Lorenzo Maria Pacini.
Ilustración: Marco de Angelis (Italia)
10 de noviembre 2026.
La paz requeriría una decisión de la Casa Blanca o un cambio en el equilibrio de poder sobre el terreno y en los mercados energéticos, y ninguna de estas dos cosas depende del Capitolio.
Las elecciones estadounidenses como manifestación de una crisis sistémica
El resultado del 3 de noviembre se presta a una interpretación sencilla: la de una derrota. Los demócratas se hicieron con la Cámara de Representantes y, en contra de un panorama en el Senado que todo el mundo había considerado favorable a los republicanos en vísperas de las elecciones, también con el Senado.
Al día siguiente, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció que no se presentaría a líder de la minoría; Trump reconoció el resultado y Wall Street cerró al alza. Sin embargo, contar escaños sirve de poco.
Lo que más importa es comprender qué dice la elección sobre la capacidad de Estados Unidos para seguir haciendo lo que ha hecho durante los últimos ocho meses.
Vale la pena empezar con una observación que contrasta radicalmente con el tono de las reacciones inmediatas. Las dificultades de la Administración son reales, pero siguen bajo control.
El sistema absorbió el golpe sin ninguna convulsión institucional: no hubo impugnaciones del resultado, los mercados se sintieron aliviados al fin de la incertidumbre y la transición del poder en el Congreso se produjo sin contratiempos.
La presidencia conserva intactas todas las palancas de la política exterior —desde el mando de las fuerzas armadas hasta las sanciones, desde el veto hasta las órdenes ejecutivas— y el Congreso carece de la mayoría de dos tercios necesaria para anularla.
El precedente de 2006 resulta instructivo. También entonces, unas elecciones de mitad de legislatura castigaron una guerra impopular y entregaron ambas cámaras a la oposición; sin embargo, apenas unos meses después, Washington revitalizó su compromiso militar en Irak.
Una crisis drástica —una que obligara a una gran potencia a retirarse— sigue siendo, por tanto, por diseño, una perspectiva lejana. Esto se debe a la mecánica del marco constitucional, no a que se hayan eliminado las causas subyacentes.
De hecho, todas las causas siguen sobre la mesa. La guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel, había sido presentada por la Casa Blanca como una operación de entre cuatro y seis semanas.
Han pasado ocho meses. Mientras tanto, se firmó un alto el fuego que luego se abandonó; el propio Trump declaró «caducado» el 8 de julio un memorándum de entendimiento firmado en junio; y, en vísperas de las elecciones, el crudo Brent se cotizaba por encima de los 100 dólares por barril. Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y condiciona su reapertura al fin del bloqueo naval de sus puertos, a la suspensión de las sanciones petroleras y al desbloqueo de los fondos congelados.
Para el votante estadounidense, todo esto se ha reducido a una simple cifra. Ya en mayo, la gasolina costaba una media de 4,48 dólares por galón, frente a menos de tres dólares antes de la guerra.
Las encuestas a pie de urna miden este cansancio con cierta crudeza. Para el 74 % de los votantes, la guerra fue un factor crucial o importante en su decisión, y dentro de este grupo, los demócratas se impusieron por un 62 % frente a un 35 %; aproximadamente seis de cada diez votantes consideran que la intervención militar fue un error, y el índice de aprobación del presidente se sitúa en el 38 %.
El propio Trump, en declaraciones a Fox Business, admitió que parte del resultado puede explicarse por Irán. Lo que más pesa es la ausencia de un resultado estratégico reconocible. Los objetivos declarados han pasado de la cuestión nuclear y el régimen a la reapertura del estrecho —es decir, a reparar el daño que la propia guerra ha causado—.
Una campaña cuyo propósito se reduce a remediar sus propios efectos tiene dificultades para presentarse como una victoria, y el electorado lo ha percibido sin necesidad de analistas.
Sin embargo, reducir la cuestión a la popularidad de un presidente significaría pasar por alto el meollo del asunto. Los resultados electorales ponen en tela de juicio la sostenibilidad de una política exterior basada en la presión militar y económica permanente, y en este sentido los datos importan más que las encuestas.
A fecha de 16 de octubre, el Pentágono había informado al Congreso de unos gastos que ascendían a 47 100 millones de dólares, de los cuales más del 60 % se destinó a munición; se gastaron 29 000 millones de dólares en reponer bombas y misiles agotados, con las reservas mundiales de interceptores Patriot agotadas y los suministros procedentes de comandos en Asia y Europa.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima un coste adicional de entre dos mil y tres mil millones por cada mes de guerra y advierte de que reponer los arsenales podría llevar cinco años o más; el inspector general del Departamento de Defensa habla abiertamente de escaseces estratégicas en las existencias.
Una guerra contra una potencia regional de tamaño medio ha agotado las reservas destinadas a un conflicto entre potencias de igual nivel. Este es el hecho que debería preocupar a Washington mucho más que cualquier escaño perdido en Pensilvania.
Y es precisamente en este punto donde se libra la guerra informativa estadounidense. En mayo, al declarar ante el Congreso, el secretario Hegseth desestimó como falsa la afirmación de que se estaban agotando las municiones, mientras que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Caine, aseguró a los legisladores que las reservas eran suficientes para las misiones asignadas.
En septiembre, el comandante de operaciones, el almirante Brad Cooper, afirmó no estar preocupado por este tema justo en el momento en que la CBO y el inspector general certificaban lo contrario. La discrepancia entre el discurso público y los informes financieros presentados al Congreso no es un mero fallo de comunicación.
Tiene un propósito específico: desplazar el discurso del plano material al de la voluntad política. Mientras la cuestión se reduzca a que «el presidente es impopular», el poder de la nación parece intacto y el problema parece solucionable cambiando la mayoría o el candidato.
Si, por el contrario, la cuestión pasa a ser «el complejo militar-industrial no puede seguir el ritmo impuesto por la estrategia», la limitación es estructural y ninguna elección puede eliminarla.
Resulta llamativo que la propia campaña de las elecciones de mitad de legislatura se mantuviera centrada casi exclusivamente en el coste de la vida: incluso la oposición atacó el precio de la gasolina, dejando en segundo plano la cuestión más incómoda de la resiliencia militar del país.
La votación saca así a la luz una contradicción que atraviesa a toda la clase dirigente, independientemente de su afiliación partidista. Washington pretende mantener su capacidad de proyección internacional, pero debe lidiar con una creciente reticencia interna a pagar el precio. Ya en marzo, el 56 % de los estadounidenses se declaró en contra de nuevas asignaciones de emergencia para la guerra.
Ahora, la solicitud del Gobierno —que asciende a nada menos que 70 000 millones— tendrá que pasar por comisiones controladas por la oposición. La ventana de oportunidad del «gobierno saliente» sigue abierta: según rumores difundidos por la prensa estadounidense, al parecer el Pentágono ha planeado una campaña de varios días que comenzará tras las elecciones, y el nuevo Congreso no tomará posesión hasta el 3 de enero.
Si ese plan se llevara a cabo, la Administración optaría por actuar durante el breve intervalo en el que la derrota electoral aún no ha impuesto restricciones institucionales. Esta sería la confirmación más clara de que el problema no es el resultado electoral en sí mismo, sino el intento de eludir sus efectos.
El pueblo estadounidense sigue ahí, y es el factor que tendrá mayor peso a medio plazo. Tres de cada cuatro votantes afirman estar insatisfechos o enfadados con el rumbo del país, y tres de cada diez citan el destino de la democracia como su principal preocupación.
En agosto, una encuesta de la Universidad de Massachusetts registró una caída de 14 puntos en los índices de aprobación entre los republicanos en comparación con marzo, y uno de cada seis votantes de Trump afirmó que no volvería a votar por él. La división ya no se da únicamente entre los dos partidos.
Se adentra profundamente en la coalición que en 2024 había recompensado la promesa de poner fin a las guerras interminables —y que, incluso en las primeras semanas del conflicto, había pedido una retirada rápida y rechazado la idea de una invasión—. Ese pacto se ha roto, y la decepción de quienes lo habían respaldado resulta políticamente más corrosiva que la hostilidad de los opositores, que era de esperar.
El poder estadounidense se topa así con sus límites en casa antes que en el campo de batalla. Estados Unidos sigue disponiendo de los medios para atacar, imponer sanciones y bloquear, pero cada una de estas herramientas requiere una sociedad dispuesta a asumir el coste durante años —en combustible, deuda y arsenales agotados—.
El 3 de noviembre, esa disposición se resquebrajó visiblemente. Para los aliados europeos, acostumbrados a considerar la protección estadounidense como una constante, este es el mensaje más importante que se desprende de las urnas: la influencia de Washington depende ahora de un consenso interno que ya nadie —ni siquiera la Casa Blanca— es capaz de garantizar.
El Congreso como fuente de fricción
Hasta aquí el consenso. Pero la votación también tiene un efecto institucional —menos visible y más duradero— porque, a partir del 3 de enero de 2027, el equilibrio de poder entre el Congreso y la Casa Blanca cambiará. Durante los primeros ocho meses de la guerra, la mayoría republicana sirvió de escudo. Todos los intentos de invocar la Resolución sobre los Poderes de Guerra fueron rechazados, y siempre por un margen muy estrecho: el 13 de mayo, el Senado rechazó la resolución por 49 votos contra 50; al día siguiente, la Cámara de Representantes la bloqueó con un empate de 212 a 212, momento en el que el plazo de 60 días establecido por ley ya había expirado dos semanas antes.
Ese escudo se sostenía sobre un margen minúsculo, y el 3 de noviembre ese margen se decantó hacia la oposición. Al día siguiente, Chuck Schumer prometió públicamente poner fin a la guerra.
Las herramientas de que dispone la nueva mayoría son bien conocidas y deben enumerarse con precisión, ya que su eficacia varía enormemente.
La primera es la investigación. Las comisiones de Fuerzas Armadas, Asuntos Exteriores y Supervisión adquieren poderes de citación, y los demócratas ya han anunciado una larga serie de investigaciones sobre la Administración.
En cuanto al expediente de Irán, pueden exigir que se rindan cuentas por la decisión de entrar en guerra, por las predicciones erróneas sobre su duración y, sobre todo, por la discrepancia —analizada en la primera parte— entre las declaraciones públicas sobre las reservas y los registros contables reales.
La segunda herramienta es el presupuesto. El presidente no puede gastar dinero que el Congreso no haya asignado, y cualquier solicitud de fondos de emergencia —hasta 70 000 millones— tendrá que pasar por comisiones dirigidas por la oposición; la expiración de la resolución provisional el 11 de diciembre ya está provocando un primer enfrentamiento durante la sesión de fin de legislatura.
La tercera herramienta es la iniciativa legislativa: nuevas resoluciones sobre los poderes bélicos, enmiendas al proyecto de ley anual de defensa y requisitos de información.
La cuarta —quizá la más eficaz— es la supervisión del uso de los recursos militares. El Congreso puede vincular la reposición de los arsenales a diferentes prioridades estratégicas; por ejemplo, impidiendo que los misiles interceptores destinados al teatro de operaciones del Indo-Pacífico acaben en el Golfo.
En este frente, la oposición pacifista podría encontrar aliados inesperados entre los halcones que consideran a China, y no a Irán, como el verdadero adversario.
Cada una de estas herramientas, sin embargo, tiene una clara limitación. Los demócratas no cuentan con una mayoría en ninguna de las dos cámaras capaz de superar un veto presidencial, para lo cual se requieren sesenta y siete votos en el Senado.
Trump ya ha demostrado cómo utilizar el veto en este ámbito: en 2019 en relación con Yemen, en 2020 en relación con el propio Irán, y en ambos casos el Congreso no logró anularlo. La vía legislativa, por lo tanto, conduce casi siempre a una negativa a firmar.
Eso deja el presupuesto, que es el arma real; pero recortar la financiación destinada a los soldados desplegados sobre el terreno conlleva un coste político muy elevado, y a ninguna fuerza de la oposición le gusta que se le acuse de abandonar a las tropas.
La historia de Estados Unidos habla por sí sola. La Enmienda Case-Church —el ejemplo más citado de una guerra terminada por el Congreso— se produjo después de que ya se hubiera negociado la retirada de Vietnam. El Congreso tiende a formalizar el fin de guerras que ya están llegando a su fin; rara vez logra poner fin a las que aún están en curso.
También hay un efecto más sutil, que afecta a la autonomía política del presidente. Trump no podrá presentarse a la reelección en 2028 y, a partir de ahora, todos los legisladores republicanos empezarán a pensar más en el horizonte de la próxima presidencia que en el mandato actual.
La guerra ya se ha convertido en la línea divisoria de esa sucesión. Por un lado está J.D. Vance, que se ha mantenido cauteloso y alineado con el escepticismo de las bases hacia las intervenciones militares prolongadas; por otro, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, que está comprometido sin reservas con una postura de línea dura y es capaz de sacar partido de una conclusión rápida y favorable del conflicto.
Una guerra que no da señales de terminar y un partido que acaba de sufrir una derrota electoral están desplazando el equilibrio de poder hacia aquellos que pueden presentarse como una alternativa sin romper abiertamente con el presidente.
El resultado es una pérdida gradual del control sobre el partido. La amenaza de las primarias —que durante años garantizó el control de Trump sobre los grupos parlamentarios del Congreso— tiene cada vez menos peso a medida que se estrecha su horizonte político, y un congresista con la mirada puesta en 2028 tiene buenas razones para distanciarse de una guerra que sus electores consideran un error.
Llegados a este punto, conviene distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden en el debate público: la autoridad formal del presidente para llevar a cabo operaciones militares y su capacidad política para mantenerlas a lo largo del tiempo.
La primera permanece prácticamente intacta. Como comandante en jefe, Trump puede ordenar ataques aéreos, mantener el bloqueo naval de los puertos iraníes e incluso lanzar la campaña de varios días que se ha barajado. En medio siglo, la Resolución sobre los Poderes Bélicos nunca ha detenido una operación en curso y, en el caso de Irán, el plazo de sesenta días transcurrió sin consecuencias.
La segunda capacidad, sin embargo, depende de factores que escapan al control exclusivo del presidente: la financiación, el tiempo que tarda la industria de defensa en reponer los arsenales, la firmeza de los aliados que acogen bases y proporcionan logística, y el apoyo de un electorado que paga la gasolina.
El Congreso actúa únicamente en este segundo nivel, pero es el nivel decisivo para el tipo de guerra que libra Estados Unidos. Un bloqueo naval y una presión económica prolongada no se ganan de un solo golpe; se ganan con resistencia —y la resistencia es precisamente lo que una mayoría hostil puede hacer más costosa con cada ciclo presupuestario.
Aquí es donde radica la limitación más significativa. El Congreso puede elevar el coste político de las decisiones presidenciales, pero carece de las herramientas para imponer una nueva estrategia diplomática.
La conducción de las negociaciones es responsabilidad del poder ejecutivo, y ninguna comisión puede sentarse a la mesa con Teherán o con los mediadores qataríes. De hecho, existe una asimetría que hace que la situación sea más compleja de lo que parece.
Las condiciones establecidas por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz —a saber, la suspensión de las sanciones petroleras y el desbloqueo de los fondos congelados— se refieren en parte a sanciones promulgadas por el Congreso y, desde 2015, cualquier acuerdo nuclear con Teherán que prevea el alivio de las sanciones debe someterse a revisión por parte del Congreso.
Por lo tanto, el Congreso tiene el poder de bloquear la guerra a través del presupuesto y el poder de bloquear la paz mediante la revisión de los acuerdos, pero carece de poder de iniciativa respecto a ninguno de ambos. Un punto muerto entre las instituciones, construido de esta manera, no produce ni una escalada ni un acuerdo. Es más probable que dé lugar a una guerra prolongada y de baja intensidad, con el bloqueo aún vigente y el estrecho aún cerrado.
Además, esta ralentización puede tener el efecto contrario a corto plazo. Una administración que sabe que sus días están contados antes de enfrentarse a un Congreso hostil tiene un incentivo para concentrar su fuerza durante el tiempo que le queda, dando prioridad a la intensidad sobre la duración.
Teherán, por su parte, interpreta la votación como una victoria política: el presidente del Parlamento iraní comentó que los estadounidenses han dicho «no» a la guerra.
Si los dirigentes iraníes se convencen de que el tiempo juega a su favor, tendrán menos motivos para hacer concesiones y más para esperar a que el cansancio estadounidense siga su curso. De este modo, la división interna en Washington, en lugar de abrir una ventana diplomática, corre el riesgo de prolongar el conflicto.
El argumento puede, por tanto, exponerse con claridad. Tras el 3 de noviembre, el sistema político estadounidense puede convertirse en un factor que ralentice la estrategia contra Irán, pero no se convertirá, por ese motivo, en un factor que promueva la paz.
Funciona como un freno, no como un timón: hace que cada paso que da el poder ejecutivo sea más lento y costoso, sin marcar una dirección diferente. Quienes en Europa o en el Golfo esperan un avance diplomático del nuevo Congreso corren el riesgo de confundir esta fricción con una estrategia alternativa.
La paz requeriría una decisión de la Casa Blanca o un cambio en el equilibrio de poder sobre el terreno y en los mercados energéticos —y ninguna de estas dos cosas depende del Capitolio—.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente: Strategic Culture Foundation
