Comisión Internacional Constituyente Obrera y CBST.
18 de septiembre 2026.
«Estamos en condiciones difíciles, complejas y exigentes, pero avanzamos. Y, en lo particular, sostengo que no hay ninguna razón para no ser optimistas frente a esta revolución bolivariana en el momento que vivimos».
Introducción
La Comisión Internacional de la Constituyente Obrera (CICO), articulada con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP) de Venezuela, es la instancia responsable de proyectar internacionalmente el proceso de la Constituyente Obrera venezolana y de tejer una red de solidaridad, articulación política y organización de la clase trabajadora a escala mundial.
A través de sus Convocatorias Internacionales semanales —videoconferencias que reúnen a dirigentes sindicales, movimientos sociales y militantes de la clase obrera de decenas de países de América, Europa, África y Asia—, la CICO promueve el debate, la formación política y el intercambio de experiencias en torno a la defensa de la soberanía, la paz, la independencia nacional y los derechos de la clase trabajadora frente a la ofensiva del capital transnacional y el bloqueo impuesto contra Venezuela.
En este marco se inscribe la XXXI Convocatoria Internacional, realizada el 18 de septiembre de 2026, en la que la CICO y la CBST-CCP tuvieron el honor de recibir al compañero Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Comisionado Presidencial para los Consensos Laborales y Sociales, cuya intervención se recoge íntegramente en el presente documento.
Presentación del orador por Francisco Torrealba jefe de la Comisión Internacional de la Constituyente Obrera
Germán Eduardo Piñate Rodríguez es un dirigente sindical de amplia trayectoria, con una larga historia en el ejercicio de tareas y responsabilidades políticas y sindicales. Actualmente ocupa un cargo de gran relevancia: Comisionado Presidencial para los Consensos Laborales y Sociales.
A lo largo de su trayectoria ha sido constituyente, diputado a la Asamblea Nacional, Ministro del Trabajo en dos oportunidades, Ministro de Educación, presidente fundador del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (SINAFUM), gobernador del estado Apure y militante histórico de la Liga Socialista. Es, además, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde ha desempeñado distintas responsabilidades, entre ellas la de Secretario Ejecutivo de la Presidencia del partido, cargo que ejerce nuestro hermano Nicolás Maduro Moros, secuestrado desde hace 259 días por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Con un saludo de felicitación especial a la clase obrera joven de Venezuela y del mundo, Francisco Torrealba, Jefe de la Comisión Internacional de la Constituyente Obrera, cedió la palabra al profesor Germán Eduardo Piñate.
INTERVENCIÓN COMPLETA
La geopolítica del conflicto mundial y la posición de Venezuela
Compañeros, compañeras, camaradas, hermanos y hermanas de Asia, de África, de Europa y de América Latina que nos acompañan en esta videoconferencia: agradezco la invitación y felicito a los organizadores por la perseverancia mantenida durante todos estos meses, viernes tras viernes, en esta ardua batalla por exponer y difundir la verdad de Venezuela en tiempos de censura casi dictatorial por parte de los algoritmos.
Ya en oportunidades anteriores he participado en estas conferencias —recuerdo la tercera— y he seguido con atención varias de las exposiciones que se han hecho, tanto desde Venezuela como a nivel mundial. Los compañeros Francisco Torrealba y Alexis Corredor han planteado ya los temas fundamentales de la coyuntura que afecta a Venezuela desde hace décadas, y en particular desde el inicio de la explotación petrolera hace ya cerca de cien años: una articulación muy fuerte con el capitalismo mundial, cuyas contradicciones —económicas, políticas, sociales y financieras, herencia de la Segunda Guerra Mundial— se reflejan de diversas maneras en la región.
Esa confrontación tiene como hegemón fundamental a los Estados Unidos de América y, por el otro lado, a China, potencia que disputa esa hegemonía en la economía y en todos los espacios. Ha derivado en enfrentamientos militares en distintos espacios regionales, con riesgo de escalar de un conflicto regional a uno global, como ocurre con la guerra de la OTAN contra Rusia, que se complica cada día más para la posición de los Estados Unidos, que está perdiendo terreno; o con el papel que juega Israel, que controla estrechos determinantes para la circulación de mercancías fundamentales como el petróleo y para las rutas comerciales que unen a Oriente y Occidente. Todo esto nos impacta a nosotros desde 1999, cuando el comandante Hugo Chávez ganó las elecciones de diciembre de 1998 y asumió la Presidencia el 2 de febrero de 1999.
Venezuela está inmersa en ese conflicto por múltiples razones, también geopolíticas: nuestros recursos naturales —el petróleo, pero no solamente el petróleo; también el gas, con la quinta reserva del mundo; importantes yacimientos de minerales —oro, diamante, bauxita, hasta tierras raras—; una importante biodiversidad; grandes fuentes de agua dulce; y una posición geográfica al norte de América del Sur que, como decíamos en el liceo, nos convierte en la puerta de entrada al continente. Esa posición nos ha expuesto siempre, desde que somos república independiente, a una contradicción con el imperialismo que tiene más de doscientos años.
Doscientos años de agresión imperialista: de Bolívar al golpe de 2002
Ya el Libertador Simón Bolívar denunciaba a los Estados Unidos como una nación poderosa y capaz de cualquier cosa; en su célebre carta de 1827 escribió que los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Es una de las frases que mejor define esa posición anticolonialista y antiimperialista que, como dice Francisco Pividal, hace de Bolívar un precursor del antiimperialismo.
En ese marco, la revolución bolivariana fue objeto de ataques y agresiones desde el primer momento. Muy temprano, en abril de 2002, la contraofensiva imperialista se expresó en el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, revertido en 47 horas por nuestro pueblo y por nuestra Fuerza Armada. Luego, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, tuvo lugar el sabotaje petrolero: un lockout patronal encabezado por Fedecámaras y por la organización sindical de la Cuarta República —la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV—, que se unieron con la alta jerarquía de la Iglesia Católica para tumbar al comandante Chávez. El sabotaje duró más de sesenta días y se resolvió gracias a la unión cívico-militar. Después vino el intento de revocar el mandato del comandante Chávez mediante el referendo del 15 de agosto de 2004, que ganamos con claridad.
La primera década de avances y el giro de la contraofensiva (2010-2013)
A partir de allí se abrió una primera fase de avance muy importante para la revolución: recuperación económica, la industria petrolera en manos del Estado, control de la Fuerza Armada tras el golpe de 2002 y un pueblo movilizado en condiciones económicas favorables. Fue, además, una primera década de victorias que no se limitó a Venezuela, sino que se extendió a buena parte del continente: Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, el Frente Sandinista y el FMLN en Centroamérica, Rafael Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay. Fue un momento de correlación de fuerzas favorable a los pueblos, en el que Venezuela llegó a tener el salario mínimo más alto de América Latina y en el que los indicadores sociales y económicos registraron desempeños positivos.
Esa tendencia se sostuvo hasta 2010-2011, cuando comenzó a intensificarse la contraofensiva del enemigo. En esos años construimos lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado el Estado de bienestar social: no el modelo de la Europa de posguerra o de los años sesenta y setenta, sino un Estado social orientado hacia la construcción de un Estado socialista.
Doce años de bloqueo: la resistencia heroica y victoriosa
Esa etapa se vio marcada por el fallecimiento del comandante Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, tras lo cual la guerra se intensificó: una guerra total —económica, política, social, cultural, ideológica, tecnológica, financiera, diplomática, comunicacional, mediática y militar—. Vivimos distintos episodios de terrorismo, como las llamadas guarimbas, que no fueron otra cosa que foquismo urbano y movilizaciones insurreccionales; el intento de asesinato del presidente el 4 de agosto de 2018; los intentos de invasión, entre ellos el más conocido, el 23 de febrero de 2019, la llamada batalla de los puentes, que no se limitó al estado Táchira sino que también involucró al estado Bolívar y otros puntos fronterizos; y la llamada Operación Gedeón, un intento de desembarco en abril de 2020.
Doce años llevamos, hasta donde llegamos el 3 de enero de este año, de bloqueo, sanciones y agresión permanente. Han sido doce años en los que el pueblo venezolano —la clase obrera, el campesinado, las comunas y los comuneros, junto al gobierno revolucionario y la Fuerza Armada— hemos vivido lo que el presidente Nicolás Maduro llamó la resistencia heroica y victoriosa. A partir de 2021 comenzamos a revertir el proceso en el que veníamos a la defensiva y pasamos a tomar la ofensiva en distintos frentes.
La llamamos heroica y victoriosa porque ninguno de los objetivos que se planteó el enemigo se logró: no buscaban otra cosa que una guerra civil, y logramos mantener la paz. En ese periodo consolidamos el modelo de democracia directa, de democracia bolivariana, a partir del poder popular en su dimensión territorial, con las comunas como núcleo fundamental del ejercicio directo del poder por parte del pueblo, tal como lo establece nuestra Constitución.
Fue también el periodo de mayor avance para la clase obrera con la creación de los Consejos Productivos de Trabajadores, organización impulsada por el presidente Nicolás Maduro junto con la clase obrera venezolana y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que inicialmente cumplió un papel contralor en un momento en que nos desabastecieron de todo —alimentos, medicamentos, artículos de higiene y aseo, hasta la propia moneda, cuyos billetes eran contrabandeados hacia Colombia, Brasil, Aruba y Curazao—. Fue también un período difícil en lo político: de allí surgió el esperpento de la Asamblea Nacional de 2015, dirigida por el sector de la derecha, que se convirtió en un instrumento fundamental de la política imperialista contra la revolución bolivariana, como se vio con la figura de Juan Guaidó. Todo eso lo revertimos y comenzamos a dar pasos económicos importantes: hoy acumulamos veintiún trimestres consecutivos de crecimiento del producto interno bruto.
Sé que muchos dicen en las asambleas y reuniones que ese crecimiento todavía no se traduce en el bolsillo de los trabajadores. Y la verdad es que sí se traduce, aunque partimos de muy abajo. Como decía el compañero Aristóbulo Istúriz, venimos del sótano cinco de la economía. En 2012 el ingreso nacional fue de alrededor de 35.034 millones de dólares —no hablo solo del ingreso petrolero—; para el año 2020 ese ingreso había caído a apenas setecientos y tantos millones de dólares, una caída cercana al noventa por ciento. Esa caída golpeó, entre otras cosas, el salario de los trabajadores y todas las categorías asociadas a él conforme a nuestra Ley Orgánica del Trabajo, un tema que abordaré más adelante y que es, precisamente, el que me ocupa hoy como comisionado presidencial para la constituyente laboral y los consensos laborales.
2025: la ofensiva revolucionaria y la Constituyente Obrera
A partir del último trimestre de 2021 comenzamos a avanzar en esa recuperación, lo que nos puso en una posición de ofensiva. El año pasado, 2025, fue un año de revolución en ofensiva: resistiendo, pero avanzando con mucha fuerza.
En agosto de 2025, en el marco del Congreso de Maestras y Maestros Bolivarianos, el presidente Nicolás Maduro convocó un proceso popular constituyente en todos los sectores. De ese proceso surgieron múltiples concreciones, entre ellas la más importante: el proceso constituyente campesino, que culminó con la creación de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora, y el congreso constituyente de la clase obrera, del cual participamos varios de los presentes en esta videoconferencia. Fue un proceso de debate de varios meses que culminó a nivel nacional el día 16 —con la participación del presidente Nicolás Maduro y de los movimientos afrodescendiente, de mujeres, de juventud e indígena— y a nivel internacional el día 17.
Ese proceso consolidó nuestro modelo democrático a partir de las comunas, con las consultas populares creadas en 2024, en las que las comunas eligen de manera universal, directa y secreta los proyectos que van a ejecutar. Son las propias comunas las que discuten y presentan siete proyectos, que van a un proceso electoral donde se decide cuál se ejecuta; y a partir de la primera consulta, el presidente ordenó que las gobernaciones y alcaldías financiaran también el proyecto que quedó en segundo lugar.
El próximo 18 de octubre realizaremos la octava consulta nacional, la segunda de este año, inicialmente prevista para el 12 de julio y postergada por razones vinculadas al doble terremoto que enfrentamos.
Así cerramos el año 2025: en ofensiva, con un presidente al que los Estados Unidos hostigaban permanentemente exigiéndole que renunciara. Nicolás no lo hizo, y las razones de esa decisión son las que he venido explicando.
El 3 de enero: el ataque militar y las tres opciones
Todo cambia con la agresión militar, el bombardeo y el secuestro del presidente, ocurridos en la madrugada del 3 de enero de este año. Con la superioridad militar y tecnológica que ellos ostentaban, se planteaban tres escenarios posibles, y es importante subrayar un dato que no es menor en este debate: el presidente está vivo.
La primera opción era la rendición: que el gobierno entregara el poder a quien Washington decidiera. Eso hubiera significado la llegada del fascismo y del extremismo al gobierno de Venezuela, y el escenario más probable habría sido una guerra civil, con persecución y sin que hoy estuviéramos aquí conversando.
La segunda opción era el enfrentamiento militar directo con los Estados Unidos. Quiero precisar dos cosas al respecto: nosotros, los venezolanos, nos preparamos para enfrentar un escenario de ocupación militar, pero esa ocupación no se produjo. No hubo militares estadounidenses desfilando por las calles de Caracas ni desembarcando en los días posteriores al 3 de enero.
Lo que hicieron fue una operación con más de doscientas aeronaves y el uso de inteligencia artificial, desplegada en varias capas: una capa superior de guerra electrónica para obstaculizar y silenciar comunicaciones, radares y sistemas de defensa antiaérea; una capa intermedia de aviones y drones estratégicos que bombardearon infraestructuras militares y civiles, sobre todo de comunicaciones y defensa antiaérea; y una capa inferior con helicópteros para ocupar un pedazo de territorio y capturar al presidente. Fue una operación desproporcionada y asimétrica, pero nunca hubo ocupación de territorio.
Con el presidente vivo, la opción de un enfrentamiento total habría implicado destrucción material y la pérdida de cientos de miles de vidas. En la resistencia militar que sí se produjo perdimos 108 vidas, entre compañeros cubanos y militares venezolanos, además de heridos; el propio Trump mostró en su momento a un piloto de uno de los helicópteros derribados que perdió las piernas en ese ataque.
Pero la magnitud del conflicto no se detenía allí: la destrucción material que se hubiera generado en un enfrentamiento abierto podía terminar facilitando una ocupación estadounidense del territorio nacional, con miles de muertos y una derrota, o bien una resistencia larga —Chávez hablaba siempre de la posibilidad de una guerra de cien años—.
La tercera opción, la que se adoptó, fue no pelear en el terreno donde el enemigo es fuerte y desplazar la correlación de fuerzas hacia el terreno donde nosotros somos fuertes: el terreno de la política, sostenido en la moral superior del pueblo venezolano. Eso implicó un repliegue y el paso a una nueva fase.
La resistencia activa y prolongada: objetivos estratégicos
Desde el 3 de enero comenzó la nueva fase de la resistencia activa y prolongada, que tiene como objetivos, en primer lugar, la preservación del poder por parte de los bolivarianos; en segundo lugar, la defensa y sostenimiento de la soberanía y la independencia nacional; en tercer lugar, sostener y desarrollar el modelo bolivariano socialista —el Plan de la Patria, tal como lo denominó el comandante Hugo Chávez en el Libro Azul—; avanzar en la recuperación económica del país; y lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores. No los menciono en un orden jerárquico, sino como el conjunto de los grandes objetivos de esta etapa.
Esa nueva fase privilegia la lucha política y diplomática, no la lucha armada, y ha implicado concesiones, algunas muy duras. Como decía el comandante Hugo Chávez, ha habido que tragar arena. Pero ha sido absolutamente necesario, entre otras cosas porque el presidente está vivo y es un rehén de los Estados Unidos: cuando a alguien le secuestran a un familiar y no se cuenta con la misma capacidad de fuego que el secuestrador, hay que negociar, no queda otra alternativa.
Ese cambio de fase, que arranca el 3 de enero, coincidió además con un doble terremoto que enfrentamos en ese mismo periodo, y con la amenaza de un fenómeno climático como El Niño, que anuncia sequías extremas: una batalla más que estamos librando desde el gobierno y desde el partido.
La experiencia histórica demuestra, sin embargo, que los repliegues sirven para reorganizar la fuerza, para reordenar y acumular fuerzas y seguir avanzando; hay muchísimos ejemplos, tanto en procesos revolucionarios como en otro tipo de conflictos.
Desde el punto de vista de la estrategia de la revolución bolivariana, hemos venido recuperando la economía y ese ritmo no se ha detenido; todo indica que tampoco se detendrá este año. Y aunque suene duro decirlo, cada vez que se agudiza el conflicto en torno al estrecho de Ormuz —entre iraníes, israelíes y estadounidenses— los precios del petróleo suben, lo cual golpea con fuerza a las economías no petroleras, sobre todo a los países de menor desarrollo relativo, pero favorece el ingreso de los países petroleros.
La verdad sobre la soberanía y la negociación petrolera
Aquí entro en un tema central, porque se ha dicho mucho, incluso dentro de Venezuela, que estamos regalando el petróleo, que volvieron los gringos, que no hay soberanía, que somos un país tutelado o un protectorado. Nada de eso es cierto.
Un país tutelado o un protectorado necesitaría un protector, y aquí gobierna una presidenta bolivariana, socialista y chavista: Delcy Rodríguez Gómez, quien era la vicepresidenta ejecutiva de la República y, por mandato constitucional, sucedió al presidente.
El secuestro del presidente no constituye una causal de ausencia absoluta según la Constitución bolivariana, cuyas causales son la muerte, la revocación del mandato por el pueblo o la renuncia; ninguno de esos tres supuestos se ha dado.
Por eso no es cierto que hayan transcurrido los ciento ochenta días que establece la Constitución para otro tipo de ausencia: ese supuesto simplemente no aplica. Delcy Rodríguez Gómez fue juramentada como presidenta encargada la tarde del 5 de enero, el mismo día en que se instaló la Asamblea Nacional para la nueva legislatura de cinco años. El mecanismo constitucional para la sustitución operó de manera inmediata, algo que probablemente el enemigo no previó.
En cuanto al tema petrolero: negociamos con los Estados Unidos, como siempre dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo. Fueron ellos quienes se retiraron de Venezuela cuando el comandante Hugo Chávez tomó decisiones sobre la Faja Petrolífera del Orinoco, momento en que se fue la ExxonMobil. Pero, por ejemplo, Chevron nunca salió de Venezuela pese al bloqueo y las sanciones, como tampoco lo hicieron otras empresas de distintas partes del mundo.
Negociamos con los Estados Unidos, pero también con otros países: cuando pretendieron que sacáramos de aquí los proyectos y contratos que desarrollamos con China y con Rusia, la presidenta se plantó, y hoy las empresas rusas y chinas siguen trabajando en los campos que tienen asignados.
Teníamos, además, varios campos verdes —campos donde no había absolutamente nada, ni siquiera infraestructura, y había que empezar de cero—, cuya inversión asumen ahora las transnacionales en el marco de los convenios y contratos firmados; entre ellas, British Petroleum ha vuelto a instalar operaciones que el bloqueo y las sanciones habían impedido.
Con el petróleo ocurre algo similar a lo que describí: a finales de los años noventa, en 1997, se implementó la llamada apertura petrolera, una política que cobraba a las empresas apenas un 1% de regalía además de un 34% de impuestos.
Tuve el honor de acompañar al compañero Alí Rodríguez Araque en la solicitud de nulidad de esos acuerdos. Hoy cobramos 16% de regalía y 34% de impuestos, con una inversión estimada a 25 años —no a cien años, como llegó a afirmar Trump y como repitieron, sorprendentemente, algunos analistas de izquierda en el mundo—.
Es un convenio enmarcado en nuestra Ley de Hidrocarburos, reformada con base en la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, de la que formé parte como presidente de la Comisión de Economía Productiva, antes de asumir por primera vez como ministro del Trabajo.
Conforme a esa ley, el convenio —actualmente de 25 años— puede prorrogarse hasta por 15 años adicionales. En ese periodo, las empresas invertirán unos 100.000 millones de dólares, mientras que Venezuela recibirá, por concepto de impuestos y regalías, alrededor de 260.000 millones de dólares. Son convenios que nos favorecen a nosotros y que impulsan el crecimiento económico del país, siempre acompañados de una política social que reivindica y garantiza los derechos del pueblo: en la medida en que crecen el ingreso nacional, la productividad y las fuerzas productivas, crecen también el salario de los trabajadores y la inversión social.
El sistema eléctrico y la recuperación de infraestructuras
Tenemos, además, un problema serio con el sistema eléctrico nacional, también producto del bloqueo y las sanciones: durante años fue muy difícil conseguir piezas de repuesto y equipos para el mantenimiento.
Nuestro sistema eléctrico, construido por los gobiernos de Acción Democrática y COPEI en las décadas de los sesenta y setenta sobre tecnología General Electric, Westinghouse y Siemens —alemana y estadounidense—, requirió esfuerzos de mantenimiento con tecnologías distintas, chinas, rusas y turcas.
Hoy esas empresas originales están regresando y llegando a acuerdos para recuperar el sistema eléctrico nacional.
Hacia un nuevo modelo laboral: los Consensos Laborales y Sociales
Hemos pasado de un salario mínimo que llegó a valer apenas un dólar —cuando fui ministro del Trabajo por primera vez, en 2018— a un ingreso mínimo actual de 240 dólares mensuales.
Ese ingreso mínimo no incorpora aún los multiplicadores que sí forman parte del salario en sentido pleno, pero constituye la remuneración base por el servicio prestado.
Frente a quienes afirman en la calle que el salario mínimo en Venezuela equivale a 30 centavos de dólar, la realidad es que el ingreso mínimo son 240 dólares mensuales, y estamos recuperando escalas —todavía no salariales, aspiramos a que pronto lo sean— en el marco de lo que hemos llamado la mesa de los consensos laborales y sociales, de la cual formo parte junto con las organizaciones empresariales, las tres principales centrales sindicales del país —la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la CTV y la Alianza Sindical Independiente—, Fedecámaras, Fedeindustria y el gobierno nacional.
Allí está planteada la construcción de un nuevo modelo laboral, porque el anterior fue pulverizado por las sanciones. Por eso la lucha contra el bloqueo sigue siendo una batalla estratégica, y hago un llamado a incorporar esa lucha contra las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales a las luchas por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores.
Quiero ser claro: no vamos hacia una contrarreforma. En América Latina —y en el mundo— se están imponiendo reformas profundamente reaccionarias, como la que se impulsa en Argentina, o lo que ha anunciado Kast en Chile; felizmente no es el único camino, como lo demuestran los planteamientos en sentido positivo de la presidenta Claudia Sheinbaum en México.
Nosotros avanzamos hacia un modelo laboral que descansa, esencialmente, en tres elementos: recuperar el salario de los trabajadores para que la población económicamente activa sostenga el sistema de pensiones, y no al revés, como ocurre hoy en Venezuela, donde tenemos más de seis millones de pensionados sostenidos por apenas alrededor de tres millones de trabajadores activos con aportes contributivos.
Por eso el gobierno asume hoy el 91% del pago de las pensiones, frente a apenas un 9% del sector privado, que en la práctica se reduce a cero: uno de los grandes debates que estamos dando.
Comunas, democracia directa y reordenamiento de las fuerzas sociales
Mantenemos también el impulso a las comunas: como ya mencioné, iremos el 18 de octubre a la octava consulta popular, la segunda de este año.
Estamos, además, en un proceso de renovación de voceras y voceros vencidos de los consejos comunales —calculábamos hace un mes que más de dieciocho mil consejos comunales tendrían su vocería vencida entre este momento y diciembre— y en un proceso de reordenamiento de las fuerzas sociales, con la clase obrera, el campesinado, las comunas, la juventud y las mujeres como fuerzas estratégicas esenciales de este momento.
Balance de la Constituyente Obrera y los desafíos pendientes
Para finalizar, quiero destacar los aportes que hemos hecho a partir de la Constituyente Obrera del año pasado y de los equipos que quedaron conformados y que han seguido trabajando. En enero presentamos propuestas productivas por sectores de la economía, orientadas a la captación de divisas y a la sustitución estratégica de importaciones, un trabajo que no se ha detenido.
Tenemos desafíos muy importantes en materia de innovación y creación tecnológica, porque se trata de avanzar hacia la soberanía tecnológica, que junto con la soberanía agroalimentaria resulta fundamental para sostener la soberanía nacional.
Está en marcha, también, un proceso de renovación del movimiento obrero y sindical venezolano, que se debate con fuerza en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y que impulsamos igualmente desde los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras.
Cierre: unidad nacional y los cinco consensos
Que quede claro: nosotros defendemos la soberanía y la independencia nacional, las estamos preservando, y defendemos a Venezuela tal como la conocemos hoy. Si este país fuera dominado por el extremismo fascista, lo partirían en pedazos para repartírselo entre las transnacionales.
Nosotros sostenemos y mantenemos la unidad de la nación venezolana, una unidad que va incluso más allá del chavismo desde el punto de vista político, expresada en los cinco grandes consensos nacionales aprobados a finales de 2023: la defensa de la soberanía y la independencia; la defensa de la paz; la lucha contra las sanciones; la reivindicación del Esequibo como territorio venezolano; y el sostenimiento del proyecto nacional bolivariano y chavista, el Plan de la Patria que hoy seguimos desarrollando.
Estamos en condiciones difíciles, complejas y exigentes, pero avanzamos. Y, en lo particular, sostengo que no hay ninguna razón para no ser optimistas frente a esta revolución bolivariana en el momento que vivimos. Muchas gracias, hermanos y hermanas.
Documento elaborado por la Comisión Internacional de la Constituyente Obrera (CICO) y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP), a partir de la transcripción de la intervención oral del compañero Germán Eduardo Piñate Rodríguez en el marco de la XXXI Convocatoria Internacional de la Clase Obrera, con fines de su publicación y difusión.
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 