Lorenzo Maria Pacini.
Imagen: SCF. © Photo: Public domain
21 de agosto 2026.
Si la ampliación hacia Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales se ha convertido en un instrumento de seguridad europea incluso antes de ser un proceso de integración, ¿cuenta la Unión con la capacidad institucional, económica y estratégica para sostenerla?
Un proyecto largamente anhelado, pero nunca alcanzado
El inicio de la Operación Militar Especial en febrero de 2022 logró algo que tres décadas de debate interno no habían conseguido: transformó la ampliación de la Unión Europea de un procedimiento técnico-administrativo en una medida estratégica.
Antes de esa fecha, la admisión de nuevos Estados miembros se gestionaba como un ejercicio de condicionalidad normativa, regido por los treinta y tres capítulos del acervo y un calendario que nadie tenía prisa por cumplir.
A partir de entonces, la adhesión de Kiev y Chișinău pasó a ser una cuestión de seguridad continental, debatida en las mismas reuniones en las que se toman decisiones sobre el suministro de municiones y los límites máximos al precio del gas.
El hito que marca esta transformación es concreto y reciente. El 15 de junio de 2026, tras un estancamiento de casi dos años provocado por el veto húngaro —que solo se superó tras el cambio de Gobierno en Budapest—, la Unión abrió formalmente el primer bloque de negociación —el de los fundamentos— con Ucrania y Moldavia; el 14 de julio, también se desbloqueó el bloque sobre relaciones exteriores.
El fin del denominado enfoque de paquete —que durante más de cuatro años había vinculado los destinos de los dos países candidatos en un único paquete— indicó que Bruselas considera ahora que ambos expedientes están lo suficientemente maduros como para avanzar a su propio ritmo. Se trata de un avance procedimental que tiene un peso geopolítico desproporcionado en relación con su naturaleza burocrática.
La ampliación nunca ha sido meramente una política de vecindad. Pero en el marco posterior a 2022, redefine abiertamente la profundidad estratégica de la Unión, desplazando hacia el este la frontera dentro de la cual el orden jurídico, económico e —indirectamente— de seguridad europeo pretende aplicarse.
En este movimiento se entrelazan cinco dinámicas: la guerra en Ucrania, que ha convertido la adhesión en un vehículo de anclaje geopolítico más que en una mera modernización; la rivalidad sistémica entre Occidente y Rusia, que interpreta cada paso adelante en las negociaciones como un retroceso de su propia esfera de influencia; la competencia con China, presente en los Balcanes a través de inversiones en infraestructuras que la Unión tiene dificultades para igualar; la ambición de autonomía estratégica europea, que se ha vuelto más urgente debido a la percepción de que la garantía estadounidense no es fiable; y la seguridad continental en sentido estricto, ya que la frontera oriental de la Unión coincide cada vez más con la línea del frente del conflicto.
Esto plantea una cuestión fundamental: si la ampliación hacia Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales se ha convertido en un instrumento de seguridad europea incluso antes de ser un proceso de integración, ¿posee la Unión la capacidad institucional, económica y estratégica para sostenerla, o está asumiendo un compromiso geopolítico que su arquitectura interna no está preparada para cumplir?
Intentos históricos
Cada oleada de ampliación ha respondido a una necesidad geopolítica diferente, y examinarlas en orden cronológico ayuda a explicar por qué la actual rompe con sus predecesoras. La Comunidad de los Seis original, establecida por el Tratado de Roma de 1957, fue un proyecto destinado a la reconciliación franco-alemana y a contener el riesgo de una nueva guerra intraeuropea mediante la integración de las industrias del carbón y del acero. La lógica era interna al continente occidental y de forma estrictamente económica, aunque de fondo política.
La ampliación mediterránea de la década de 1980 —Grecia en 1981, España y Portugal en 1986— siguió una lógica diferente: consolidar las jóvenes democracias que emergían de las dictaduras anclándolas a una arquitectura que hiciera improbable el retorno al autoritarismo. Fue la primera ocasión en la que la adhesión sirvió explícitamente como herramienta de estabilización política, y no meramente de crecimiento económico. Esta función resurgiría, amplificada, en el contexto ucraniano.
La gran ampliación hacia el este de 2004, seguida de la adhesión de Rumanía y Bulgaria en 2007, marcó la verdadera reunificación del continente tras la Guerra Fría. Ocho Estados de Europa Central y Oriental se incorporaron simultáneamente, trayendo consigo economías en transición y una memoria histórica del dominio soviético que marcaría sus posiciones en materia de política exterior durante dos décadas.
Ese proceso se concibió como el cierre de un capítulo —el fin de la división de Yalta— más que como la apertura de un nuevo frente geopolítico. En retrospectiva, el error fue creer que la ampliación era un movimiento unidireccional que no provocaría ninguna reacción por parte de Moscú.
La adhesión de Croacia en 2013, por el contrario, representó una ampliación residual: la conclusión tardía de la desintegración de Yugoslavia. Desde entonces, durante una década, el proceso ha permanecido congelado.
La candidatura de los Balcanes Occidentales quedó suspendida en un limbo perpetuo, con Macedonia del Norte incluso obligada a cambiar de nombre para superar el veto griego, mientras que Serbia vacilaba entre Bruselas, Moscú y Pekín.
La candidatura de Ucrania y Moldavia, formalizada en junio de 2022, apenas unas semanas antes de la invasión, reactivó bruscamente un mecanismo que parecía agotado, pero lo hizo dentro de la lógica de una emergencia de seguridad, no de una convergencia económica planificada.
La función geopolítica de la ampliación
El cambio decisivo radica en la función. La ampliación ha pasado de ser un mecanismo de integración a convertirse en un instrumento de contención geopolítica, y esta transición debe explicarse en términos teóricos y no meramente descriptivos.
Europa constituye un complejo de seguridad en el que los procesos de securitización de sus Estados miembros están tan interconectados que ninguno puede analizarse de forma aislada. Extender el complejo hacia el este significa incorporar a su perímetro de seguridad territorios que hasta ahora se encontraban en una zona gris en disputa con Rusia.
No se trata de una expansión neutral, seamos claros; es una redefinición de la frontera entre dos complejos de seguridad rivales.
El concepto de profundidad estratégica nos ayuda a aclarar lo que está en juego. Un espacio estratégico profundo absorbe los impactos, aleja la amenaza del centro vital y proporciona margen de maniobra.
Para la Unión, Ucrania representa la diferencia entre una frontera oriental que discurre a lo largo del río Bug y otra que discurre a lo largo del río Dniéper o más allá. Para Rusia, la propia Ucrania es la profundidad estratégica que protege a Moscú de la invasión de un bloque hostil.
Ambos requisitos son geométricamente incompatibles: lo que constituye profundidad para uno es una retirada para el otro. En esta incompatibilidad radica el dilema de seguridad que estructura toda la cuestión, ya que cada movimiento defensivo de un actor le parece ofensivo al otro.
El concepto de zona tampón pierde aquí su función clásica, tal y como se entiende tradicionalmente en las relaciones internacionales. Históricamente, Ucrania, Moldavia y, en cierta medida, los Balcanes han servido como zonas de amortiguación entre Occidente y la potencia continental que es Rusia.
La lógica de la ampliación consiste precisamente en abolir la zona de amortiguación integrándola en uno de los dos polos. Un realista ofensivo en la línea de Mearsheimer predeciría que la eliminación de la zona de amortiguación intensificaría el conflicto en lugar de resolverlo, ya que priva a las grandes potencias del margen que hace tolerable la coexistencia. Se trata de una predicción que el caso ucraniano ha confirmado, trágicamente.
Junto a la dimensión militar opera la herramienta más distintiva de la Unión: la influencia normativa. El poder normativo europeo —sobre el que hemos escrito a menudo— sostiene que Bruselas ejerce su poder no a través de la coacción, sino mediante su capacidad para que sus normas sean aceptadas como estándares.
La ampliación es el vehículo más poderoso de este poder, ya que exige a los países candidatos que reescriban sus ordenamientos jurídicos de acuerdo con el modelo europeo.
La seguridad europea, desde este punto de vista, se defiende no solo mediante la disuasión, sino también a través de la expansión del espacio jurídico común —una forma de poder que no tiene equivalente en Rusia ni en China— y esto explica por qué Moscú percibe la ampliación como una amenaza existencial, incluso sin que exista una adhesión a la OTAN.
Atención especial a Ucrania
La opinión de los tecnócratas de Bruselas es clara, bien conocida por todos y se reitera constantemente: ningún candidato tiene un valor estratégico comparable al de Ucrania, y ninguno conlleva unos costes tan astronómicos.
El país es el más extenso situado íntegramente en Europa, cuenta con más de dos mil kilómetros de costa en el mar Negro y —con la península de Crimea ocupada— controla el acceso norte a una cuenca crucial para la proyección de poder de Rusia hacia el Mediterráneo.
Su incorporación a la Unión transformaría el Mar Negro de un lago disputado en una frontera marítima europea, con implicaciones directas para la libertad de navegación y los corredores de cereales.
El sector agrícola reviste una importancia capital. Ucrania se encuentra entre los principales exportadores mundiales de cereales y semillas oleaginosas, y su integración reconfiguraría el mercado agrícola europeo y la Política Agrícola Común de una forma que ninguna ampliación anterior ha requerido jamás.
A esto se suman unos recursos minerales de creciente importancia estratégica —yacimientos de litio, titanio, grafito y elementos de tierras raras— que, en el contexto de la competencia con China por las materias primas críticas, confieren a la adhesión una dimensión geoeconómica explícita.
La industria militar ucraniana, forjada por tres años de guerra de alta intensidad, posee experiencia en la producción de drones y en la guerra electrónica que el establishment de la defensa europea observa con una curiosidad que dista mucho de ser desinteresada.
En materia de energía y logística, Ucrania cuenta con una red de gasoductos, una capacidad de almacenamiento subterráneo que se encuentra entre las mayores del continente y corredores ferroviarios y viarios que conectan el mar Negro con Europa Central.
Estos activos la convierten en un centro neurálgico, no en una periferia. Pero es precisamente la magnitud de estos activos lo que genera los costes correspondientes.
La cuarta evaluación conjunta del Banco Mundial, el Gobierno ucraniano, la Comisión Europea y las Naciones Unidas ha estimado las necesidades de reconstrucción para un período de diez años en cientos de miles de millones de dólares, una cifra destinada a aumentar a medida que el conflicto se prolongue.
La adhesión de un país en proceso de reconstrucción, con un territorio parcialmente ocupado y fronteras inestables, no tiene precedentes en la historia de la Unión.
Las reformas necesarias abordan el núcleo de los retos fundamentales de Ucrania: la lucha contra la corrupción, la independencia del poder judicial, la reducción de la influencia oligárquica y la reforma de la administración pública.
La Comisión, en sus informes de 2024 y 2025, reconoció los importantes avances logrados bajo la presión de la guerra, pero señaló la corrupción y la gobernanza como cuestiones pendientes.
La paradoja es evidente: la guerra ha acelerado la voluntad política de reforma y, al mismo tiempo, ha debilitado precisamente a las instituciones encargadas de llevarla a cabo.
El valor estratégico de Ucrania para la UE está en su punto álgido; su preparación institucional, en su nivel más bajo.
La credibilidad de todo el proceso dependerá de estos dos extremos.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 