Entrevista a William Castillo por Cira Pascual Marquina.
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16 de septiembre 2026.
El 3 de enero, el imperialismo estadounidense lanzó un ataque militar contra Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores, y abriendo un nuevo y profundamente incierto capítulo en la relación del país con Washington. Tras más de una década de sanciones y guerra económica destinadas a forzar un cambio de régimen, Venezuela se encuentra ahora inmersa en negociaciones asimétricas con Estados Unidos. Si bien se han flexibilizado algunas sanciones y se ha abierto un espacio para la inversión, el marco general de coacción sigue vigente.
En esta entrevista, William Castillo, director del Observatorio Antibloqueo, reflexiona sobre la evolución y el impacto devastador de la guerra económica, las concesiones y los acuerdos que surgen de las negociaciones, y la decisión de seguir por la vía del diálogo tras el ataque de enero.
Sostiene que Venezuela ha sufrido una derrota y una violación de su soberanía, pero que el proyecto bolivariano en sí mismo no ha sido derrotado. Además, preservar su existencia política es la condición necesaria para reconstruir y avanzar.
Cira Pascual Marquina: Ya ha pasado más de una década desde la muerte de Hugo Chávez. Ese fue el momento en que Washington decidió actuar con firmeza para lograr un cambio de régimen en Venezuela, endureciendo las medidas coercitivas unilaterales hasta convertirlas en una guerra económica a gran escala contra el proceso bolivariano. Cuéntenos cómo se desarrolló esa guerra y el precio que pagaron los trabajadores y el gobierno a lo largo de ese proceso.
William Castillo: Podríamos remontarnos aún más atrás: Venezuela lleva ya más de un cuarto de siglo bajo presión política y económica, soportando actos de agresión por parte del imperialismo estadounidense y sus socios internacionales. A su vez, el país ha resistido durante más de un cuarto de siglo.
Es fácil decirlo, pero debemos reconocer la magnitud de la resistencia que ha montado el pueblo venezolano mientras intentaba construir un nuevo modelo político basado en la democracia directa y la participación protagónica, un modelo para la redistribución del ingreso nacional, para la justicia social, para la igualdad: un proyecto socialista.
Esa presión nunca cesó, pero se intensificó drásticamente tras la muerte del comandante Chávez. La interpretación de Washington sobre la situación era simple, hasta el punto de ser simplista: la Revolución Bolivariana se derrumbaría una vez que su líder ya no estuviera, así que ese era el momento de empujarla al abismo.
Así fue como, en 2014-2015, comenzó lo que hemos llamado el bloqueo: una campaña multifacética y sumamente agresiva de medidas coercitivas, castigos y persecución dirigida contra el Estado venezolano, contra la economía (sobre todo la industria petrolera, pero también las finanzas públicas) y, en términos más generales, para estrangular el comercio exterior de Venezuela. Todo esto tenía como objetivo provocar una profunda crisis social y económica que, en última instancia, condujera a un cambio de régimen.
Era más o menos la misma estrategia que se había intentado antes de 2014, solo que acelerada. Y el objetivo nunca se ocultó. Los funcionarios estadounidenses lo dijeron ellos mismos: querían cambiar el modelo constitucional, eliminar el peligro del ejemplo venezolano y acabar con nuestra democracia participativa y nuestros mecanismos de redistribución. Querían que la opción de izquierda desapareciera.
Ese proceso ya lleva más de diez años, e incluye nuevas leyes estadounidenses, órdenes ejecutivas y la confiscación de cuentas venezolanas en el extranjero.
Hasta el día de hoy, 22 mil millones de dólares de fondos venezolanos permanecen congelados en el sistema bancario internacional. Nuestros activos han sido confiscados —sobre todo CITGO, pero también otros activos en Colombia y el Caribe—, bajo el pretexto de sancionar al gobierno venezolano, pero lo que en realidad constituyó una operación de despojo económico.
Siempre hubo dos vertientes: una operación política de agresión y cambio de régimen, y simultáneamente una operación de saqueo —la incautación de recursos, la incautación de barcos, la incautación de aeronaves venezolanas capturadas en otros países y la retención de embarcaciones en el Caribe—.
Detrás de toda esta agresión siempre estuvo la amenaza de una posible intervención militar. Estados Unidos nunca negó que entre sus opciones —las famosas «todas las opciones sobre la mesa»— se encontrara, como último recurso, una operación militar en Venezuela para lograr un cambio de régimen.
Para 2020, el año de la pandemia, la economía de Venezuela era una cuarta parte de lo que había sido en 2012, bajo el gobierno de Chávez. Tres cuartas partes menos de producción de bienes y servicios, tres cuartas partes menos en salarios, en prestaciones para los trabajadores, en ingresos, en presupuestos públicos para educación, salud y programas sociales en general.
La asfixia fue tan severa que incluso afectó al sector privado. En teoría, no estaba incluido en las sanciones, pero en la práctica, muchas operaciones comerciales necesarias, como la importación de insumos, bienes y materias primas para la economía convencional de Venezuela, fueron bloqueadas o parcialmente bloqueadas.
Eso generó la crisis desde 2016-2017 hasta 2021, el final de la pandemia. Impusieron más de mil medidas —1.089, para ser exactos— al Estado, al gobierno, al presidente, a los ministerios y a las empresas públicas, pero también a las empresas extranjeras, y se sancionó a empresas chinas y rusas por mantener relaciones económicas con Venezuela.
Esto estableció una especie de «cordón sanitario» alrededor de la economía venezolana, y así Venezuela quedó aislada del sistema financiero internacional y del comercio internacional. Tuvimos que improvisar, llevar a cabo operaciones no declaradas. Y lo hicimos, hay que decirlo, con el apoyo de países que asumieron el riesgo de respaldar a Venezuela para sortear el bloqueo y mantener al menos algo de comercio exterior que pudiera garantizar a Venezuela bienes, servicios, alimentos, medicinas y vacunas.
El daño fue muy grave. El pueblo venezolano lo sintió en la hiperinflación, la destrucción de sus salarios junto con los sistemas de seguridad social y de pensiones, el empobrecimiento, el agravamiento de la desnutrición y una ola migratoria sin precedentes: familias separadas, negocios cerrados, fuga de capitales. Fue una situación nunca antes vista.
Eso moldeó la imagen que muchos aún tienen hoy de Venezuela, como un país que nunca logra salir del todo de la crisis. La estrategia de Estados Unidos detrás de todo esto fue culpar al socialismo del siglo XXI: «miren lo que el socialismo le hizo a Venezuela, uno de los países más ricos». Sin embargo, detrás de toda esa narrativa había una política de coacción y agresión que se intensificó a un nuevo nivel en 2025, culminando en lo que Trump ya había insinuado en 2017, cuando dijo por primera vez que estaba considerando una opción militar contra Venezuela.
CPM: Has descrito un proceso de guerra económica abierta que ha durado casi doce años. ¿Podrías explicar un poco cuáles son las concesiones que le han exigido a Venezuela y los acuerdos que se han alcanzado desde el 3 de enero?
WC: Sí. Lo primero que diría es esto: la agresión militar fue asimétrica; el bloqueo fue asimétrico.
Recuerden: el manual de sanciones es una política de gánsteres, en la que economías poderosas como Estados Unidos y la Unión Europea restringen las economías de países pequeños precisamente para obtener ventaja política, forzar un cambio de régimen o apoderarse de los recursos de esos países.
Así como el bloqueo fue asimétrico y la agresión militar fue asimétrica, la negociación es igualmente asimétrica. Las negociaciones se llevan a cabo en condiciones en las que la coacción subyacente —tanto las sanciones como la amenaza militar— sigue vigente.
Lo único que ha cambiado es que Estados Unidos ha comenzado a emitir un conjunto de licencias y medidas administrativas que no levantan las sanciones, pero sí abren un espacio para negociar el retorno de la inversión a Venezuela. Sin embargo, todo esto se hace en consonancia con los propios intereses estratégicos globales de Estados Unidos: el control sobre los recursos y las cadenas de suministro de energía aquí en Venezuela, como el país con las reservas más grandes del mundo, se ha convertido en un objetivo obvio.
Una de las primeras medidas que se implementaron después del 3 de enero —tras años de guerra económica, un bloqueo naval y el bombardeo de nuestro país— es un mecanismo que convierte a Washington en el «administrador» de los recursos de Venezuela.
Quiero decir algo que el mundo debería escuchar: según la Carta de las Naciones Unidas, ningún país tiene derecho a controlar los recursos de otro país, a hacer que pasen por una cuenta, sean auditados y solo entonces se autorice su uso.
Para ser claros, no es que el dinero no esté llegando a Venezuela. Sí llega, pero a través de un mecanismo draconiano e ilegal impuesto sobre los términos que rigen los ingresos de exportación de Venezuela.
Paradójicamente, este mecanismo establece por primera vez que las ganancias del petróleo venezolano son fondos del gobierno venezolano. Eso es importante ya que, como resultado del bloqueo, Venezuela tiene deudas que superan los 200 mil millones de dólares.
Así que, por un lado, han puesto en marcha un mecanismo ilegal. Por otro lado, este termina protegiendo los fondos y activos de Venezuela frente a los acreedores.
Es difícil explicar esto sin que parezca que estoy calificando al mecanismo de bueno. El lado oscuro es que llegamos a este extraño arreglo a través de medidas políticas ilegales, incluyendo sanciones y un ataque militar. Lo que tenemos es una especie de sistema de goteo administrado conjuntamente.
Paralelamente, se han estado otorgando licencias amplias, al margen de las sanciones, a algunas empresas. Esto comenzó con el sector petrolero, pero se permitió la participación del sector privado en el sector energético, luego en la minería y ahora en el carbón.
También se ha abierto una ventana para el posible regreso de Venezuela al sistema bancario SWIFT. Las sanciones contra el Banco Central se han reducido, y así sucesivamente.
Luego están las licencias comerciales para cualquier empresa estadounidense y también para empresas vinculadas a Estados Unidos (ya que las empresas europeas y asiáticas vinculadas al sistema estadounidense también forman parte de esta negociación).
Se están abriendo algunas ventanas de oportunidad, pero esto ocurre dentro de un marco en el que la agresión continúa, en el que las sanciones siguen vigentes y en el que el lenguaje que se utiliza pretende sugerir que Venezuela se ha rendido por completo: «Ahora controlo las reservas más grandes del mundo y ahora dirijo al gobierno venezolano». A esta retórica la denomino la «diplomacia de la humillación».
Trump está fabricando un discurso que no coincide con los hechos; vemos lo mismo con Irán y sus supuestas victorias en el Estrecho de Ormuz. Su retórica es radicalmente revisionista.
Ahora bien, el hecho de que Venezuela esté logrando obtener algunos recursos para sostener su economía se presenta como si fuera una especie de protectorado, como si Venezuela estuviera cediendo su soberanía a Estados Unidos. ¡Este no es el caso!
Nuestra situación no tiene precedentes. No hay un antecedente real para ella. Creo que una de las dificultades para comprender esta nueva situación, para entender cuán novedosa es, radica en que necesitamos nuevas herramientas para entender estos nuevos procesos.
Si intentamos interpretarla a través de la vieja lógica binaria —lo bueno y lo malo, el imperialismo frente a la colonia—, las categorías con las que estamos acostumbrados a trabajar, la situación trasciende esas categorías. Y así, algunos dicen: «Aquí está la nueva colonia, Venezuela como el nuevo modelo».
Por supuesto, hay un peligro real en todo esto, como experimento que se aplicará a otros países; de eso no hay duda. Ya lo hemos visto antes en la historia, cuando el imperialismo probaba modelos para luego implementarlos en otros lugares.
Venezuela ha sido un laboratorio durante los últimos 25 años para probar instrumentos de guerra comercial, desestabilización y guerra política en América Latina. De eso no hay duda.
Pero también debemos comprender la naturaleza de este momento, y eso solo puede explicarse desde la propia perspectiva de Venezuela.
Creo que el problema es que muchos ven esto demasiado desde afuera, desde el Norte Global, sin tratar realmente de entender nuestro razonamiento, lo que realmente está en juego para Venezuela y por qué Venezuela está haciendo lo que está haciendo.
CPM: Algunos han interpretado el giro de Venezuela hacia la negociación después del 3 de enero como puro pragmatismo. ¿Cómo entiendes esa decisión y en qué situación deja al proyecto bolivariano de cara al futuro?
WC: El 3 de enero es un punto de inflexión histórico. Las cosas no volverán a ser como antes.
Los puntos de inflexión históricos se definen por la forma en que cambian el curso de la historia: son acontecimientos lo suficientemente significativos como para reconfigurar las relaciones de poder, reorientar el curso de los acontecimientos y dar lugar a cosas que antes no existían, o a cosas nuevas que no se habían hecho antes.
Es precisamente por eso que generan incertidumbre y perplejidad, algo que les ha sucedido a muchas revoluciones en distintos momentos de la historia.
Desde la perspectiva de Venezuela —y este es el marco que instaría a la gente a adoptar—, ese punto de inflexión histórico puso de relieve varias prioridades.
La primera fue defender la paz del país y proteger la vida del pueblo venezolano, teniendo en cuenta las condiciones reales existentes. El pueblo venezolano no solo fue atacado, sino que también se vio amenazado con una agresión mucho más violenta que la que realmente vimos el 3 de enero.
Una opción era resistir sin los instrumentos militares con los que cuentan otros países y sin un apoyo real del exterior, y pagar el costo de ese enfrentamiento.
Ningún Estado quiere ver morir a su pueblo en una guerra, pero a veces no tiene más remedio. Al enfrentamiento siempre le sigue la negociación y, hipotéticamente, puede brindar una ventaja en esa mesa de negociaciones.
Nuestra alternativa era otra: resistir de una manera diferente, sabiendo que eso significaba la autodestrucción, la muerte de miles de venezolanos más y la derrota definitiva de la revolución bolivariana.
Eso era lo que estaba en juego, y eso es lo que preservamos: las vidas del pueblo venezolano y la paz política interna que Venezuela había recuperado en 2017, cuando derrotó una ola violenta de guarimbas [protestas fascistas] que mató a más de 80 personas.
Elegimos el camino de la paz, el camino de la negociación. ¿Y cuál es la baza con la que hay que negociar? El poder político.
La operación del 3 de enero fue una operación para cambiar el régimen. Lo que buscaban era liquidar la Revolución Bolivariana. La derrotaron militarmente; hirieron su soberanía, incluso nuestra dignidad como revolucionarios —como país que tiene que hacer frente a lo que ocurrió el 3 de enero—, lo quiera o no, pero no derrotaron el proyecto político.
Nos vimos obligados a pasar de ser la parte agredida a negociar con el agresor. Elegimos el camino de pasar de esa agresión a la negociación. Una vez más, fue una decisión difícil —estamos negociando desde una posición de debilidad, teniendo que hacer más concesiones de las que nos gustaría—, pero una que nos permite seguir desarrollando nuestro proyecto político, seguir construyendo y recuperar recursos para un pueblo necesitado tras más de una década de escasez y penurias. Algunos han llamado a esto pragmatismo.
Hay un componente pragmático en ello, pero también uno estratégico: la comprensión de que solo una revolución que existe, solo un proceso político que sobrevive, puede reconstruirse a sí misma, reconstruir relaciones y recuperar terreno en materia de soberanía que, sin lugar a dudas, ha sido dañado.
Sacrificarlo todo mientras el presidente constitucional está en manos del enemigo —cuya liberación es, sin duda, parte de una agenda confidencial dentro de la negociación— significaba enfrentar la siguiente pregunta:
¿qué futuro podría ofrecer realmente la Revolución Bolivariana al pueblo venezolano, si la alternativa es la masacre de miles de venezolanos, la destrucción de las fuerzas armadas de Venezuela, el bombardeo de varias ciudades y una crisis inminente sin precedentes?
Creo que el camino elegido fue el racional, el político, el estratégico y también el pragmático —llevando esto adelante hacia otros escenarios que son inciertos, pero que potencialmente pueden preservar el Proceso Bolivariano.
Nadie tiene todas las respuestas. Nadie puede garantizar que una negociación no vaya a ser traicionada por la misma parte que te atacó. Con el imperialismo, nunca se sabe realmente.
Lo que estamos diciendo es: aquí estamos, existimos —como se dice que lo expresó Bolívar en 1822, primero existamos, para poder seguir adelante. Si no existimos, no podemos avanzar. No creo que el futuro de Venezuela sea prometedor, ni idílico.
Los procesos revolucionarios, en sus momentos de avance, pueden generar una gran esperanza; en nuestro caso, hay mucho dolor, pero también esperanza porque el país sigue en pie.
Quiero concluir señalando algo importante. Las cifras no cuentan toda la historia, pero Venezuela se estaba recuperando económicamente antes del 3 de enero.
Creo que la agresión fue también una especie de avance precipitado por parte de Estados Unidos, porque Venezuela había ido, poco a poco y con gran dificultad, superando muchas de las medidas coercitivas impuestas en su contra.
Si podemos seguir avanzando por ese camino —una vez más, en el marco de una negociación inserta en una geopolítica global de la energía, de la confrontación, de la amenaza de guerras mundiales—, pero en la que podamos preservar la paz de nuestro pueblo, las vidas de nuestro pueblo y asegurar mejores condiciones para seguir construyendo nuestro proyecto político, entonces, en nuestras condiciones particulares, creo que esa es una decisión responsable. Es una decisión histórica, que enfrenta desafíos y resultados inciertos.
Traducción nuestra
*Cira Pascual Marquina es educadora popular en la Pluriversidad Patria Grande, la iniciativa educativa de la Comuna El Panal. También es miembro de la Red Internacional de Democracia Comunal. Junto con Chris Gilbert, Pascual Marquina es coautora de Venezuela, el presente como lucha: Voces de la Revolución Bolivariana (Monthly Review Press), la serie de libros Resistencia comunal frente al bloqueo imperialista (Observatorio Venezolano Antibloqueo) y Protagonistas: construcción comunal en tiempos de bloqueo imperialista (Observatorio y PT). Además, son fundadores y presentadores de Escuela de Cuadros.
Fuente: MRonline
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 