Lorenzo Maria Pacini.
Foto: Elecciones legislativas en la Federación de Rusia. Foto: Archivo
03 de septiembre 2026.
En un momento en que se necesitan vías para aliviar las tensiones, Occidente opta por intensificarlas.
Interferencia peligrosa
El 31 de agosto de 2026, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa emitió un comunicado en el que acusaba a la Unión Europea y a sus principales estados miembros de haber ideado una estrategia integral para desestabilizar a Rusia en vísperas de las elecciones de septiembre.
El documento enumera diversas tácticas: incitar al régimen de Kiev a llevar a cabo sabotajes en territorios en disputa y en el interior del país; ciberataques contra la infraestructura electoral; movilizar a la oposición en el exilio para que realice boicots y actos de desobediencia civil; y, por último, la negativa preventiva por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo a reconocer los resultados.
Un informe de inteligencia no es una prueba en sí mismo —esa se encuentra en otros niveles—, pero constituye en sí mismo un acto informativo, elaborado para un público específico y con un objetivo concreto, en el contexto de la guerra híbrida de información.
Tratar sus afirmaciones como noticias verificadas sería tan ingenuo como descartarlas como pura propaganda. La pregunta relevante no es si cada detalle es exacto, sino si el comportamiento descrito es coherente con la trayectoria observable de las relaciones entre Bruselas y Moscú.
Y aquí, el panorama general es menos polémico que el episodio individual: durante años, la clase dirigente europea ha tratado la deslegitimación del proceso político ruso no como el posible resultado de un juicio, sino como una premisa declarada desde el principio.
Este es el quid de la cuestión. Cuestionar la legitimidad de las elecciones antes de que se hayan celebrado transforma la observación electoral de una función técnica en un arma política.
El veredicto precede a la observación; la observación sirve para confirmar un veredicto ya dictado. Un procedimiento de este tipo puede tener efectos retóricos a corto plazo, pero despoja al instrumento mismo de credibilidad: si en junio se decide el no reconocimiento, ningún dato recopilado en septiembre podrá refutarlo, y todo el aparato del juicio democrático se revela como instrumental.
El punto decisivo, sin embargo, se refiere a la eficacia de la medida, no solo a su corrección. Quienes planean una campaña de injerencia en el período previo a unas elecciones parten de una suposición específica: que la presión externa erosiona el consenso interno y abre grietas en el tejido social del país objetivo.
Aplicada a Rusia en 2026, esta suposición es casi con toda seguridad errónea —no por fe en la cohesión nacional rusa, sino debido a la lógica básica del fenómeno de «unirse en torno a la bandera».
En una sociedad ya movilizada por el conflicto, la interferencia percibida no divide, sino que une. Cada acto de sabotaje atribuido a fuerzas externas, cada llamado al boicot por parte de disidentes financiados desde el extranjero y cada anuncio de no reconocimiento brinda a las autoridades rusas precisamente el marco interpretativo que más les conviene: el de un asedio.
El mecanismo es bien conocido y está bien documentado en la literatura sobre sanciones y presión coercitiva: cuando la amenaza externa es clara y atribuible, la población tiende a unirse en torno a las instituciones en lugar de volverse en su contra.
La deslegitimación preventiva de las elecciones rusas no genera ciudadanos escépticos respecto a su propio gobierno; genera ciudadanos convencidos de que Occidente quiere negarles el derecho a elegir.
El boicot que se exige desde el extranjero se convierte, a los ojos del votante promedio, en una exigencia de renunciar a su soberanía a instancias de otros. Es difícil imaginar un argumento más eficaz a favor de la participación electoral.
A esto se suma un costo que la clase dirigente europea parece subestimar: la medida cierra, en lugar de abrir, las vías para la distensión. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea ya se encuentran en su punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría.
En tal contexto, cada parte interpreta las acciones de la otra a través del lente de una supuesta hostilidad, y la espiral de seguridad se alimenta a sí misma: la medida defensiva de una parte es la amenaza ofensiva de la otra.
Una campaña destinada a cuestionar los cimientos mismos de la legitimidad política de Rusia no es un gesto de negociación; es una declaración de que la otra parte, tal como está, no es un socio negociador viable.
Esto le quita a Moscú cualquier incentivo para la moderación, porque niega fundamentalmente que un comportamiento moderado pueda ser recompensado con reconocimiento.
Lejos de la desescalada
Se podría argumentar que Bruselas no busca en absoluto la desescalada, sino más bien el desgaste; que el objetivo declarado —debilitar a Rusia— es coherente y racional; y que la deslegitimación electoral es una herramienta menor, pero legítima, para alcanzar ese fin.
La objeción es seria, pero se vuelve en contra de quienes la plantean.
Si el objetivo es el desgaste, entonces la medida fracasa incluso en sus propios términos: no desgasta a Rusia; erosiona la credibilidad de los instrumentos europeos de juicio democrático; desperdicia el capital diplomático que se necesitará el día en que las negociaciones se vuelvan inevitables; y, de hecho, fortalece al mismo régimen que dice querer debilitar.
El desgaste que fortalece al objetivo no es una estrategia; es un mero desperdicio de recursos.
Queda la variable ucraniana, que la declaración sitúa en el centro de la estrategia. La incitación al sabotaje en el interior de Rusia pertenece a una lógica distinta de la electoral, ya que constituye un acto de guerra —no una injerencia política— y debe evaluarse en ese nivel; sin embargo, es precisamente la superposición de estos dos registros —el militar y el de la deslegitimación institucional— lo que produce el efecto más contraproducente.
En la percepción rusa, fusiona la guerra real y el desafío a las elecciones en un único ataque a la soberanía, lo que hace imposible distinguir, en la respuesta de Moscú, entre una reacción militar y un estancamiento político.
Cualquiera que algún día desee separar los dos niveles —negociar en uno mientras lucha en el otro— descubrirá que los ha soldado con sus propias manos.
La campaña del Occidente colectivo constituye un error de cálculo estratégico. No logrará la desestabilización que busca, porque en una sociedad movilizada, la injerencia externa consolida el poder en lugar de erosionarlo; socavará los instrumentos europeos de control democrático, reduciéndolos a herramientas abiertamente instrumentales; y bloqueará las vías de escape que ambas partes necesitarán.
En un momento en que se necesitan canales para aliviar las tensiones, Occidente opta por intensificarlas. Es la peor jugada posible, y el precio de este error se pagará tarde o temprano.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 