Vijay Prashd.
Foto: Soldados daneses caminan por la pista helada tras llegar al aeropuerto de Nuuk, en Groenlandia, el 19 de enero de 2026. Crédito de la foto: Agence France-Presse.
27 de septiembre 2026.
La respuesta de Groenlandia es igualmente moderna y universal. La ubicación estratégica no anula la soberanía popular, los minerales no borran la identidad nacional, y ninguna gran potencia adquiere un país simplemente por declarar que lo necesita.
El regreso del imperialismo estadounidense al Ártico
La campaña de Donald Trump para poner a Groenlandia bajo el control de Estados Unidos a menudo se ha descartado como pura fanfarronería. Eso es un error.
Detrás del lenguaje de un trato inmobiliario se esconde un intento serio de revivir un viejo principio imperial: que Washington pueda decidir el futuro político y económico de todo el hemisferio occidental.
Groenlandia, estratégicamente ubicada entre América del Norte y Europa, se ha convertido en una prueba de esa afirmación —y de si la soberanía de una pequeña nación indígena cuenta cuando entra en conflicto con las ambiciones de una gran potencia.
Trump planteó la idea de comprar Groenlandia durante su primer mandato presidencial en 2019. Tras su reelección, la propuesta se volvió más agresiva.
En diciembre de 2024 declaró que la «propiedad y el control» de Groenlandia por parte de Estados Unidos eran una «necesidad absoluta». El 7 de enero de 2025, se negó a descartar la coacción militar o económica contra Groenlandia y el Canal de Panamá, afirmando: «Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional». Posteriormente, insistió en que Estados Unidos se haría con la isla «de una forma u otra».
Esta afirmación mezclaba varios argumentos: Groenlandia es vital para la defensa antimisiles; Rusia y China amenazan el Ártico; los yacimientos de tierras raras de Groenlandia tienen un valor estratégico; y, supuestamente, los groenlandeses acogerían con agrado el dominio estadounidense.
Esta última afirmación resultó ser claramente falsa. Una encuesta de enero de 2025, realizada tanto en groenlandés como en danés reveló que el 85 % de la población de Groenlandia se oponía a abandonar el reino danés para unirse a Estados Unidos, mientras que solo el 6 % lo apoyaba.
Sin embargo, la misma encuesta mostró que una mayoría estaba a favor de una eventual independencia. Esa distinción es fundamental. El deseo de los groenlandeses de poner fin a la tutela colonial danesa no puede interpretarse como un consentimiento a la anexión estadounidense.
Una relación militar sin anexión
El argumento de seguridad a favor de la propiedad estadounidense es engañoso porque Washington ya goza de amplios derechos militares en Groenlandia. La relación comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Con Dinamarca ocupada por la Alemania nazi, su embajador en Washington firmó un acuerdo en 1941 que permitía a Estados Unidos defender Groenlandia y construir instalaciones allí.
Dinamarca solicitó la retirada de Estados Unidos después de la guerra, pero prevaleció la estrategia de la Guerra Fría.
El Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951, celebrado en el marco del Tratado del Atlántico Norte, autorizó a Estados Unidos a establecer y operar «zonas de defensa».
Permitió la rápida construcción de la Base Aérea de Thule —rebautizada como Base Espacial de Pituffik en 2023— en un lugar ideal para las rutas aéreas y de misiles más cortas entre la Unión Soviética y América del Norte. En el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos operaba numerosas instalaciones en toda Groenlandia.
Hoy en día, Pituffik, la base militar más septentrional de Washington, desempeña funciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial.
El acuerdo ofrece a Washington una amplia libertad operativa. Una enmienda de 2004 —el Acuerdo de Igaliku— reconoció al gobierno autónomo de Groenlandia, estableció a Pituffik como la única zona de defensa existente y exigió la realización de consultas previas antes de cualquier cambio significativo o la creación de nuevas zonas de defensa.
También estableció la cooperación en temas económicos, técnicos y ambientales. En otras palabras, si Estados Unidos considera que se necesitan más radares, puertos, aeródromos o personal, ya existe un mecanismo legal para negociarlo con Dinamarca y Groenlandia. La soberanía, por lo tanto, no es un requisito militar.
La historia de las bases también explica por qué «seguridad» no es una palabra neutral en Groenlandia. En 1953, las autoridades danesas ordenaron a 116 inughuit —27 familias— que abandonaran la recién fundada Qaanaaq, mientras que los demás se reubicaron en asentamientos en otras partes del distrito.
Camp Century fue construido bajo el hielo en 1959-60 y estaba vinculado a la propuesta secreta del Proyecto Iceworm para una extensa red de plataformas de lanzamiento de misiles nucleares.
En 1968, un B-52 estadounidense que transportaba cuatro bombas de hidrógeno se estrelló sobre el hielo marino en la Base Aérea de Thule, lo que provocó contaminación por plutonio y otras sustancias.
El accidente puso de manifiesto la contradicción entre la política declarada públicamente por Dinamarca contra las armas nucleares en territorio danés en tiempos de paz y los permisos secretos otorgados por el gobierno danés a Estados Unidos para almacenar armas nucleares en Groenlandia.
Las instalaciones abandonadas dejaron combustible, desechos y otros residuos contaminantes. Los reportajes groenlandeses siguen cuestionando quién pagará las futuras limpiezas. La relación militar protegió los intereses estratégicos de EE. UU., mientras que los costos humanos y ambientales recayeron de manera desproporcionada sobre los groenlandeses.
Groenlandia dejó de ser formalmente una colonia en 1953, obtuvo autonomía en 1979 y amplió su autogobierno en 2009.
La Ley de Autogobierno reconoce a los groenlandeses como un pueblo con derecho a la autodeterminación y abre el camino hacia la independencia. Washington reabrió su consulado en Nuuk en 2020, y la cooperación se intensificó en materia de comercio, educación, minería e investigación.
Los gobiernos de Groenlandia (desde Kuupik Kleist hasta Jens-Frederik Nielsen) han acogido con beneplácito los vínculos económicos con Washington, pero rechazan la tendencia de este a querer cada vez más de la isla para satisfacer sus necesidades militares.
De Monroe a Donroe
La exigencia de Trump respecto a Groenlandia forma parte de una política hemisférica más amplia. La Doctrina Monroe de 1823 advertía a las potencias europeas contra nuevas intervenciones coloniales en las Américas.
Presentada como anticolonial, se convirtió en una reivindicación de la supremacía estadounidense.
El corolario de Theodore Roosevelt de 1904 afirmaba el derecho a intervenir en América Latina, proporcionando una justificación ideológica para ocupaciones, cambios de régimen y el control de activos estratégicos.
Los partidarios de Trump rebautizaron su última versión como la «Doctrina Donroe». La etiqueta vincula la presión sobre Groenlandia con las exigencias relativas al Canal de Panamá, las amenazas contra Cuba y Colombia, las reivindicaciones sobre Canadá y la intervención estadounidense en Venezuela.
A finales de 2025, la Casa Blanca proclamó formalmente un Corolario de Trump a la Doctrina Monroe, en el que se afirmaba el liderazgo estadounidense en todo «nuestro hemisferio».
Groenlandia queda arrastrada a esta esfera porque geográficamente forma parte de América del Norte, aunque esté vinculada políticamente a Dinamarca y su pueblo inuit posea su propio derecho a la autodeterminación.
Esta doctrina contiene una contradicción reveladora. Trump denuncia el control europeo sobre Groenlandia como un anacronismo, al tiempo que exige que la isla sea transferida a Estados Unidos.
El colonialismo no se ha abolido; simplemente cambia el colonizador propuesto. Las referencias de Trump a los minerales, las rutas marítimas y la geografía militar reducen a Groenlandia a un activo y a sus 56 000 habitantes a un obstáculo en una transacción entre potencias.
Una crisis dentro de la alianza occidental
Las amenazas de Trump provocaron una ruptura extraordinaria entre Estados Unidos y Europa. Dinamarca no es un adversario, sino un aliado de la OTAN cuyas tropas lucharon junto a los soldados estadounidenses en Afganistán.
La amenaza de arrebatarle territorio a un aliado por la fuerza ataca la premisa misma de la alianza. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un ataque de Estados Unidos contra otro país de la OTAN pondría fin al orden de seguridad de la posguerra.
Los gobiernos europeos se unieron en defensa del principio de que las fronteras no pueden modificarse mediante la coacción, un principio que invocan contra Rusia en Ucrania.
La crisis puso de manifiesto la dependencia de Europa. La OTAN no cuenta con un procedimiento claro para defender a un miembro frente a su miembro más poderoso. Los Estados europeos dependen en gran medida del poderío militar de Estados Unidos, al tiempo que se les pide que resistan la coacción estadounidense.
Copenhague respondió con una diplomacia cautelosa, un mayor gasto militar en el Ártico y la insistencia en que las decisiones corresponden a Groenlandia y Dinamarca. Francia, Alemania, los países nórdicos y la Unión Europea expresaron su solidaridad, pero el episodio intensificó los llamamientos a favor de la autonomía estratégica europea. También dañó la pretensión de Washington de liderar una alianza de democracias contra el revisionismo autoritario.
El 18 de septiembre de 2026, Trump anunció un nuevo acuerdo trilateral de seguridad tras meses de negociación, reclamando el «control permanente» sobre la seguridad de Groenlandia.
Los líderes daneses y groenlandeses lo describieron en términos más limitados: una ampliación de la cooperación militar con Estados Unidos que preserva la soberanía y la autodeterminación de Groenlandia.
El texto completo aún debe firmarse y aprobarse. Si su versión se confirma, el resultado corrobora lo que era evidente desde el principio: Estados Unidos podría obtener acuerdos de seguridad adicionales sin llegar a poseer Groenlandia.
Sin embargo, la presión que precedió al acuerdo sigue siendo una advertencia sobre las negociaciones llevadas a cabo bajo amenazas.
Groenlandia habla por sí misma
La respuesta de Groenlandia ha combinado rechazo, unidad y complejidad política.
Kalaallit Nunaat —el nombre groenlandés del país— se convirtió en el centro de las declaraciones de que Groenlandia pertenece a su pueblo y no está en venta.
En marzo de 2025, grandes manifestaciones en Nuuk, Sisimiut y Qaanaaq marcharon bajo la bandera roja y blanca de Erfalasorput. Los manifestantes le pidieron a Trump que respetara a los inuit, su país y su nacionalidad.
Los partidos políticos de Groenlandia, a pesar de profundos desacuerdos sobre el ritmo y los términos económicos de la independencia, condenaron conjuntamente la presión externa.
El Parlamento prohibió las donaciones políticas extranjeras y anónimas, defendiendo explícitamente la integridad de la democracia groenlandesa en medio del interés de las grandes potencias.
El colonialismo danés dejó profundas heridas: asimilación forzada, ingeniería social, desarrollo desigual y decisiones tomadas en Copenhague sobre la tierra y el pueblo groenlandeses (toda la cuarta temporada de la popular serie de televisión Borgen, en 2022, se centró en un conflicto entre Copenhague y Nuuk por el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo con implicaciones de China y Rusia).
Muchos groenlandeses quieren la independencia, y algunos ven el creciente interés de Estados Unidos como una ventaja para atraer inversiones y lograr una relación más equitativa con Dinamarca.
Groenlandia revela el verdadero contenido de la Doctrina Donroe: una afirmación del siglo XXI de que la geografía otorga a Washington derechos superiores sobre los pueblos vecinos.
La respuesta de Groenlandia es igualmente moderna y universal. La ubicación estratégica no anula la soberanía popular, los minerales no borran la identidad nacional, y ninguna gran potencia adquiere un país simplemente por declarar que lo necesita.
Traducción nuestra
*Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es colaborador y corresponsal jefe de Globetrotter. Es editor de LeftWord Books y director de Tricontinental: Instituto de Investigación Social. Es investigador sénior no residente en el Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y (junto con Noam Chomsky) *The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power*.
Fuente: Savage Minds
