Lorenzo Maria Pacini.
Foto: Archivo
18 de agosto 2026.
Si el Banco de Desarrollo de la OCS logra alcanzar todo su potencial, no se limitará a financiar carreteras, sino que velará por la seguridad de una ruta.
Una evolución siempre atenta a las consideraciones financieras
El cuarto de siglo de existencia de la Organización de Cooperación de Shanghái se presta a interpretaciones contradictorias, y hay que resistirse a la tentación de elegir solo una.
La longevidad de la organización es un hecho: ha perdurado, ha seguido expandiéndose y ha absorbido —sin implosionar— la entrada simultánea de la India y Pakistán, dos Estados que gran parte de la prensa occidental consideraba incompatibles dentro del mismo marco.
Quienes predijeron que las fricciones entre la India y Pakistán o entre China y la India paralizarían la OCS han tenido que revisar sus valoraciones. Existen fricciones bilaterales —a veces agudas—, pero no han socavado la estabilidad del marco.
Y, sin embargo, esa misma longevidad la hace vulnerable a una acusación recurrente: la de ser una organización rica en declaraciones pero pobre en resultados tangibles.
La OCS se ha consolidado como un foro de referencia para la diplomacia multilateral, pero la diplomacia, por muy influyente que sea, aún no constituye una arquitectura.
El salto que se le pide que dé —convertirse en el fundamento institucional de la seguridad euroasiática— no puede lograrse acumulando comunicados.
Se logra creando una cartera de proyectos concretos que aborden las necesidades reales de seguridad y desarrollo de los Estados miembros. Es en esta brecha entre la autoridad y la capacidad operativa donde debe situarse la iniciativa que surgió en Tianjin.
La declaración final de la cumbre de septiembre de 2025 mencionaba la creación de un Banco de Desarrollo de la OCS. En términos de integración económica, se trata de un claro paso adelante. Pero reducir la iniciativa únicamente a su aspecto económico es malinterpretarla.
La tesis de este artículo es que el Banco, si se materializa en su forma más ambiciosa, se inscribe por completo en el marco de la seguridad —y que la cumbre de Biskek, bajo la presidencia kirguisa, revelará hasta qué punto los Estados miembros están dispuestos a asumir ese papel.
Sería un error considerar la idea de un banco de la OCS como una novedad sin precedentes. Cuenta con el trabajo acumulado por el Consorcio Interbancario, creado en 2005, al que se sumaron importantes instituciones financieras estatales —por parte de Rusia, el Vnesheconombank—.
Su misión declarada era financiar proyectos de inversión en los Estados miembros. La cantidad de financiación realmente movilizada no es nada impresionante, sobre todo si se compara con el tamaño de las economías implicadas y la magnitud de sus necesidades. Sin embargo, el Consorcio ha obtenido resultados verificables: una central hidroeléctrica en Kazajistán, la autopista China-Kirguistán-Uzbekistán y el apoyo a pequeñas y medianas empresas en Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán.
Un banco de desarrollo podría aprovechar esta experiencia y ampliarla: agilizar la financiación de proyectos, involucrar al capital privado de forma más decidida y ampliar el alcance de sus intervenciones. En este sentido, la iniciativa es, sencillamente, la continuación de un camino. Pero la pregunta crucial no es por qué un banco ahora, sino más bien por qué un banco con esta función ahora, y no en 2005.
La respuesta se encuentra en el mundo que en 2005 se daba por sentado. Hace veinte años, el sistema se desarrollaba dentro del paradigma de la globalización financiera, con Estados Unidos en su centro y el dólar como medio de pago conveniente y económico, además de como principal moneda de reserva.
El Consorcio ni siquiera se planteó cuestionar ese statu quo: no tenía ni los medios ni la voluntad política para hacerlo. La globalización financiera convenía a casi todos los miembros de la OCS en aquel momento. El dinero fluía por canales que nadie percibía aún como una vulnerabilidad, porque nadie los había utilizado todavía como arma.
De la banca a las infraestructuras con capacidades soberanas
Aquí es donde la iniciativa de Tianjin va más allá de su objetivo declarado. El Banco de Desarrollo puede cumplir una función mucho más significativa que la simple financiación de proyectos: crear y mantener un sistema de liquidaciones financieras entre los Estados miembros que sea independiente de terceros países y sus asociaciones.
Si, con el tiempo, lograra construir una infraestructura de pagos estable y segura dentro de la OCS, el resultado sería un avance político y económico de primer orden.
La distinción es sustancial y debe mantenerse. Financiar un proyecto significa asignar capital; controlar la normativa significa poseer el canal por el que fluye todo el capital —de cualquier fuente y para cualquier fin—. La primera función produce infraestructura física: presas, carreteras, líneas de crédito. La segunda genera una infraestructura de segundo orden: la condición misma que hace posibles todas las demás transacciones.
Quien controla el canal no decide sobre una inversión; decide quién puede invertir, con quién y en qué condiciones dicha inversión permanece visible o está sujeta a sanciones.
Es en esta segunda función donde las finanzas dejan de ser simplemente una dimensión entre otras y se convierten en el fundamento sobre el que se asienta todo lo demás.
La teoría geopolítica clásica ha concebido durante mucho tiempo el poder en términos de tierra y mar —el «Heartland» y el «Rimland», las masas continentales y las rutas marítimas (y, en este sentido, Mackinder, Spykman y Mahan no se equivocaban)—.
La experiencia de la última década sugiere añadir un tercer ámbito a ese mapa: el de los flujos de pagos, cuyos puntos de estrangulamiento no son estrechos ni pasos de montaña, sino los sistemas de mensajería interbancaria, las cámaras de compensación y las monedas de reserva. El control de este ámbito no es menos estratégico que el control de un estrecho —y en los últimos años ha resultado mucho más fácil de ejercer a distancia—.
¿Por qué surge esta tarea hoy y no en 2005? Porque, entretanto, han cambiado tres cosas al mismo tiempo. La OCS se ha ampliado, dando la bienvenida no solo a grandes economías como la India y Pakistán, sino también a Irán. Estados Unidos ha intensificado el uso de su posición en las finanzas mundiales con fines políticos, multiplicando las medidas restrictivas.
Y la naturaleza de las relaciones entre Washington y varios miembros de la OCS se ha deteriorado hasta el punto de que esos mismos Estados se han convertido en los principales objetivos de la política de sanciones de EE. UU.
No es una coincidencia: los países afectados se han convertido en los principales actores de la reforma de la infraestructura financiera internacional, especialmente desde que Estados Unidos ha impuesto —con considerable éxito— su propio régimen de cumplimiento también a terceros países.
Merece la pena examinar estos casos detenidamente, ya que, en conjunto, revelan un patrón. Irán es objeto de las sanciones financieras y comerciales más amplias impuestas a cualquier país; en 2025 y 2026, se sumaron a ellas campañas militares.
Los intentos anteriores de resolver el estancamiento mediante la diplomacia multilateral no han dado resultados. Teherán ha resistido los golpes militares, pero sigue en gran medida en un estado de aislamiento económico, y la ausencia de vínculos financieros normales no hace más que agravar la situación.
Desde el inicio de la crisis de Ucrania en 2014, Rusia se ha enfrentado a una presión cada vez mayor por las sanciones, que se convirtió en un auténtico «tsunami» a partir de 2022.
Hoy en día, más del 90 % de los activos bancarios rusos están sujetos a sanciones estadounidenses, y las contrapartes de países amigos se enfrentan a la amenaza de sanciones secundarias.
El uso de sanciones contra China también se ha intensificado: el sector financiero se ha librado en gran medida hasta ahora, pero los controles a la exportación ya son estrictos, a lo que se suman medidas dirigidas a cuestiones politizadas como los derechos humanos en Hong Kong, Xinjiang y el Tíbet.
Las sanciones secundarias están afectando a Pekín principalmente en sus relaciones comerciales con Rusia y Corea del Norte, por el momento sobre todo a nivel de las empresas más pequeñas.
Bielorrusia lleva sometida a sanciones desde 2004, con flexibilizaciones intermitentes que no han eliminado las medidas dirigidas contra sus principales complejos industriales. A esta lista hay que añadir las sanciones secundarias impuestas a empresas de Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán y la India por cooperar con Rusia: limitadas en número en comparación con el caso chino, pero suficientes —simplemente por el hecho de existir— para señalar un problema sistémico.
Lo que estos casos tienen en común no es una ideología compartida —los Estados implicados tienen intereses y sistemas políticos muy diferentes—, sino su exposición a la misma herramienta: la capacidad de un tercero para bloquear el acceso a los canales de pago.
Para evitar una simplificación excesiva, hay que dejarlo claro: no se trata de crear una alternativa por el mero hecho de tenerla, ni de obstaculizar a Estados Unidos por el simple placer de causar daño.
Para muchos miembros de la OCS, Washington sigue siendo un socio comercial importante. Se trata más bien de la posibilidad misma de realizar transacciones sin que estas se politicen en exceso —y esa politización es ahora evidente para todos—.
Deficiencias y oportunidades
Cada uno de los países afectados ha desarrollado sus propias respuestas. China ejerce la disuasión amenazando con contramedidas que, dado el tamaño de su economía, resultarían dolorosas para quienes las sufrieran. Rusia se ha centrado en las liquidaciones en monedas nacionales y en nuevos instrumentos de pago, incluidas las monedas digitales.
Bielorrusia ha desplazado parte de sus vínculos comerciales de la Unión Europea hacia Rusia y China. Irán, el actor con más experiencia de todos, combina diversos enfoques —que van desde una versión moderna del sistema medieval hawala hasta las liquidaciones en efectivo o en criptomonedas—.
El fallo de este repertorio no radica en las soluciones individuales —que a menudo son ingeniosas—, sino en su aislamiento mutuo. Se trata de remedios aislados, cada uno adaptado a una emergencia nacional, incapaces de unirse para formar un sistema.
A nivel de la OCS, falta un algoritmo común que permita a los miembros liquidar transacciones multilaterales de forma fluida y continua. Es la diferencia entre una colección de botes salvavidas y una flota: los primeros salvan a quienes se suben a ellos; la segunda traza un rumbo.
Dicho algoritmo podría constar de al menos tres componentes convergentes: un sistema de mensajería financiera independiente de SWIFT; una red de tarjetas de pago propiedad de la OCS; y el uso de monedas digitales en las liquidaciones.
La aparición de una infraestructura universal y multilateral para los pagos dentro de la organización supondría una revolución, que reforzaría sustancialmente su potencial operativo. No se trataría de una alternativa parcial para los Estados sancionados, sino de un activo de infraestructura compartido al que podría acceder todo el bloque.
Un análisis que se quedara en la mera esperanza traicionaría su propósito. La prudencia exige sopesar el proyecto frente a sus riesgos, que son graves y asimétricos en relación con los beneficios.
El primer riesgo es directo: cualquier institución financiera de la OCS que ponga en marcha proyectos de este tipo podría verse rápidamente sometida a sanciones estadounidenses.
Esto requiere voluntad política y determinación por parte de los Estados miembros para seguir adelante con el plan de una infraestructura compartida —una voluntad que no puede delegarse en consideraciones técnicas, ya que son los intereses políticos los que determinan si la tecnología se implementará o no.
El segundo riesgo es más insidioso, pues es interno. Se trata del posible distanciamiento del sector privado y de los bancos comerciales, que tienden a seguir una política de reducción del riesgo que considera que mantener el dólar es la opción más ventajosa para los negocios.
Se trata de una actitud muy extendida entre muchos miembros de la OCS, incluidos aquellos sujetos a sanciones: la exposición de un Estado no se ajusta al apetito de riesgo de sus operadores.
Ahí radica la contradicción más concreta del proyecto: los Estados pueden decidir sobre la infraestructura, pero son las empresas las que deben utilizarla, y estas piensan en términos de márgenes de beneficio, no de soberanía. Por lo tanto, hay pocos motivos para esperar un éxito rápido.
En aras de la honestidad analítica, conviene articular la objeción más contundente a todo el plan.
Podría formularse de la siguiente manera: una infraestructura de pagos nace de la confianza y la liquidez, y se nutre de ellas, y ninguna de las dos puede imponerse por decreto.
SWIFT no es poderoso porque se imponga, sino porque todo el mundo ya forma parte de él; una red alternativa parte con pocos nodos, mayores costes de transacción y una moneda de liquidación menos líquida, y corre el riesgo de seguir siendo la opción de reserva para quienes no tienen otra alternativa, en lugar de convertirse en la elección de quienes sí la tienen.
Esta objeción no puede rebatirse negándola —es válida—, sino señalando que su premisa —la superioridad incondicional del canal centrado en el dólar— es precisamente lo que la politización de las sanciones ha socavado.
Cuando el acceso al canal dominante deja de estar garantizado y pasa a ser condicional, el análisis de coste-beneficio de los operadores cambia: el mayor coste de una red alternativa no debe compararse con el coste del canal actual, sino con el coste previsto de su interdicción. Es en este cambio de análisis en lo que se basa el proyecto.
Con Kirguistán asumiendo la presidencia tras Tianjin, la cumbre de Bishkek se convierte en el escenario para evaluar el progreso de esta línea de trabajo.
La prudencia analítica desaconseja hacer predicciones definitivas; más bien, sugiere establecer de antemano ciertos indicadores observables, cuya presencia o ausencia revelará —mejor que cualquier comunicado de prensa— hasta qué punto ha avanzado el proyecto.
Un primer indicador es de carácter jurídico-institucional: si la cumbre elaborará unos estatutos y una hoja de ruta para el Banco —incluidos el capital suscrito y una sede— o si se limitará a reafirmar la intención.
Un segundo indicador es de carácter funcional: si, junto a la función de financiación, aparecerá la función de liquidación —aunque solo sea de forma programática—, como un sistema alternativo de mensajería, una red de tarjetas o el uso de monedas digitales.
Un tercer indicador, y el más revelador, es la reacción: cualquier amenaza o imposición de sanciones contra las primeras instituciones participantes será prueba de que el proyecto ha traspasado el umbral de la retórica y ha entrado en el ámbito donde están en juego intereses reales. Un proyecto que nadie se molesta en obstaculizar es, por ese mismo hecho, un proyecto que nadie teme.
La valoración general puede formularse con el grado de cautela que la situación requiere. Es probable, con un grado moderado de confianza, que la OCS siga consolidándose como foro de diplomacia multilateral independientemente de los resultados financieros: esta función no depende del Banco.
Sin embargo, solo es plausible —con un bajo grado de confianza y en un horizonte de varios años— que la infraestructura de liquidación en su forma completa —la soberana— se haga realidad, ya que su materialización depende de dos variables difíciles de conciliar: la voluntad política sostenida de los Estados y la disposición de los operadores privados a renunciar al refugio seguro que supone el dólar.
No obstante, incluso un avance modesto bastaría para que el futuro Banco fuera algo más que un mero instrumento de financiación: una institución a la vanguardia de la seguridad financiera.
Más allá de los detalles técnicos se esconde la cuestión fundamental. En el siglo XX, la soberanía se medía por la capacidad de defender una frontera y acuñar moneda.
En el siglo de los flujos, también —y quizás sobre todo— se mide por la capacidad de garantizar que el propio dinero llegue a su destinatario previsto sin el permiso de un tercero. Si el Banco de Desarrollo de la OCS puede convertirse en lo que es capaz de ser, no se limitará a financiar carreteras, sino que más bien protegerá una ruta.
Y la protección de esa ruta —intangible, invisible, decisiva— es hoy una de las formas concretas que puede adoptar la palabra «soberanía» en la Eurasia posglobal.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 