Lorenzo Maria Pacini.
Foto: Tomada de SCF. © Photo: Public domain
07 de agosto 2026.
Lo que Ceuta y Melilla han puesto en marcha no va a terminar a corto plazo.
Algo está pasando
Advertencia: Algo está pasando. Los sucesos ocurridos en Ceuta y Melilla a principios de agosto de 2026 no son una coincidencia. La cifra preliminar de víctimas mortales asciende al menos a setenta y dos; el Gobierno de Madrid restableció el control fronterizo en cuarenta y ocho horas y repatrió a casi todas las personas que habían entrado ilegalmente.
La reacción política, sin embargo, fue desproporcionada en relación con los hechos reales sobre el terreno. Veintidós jefes de Gobierno escribieron a Ursula von der Leyen para acusar a España de gestionar mal la frontera exterior de la UE; Pedro Sánchez respondió con una carta en la que calificaba la reacción de sus socios de «asimétrica» y lamentaba que la solidaridad europea se haya visto erosionada por los prejuicios, la desinformación y la búsqueda del consenso político.
Un comentarista chino, en un artículo publicado en el Global Times, interpretó el episodio como el inicio de una nueva línea de fractura dentro de la UE.
La imagen de una fractura es eficaz, pero debe manejarse con cautela. No describe una crisis migratoria, sino una crisis política que utiliza la migración como materia prima. La distinción es importante, porque desplaza el foco del análisis de los flujos migratorios al equilibrio de poder dentro de la UE.
1. Datos frente a percepción
Lo mejor es empezar por las cifras, porque es precisamente ahí donde la narrativa da un giro radical. Frontex informó de un descenso del 37 % en los cruces irregulares hacia la UE durante el primer semestre de 2026.
La ruta del Mediterráneo occidental —la que cruza el estrecho de Gibraltar— es la única que se desmarca de la tendencia: aproximadamente 7 860 detecciones, un 17 % más que el año anterior, impulsadas principalmente por las salidas desde Argelia.
Sin embargo, esto sigue siendo una pequeña fracción del panorama general. Las rutas del Mediterráneo oriental y central, con un total combinado de más de 30 000 detecciones, siguen representando la mayor parte de las llegadas, aunque con un fuerte descenso.
También hay un aspecto jurídico que disipa las preocupaciones sobre la libre circulación. Ceuta está sujeta a un régimen especial dentro del Espacio Schengen: cualquier persona que entre en ella debe pasar por controles fronterizos antes de llegar al continente.
Las autoridades españolas han reiterado —y la Comisión ha confirmado— que ninguna de las entradas irregulares en Ceuta ha dado lugar a un tránsito hacia el resto de la Unión. La preocupación por la «seguridad de Schengen» invocada por los veintidós gobiernos, cuando se compara con estos hechos, carece de fundamento práctico.
Esto nos lleva a la primera tesis de este artículo: la reacción de los socios europeos no es proporcional a la amenaza, sino a la conveniencia política.
Un episodio marginal en términos cuantitativos se ha tratado como una emergencia continental porque la migración, en Europa, ha dejado de ser una cuestión de gestión administrativa para convertirse en un campo de batalla directamente vinculado a las elecciones y a la transferencia del poder.
2. Tres cuestiones estructurales
En la crisis de Ceuta están en juego tres tensiones a largo plazo.
La primera se refiere a la brecha entre la arena política y la eficacia administrativa. La política migratoria europea está cada vez más determinada por cálculos electorales y cada vez menos por la capacidad de resolver problemas.
El precedente italiano es instructivo: Roma invirtió un capital financiero y diplomático considerable para externalizar a Albania la identificación y la detención de los solicitantes de asilo, lo que le valió acusaciones de violaciones de los derechos humanos a pesar del número insignificante de personas realmente tramitadas. La medida funcionó como una señal política, no como un mecanismo de gobernanza.
La segunda tensión opone las fronteras internas abiertas a unas fronteras externas mal controladas. Schengen es uno de los logros más tangibles de la integración europea: movilidad laboral, intercambio cultural y una experiencia concreta de ciudadanía continental.
Pero cuando la carga de las llegadas recae de forma desigual sobre los Estados fronterizos, el mismo espacio que simboliza la unión se convierte en su punto de fricción. El Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor en 2026 con un procedimiento único de control en las fronteras exteriores, se diseñó para redistribuir esta carga; la crisis de Ceuta pone de manifiesto lo frágil que sigue siendo su estabilidad política.
La tercera tensión es la que existe entre los valores proclamados y su sostenibilidad política. Desde la posguerra, Europa ha construido parte de su identidad sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad.
Esto no es meramente retórico: en España, adquirió una forma jurídica concreta cuando, en junio de 2026, el Tribunal Supremo dictaminó que no se pueden aplicar devoluciones sumarias a quienes intentan llegar a Ceuta y Melilla por mar, imponiendo así el procedimiento estándar.
Cada vez que aumenta el coste en términos de orden público y recursos, se amplía la brecha entre el imperativo moral y la presión del mundo real, creando un espacio en el que prosperan las fuerzas que prometen «cerrar la puerta».
3. Solidaridad de geometría variable
El hecho más revelador desde el punto de vista político no es la oleada en sí, sino quién la utilizó y cómo. La carta de los veintidós fue coordinada por Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, dos líderes ideológicamente opuestas que convergen en una línea restrictiva; ambas invocaron consecuencias para la cooperación de Madrid dentro del Espacio Schengen.
Frente a ellas se encuentra el Gobierno de izquierdas de Sánchez, que ensalza los beneficios de la inmigración legal para la economía y el mercado laboral españoles; se ve aislado precisamente en el momento en que se encuentra bajo mayor presión.
La solidaridad europea, en otras palabras, se activa o se suspende en función de la postura política de quienes la invocan.
Vale la pena examinar el argumento contrario. Se podría argumentar que los veintidós gobiernos no actuaron por oportunismo, sino por una preocupación genuina: un enclave poroso sentaría un precedente, y la firmeza preventiva sería un acto de responsabilidad.
El argumento tiene algo de verdad. Sin embargo, adolece de dos puntos verificables. El estatus especial de Ceuta dentro del espacio Schengen hace que el temor a un efecto de contagio hacia la península carezca de fundamento jurídico, y las cifras de la ruta occidental siguen siendo marginales en comparación con las de otras rutas.
Cuando la reacción política es mayor allí donde el riesgo real es mínimo, la explicación más sencilla no es la prudencia estratégica: es el beneficio electoral que supone mostrar firmeza.
Conviene recordar que esta situación tiene un precedente casi idéntico. En mayo de 2021, aproximadamente 9 000 personas entraron en Ceuta después de que la policía marroquí relajara deliberadamente los controles durante un período de tensión diplomática entre Rabat y Madrid; el Parlamento Europeo habló en aquel momento de la explotación de menores.
El patrón se repite: Marruecos utiliza la presión migratoria como moneda de cambio, mientras que Europa reacciona a posteriori en el ámbito interno en lugar de hacerlo a priori en su relación con el país de tránsito.
Von der Leyen lo admitió de forma indirecta, advirtiendo de que la Unión no tolerará el uso de la migración como herramienta para ejercer presión y aplazando el tema a un debate estratégico en octubre.
Escenarios en el horizonte
En los próximos doce a dieciocho meses, se perfilan tres trayectorias.
La primera, y más probable, es un punto muerto sin solución: el Pacto entra plenamente en vigor, las cifras siguen siendo manejables, pero cada incidente sigue provocando enfrentamientos entre los Estados miembros, porque lo que está en juego no es el flujo de migrantes, sino el consenso interno. Un indicador a tener en cuenta es si el debate de octubre dará lugar a un mecanismo de reparto de cargas o simplemente a una declaración de principios.
La segunda trayectoria —menos probable, pero no descartable— es un endurecimiento coordinado de las posiciones: la línea restrictiva de Meloni y Frederiksen se convierte en la corriente dominante; el centro moderado la adopta para evitar perder votos; y la protección de los derechos queda reducida a una mera formalidad.
El tercer escenario, actualmente poco probable, es un reequilibrio hacia una gestión compartida —posible solo si un acuerdo estructural con los países de tránsito despojara a la migración de su función como palanca diplomática—. Ninguna de las tres vías elimina la brecha: dos la amplían, mientras que una la mantiene bajo control sin cerrarla.
La implicación estratégica es que la Unión ha resuelto en gran medida el problema cuantitativo que la abrumó en 2015, pero no el problema político que se derivó de él.
Mientras una línea dura dé más frutos que la cooperación, la migración seguirá siendo para Europa no algo que sus Estados miembros deban gestionar conjuntamente, sino algo sobre lo que les interesa estar divididos.
Pero hay más, y es mucho más peligroso: este acontecimiento puede marcar el comienzo de algo verdaderamente peligroso, tal vez incluso trascendental —como una revolución europea entre facciones políticas más profundas o, por utilizar una retórica muy querida por los estadounidenses, una lucha entre diferentes tipos de «Estado profundo».
Lo que Ceuta y Melilla han puesto en marcha no terminará a corto plazo.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
