Lorenzo Maria Pacini.
Imagen: SCF. © Photo: Public domain
21 de julio 2026.
Incluso las superpotencias dependen de las cadenas de suministro mundiales. ¿Cuál es el verdadero premio? Establecer las normas que deben seguir los demás.
En el discurso estratégico contemporáneo, el término «soberanía tecnológica» ha seguido, a lo largo de una década, una trayectoria similar a la de otros conceptos fundamentales de la geopolítica: partiendo de un contexto técnico-sectorial —el deseo de ciertas potencias de preservar capacidades industriales estratégicamente autónomas, que abarcan desde la disuasión nuclear hasta las cadenas de suministro informáticas —, se ha ido ampliando gradualmente hasta abarcar todo el espectro de las tecnologías digitales de doble uso, convirtiéndose finalmente, en el periodo 2025-2026, en la piedra angular declarada de la política industrial para un número cada vez mayor de actores estatales, desde Estados Unidos hasta China, desde Corea del Sur hasta la India, desde los Estados del Golfo hasta los principales bloques regionales.
La literatura científica oscila entre dos polos interpretativos: por un lado, la idea de la soberanía como capacidad autónoma para el desarrollo tecnológico; por otro, su interpretación como una red de alianzas fiables con actores externos.
Ningún país, por muy poderoso que sea, adopta ninguno de los dos modelos en su forma pura: incluso las dos superpotencias tecnológicas, Estados Unidos y China, siguen integradas en una cadena de suministro de semiconductores que distribuye los conocimientos especializados críticos entre el diseño estadounidense, la fabricación taiwanesa, los materiales japoneses, el embalaje asiático y la maquinaria neerlandesa; ninguna de ellas controla plenamente la cadena de valor.
Esta ambigüedad conceptual no es un defecto de la elaboración teórica, sino más bien un reflejo de una condición estructural común a todos los grandes espacios políticos contemporáneos.
En términos schmittianos, cada uno de estos actores aspira al estatus de Grossraum —un espacio ordenado dotado de su propia ley tecnológica— sin, sin embargo, poseer casi nunca ni la base industrial plenamente integrada ni la cohesión política necesarias para imponer esa ley más allá de sus propias fronteras.
El resultado, como pretendemos argumentar aquí, es una soberanía que es, por definición, relativa y negociada, cuyo grado de eficacia depende menos de la cantidad de recursos movilizados que de la capacidad de transformar la interdependencia en una baza negociadora en lugar de soportarla como una limitación: la «soberanía a través de la indispensabilidad», soberanía por indispensabilidad, distinta de la autosuficiencia productiva pura.
El grado de dependencia tecnológica varía en intensidad, pero no en naturaleza, de un bloque a otro. Incluso el actor que más recursos públicos ha invertido en la autosuficiencia —China— sigue estando lejos de sus objetivos declarados: el Plan Nacional de Circuitos Integrados de 2016 se fijaba como meta alcanzar un 70 % de autosuficiencia en el sector de los microchips para 2025, un objetivo del que se quedó a unos 37 puntos porcentuales; el nuevo plan presentado en marzo de 2026 establece un objetivo del 80 % para 2030, partiendo de una tasa de autosuficiencia real del 41 %.
Pekín también ha destinado aproximadamente 295 000 millones de dólares durante un periodo de cinco años a la construcción de una red nacional de centros de datos para inteligencia artificial, exigiendo que al menos el 80 % de la tecnología utilizada —incluidos los aceleradores— proceda de proveedores nacionales como Huawei.
Durante el mismo periodo, la India puso en marcha la «India Semiconductor Mission», que ya ha aprobado trece proyectos —ya estén operativos o en fase de desarrollo—, incluida la primera planta de fabricación de componentes front-end de la India, construida por Tata Electronics en colaboración con la empresa neerlandesa ASML, así como una «Misión Cuántica Nacional» de 730 millones de dólares destinada a convertir al país en una potencia de la computación cuántica para 2031.
En el ámbito de la inteligencia artificial, Corea del Sur es ahora el ejemplo más citado de un camino hacia la «autonomía» distinto tanto de la autosuficiencia de China como de la dependencia pasiva: 6.800 millones de dólares en gasto público solo en 2026, un acuerdo para adquirir 260.000 GPU de última generación de Nvidia y más de 540.000 millones de dólares en inversión privada por parte de los principales conglomerados nacionales (Samsung, Hyundai, SK, LG) en centros de datos, chips y aplicaciones de IA; todo ello sin abandonar el uso de la tecnología estadounidense, sino más bien reubicándola en plataformas y modelos nacionales.
Los países del Golfo —liderados por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos— han optado por otra vía: no la producción, sino el acceso preferencial a la capacidad informática.
Han obtenido autorización de la Administración estadounidense para adquirir miles de GPU avanzadas y se están transformando en centros informáticos regionales, mientras que Abu Dabi complementa esta estrategia mediante la creación de nuevos fondos soberanos dedicados a los sectores tecnológico y de defensa.
En este contexto comparativo, la dependencia de proveedores extranjeros para productos, servicios e infraestructuras digitales críticas —que, en el caso de uno de los principales bloques económicos occidentales, supone más del 80 % del suministro total y un gasto anual estimado de alrededor de 264 000 millones de euros a terceros países— parece menos una anomalía regional que una característica recurrente de la fase histórica actual, agravada en todas partes por la aceleración de la carrera mundial hacia la inteligencia artificial.
El caso de los semiconductores
El sector de los semiconductores ofrece el punto de comparación más claro entre las diversas estrategias de soberanía tecnológica.
Varios programas nacionales y supranacionales —en Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, Japón y China— han fijado en los últimos años objetivos cuantitativos de cuota de mercado o autosuficiencia, que a menudo no se han alcanzado ni de lejos: uno de los programas occidentales más ambiciosos tenía como objetivo duplicar, para 2030, una cuota de mercado que una evaluación independiente consideró «muy improbable» de alcanzar, estimando que el resultado real sería inferior a la mitad del objetivo fijado.
Pekín, por su parte, ha optado por un enfoque diferente al de los incentivos fiscales occidentales, centrándose en inversiones directas de capital y en una política industrial impulsada por el Estado a través del XV Plan Quinquenal, con el objetivo de avanzar hacia nodos de proceso de 7 y 5 nanómetros y localizar la maquinaria, los materiales y las herramientas de diseño electrónico.
Un incidente reciente ha dejado claro que incluso los eslabones aparentemente más sólidos de la cadena de suministro siguen siendo vulnerables a las perturbaciones geopolíticas transversales:
En 2025, la presión ejercida por EE. UU. sobre el Gobierno neerlandés para que restringiera las exportaciones de ASML —que ostenta el monopolio mundial de la litografía ultravioleta extrema— provocó la paralización de las operaciones de una empresa de semiconductores de propiedad china, a lo que Pekín respondió bloqueando las exportaciones de componentes a la industria automovilística occidental, lo que demostró cómo la interdependencia puede convertirse rápidamente en una herramienta de represalias mutuas.
En este panorama competitivo, los actores de tamaño medio están experimentando con enfoques híbridos.
La India ha reforzado su posición en la cadena de suministro mediante alianzas tecnológicas específicas —el acuerdo entre Tata y ASML para la planta de Dholera es un ejemplo— en lugar de aspirar a una cadena de valor totalmente nacional, mientras que varios países del Golfo han construido su influencia tecnológica no sobre la base de la capacidad de producción, sino del acceso preferencial a la infraestructura informática y a las alianzas bilaterales, como la emergente colaboración entre los Emiratos Árabes Unidos y la India en materia de tecnología, energía y defensa.
El denominador común de todas estas trayectorias, según el análisis de Bruegel mencionado anteriormente, no es la búsqueda de la autosuficiencia total —un objetivo considerado poco realista en un sector global, altamente especializado e interdependiente, incluso para las dos superpotencias tecnológicas—, sino más bien el control sobre segmentos tecnológicos clave capaces de convertir a un actor determinado en indispensable para el resto de la cadena de suministro global.
Soberanía a través de la indispensabilidad: las limitaciones de las alianzas tecnológicas
Sin embargo, la limitación más significativa de cualquier proyecto de soberanía tecnológica no es meramente cuantitativa, sino geopolítica. En diciembre de 2025, Estados Unidos puso en marcha la iniciativa «Pax Silica», destinada a coordinar las cadenas de suministro estratégicas de inteligencia artificial —semiconductores, minerales críticos, potencia de cálculo y energía— entre los países aliados, con el objetivo declarado de reducir el acceso de China a las tecnologías críticas; en junio de 2026, varios países europeos y asiáticos formalizaron su adhesión.
Esta paradoja es una característica recurrente en todos los marcos de alianzas tecnológicas: quienes se suman afirman querer reducir sus dependencias críticas, pero lo hacen entrando en un orden construido en torno al liderazgo de un único actor hegemónico y dirigido por este, dentro de un perímetro geopolítico definido por dicho actor.
Esta asimetría se hace aún más explícita con la Ley MATCH, en debate en el Congreso de los Estados Unidos en 2026, que exige alinear los controles de exportación de los aliados con las normas estadounidenses en el sector de los equipos para semiconductores, bajo la amenaza de tomar medidas unilaterales en caso de que los aliados no logren subsanar de forma independiente las deficiencias en sus propios regímenes de control.
El ejemplo más revelador de esta vulnerabilidad estructural se produjo en junio de 2026, cuando una directiva del Gobierno de EE. UU., motivada por preocupaciones de ciberseguridad, ordenó la desactivación del acceso a los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic para todos los usuarios fuera de Estados Unidos, lo que interrumpió las operaciones de redes hospitalarias, administraciones públicas y agencias de inteligencia en varios países que habían integrado estos sistemas en sus procesos críticos.
El incidente puso de manifiesto el escenario al que varios documentos preparatorios de estrategias nacionales se refieren como un «interruptor de emergencia»: el riesgo de que un gobierno extranjero pueda cortar unilateralmente el acceso a infraestructuras civiles o militares críticas, independientemente de la ubicación física de los servidores o centros de datos.
No es de extrañar que, junto a su participación en iniciativas multilaterales lideradas por Estados Unidos, varios países estén introduciendo niveles diferenciados de soberanía digital en la contratación pública —excluyendo de hecho a las empresas no nacionales de los sectores más sensibles, como la defensa y la sanidad— en un intento de equilibrar el acceso a las tecnologías más avanzadas con la protección de sus propios nodos de infraestructura crítica.
Resulta significativo que los mismos actores que tratan de protegerse contra tales riesgos se estén sumando, al mismo tiempo, a iniciativas lideradas por EE. UU. para gestionar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial: una forma de soberanía —por tomar prestada una eficaz metáfora periodística— que se basa en una «suscripción» en lugar de ser de propiedad plena.
Fragmentación interna: un problema común a todos los actores compuestos
La dependencia externa va acompañada, en casi todos los grandes bloques tecnológicos, de una dificultad persistente en la coordinación interna.
No se trata de un problema exclusivo de las arquitecturas supranacionales con veintisiete o más miembros: incluso los formatos de cooperación ampliados, como el BRICS —que han aumentado su peso agregado con la incorporación de nuevos miembros en los sectores de la energía y la logística—, adolecen de la heterogeneidad de sus agendas —la India y China no comparten las mismas prioridades comerciales, mientras que Arabia Saudí e Irán mantienen intereses nacionales distintos a pesar de formar parte del mismo foro—, lo que complica la coordinación tecnológica e industrial precisamente en un momento en que la escala se está convirtiendo en el factor decisivo de la competencia global.
A falta de un liderazgo conjunto pleno, se multiplican las respuestas nacionales: varios países han utilizado fondos públicos para implantar asistentes de IA desarrollados internamente por sus propios organismos gubernamentales; otros han orientado a sus organismos de seguridad hacia software de análisis de datos desarrollado por proveedores nacionales; y otros, por su parte, han construido infraestructuras en la nube declaradas «soberanas» para datos sanitarios y judiciales —estrategias que son paralelas más que coordinadas, y que se replican con variaciones mínimas de un continente a otro—.
En el ámbito normativo, la misma tensión entre la protección de los derechos digitales y el ritmo de la innovación se repite en contextos institucionales muy diferentes entre sí: allí donde la fragmentación normativa interna —docenas de leyes específicas por sector y cientos de autoridades reguladoras que operan en jurisdicciones distintas— produce un efecto secundario común: la multiplicación de los costes de cumplimiento normativo y la reducción de la escala de mercado a disposición de las empresas tecnológicas emergentes, precisamente en un momento en que la capacidad de operar en mercados grandes e integrados constituye la principal ventaja competitiva de los ecosistemas tecnológicos más maduros.
La soberanía tecnológica es un valor relativo, ya que todos los países —incluidas las dos superpotencias tecnológicas— dependen en cierta medida de otros para su propio desarrollo, y la interdependencia económica sigue siendo un factor estructural destinado a fortalecerse precisamente a medida que se reducen las opciones de cooperación disponibles por razones políticas [2].
Lo que parece haber cambiado en los últimos años no es la naturaleza de esta dependencia, sino el grado en que se explota con fines geopolíticos: desde los controles estadounidenses sobre las exportaciones de chips avanzados hasta la suspensión unilateral del acceso a modelos de inteligencia artificial, desde las medidas de represalia chinas contra los componentes de automoción hasta las nuevas arquitecturas de alianzas tecnológicas lideradas por Estados Unidos, la interdependencia está adoptando cada vez más la forma de una palanca de influencia mutua en lugar de un factor de mercado neutral —una dinámica que afecta tanto a las grandes potencias como a los actores de nivel medio en distintos grados.
Ningún actor parece capaz de alcanzar la plena soberanía tecnológica a medio plazo: incluso las potencias con los recursos más sustanciales —la capacidad industrial de China, el poderío financiero y tecnológico de EE. UU.— siguen dependiendo de nodos críticos de la cadena de suministro global que no controlan por completo, desde la litografía EUV neerlandesa hasta los materiales procedentes de Asia.
Lo que realmente está en juego, para cualquier actor estatal implicado en esta competencia, no es, por tanto, la elección binaria entre la autonomía completa y la dependencia total —una opción poco realista en la actual economía política internacional—, sino más bien la capacidad de transformar su condición de socio indispensable en la de una autoridad co-normativa: influir en la definición de los estándares tecnológicos globales incluso cuando no se ostenta el liderazgo industrial.
Es en este espacio, estrecho, pero no insignificante, donde reside la posibilidad de que cada polo —occidental, asiático, de Oriente Medio o euroasiático— siga siendo un actor autónomo en un orden mundial cada vez más multipolar, en lugar de quedar reducido a un mero punto de tránsito para las rivalidades tecnológicas de otros.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 