Binoy Kampmark.
Foto: La sede permanente de la Corte Penal Internacional (ICC). La Haya, Países Bajos. Crédito de la foto: Nicolas Tucat
15 de julio 2026.
Todas las instituciones, supuestamente sustentadas en protocolos y principios, están a merced de la interpretación amplia que Trump hace del poder ejecutivo, una interpretación caprichosa y petulante.
Rubio se muestra rebelde con respecto a la CPI
¿Por qué tienen tanto miedo? La Administración Trump, patológicamente obsesionada con el alcance exagerado de la Corte Penal Internacional, ha decidido salir a la batalla.
En una nota de prensa del 13 de julio difundida por un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., se lanzó algo parecido a una declaración de guerra contra el tribunal con sede en La Haya.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró muy agresivo al respecto y anunció
una campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que [la corte] supone para la soberanía de EE. UU.
La iniciativa promete
contar con una respuesta de todo el Gobierno para inhabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar, actuar contra militares o funcionarios estadounidenses, o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense.
El difunto Henry Kissinger, quien se opuso con vehemencia a la creación de dicha corte penal, sin duda lo habría aprobado. Él, más que nadie, habría temido tener que rendir cuentas algún día por sus propios crímenes atroces contra el derecho internacional humanitario cometidos mientras ocupaba un cargo en la Casa Blanca.
El tono alarmista del comunicado es palpable. La CPI pretendía
convertirse en un árbitro global que no rinde cuentas, situándose por encima y más allá del Estado-nación como un brazo supranacional de una burocracia globalista facultada para procesar a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo. (Esto resulta un tanto familiar, dado que el Departamento de Justicia, bajo la dirección de Trump, ha estado procesando, a su antojo, a personas que se considera que le han hecho daño en el pasado.)
El comunicado de prensa está plagado de distorsiones descuidadas y feas inexactitudes, sobre todo en lo que respecta a la soberanía que pretende comprender y defender.
La CPI, por ejemplo, «reivindica la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos».
El organismo no tiene ninguna competencia explícita para hacerlo, dado que su jurisdicción solo es aplicable sobre los Estados Partes. Estados Unidos, junto con países como Rusia, China, la India e Israel, no ha firmado el Estatuto de Roma.
De ello se deduce que ninguna amenaza de este tipo es creíble, salvo en los casos en que el personal militar de dichos países lleve a cabo acciones bélicas en el territorio de un Estado Parte.
Por esa razón, se han dictado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Aun así, la ejecución de dichas órdenes, como demuestran los antecedentes, sigue siendo irregular y vulnerable a las interpretaciones políticas y jurídicas que ofrecen los Estados miembros.
Del mismo modo, el personal militar estadounidense llamó la atención de la CPI en 2020 por sus actividades en Afganistán, aunque la investigación posterior también se centró en los presuntos crímenes cometidos por los talibanes y el Gobierno afgano al que sustituyeron.
La CPI tardó tan solo un año en abandonar prácticamente el aspecto estadounidense de la investigación y centrarse, en su lugar, en las presuntas transgresiones de los talibanes y del antiguo Gobierno afgano.
El artículo de opinión de Rubio en el Wall Street Journal también adolece de una vergonzosa incapacidad para comprender el papel de un tribunal que cuenta con el apoyo, por imperfecto que sea, de 125 Estados miembros.
Considera que los jueces proceden de «países elegidos al azar»; y que la corte y sus aliados están decididos a buscar
un alcance casi ilimitado, con facultades para pasar por encima de los tribunales y las constituciones de EE. UU. y otros Estados soberanos, y para procesar y detener a nuestros ciudadanos.
Sin mencionar el cambio de enfoque de la investigación de 2020 sobre presuntas infracciones del derecho internacional en Afganistán, se mostró muy crítico con las declaraciones de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, según las cuales las autoridades estadounidenses habían tardado en llevar a cabo sus propios procesos judiciales. «En efecto», resopla Rubio, «la señora Bensouda se estaba autoproclamando jueza definitiva de la política militar estadounidense y de todo el sistema judicial de EE. UU.». Nada más lejos de la realidad.
La valoración que Rubio hace de los partidarios de la Corte tiene un tono algo histérico. Como una siniestra quinta columna de agentes, el tribunal «cuenta con el respaldo y está dirigido por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierdas, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia EE. UU.».
En su mayor parte, el secretario intenta restaurar la imagen de la república estadounidense como un Estado-nación intimidatorio y matón, indiferente a las restricciones de la ley.
No puede entender el alboroto que se arma por los asesinatos extrajudiciales de supuestos «narcoterroristas» en América Latina y el Caribe, las prácticas de mala calidad del Gobierno a la hora de deportar a «delincuentes violentos a El Salvador», o que algunas organizaciones puedan desear que se investiguen los «aparentes crímenes de guerra» cometidos por Estados Unidos contra Irán.
«La independencia es nuestro derecho innato», afirma pomposamente. «No tenemos intención de cambiarla por el dominio de un clero autoproclamado del “derecho internacional”». Por lo tanto, era imperativo que Washington colaborara con sus aliados para «desmantelar la CPI —ladrillo a ladrillo, si es necesario—».
Este esfuerzo de desmantelamiento parece exagerado. La administración Trump ya ha intentado mermar las funciones de la corte y acosar a sus funcionarios.
Incluso antes del anuncio de Rubio, la administración ha estado tratando de forma agresiva de frenar el alcance de la corte y la eficacia de sus funcionarios. El 6 de febrero de 2025, por ejemplo, el presidente Donald Trump promulgó la Orden Ejecutiva 14203, que permite sancionar a cualquier persona u organización que participe en cualquier iniciativa de la CPI «para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a una persona protegida sin el consentimiento del país de nacionalidad de dicha persona».
Entre las personas protegidas se incluyen, entre otros, los miembros actuales y antiguos de las Fuerzas Armadas de EE. UU.; los funcionarios actuales o antiguos, elegidos o designados, del Gobierno de EE. UU.; y cualquier otra persona que trabaje o haya trabajado, en la actualidad o en el pasado, por cuenta del Gobierno de EE. UU. El personal de los aliados de EE. UU. también entra dentro de esta definición.
Las sanciones enumeradas en la orden incluían el bloqueo de bienes y activos dentro de Estados Unidos, «así como la suspensión de la entrada en Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares directos, ya que su entrada en nuestra nación sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos».
El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue el primero en ser designado como persona sancionada, aunque la lista se ampliaría para incluir a miembros del poder judicial, entre ellos la segunda vicepresidenta Reine Alapini-Gansou, de Benín; Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; y Beti Hohler, de Eslovenia.
La Open Society Justice Initiative señala acertadamente que el efecto de tales sanciones «equivale a una pena de muerte financiera». Estas implican la congelación de los activos en cuentas bancarias de EE. UU., la denegación del acceso a tarjetas de crédito, a las plataformas en línea pertinentes, a los servicios bancarios y al seguro médico, así como la imposibilidad de asistir a actos públicos en EE. UU.
Tres de las juezas en activo —Bossa, Alapini-Gansou y la canadiense Kimberly Prost solicitan medidas declarativas y cautelares contra la Orden Ejecutiva 14203 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La nota de prensa del Departamento de Estado sugiere más de lo mismo, aderezada con una amenaza malévola. Todo el cuerpo diplomático del Gobierno de EE. UU. se convertirá en un brazo de relaciones públicas para «poner de relieve los abusos de la CPI y los riesgos que supone para los estadounidenses» e instar a los Estados miembros a retirarse del Estatuto de Roma.
También se presionará a las naciones que tengan acuerdos de colaboración con las fuerzas del orden y el ejército estadounidenses, así como a aquellas que disfruten de «los beneficios del paraguas de seguridad de EE. UU.», para que «rechacen la supuesta autoridad de la CPI para enjuiciar a funcionarios y militares estadounidenses».
Los Estados que se nieguen a rechazar la autoridad de la CPI y sigan dependiendo de la ayuda estadounidense serán objeto de un mayor escrutinio, mientras que a los países que no sean parte del Estatuto de Roma se les animará a «aprovechar sus redes diplomáticas para emprender acciones similares junto a nosotros».
El personal de la CPI se verá sometido a continuas revocaciones de visados y prohibiciones de viaje, mientras que el tribunal y las «organizaciones afiliadas» serán objeto de nuevas sanciones. Será un momento de júbilo para los criminales de guerra y los infractores del derecho internacional.
Todas las instituciones, supuestamente sustentadas en protocolos y principios, están a merced de la interpretación amplia que Trump hace del poder ejecutivo, una interpretación caprichosa y petulante.
Su cargo también se ha convertido en una fuente de enriquecimiento personal obsceno, lo que ha acostumbrado a esta administración a niveles vertiginosos de corrupción.
He ganado dinero, he ganado una cantidad enorme de dinero, más de lo que jamás hubiera imaginado que ganaría», se jacta.
Para alguien que disfruta infringiendo leyes y burlándose de las normas, no es de extrañar que él, junto con sus insufribles compinches, sienta tal animadversión hacia un tribunal internacional que, a pesar de todos sus defectos y imperfecciones, sigue siendo un proyecto digno en el ámbito del derecho internacional y los derechos humanos
Traducción nuestra
*Binoy Kampmark, editor colaborador de CounterPunch y columnista de The Mandarin. Antiguo becario de la Commonwealth en el Selwyn College de Cambridge.
Fuente: Savage Minds
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 