Lorenzo Maria Pacini.
31 de julio 2027.
La UE ha adoptado una forma de librar la guerra contra Rusia que ha transformado la forma de hacer la guerra y ha permitido experimentar con nuevos enfoques híbridos, pero ha puesto de manifiesto lo absurdo del sistema europeo.
Una definición que hay que desmontar
En 2023, la revista Time calificó el conflicto de Ucrania como «la primera guerra de la IA». La expresión caló, circuló en informes de think tanks, audiencias parlamentarias y presentaciones de empresas del sector, y acabó por moldear la forma en que los responsables políticos europeos concebían su posición estratégica.
Sin embargo, antes de basar ningún análisis en ella, debemos preguntarnos si es cierta y, sobre todo, intentar comprender cuáles eran los objetivos de las autoridades europeas —en las que nos centraremos— con respecto a esta guerra híbrida.
Empecemos por el bando del «no». José Pardo de Santayana, en un análisis publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, señala que la IA en Ucrania es un facilitador más que el elemento definitorio del conflicto: la guerra se libra sobre el terreno con infantería y artillería, de una forma que recuerda más a 1916 que a cualquier escenario futurista, y el territorio se gana y se pierde en batallas lentas y agotadoras.
Gulsanna Mamediieva, que ha trabajado en el ámbito de la transformación digital de Ucrania, es aún más contundente: la autonomía genuina —en la que la máquina toma sus propias decisiones en el campo de batalla— sigue estando fuera de alcance, y el término «autónomo» se aplica habitualmente a plataformas que funcionan mediante automatización preprogramada. Rakhmetov y Murzagulova, en su estudio comparativo publicado en el *Journal of Strategic Security*, concluyen que los métodos tradicionales de combate siguen siendo dominantes y que la IA sirve principalmente para potenciar su eficacia.
Estamos hablando de autores proucranianos, no de «propagandistas del Kremlin», como afirman los medios occidentales.
Esta corrección no es mera pedantería terminológica. La definición que adoptamos tiene implicaciones políticas específicas. Si la guerra en Ucrania es la primera guerra de IA, entonces Europa va a la zaga de una revolución que ya ha tenido lugar y debe ponerse al día rápidamente adquiriendo lo que no tiene tiempo de desarrollar.
Si, por el contrario, Ucrania es el laboratorio donde se está preparando esa guerra, entonces Europa se enfrenta a una ventana de oportunidad para la toma de decisiones, y la cuestión no es con qué rapidez salvar una brecha, sino qué capacidades desarrollar y bajo qué limitaciones.
La primera interpretación genera una sensación de urgencia; la segunda, plantea una elección. Las instituciones europeas, como veremos, casi siempre han actuado de acuerdo con la primera.
Vale la pena señalar la paradoja que Fontes y Kamminga han articulado con una franqueza inusual en la literatura especializada: cada día que el conflicto continúa y mueren seres humanos, los sistemas de IA se entrenan con datos reales de un campo de batalla real —no para detener ese sufrimiento, sino para librar la próxima guerra de forma más eficaz.
El valor estratégico del conflicto en Ucrania para la industria de defensa europea radica precisamente en esto: la disponibilidad de un entorno operativo auténtico, con un adversario simétrico y una guerra electrónica activa, que ninguna simulación puede replicar.
Qué está haciendo realmente la inteligencia artificial en Ucrania
Antes de examinar la respuesta europea, debemos determinar —con la mayor precisión que permita la información de fuentes abiertas— qué está haciendo realmente la IA sobre el terreno. La bibliografía académica y militar disponible apunta a cinco funciones:
a) Inteligencia geoespacial y reconocimiento
Este es el ámbito en el que la contribución de los algoritmos está más consolidada. Las redes neuronales combinan fotografías a nivel del suelo, imágenes captadas por drones e imágenes de satélite para producir análisis de inteligencia más rápidamente de lo que puede hacerlo un equipo humano.
El director ejecutivo de Palantir ha admitido públicamente que su empresa es responsable de la mayor parte de la designación de objetivos en Ucrania —tanques, artillería— gracias a la información oportuna obtenida de los satélites y las redes sociales.
Planet Labs, BlackSky y Maxar proporcionan imágenes de satélite al Gobierno y a las fuerzas armadas ucranianas. La ventaja de Ucrania en materia de inteligencia geoespacial, reconocida por los observadores occidentales, es en gran medida una ventaja prestada.
b) Sistemas no tripulados
La IA automatiza el despegue, el aterrizaje y la adquisición de objetivos. Según fuentes ucranianas, una vez que el operador ha seleccionado y confirmado el objetivo, los datos se transfieren al sistema de gestión de combate, lo que reduce el tiempo hasta la destrucción a poco más de treinta segundos. Sin embargo, la función más significativa desde el punto de vista militar es otra: la resistencia a la guerra electrónica.
Un dron capaz de completar su misión cuando el GPS y las comunicaciones por radio están bloqueados devuelve al atacante una capacidad que las contramedidas rusas habían erosionado gradualmente. Es esto —y no la autonomía en la toma de decisiones— lo que constituye la razón técnica del éxito comercial de los sistemas europeos que se analizan a continuación.
c) Guerra de la información
En este ámbito, la simetría es mayor de lo que la narrativa pública europea nos quiere hacer creer. Entre los ejemplos más conocidos se incluyen el vídeo deepfake de Zelenskyy anunciando la rendición en marzo de 2022, las grabaciones atribuidas a Valeriy Zaluzhny en las que instaba a dar un golpe de Estado y las redes de chatbots (en 2022, Twitter eliminó aproximadamente 75 000 cuentas falsas vinculadas a bots identificados como rusos).
En marzo de 2024, la red CopyCop utilizó algoritmos para reescribir noticias de medios de prestigio, publicando más de 19 000 artículos en once sitios web en pocas semanas. Pero Kiev ha producido también sus propios deepfakes —como el vídeo de abril de 2022 en el que se veía a un Putin sintético visitando Mariúpol— junto con herramientas de verificación de datos desarrolladas por startups como Osavul y Mantis Analytics.
La distinción operativa entre el uso ofensivo y defensivo de la IA generativa —que el discurso público europeo tiende a equiparar con la distinción entre las dos partes beligerantes— no se sostiene a nivel técnico.
d) Reconocimiento facial
La guerra supuso el primer uso documentado del reconocimiento facial en combate: Clearview AI, proporcionado gratuitamente a Ucrania por una startup estadounidense, se utilizó para realizar controles en los puestos de control, identificar a personas desaparecidas, reunir a refugiados y recabar pruebas para la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2023, los representantes del Gobierno ucraniano habían analizado dos mil millones de imágenes de VKontakte, identificando a más de 230 000 personas que se cree que son militares o funcionarios rusos, con aproximadamente 350 000 búsquedas realizadas a lo largo de veinte meses. Este aspecto merece una atención especial en el debate europeo: se trata de una tecnología cuyo uso indiscriminado está clasificado por la Ley de IA como una práctica prohibida en el ámbito civil, y, sin embargo, se está desplegando a gran escala en un teatro de operaciones financiado por la Unión Europea.
e) Logística, desminado y formación
El aspecto menos visible es probablemente el más extenso. Los sistemas de armamento potenciados por IA son la punta del iceberg, mientras que la mayor parte de la tecnología se despliega y se seguirá desplegando lejos del campo de batalla: en la planificación, la logística y el mantenimiento predictivo.
El documento del ICDS firmado por Vitaliy Goncharuk, miembro del Comité de Expertos en IA de Ucrania, enumera entre las prioridades revisadas para 2023: el mantenimiento programado; la anticipación de la escasez en los depósitos de suministros; los vehículos logísticos no tripulados para el reabastecimiento y la evacuación de los heridos; y la consolidación de datos heterogéneos para la detección y neutralización de minas.
La Unión Europea: el regulador que se convierte en comprador
Durante la última década, la Unión Europea se había forjado una identidad internacional distintiva en el ámbito digital: la de regulador. El RGPD, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y, por último, la Ley de IA constituyeron un modelo en el que Europa compensaba su retraso industrial con una capacidad reguladora exportable —el denominado «efecto Bruselas». La guerra en Ucrania ha invertido este enfoque en el ámbito militar, y el cambio se produjo de forma involuntaria, a través de la acumulación de decisiones aisladas.
El Fondo Europeo de Defensa cuenta con un presupuesto de 7.3 mil millones de euros para el período 2021-2027, de los cuales 2.7 mil millones se destinan a investigación y desarrollo de capacidades.
Desde que el reglamento entró en vigor en mayo de 2021, la Comisión ha comprometido un total de casi 6.5 mil millones de euros, financiando 224 proyectos y situándose entre los principales inversores mundiales en I+D en materia de defensa.
El programa de trabajo para 2026, adoptado el 17 de diciembre de 2025, destina 1 000 millones de euros e incluye entre sus áreas prioritarias el uso de la inteligencia artificial y de enjambres de pequeños robots y drones para el conocimiento táctico de la situación. Anteriormente, en abril de 2026, la Comisión anunció una inversión de 1 070 millones en 57 nuevos proyectos seleccionados a través de las convocatorias de propuestas de 2025, en los que participan 634 empresas de 26 Estados miembros y Noruega, en sectores como la inteligencia artificial, la ciberdefensa, los drones y los sistemas antidrones.
El avance de mayor relevancia política se refiere a la integración de Ucrania. Con el apoyo de la Oficina Europea de Innovación en Defensa, con sede en Kiev, los socios ucranianos han podido incorporarse a algunos de los proyectos; el programa de 2026 también permite a las entidades ucranianas optar a financiación indirecta.
El proyecto STRATUS, que está desarrollando un sistema de ciberdefensa basado en la inteligencia artificial para enjambres de drones con la participación de un subcontratista ucraniano, ejemplifica este mecanismo: la experiencia operativa adquirida en un conflicto activo se incorpora a la base industrial europea. Es exactamente lo contrario de la ayuda: Ucrania no es meramente una receptora de capacidades, sino una proveedora de conocimientos.
El Reglamento (UE) 2024/1689 representa el intento más ambicioso del mundo para regular la inteligencia artificial a través de un marco basado en el riesgo.
En el artículo 2, apartado 3, excluye de su ámbito de aplicación los sistemas comercializados, puestos en servicio o utilizados exclusivamente con fines militares, de defensa o de seguridad nacional, independientemente del tipo de entidad que lleve a cabo dichas actividades, y especifica que ello se entiende sin perjuicio de las competencias nacionales previstas en el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea.
El considerando 24 hace referencia explícita al derecho internacional público en lo que respecta al uso de la fuerza letal.
Esta exclusión no es un descuido: es el resultado de la presión deliberada ejercida por los Estados miembros, encabezados por Francia, durante las fases finales del diálogo tripartito.
El razonamiento esgrimido —que la defensa es competencia de la soberanía nacional— es coherente con la arquitectura de los tratados. Las consecuencias, sin embargo, se han descrito en términos cada vez más duros. Se ha señalado que la Unión no se ha dotado de ningún instrumento para regular su propia IA militar, ni la de terceros; y cuando otros actores operan en este ámbito, las instituciones europeas actúan como observadoras, no como participantes.
El problema se ve agravado por la naturaleza dual de la tecnología: como señala Justinas Lingevičius, la línea divisoria entre la IA civil y la militar es cada vez más difusa, y el reglamento no aborda expresamente los sistemas de doble uso.
Existe también una asimetría que merece ser abordada con claridad. El reconocimiento facial con fines de identificación biométrica a distancia es, en el ámbito civil europeo, una de las prácticas más estrictamente reguladas; en el teatro de operaciones ucraniano, se ha utilizado para crear bases de datos de cientos de miles de personas.
La UE financia ese teatro de operaciones. Esto no significa que la decisión de Ucrania sea ilegítima —la suspensión o flexibilización de las garantías durante un estado de guerra es una cuestión de derecho nacional e internacional, no de normativa europea—, pero sí significa que Europa está exportando capacidades tecnológicas a un contexto sobre el que su propio marco normativo no tiene voz ni voto.
Goncharuk lo reconoce desde dentro: el Gobierno ucraniano ha acumulado una cantidad considerable de información sobre sus ciudadanos, y siguen existiendo dudas sobre la conservación y el uso de los datos tras la guerra.
Dado que el reglamento no es aplicable, la supervisión europea de la IA militar toma un camino diferente: las condiciones de financiación. El reglamento del FED incorpora el requisito de una supervisión humana significativa como condición para acceder a los fondos de investigación, y el Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones —en 2018 y 2021— una prohibición internacional de los sistemas autónomos letales que carezcan de dicha supervisión.
La posición del Parlamento se basa en tres principios: mantener la participación humana en el mando y el control, la responsabilidad jurídica de las personas y los Estados, y promover la gobernanza internacional a través de las Naciones Unidas, en particular en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales.
La debilidad de este mecanismo es estructural y debe señalarse sin miramientos. La condicionalidad se aplica a quienes solicitan fondos europeos, no a quienes operan con fondos nacionales; y la mayor parte del gasto militar europeo es nacional. Además, un portavoz de la Comisión ha definido con precisión el alcance de la institución: el Fondo Europeo de Defensa (FED) es una herramienta de investigación y desarrollo para la industria de la defensa, y no va más allá de eso.
El resultado es que la Unión cuenta con tres niveles de documentación —reglamentos de aplicación directa, documentos estratégicos no vinculantes e instrumentos financieros con condicionalidad incorporada— cuyo solapamiento crea la impresión de una gobernanza integral sin ofrecer realmente su contenido.
Gobiernos nacionales: capacidades sin un marco
Mientras que el ámbito europeo presenta una regulación sin capacidades, el ámbito nacional adolece del defecto simétrico.
El caso alemán es el más instructivo, ya que condensa todas las tensiones del marco en una única trayectoria industrial. Helsing SE, fundada en Múnich en 2021 por Torsten Reil, Gundbert Scherf y Niklas Köhler, comenzó como desarrolladora de software de IA para aplicaciones militares antes de pasar al diseño y la producción de sistemas autónomos. Su producto estrella, la munición de vuelo prolongado HX-2, pesa unos doce kilogramos, cuesta alrededor de 17 500 euros, tiene un alcance declarado de cien kilómetros y está equipada con IA a bordo que garantiza su resistencia a la guerra electrónica. Integrada en el sistema Altra, puede operar en enjambres coordinados bajo el control de un único operador.
Las entregas a Ucrania comenzaron a finales de 2024. En febrero de 2025, la empresa anunció la producción de 6.000 unidades HX-2 para Kiev, tras un pedido anterior de 4.000 drones HF-1 fabricados en colaboración con el complejo militar-industrial ucraniano.
Según Scherf, la tasa de éxito de las misiones en condiciones de combate se sitúa en torno al setenta por ciento, y las grabaciones de vídeo de las operaciones permiten a la empresa mejorar continuamente el software.
En julio de 2026, el New York Times reveló la existencia de una instalación en una ubicación no revelada del sur de Alemania —una instalación sin señalización, que puede desmontarse y reubicarse en veinticuatro horas en caso de amenaza de sabotaje— con una capacidad de producción de 1 000 HX-2 al mes.
Una gran parte de la plantilla procede de la industria automovilística alemana. La valoración de la empresa ha alcanzado los 18 000 millones de dólares; el Gobierno federal ha aprobado un contrato de 220 millones de euros y ha tomado medidas para adquirir 50 000 drones para Ucrania.
Hay tres elementos de este caso que revisten importancia analítica. El primero es el modelo industrial: la producción distribuida entre «fábricas resilientes» permite, según la propia empresa, que los Estados-nación produzcan a nivel local y mantengan la soberanía sobre las cadenas de producción y suministro —una respuesta industrial al problema político de la dependencia—.
El segundo es el ciclo de aprendizaje: el software se actualiza a partir de los datos operativos del frente, lo que significa que el producto europeo mejora a medida que avanza la guerra. El tercero es de carácter normativo: Helsing afirma que solo suministra a gobiernos democráticos, lo que significa que adopta una restricción voluntaria allí donde la legislación de la UE se ha abstenido de establecer una vinculante. Se trata de una autorregulación empresarial en lugar de una regulación pública, y la diferencia no es meramente de forma.
La postura francesa encierra una tensión interna que conviene aclarar. París lideró la coalición de Estados miembros que logró la exclusión del ámbito militar de la Ley de IA, defendiendo la jurisdicción nacional en materia de defensa; al mismo tiempo, estableció canales de cooperación bilateral con el ecosistema ucraniano, incluido el programa de subvenciones «Brave France» —dotado con 20 millones de euros y firmado por la Agence de l’innovation de défense con el «clúster» ucraniano Brave1. Existe una coherencia genuina entre estas dos medidas, pero hay que enmarcarla adecuadamente: no se trata de una reticencia hacia la IA militar, sino más bien de una exigencia de que se regule en París y no en Bruselas.
La autonomía estratégica, tal y como la entiende Francia, es ante todo autonomía frente a la regulación supranacional.
Los Estados bálticos y nórdicos han desempeñado un papel que las grandes potencias europeas no han asumido: el de productores de conocimiento normativo y estratégico. El Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad de Tallin ha elaborado, a través de su serie sobre la guerra de Rusia en Ucrania, algunos de los análisis más precisos disponibles en fuentes abiertas, y lo ha hecho encargando la redacción a un miembro del Comité de Expertos ucraniano.
Las recomendaciones finales de ese documento —actualizar las políticas de protección de datos inadecuadas para tiempos de guerra, formular una visión realista sobre la limitación jurídica de los derechos humanos en situaciones de conflicto y redefinir el principio «human-in-the-loop» a la luz de las futuras normas de certificación— constituyen la agenda normativa más concreta que ha surgido en el contexto europeo.
El hecho de que provenga de un instituto de investigación estonio y no de una institución de la UE pone de manifiesto la distribución de la capacidad analítica en Europa.
El resultado es una arquitectura de tres niveles con conexiones débiles entre ellos. La Comisión financia y coordina sin capacidad para regular; los gobiernos nacionales regulan y contratan sin coordinarse; las empresas producen, aprenden de la primera línea y se autorregulan según sus propios criterios. Cada nivel actúa de forma racional dentro de las limitaciones que reconoce. El sistema en su conjunto no tiene un único responsable.
La cuestión de la supervisión humana
Todas las cuestiones anteriores convergen en un único punto. El principio de «human-in-the-loop» es la piedra angular de todas las posiciones europeas al respecto: el Parlamento lo reafirma, la condicionalidad del FED lo incorpora y Ucrania lo reivindica como su propia opción doctrinal. Sin embargo, debemos examinar qué significa realmente ese principio en condiciones operativas.
La formulación ucraniana, reconstruida a partir de las fuentes, describe una secuencia en la que el operador selecciona y confirma el objetivo, tras lo cual el sistema ejecuta la misión en poco más de treinta segundos.
El control humano es, por tanto, real, pero se sitúa en un punto específico de la cadena y está sujeto a restricciones de tiempo cada vez mayores. El documento del ICDS capta el problema cuando señala la necesidad de redefinir el principio a la luz de las futuras normas de certificación: si el principio debe redefinirse, es porque, en su formulación actual, no resiste la presión del uso real.
Las tres salvaguardias identificadas en la literatura especializada —la posibilidad de revisar y revertir los resultados algorítmicos, unas líneas claras de responsabilidad y la preservación del juicio humano en momentos decisivos— son sólidas y, tal y como están las cosas, no se han implementado con carácter vinculante en ningún ordenamiento jurídico europeo.
La primera es técnicamente problemática: la reversibilidad de un proyectil que vuela de forma autónoma hacia su objetivo en un entorno de guerra electrónica no es una operación computacional, sino una ventana física que se cierra.
La segunda entra en conflicto con la estructura de la cadena de suministro descrita anteriormente: cuando un sistema se diseña en Alemania, se entrena con datos recopilados en Ucrania, se integra en una plataforma estadounidense y lo maneja un operador ucraniano bajo mando nacional, la atribución de responsabilidad es inequívoca, no por falta de normativa, sino debido a la configuración del sistema.
La tercera salvaguardia es la que merece ser destacada, porque esconde una sustitución conceptual. La «doctrina centauro» —una combinación de inteligencia humana y capacidades de la máquina— se presenta como la solución ética y, de hecho, mantiene al ser humano en el bucle.
Pero lo hace con la condición de que la velocidad de la máquina no supere el umbral más allá del cual la aprobación humana se convierte en una mera formalidad. Un operador que confirma objetivos a un ritmo continuo basándose en recomendaciones algorítmicas no ejerce su criterio: se limita a ratificar.
El paso del control a la ratificación no requiere ninguna decisión política, ningún cambio normativo ni ninguna violación de principios; se produce a través de una mejora del rendimiento. Es, con toda probabilidad, la forma en que la autonomía letal entrará en los arsenales europeos —no a través de una elección en contra del principio, sino a través de su silenciosa erosión.
Una evaluación final
A la luz de lo anterior, es posible formular una evaluación equilibrada de la posición europea, distinguiendo entre el grado de confianza en las pruebas y el grado de probabilidad atribuido a estos acontecimientos.
Con un alto grado de confianza en las pruebas: la Unión se ha abstenido deliberadamente de regular la IA militar, y este fracaso es atribuible a los Estados miembros más que a las instituciones. El gasto europeo en capacidades basadas en la IA está creciendo rápidamente y está bien documentado. La industria europea en este sector ha alcanzado una envergadura de la que no disponía en 2022, y lo ha logrado gracias al acceso a un escenario operativo real.
Con un grado de confianza moderado: las condiciones de la financiación son insuficientes para producir los efectos normativos que se les atribuyen, por la razón estructural de que la financiación europea solo cubre una fracción minoritaria del gasto total.
En cuanto a los escenarios, tres parecen plausibles en un horizonte de tres a cinco años.
Es probable que la brecha entre el discurso normativo y la práctica industrial se amplíe, ya que ninguno de los actores tiene incentivos para cerrarla, y hacerlo requeriría una modificación del tratado o una renuncia a la autoridad soberana.
Es posible, aunque poco probable, que una crisis de atribución —un incidente con víctimas civiles en el que no se pueda determinar la responsabilidad— obligue a una intervención normativa de emergencia; el indicador clave a tener en cuenta es la incoación de procedimientos judiciales, ya sean nacionales o internacionales, relativos al uso algorítmico de la fuerza.
Es poco probable, en el plazo que nos ocupa, que la Unión adquiera autoridad reguladora sobre asuntos militares a través de los canales legislativos ordinarios.
El indicador más fiable para distinguir entre estas vías no es normativo, sino industrial: la proporción entre el gasto europeo en capacidades autónomas y el gasto en sistemas de control, verificación y certificación. Mientras este último siga siendo un orden de magnitud menor que el primero, el escenario descrito en este ensayo está abocado a repetirse.
Europa ha descubierto la guerra con IA
Hemos llegado a comprender que la guerra en Ucrania no es la primera guerra en la que interviene la inteligencia artificial. Se trata de algo analíticamente más interesante y políticamente más complejo; es el contexto en el que Europa ha descubierto que quiere capacidades militares algorítmicas antes de haber decidido en qué condiciones desplegarlas.
El cambio de rumbo respecto al modelo que la Unión había construido en el ámbito digital civil es radical y conlleva numerosas implicaciones. Allí, la regulación precedió al mercado y definió sus límites; aquí, el mercado precede a la regulación, y esta ha sido excluida explícitamente por los mismos Estados que financian el mercado.
No se trata de una cuestión de hipocresía —que es una categoría polémica de escaso valor analítico—, sino más bien de una configuración institucional que asigna la regulación a un nivel carente de competencia y capacidad, y a otro carente de coordinación. Literalmente, el conocido modelo europeo de «éxito» (estamos siendo irónicos, por supuesto).
La cuestión fundamental sigue sin resolverse y quizá sea decisiva para el futuro militar de la Unión: Europa ha construido su identidad reguladora en el ámbito tecnológico sobre la idea de que la persona humana debe permanecer en el centro de los procesos automatizados de toma de decisiones.
Esta idea sobrevive, en el ámbito militar, como una fórmula. Su esencia depende de una variable que ninguna normativa controla: el tiempo. Si la velocidad de los sistemas sigue aumentando mientras que el umbral de reacción humana permanece igual, el principio «human-in-the-loop» se mantendrá en la letra de la ley, pero se desvanecerá en la práctica.
Tomarse en serio la ética de la IA militar en Europa significaría empezar por aquí, y significaría admitir que la cuestión decisiva no es quién decide, sino si queda tiempo para decidir.
Tanto desde el punto de vista político como geopolítico, la UE ha adoptado una forma de librar la guerra contra Rusia que ha transformado la guerra y ha permitido la experimentación con nuevos enfoques híbridos, pero ha puesto de manifiesto lo absurdo del sistema europeo —capaz de crear leyes y normativas para prácticamente cualquier cosa, pero operativamente ineficaz y un fracaso—.
El problema es que la UE hace alarde de su capacidad reguladora como si fuera una victoria, sin darse cuenta de que la guerra que quiso y apoyó no se ganará como en un videojuego. Tampoco la derrota será un videojuego.
Según algunos de los principales expertos en estrategia (volvemos a ser irónicos), es probable que el aparato burocrático de Bruselas sea capaz de elaborar un reglamento que defina legalmente incluso su propia derrota, pero al menos tendrá la conciencia tranquila y podrá decir que ha «ganado» su guerra.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 