedad y del temor a desmayos ante temperaturas sofocantes, el movimiento de estudiantes de secundaria de 2026 tiene mucho en común con otros episodios históricos.
En las últimas cuatro décadas, ha habido un gran movimiento juvenil aproximadamente cada diez años, que siempre ha planteado la cuestión de los recursos destinados a la educación. En 2018, se lanzó un movimiento de estudiantes secundarios y universitarios —ciertamente más pequeño que el actual— en contra de Parcoursup y para exigir más cupos en las universidades.
En 2005, fue la reforma de Fillon al baccalauréat, así como los recortes presupuestarios, lo que llevó a los estudiantes de secundaria a las calles. Si bien el gobierno de entonces no cedió, se vio obligado a hacerlo al año siguiente ante la indignación por el CPE («contrato de primer empleo», que permitía a las empresas despedir a trabajadores jóvenes sin justificación durante sus primeros dos años, adoptado con el objetivo de reducir el desempleo juvenil).
Si nos remontamos más atrás, otras movilizaciones se asemejan a las de 2026. En octubre de 1998, los estudiantes de secundaria ya protestaban por más docentes y clases más pequeñas, y contra la sensación generalizada de que el futuro les estaba cerrado. El movimiento alcanzó su punto álgido el 15 de octubre con 500.000 manifestantes en toda Francia y logró 4.000 millones de francos (aproximadamente 1.000 millones de euros al valor actual).
En 1990, el movimiento también comenzó en los suburbios de París, tras la violación de una joven en una escuela secundaria de Saint-Ouen. Además de la lucha por escuelas más seguras, los jóvenes exigieron más docentes y la renovación de sus escuelas en mal estado.
El movimiento dio lugar a un paquete de 4.500 millones de francos (aproximadamente 1.200 millones de euros) y a la creación de los conseils de la vie lycéenne, que permiten a los representantes estudiantiles elegidos participar en ciertas decisiones en sus escuelas.
¿Se extenderán los bloqueos a las universidades?
¿Podrá la ola de bloqueos escolares de 2026 repetir estas victorias? Aunque aún es muy pronto para saberlo, la respuesta dependerá de su capacidad para ampliar sus alianzas.
Después de las escuelas secundarias, el siguiente paso podrían ser las universidades, algunas de las cuales ya han comenzado a ser bloqueadas. De hecho, el estudiantado universitario comparte reclamos comunes con el de secundaria, como edificios en mal estado y falta de espacio que les impide estudiar en condiciones dignas.
El gasto promedio por estudiante ha estado disminuyendo constantemente desde 2010, y todas las universidades francesas registraron un presupuesto deficitario este año.
La misma lógica de desigualdad y privatización también afecta a la educación superior. Ante la falta de cupos en las universidades públicas, el 26 por ciento de los estudiantes optó por la educación superior privada en 2022, una proporción que aumenta cada año.
Entre 2012 y 2022, el número de estudiantes en la educación privada aumentó un 63 por ciento, frente a solo un 3 por ciento en el sector público. Desde opciones de excelencia hasta las peores estafas, las universidades privadas tienen al menos una cosa en común: cuotas de matrícula a menudo elevadas.
La vida estudiantil se está volviendo cada vez más cara, y la precariedad estudiantil ha aumentado drásticamente en los últimos años; por ejemplo, el 23 por ciento de los estudiantes ya se ha saltado una comida por razones económicas.
Es poco probable que el presupuesto de 2027 mejore la situación, ya que prevé congelar la APL (aide personnalisée au logement, un subsidio de vivienda sujeto a requisitos de ingresos que ayuda a pagar el alquiler).
Siempre en busca de nuevos ahorros, el gobierno también quería introducir aranceles para los estudiantes no becados (non-boursiers) para cursar un BTS (brevet de technicien supérieur, un programa de educación superior técnica de dos años) o clases preparatorias (los cursos preparatorios de dos años, altamente selectivos, para las grandes écoles). El gobierno recientemente dio marcha atrás en esa idea ante la indignación de los estudiantes de secundaria.
Además del estudiantado universitario, a los estudiantes de secundaria también podrían sumarse sus profesores, algunos de los cuales ya se declararon en huelga el 29 de septiembre para protestar contra un congelamiento salarial que se ha prolongado durante años. Dado que sus demandas suelen coincidir, esta convergencia es bastante clara.
Acción militante y una prensa hostil
Además de los sindicatos y las organizaciones juveniles, otro actor está llamando a los estudiantes de secundaria y universitarios a movilizarse en masa: La France Insoumise (LFI).
El partido de izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon se convirtió muy rápidamente en la voz política de las demandas de los estudiantes de secundaria.
Algunas de sus figuras más destacadas han tenido una acogida particularmente buena entre los jóvenes en los bloqueos, como el diputado Louis Boyard, quien en su momento fue activista sindical estudiantil en la secundaria.
Muchos representantes electos de LFI se reunieron con los estudiantes de secundaria desde el inicio del movimiento para alentarlos a bloquear sus escuelas, pero también para tratar de calmar las tensiones con las fuerzas de seguridad.
Esta presencia ha generado fuertes críticas en los programas de televisión, donde se ha acusado a LFI de provocar el caos y se le ha responsabilizado por los daños en varias ciudades. El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, fue acusado de prender fuego a un contenedor de basura cuando, en realidad, intentaba apagarlo.
Como ocurre con todo movimiento social, la cuestión de la violencia dominó rápidamente la cobertura mediática. Un análisis de los noticieros vespertinos de France 2 (el principal canal público de televisión) durante cuatro días muestra que el 75 por ciento del tiempo de transmisión dedicado a las movilizaciones de los estudiantes de secundaria se centró en la violencia y el 12 por ciento en las acusaciones contra LFI, mientras que solo el 8 por ciento se dedicó a las demandas del movimiento.
Si bien la mayor parte de esta violencia se limita a quemar contenedores de basura y encender fuegos artificiales, algunas escenas han sido impactantes, como el incendio de la entrada de una escuela secundaria en Nantes.
Al igual que en toda movilización social, la abrumadora mayoría de los participantes es, por supuesto, pacífica, y tanto los sindicatos como las organizaciones políticas que respaldan el movimiento han hecho un llamado a la moderación.
Sin embargo, en los programas de debate de televisión, se señala rápidamente a LFI como responsable de la violencia y los disturbios. El primer ministro Sébastien Lecornu incluso acusó a «LFI y sus representantes de extrema izquierda» de estar detrás del movimiento, basándose en un memorándum de los servicios de inteligencia que se envió de inmediato a los medios de comunicación.
La France Insoumise ha desestimado esta tesis calificándola de «conspiración» que «infantiliza» a los estudiantes de secundaria y la considera parte de una «estrategia de dejar que las cosas se pudran y de provocación».
La estrategia del gobierno parece estar funcionando en parte: el 55 por ciento de los franceses encuestados en una encuesta reciente cree que el movimiento está siendo manipulado por LFI. Pero otra encuesta indica que el 62 por ciento considera que el movimiento de los estudiantes de secundaria está justificado.
Ante un público que, en gran medida, respalda a los jóvenes, por un lado, y frente a las restricciones presupuestarias, por el otro, el gobierno ha decidido apostar por la represión.
Con la excepción de los agricultores, Emmanuel Macron siempre aplica la misma técnica a todos los movimientos sociales: reprimir a los manifestantes para aterrorizar a los participantes y explotar la violencia para desprestigiar al movimiento.
Más de cinco mil estudiantes de secundaria fueron detenidos en una sola semana, una cifra sin precedentes. La violencia policial también ha sido significativa; por ejemplo, con una granada lanzada casi a quemarropa al rostro de un joven de catorce años en Val-d’Oise (un departamento al norte de París).
Esta estrategia es arriesgada: en caso de una tragedia —por ejemplo, la muerte de un adolescente tras una operación policial—, la ira podría volverse contra la policía y el gobierno.
Eso fue lo que ocurrió en 1986 con el caso Malik Oussekine, llamado así por un estudiante de veintidós años asesinado por la policía durante las protestas contra la reforma Devaquet, que preveía un proceso de selección para el ingreso a la universidad. Dos días después de su muerte, la reforma fue retirada.
La France Insoumise y el Rassemblement National frente a un movimiento social
La movilización de los estudiantes de secundaria ha sorprendido a toda la clase política y ha vuelto a poner el malestar de los jóvenes en el primer plano de una campaña presidencial que hasta ahora había dicho muy poco al respecto.
Sin una respuesta real que ofrecer, el Rassemblement National (RN, el partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen), la derecha tradicional y el bloque macronista apuestan por que el movimiento se agote, con la esperanza de pasar rápidamente a otro tema.
Marine Le Pen también aprovechó la oportunidad para criticar los recursos excesivos que supuestamente se asignan a los suburbios —y, por lo tanto, a las personas de origen inmigrante que viven allí— en comparación con «la Francia olvidada» de las zonas rurales.
Las cifras, sin embargo, desmienten esta afirmación, ya que muestran una falta de inversión promedio del 30 por ciento por estudiante en Seine-Saint-Denis en comparación con el resto del país, a pesar de que la Francia rural también está siendo abandonada por el Estado.
Para LFI, el surgimiento de este movimiento social es una oportunidad para destacar ciertos puntos de su programa, como la derogación de Parcoursup y el aumento de recursos para la educación nacional.
Si el movimiento se extiende y logra concesiones, Jean-Luc Mélenchon podrá convertirlo en un argumento de campaña, alegando que la estrategia de movilización total que él defiende da resultados.
El candidato presidencial también espera que este apoyo convenza a los jóvenes de votar por él. Particularmente popular entre la juventud, paga el precio de la baja participación de este grupo etario.
Por el contrario, si el movimiento se degenera y se ve dominado por la violencia, LFI corre el riesgo de que se le culpe.
Este movimiento social, al que posiblemente se sume pronto un llamado a revivir a los gilets jaunes el 17 de octubre para protestar contra el aumento de precios, es un indicador del clima general en Francia en vísperas de unas elecciones decisivas.
La tensión está por todas partes, y el macronismo, en su ocaso, se ve cada vez más superado por los acontecimientos y rechazado por la ciudadanía.
Se está afianzando una polarización muy fuerte entre un bando de izquierda dominado por La France Insoumise, que pretende basarse en las luchas sociales, y un bloque de extrema derecha dominado por el Rassemblement National, que multiplica las propuestas marciales para devolver el «orden» al país, sin ofrecer respuestas reales a las raíces sociales de la ira.
*William Bouchardon es periodista francés, colaborador habitual de Le Vent Se Lève.
Fuente: Jacobin
