Gary Wilson.
Foto: La inteligencia artificial depende de la mano de obra humana. En China, las empresas que se automatizan siguen teniendo que lidiar con los trabajadores, los contratos y los sindicatos. Foto tomada de MRonline
08 de junio 2026.
La IA no elimina la lucha de clases. Proporciona a los empresarios un nuevo arma. La cuestión es si pueden utilizarla para recortar puestos de trabajo y salarios, o si los trabajadores y los sindicatos pueden obligarlos a pagar por la tecnología que elijan.
El día antes del Día Internacional de los Trabajadores, un tribunal chino envió un mensaje claro a los empleadores: la inteligencia artificial no es una licencia para prescindir de los trabajadores.
El 30 de abril, el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, confirmó una sentencia según la cual una empresa de tecnología de IA había despedido ilegalmente a un trabajador llamado Zhou. Zhou llevaba trabajando desde noviembre de 2022 como supervisor de control de calidad. Ganaba 25 000 yuanes al mes.
Su trabajo formaba parte de la propia industria emergente de la IA. Su labor consistía en cotejar las consultas de los usuarios con grandes modelos lingüísticos y filtrar contenidos ilegales o que vulneraran la privacidad. Cuando la empresa introdujo sistemas de IA capaces de realizar esas tareas, no negoció una transición real.
No le proporcionó formación para la reconversión profesional. Le ofreció otro puesto de trabajo por 15 000 yuanes al mes, lo que suponía una reducción salarial del 40 %.
Cuando Zhou se negó, la empresa lo despidió y alegó que la reestructuración impulsada por la IA hacía necesario el despido.
Zhou se defendió y ganó. La empresa apeló y perdió. El tribunal de Hangzhou le ordenó pagar más de 260 000 yuanes en concepto de indemnización adicional y seleccionó el caso como sentencia modelo para disputas similares.
La cuestión es sencilla: una empresa no puede optar por automatizar, quedarse con el ahorro y luego alegar que el trabajador debe asumir el coste.
La Ley de Contratos Laborales de China restringe el despido arbitrario. Solo permite la rescisión unilateral en condiciones muy concretas, entre ellas un «cambio importante en las circunstancias objetivas» que haga imposible el cumplimiento del contrato original.
El tribunal dictaminó que la adopción voluntaria de la IA no cumple ese criterio. La automatización no es una fuerza externa que actúe sobre la empresa. Es una decisión de gestión tomada por la empresa.
Eso significa que el empleador sigue teniendo obligaciones para con el trabajador.
Esta es la parte que más importa. En China, las empresas que se automatizan no pueden limitarse a anunciar que la IA ha eliminado un puesto de trabajo. Deben tratar con el trabajador —mediante consultas, negociaciones, formación, reasignación razonable o indemnización legal— en lugar de descargar el coste de la tecnología sobre el trabajador.
Y cuando hay un sindicato de por medio, el empleador no puede ignorarlo. En caso de despidos masivos, las empresas deben explicar la situación al sindicato o a todos los trabajadores con antelación, recabar opiniones y presentar el plan de despidos a las autoridades laborales. Antes de una rescisión unilateral, el empleador debe notificar al sindicato los motivos. Si la empresa incumple la ley o el contrato, el sindicato tiene derecho a exigir una rectificación.
Eso no significa que se gane automáticamente todo conflicto. Significa que la decisión del empleador de automatizar no se trata como una orden privada. El trabajador, y en su caso el sindicato, forma parte del proceso. La tecnología no elimina la negociación.
Eso es exactamente lo que la empresa de Zhou intentó evitar. Trató la IA como un arma para forzar una reducción salarial del 40 %. Cuando Zhou se negó, lo despidieron. Los tribunales dijeron que no.
El contraste con Estados Unidos no podría ser más marcado.
En EE. UU., la norma general en el empleo del sector privado es el despido a voluntad. La mayoría de los trabajadores no tienen sindicato, ni contrato individual, ni derecho a negociar sobre la automatización, ni recurso legal cuando la dirección decide que una máquina, un algoritmo o un sistema de IA los sustituirá.
La Ley de Notificación de Ajuste y Reciclaje Profesional de los Trabajadores (WARN) exige un preaviso antes de algunos despidos masivos, pero no impide los despidos. No exige reciclaje profesional, reasignación ni negociación. No establece que la automatización sea una decisión de la empresa cuyos costes no puedan simplemente recaer sobre los trabajadores.
Por eso las grandes empresas tecnológicas estadounidenses pueden despedir a casi 150 000 trabajadores en los primeros cinco meses de 2026 mientras invierten casi 700 000 millones de dólares en infraestructura de IA.
El dinero que antes se destinaba a pagar a los trabajadores se está invirtiendo en máquinas, centros de datos, chips y contratos de suministro energético propiedad de las empresas. Los trabajadores son descartados. El capital permanece.
Ningún tribunal estadounidense ha dictaminado que esos despidos sean ilegales porque la automatización es una elección de la dirección, no una necesidad externa. La legislación estadounidense no contiene la protección que ofrece la Ley de Contratos Laborales de China.
La industria de la IA en China se está expandiendo rápidamente. Los empleadores seguirán intentando utilizar la automatización para recortar los costes laborales. Pero la automatización no resuelve la cuestión por sí sola. La empresa no es la única fuerza en el lugar de trabajo.
Esa es la verdadera lección. La IA no elimina al trabajador. No elimina el contrato. No elimina al sindicato. Una empresa que quiera reorganizar el trabajo debe negociar con el trabajador —y, cuando el sindicato está involucrado, con el sindicato—.
La lucha es sobre quién paga por la nueva tecnología. Los jefes quieren quedarse con los beneficios para ellos y que los costes recaigan sobre los trabajadores. El caso de Zhou demuestra que los trabajadores no tienen por qué aceptar eso como algo natural o inevitable.
La IA no elimina la lucha de clases. Proporciona a los empresarios un nuevo arma. La cuestión es si pueden utilizarla para recortar puestos de trabajo y salarios, o si los trabajadores y los sindicatos pueden obligarlos a pagar por la tecnología que elijan.
Traducción nuestra
*Gary Wilson es un veterano activista socialista que actualmente trabaja como coeditor de Struggle-La Lucha. Ingeniero de redes informáticas jubilado, Gary es autor de varias guías sobre el sistema operativo Linux y, más recientemente, de «La guerra y Lenin en el siglo XXI».
Fuente: MRonline
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 