Lorenzo Maria Pacini
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15 de octubre 2026.
La prueba más sencilla para reconocer una patología colectiva es preguntar a cada uno de sus miembros si, por su cuenta, elegiría hacer lo que hace el grupo.
Una tubería y un océano
Un gasoducto es una tubería. Conecta un yacimiento de gas con un consumidor, cruza algunas fronteras y, una vez construido, transporta energía a un costo por unidad muy bajo.
Una cadena de suministro que comienza en los yacimientos de gas rusos, pasa por un contrato estadounidense, cruza el Atlántico en un buque metanero y llega a una terminal de regasificación europea hace lo mismo, pero con más pasos, más márgenes de ganancia y más fricciones.
Ningún ingeniero, ningún contador, ningún estudiante de geografía económica elegiría la segunda opción si pudiera optar por la primera. Y, sin embargo, hacia ahí parece dirigirse Europa: según informes recientes, la energía rusa podría regresar a los mercados europeos con un sello estadounidense y un precio más elevado.
Sostengo que esta situación no puede explicarse por la astucia de Washington —que sin duda existe— ni por la debilidad de Bruselas —que sin duda también existe—.
Se deriva de una distorsión cognitiva compartida por los gobiernos, las instituciones y gran parte del público, que ha hecho invisible una verdad geográfica obvia.
Yo la llamo la patología del absurdo: el estado en el que un sistema sigue sus propias reglas internas incluso cuando estas producen un resultado que ninguno de sus componentes individuales, tomado por sí solo, hubiera querido jamás.
El término técnico para este mecanismo es sesgo colectivo; es decir, un error de juicio que no se deriva de la estupidez de los individuos, sino de la forma en que un grupo se convence, se recompensa y se castiga a sí mismo.
Cómo perder una guerra sin librarla
Una aclaración metodológica antes de continuar. Aún no se han dado a conocer documentos oficiales (un tratado, un memorando de entendimiento, nada público); lo que se ha documentado es escaso y tiene un peso casi simbólico.
Trump anunció que Rusia suministrará a los mercados de EE. UU. y del mundo más de 300 000 toneladas métricas de diésel de inmediato, otras 500 000 en noviembre y un millón poco después.
Convertido a barriles, eso equivale a unos 5,9 millones en total —una quinta parte del consumo mundial en un solo día— y poco más de una semana de exportaciones rusas al ritmo del año pasado. Como transacción de mercado, es insignificante, pero como señal política, es todo lo contrario.
Porque, políticamente hablando, las implicaciones son mucho más profundas. Moscú ha levantado la prohibición a las exportaciones de diésel que había estado vigente desde julio.
Trump afirmó que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente y proclamó una «tregua energética» con efecto inmediato. Según el relato de un funcionario estadounidense, el plan de paz que están elaborando la Casa Blanca y varias capitales europeas congelaría el frente a lo largo de la línea de control actual y ofrecería garantías de seguridad comparables al Artículo 5 de la OTAN, un mecanismo de reconstrucción a cargo del Banco Mundial y BlackRock, y un gasoducto para llevar gas y petróleo rusos de regreso a Europa, con las ganancias repartidas entre Moscú y Kiev.
Mientras tanto, se informa que Washington habría sugerido suspender el intercambio de inteligencia y el mecanismo PURL si Kiev continúa atacando refinerías rusas.
Zelensky declaró que el anuncio de la tregua era una novedad para él y que Kiev estaba a la espera de detalles. Lavrov rechazó la idea de una pausa; Peskov habló de contactos en curso.
Si dejamos que los «teólogos del periodismo» debatan si fue primero el huevo o la gallina, podemos enfocarnos en lo que hay detrás de los hechos —es decir, que la energía rusa regresará a Europa a través de un marco negociado por Washington, lo cual es una perspectiva probable a mediano plazo, con un nivel moderado de confianza respecto a la trayectoria y bajo respecto a los detalles. Y, hay que decirlo, quien lea estas páginas como la crónica de un hecho consumado las está malinterpretando.
Por «guerra energética» nos referimos a la contienda sobre quién fija el precio, la ruta y las reglas que rigen los flujos energéticos de un continente. En esta contienda, Europa partió en 2022 convencida de que libraba una batalla moral; cortó los suministros de Rusia, presentando la decisión primero como un sacrificio necesario y luego como una victoria estratégica.
El balance tras cuatro años cuenta una historia diferente: Europa ha perdido su fuente de suministro más barata y cercana, ha vuelto a depender de otros lugares, y Estados Unidos —que mientras tanto se había convertido en el principal proveedor de gas natural licuado del continente— ha ganado tanto influencia como márgenes de ganancia como resultado.
Cuando el Parlamento Europeo decida que, a partir del 1 de enero de 2027, incluso las últimas cuotas restantes de energía rusa se eliminarán gradualmente de la matriz energética de la Unión, el círculo se completará y la eliminación será total —justo cuando el otro lado del Atlántico se prepara para hacer negocios con Moscú.
En la tradición de la geopolítica clásica, este tema tiene un nombre ancestral. Europa es la península occidental del vasto continente euroasiático, y su lógica natural de abastecimiento es continental: gasoductos, contratos a largo plazo e interdependencia con quienes están al este.
La lógica atlántica es marítima, y consiste en buques, terminales y precios al contado. Mackinder y Spykman, aunque por caminos diferentes, habían comprendido que quien separa los dos sistemas se beneficia de ambos lados de la división.
No es necesario adoptar todo el marco teórico de la escuela euroasiática para reconocer que la geografía no negocia en este caso, y que durante cuatro años las instituciones europeas han actuado como si pudiera hacerlo.
El modelo intermediario
Según el modelo que ha surgido hasta ahora, Estados Unidos adquiriría activos energéticos rusos —empezando por la división internacional de Lukoil— mediante un pago inicial y una participación en las ganancias, y podría comprar, en condiciones competitivas, los hidrocarburos que Europa ya no adquiere, para revenderlos a los europeos a precio completo.
El interés de Washington es explícito y evidente incluso en las fuentes más cautelosas. Trump se enfrenta a elecciones de mitad de mandato, una crisis energética desencadenada por la agresión contra Irán, el aumento de los precios del diésel y bajos índices de aprobación. Por otro lado, el consumidor estadounidense no tiene motivos para distinguir entre el diésel ruso y cualquier otro diésel.
Lo que importa es el papel asignado a Europa. Funcionarios del Reino Unido, Francia y Alemania estuvieron presentes en las conversaciones en Florida.
Su tarea es garantizar la seguridad de la posguerra, financiar la reconstrucción mediante instrumentos diseñados en otros lugares y, a largo plazo, abrir sus propios mercados energéticos a una Rusia que, mientras tanto, ha forjado una relación directa con Washington.
Son los garantes y los clientes; no figuran entre los beneficiarios de las ganancias. Cuando se anunció el acuerdo sobre el diésel, los europeos expresaron su irritación, pero se mantuvieron en la mesa de negociaciones —lo cual resume bien su postura—.
Y también hay una extraña y mordaz ironía en todo esto: Nord Stream —que Washington no quería que se construyera y que fue saboteado— se reactivaría en virtud de un borrador de acuerdo estadounidense, y los flujos de gas que Europa perdió como resultado de ese sabotaje volverían a pasar por intermediarios estadounidenses.
Si se reactivara el gasoducto, Europa pagaría para recuperar lo que ya tenía, a un precio fijado por quienes ni lo producen ni lo consumen. Pura locura.
Por qué es una patología, no un error
Nos enfrentamos a un sesgo cognitivo colectivo que ha evolucionado hasta el punto de volverse patológico. Y no se trata de un simple «error de juicio», ya que un error se corrige cuando se descubre, mientras que una patología persiste porque se sustenta en las mismas estructuras que deberían curarla. Identifico cuatro de esas estructuras, cada una de las cuales es racional cuando se observa desde adentro.
La primera es la moralización. Las sanciones comenzaron como una herramienta y se han convertido en una identidad. Cualquiera que hoy propusiera reabrir canales directos con Moscú sería visto como un traidor, no como un contador. La objeción contable, por muy bien fundamentada que sea, no tiene cabida en el debate.
La segunda son los costos irrecuperables: después de años de sacrificios impuestos a los ciudadanos y a las empresas, admitir que el plan era defectuoso cuesta más —en términos políticos— que seguir pagando las consecuencias.
La tercera es la delegación de la racionalidad. Si es Washington quien reabre el canal, ningún gobierno europeo tendrá que admitir que se equivocó. La prima que Europa pagaría al intermediario es, en esencia, el precio de no tener que admitir el error. Es una cuenta que los líderes presentan a sus electores bajo el título de «seguridad».
La cuarta es la asimetría institucional entre quienes deciden y quienes pagan. Una votación parlamentaria sobre sanciones genera visibilidad inmediata para quienes la emiten, mientras que el costo se distribuye entre millones de facturas de servicios públicos y miles de plantas industriales, de forma anónima y sin una fecha específica.
En un sistema así, la opción más conveniente para cualquier responsable de la toma de decisiones es casi siempre la más ruidosa. No hay necesidad de plantear hipótesis sobre una agenda oculta o un plan secreto para explicar el resultado.
El interés de Washington se expresa abiertamente y es perfectamente claro; la ceguera de Europa es estructural. Se trata de dos fenómenos de naturaleza diferente que han terminado entrelazándose.
La crítica más seria a esta interpretación proviene de los países fronterizos con Rusia. Para Varsovia, Riga o Vilna, la dependencia de la energía de Moscú no es una cuestión de precio, sino de exposición.
El año 2022 demostró que el suministro de energía puede interrumpirse, y el costo adicional que se paga por diversificar las fuentes es una prima de seguro como cualquier otra —o al menos eso es lo que la UE ha tratado de convencer a los países del norte de Europa, inventando el cuento de hadas de un mundo mejor que pronto llegaría, logrado mediante una victoria militar junto a Kiev.
Un cuento de hadas fascinante, sin duda, pero que solo se sostiene hasta cierto punto. El seguro tiene sentido cuando la prima es limitada y cuando la aseguradora no se beneficia de que ocurra el siniestro.
En este caso, la aseguradora es también la principal beneficiaria de la ruptura entre Europa y Rusia, como lo demuestra el hecho mismo de que esté a punto de reparar esa ruptura cuando le convenga.
Además, la dependencia de Estados Unidos es una forma de dependencia como cualquier otra. Las amenazas de suspender el intercambio de inteligencia y el mecanismo PURL con Kiev —si se confirman— demuestran que Washington condiciona sus suministros disponibles a sus objetivos políticos actuales.
Quien piense que el uso de la energía como palanca se aplica solo a Moscú tiene una memoria selectiva. Si Europa volviera a ingresar al mercado ruso a través de la intermediación estadounidense, agravaría sus vulnerabilidades: dependería de la energía rusa y de la infraestructura estadounidense que la distribuye. En otras palabras, esta objeción justifica la diversificación, pero no justifica la decisión de nunca negociar por cuenta propia.
Escenarios e indicadores
Podemos distinguir tres desarrollos plausibles, con un plazo de 6 a 12 meses —suponiendo que logremos superar este invierno—.
El primero es la consolidación de la mediación estadounidense: sanciones que se relajan por etapas, activos rusos adquiridos por operadores de EE. UU. y del Golfo, y flujos de energía que regresan a Europa bajo contratos que Europa no redactó. Este es el escenario más optimista, aunque con un nivel de confianza moderado.
El segundo es el fracaso del acuerdo, con Moscú rechazando un alto el fuego, Kiev continuando con los ataques a las refinerías y Washington desviando su atención hacia otros frentes; Europa se quedaría con precios altos y sin canales de suministro. Este es un resultado posible, con una probabilidad más o menos igual.
El tercero es una apertura directa de Bruselas o de ciertas capitales hacia Moscú —algo muy poco probable a corto plazo, por las razones políticas y psicológicas ya expuestas—.
Cuatro indicadores ayudarán a determinar cuál de estos escenarios se desarrollará: el texto de cualquier acuerdo que establezca el cronograma de las sanciones; el nombre de la parte que posea los contratos de los activos internacionales de Lukoil; el estatus de Nord Stream, si es que se incluye en un borrador oficial y cuándo; y el resultado de las elecciones de medio plazo en Estados Unidos, que influyen en toda la situación más de lo que Bruselas quiere admitir.
A esto se suma un factor de incertidumbre respecto a la contraparte estadounidense: el acuerdo energético no resuelve las debilidades estructurales de la economía de EE. UU., que van desde la deuda pública hasta el aumento de las tasas de interés, pasando por las empresas de inteligencia artificial financiadas con deuda.
Un socio con tales finanzas —y un calendario político tan apretado— es un mediador que ofrece pocas garantías de permanencia.
La prueba más sencilla para reconocer una patología colectiva es preguntar a cada uno de sus miembros si elegirían por su cuenta hacer lo que el grupo está haciendo.
Ningún funcionario gubernamental europeo a cargo de la política energética, si se le preguntara en privado, diría que comprar energía rusa en Washington es la mejor solución. Lo harían, al parecer, siempre y cuando sean otros quienes tomen la decisión.
El verdadero precio de un gasoducto es el costo del gasoducto en sí.
Todo lo demás que se agrega —y que Europa pagaría— refleja el costo de una elección que nunca se ha hecho abiertamente.
Hasta ahora, nadie ha planteado esa pregunta en el pleno de la cámara.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente: Strategic Culture Foundation
