Daniele Lanza.
Foto: Una carroza dedicada a Theresa May desfila por la ciudad alemana de Düsseldorf durante el desfile anual del Lunes de las Rosas, celebrado en febrero de 2017. Lukas Schulze/Getty Images
01 de julio 2026.
El tiempo vuela: ya ha pasado toda una década desde que, en junio de 2016, la segunda economía europea (la quinta a escala mundial) y el segundo país en capacidad militar y nuclear se sometió a un referéndum para decidir si permanecía o no en la Unión Europea de Bruselas.
El 23 de junio de 2016 prevaleció el «Leave» con un 51,9 %, superando —para sorpresa general— a los partidarios de la permanencia, que se quedaron en un 48,1 %: un resultado irreversible e histórico que, en ese momento (y también mucho tiempo después), dejó a la comunidad política nacional e internacional profundamente desconcertada.
El caso es que el entonces primer ministro británico, David Cameron, se arriesgó en aquel momento con una apuesta cuyas consecuencias nadie se atrevía a imaginar: para acallar de una vez por todas al ala euroescéptica de los conservadores, que desafiaba su autoridad, autorizó el referéndum en cuestión, seguro de que el resultado sería a favor de la permanencia en la Unión Europea, pero se encontró, en cambio, con un resultado rotundo que provocó su propia caída política y, por tanto, su dimisión, que se hizo efectiva el 13 de julio siguiente.
Mientras tanto, la libra esterlina se desploma frente al dólar hasta niveles que no se veían desde 1985, pero también las bolsas europeas se hunden: en Milán, la Piazza Affari pierde más del 12 %, una de las peores caídas de su historia. En definitiva, una votación histórica cuyo análisis sigue ocupando hoy en día las crónicas y los debates tanto en los medios de comunicación como en el ámbito académico.
La verdad más inconfesable es que nadie quería realmente un resultado de este tipo, en ninguna formación política del Parlamento británico (excepto el ala más radical de Nigel Farage): nadie creía realmente que la sociedad británica —tan avanzada y cosmopolita— se decantaría por una opción tan radical como la salida de la Unión Europea, la comunidad política más importante y amplia de la que el Reino Unido había formado parte hasta ese momento.
También se podría decir —de otra forma aún— que la voz del pueblo ponía fin a una ambigüedad muy profunda de la identidad política británica que duraba desde hacía más de una generación y cuyas raíces más profundas se remontaban a más de 50 años atrás.
La pregunta fundamental era qué hacía el Reino Unido —que históricamente siempre había mostrado desinterés por una estrecha colaboración política con el continente (interesado exclusivamente en el aspecto económico)— dentro de la gran construcción política europea: ¿un compromiso sincero con el proyecto en cuestión o algún otro cálculo menos descifrable?
Es bien sabido que la doctrina geopolítica secular inglesa consiste en impedir y evitar que una potencia hegemónica se imponga en el continente europeo: por esta razón se libraron las principales guerras de los siglos XIX y XX, desde Napoleón en adelante, con ese objetivo subyacente.
En la mentalidad británica de la vieja escuela, el continente es una entidad ajena, potencialmente enemiga (según las circunstancias):
la identidad británica se considera distinta y separada de las identidades continentales y nada dispuesta a adaptarse a ellas en nombre de un ideal común de unidad.
Estos son los hechos: queda, por tanto, la pregunta sobre las razones británicas para querer seguir estrechamente vinculadas a Bruselas. Durante décadas se mencionará el factor económico (en primer lugar, como algo natural), pero también este argumento resulta problemático en el fondo: es decir, aplicable a países pequeños sin salida al mar y carentes de recursos, pero no a un antiguo imperio global que puede contar con todo un hemisferio de habla inglesa (la anglosfera) repartido en cuatro continentes diferentes, con enormes recursos productivos y mineros (toda la Commonwealth, a la que se suma el poderío mundial de los propios EE. UU.) en los que apoyarse.
La cuestión se vuelve, por tanto, cada vez más incomprensible, pero en realidad tiene sentido: la razón por la que Londres había dejado de lado la desconfianza histórica se remonta ya a antes de la actual Unión Europea, es decir, a la época de su fase formativa durante los años 60.
En los años de la primera politogénesis de la «casa común europea» (como la definiría posteriormente Gorbachov), que vio sucederse rápidamente una serie de tratados de cooperación —entre los que destaca la CEE (Comunidad Económica Europea)—, el Reino Unido había solicitado su adhesión ya en 1962, junto con Irlanda, Dinamarca y Noruega; solicitud que, sin embargo, fue rechazada en repetidas ocasiones por el presidente Charles de Gaulle, quien consideraba que la presencia británica desarmonizaba la superestructura europea en formación, o mejor dicho, que estaba motivada por fines distintos a los de una voluntad sincera de asociación.
Es bien sabido que De Gaulle consideraba que, detrás de la presencia británica en las instituciones políticas europeas, no había más que Washington: Gran Bretaña no sería más que un peón de ultramar para infiltrarse en el proyecto y poder controlarlo y, en su caso, manipularlo desde dentro como un caballo de Troya.
Basándose en esta convicción, la candidatura británica fue rechazada durante más de una década y Londres no pudo formar parte de la CEE hasta 1973.
Sin embargo, desde entonces en adelante, la historia de la colaboración británica en el seno de la Comunidad Europea no deja de suscitar interrogantes: el Reino Unido no parece querer adaptarse más allá del mínimo exigido al proyecto, colaborando en cambio de manera extremadamente coordinada y cohesionada con los Estados Unidos.
En resumen, Gran Bretaña se encuentra como suspendida en un limbo: quiere formar parte de lo que está naciendo y, al mismo tiempo, no quiere hacerlo.
Una profunda contradicción que, con el paso del tiempo, se hace inevitablemente más evidente: el proceso de formación de la Comunidad Europea avanza lento pero inexorable y, en un momento dado (a partir de los años 90), se le va de las manos y choca con líneas rojas nunca expresadas por la opinión pública británica.
El quid de la cuestión es que los dirigentes del país habían logrado que se aceptara la entrada en la Comunidad Europea en un momento histórico en el que esta no era más que un tratado de carácter exclusivamente económico; al evolucionar este último hacia una entidad política más global y onnicomprensiva, con repercusiones jurisdiccionales y organizativas de gran peso para toda la sociedad, se planteó entonces la pregunta fundamental sobre hasta qué punto seguir adelante y hasta qué punto dejarse absorber por el sistema.
Gran Bretaña estaba sin duda dispuesta a desempeñar el papel de «caballo de Troya» en nombre de Washington dentro de las instituciones europeas, pero no hasta el punto de quedar diluida y perder su propia identidad (algo a lo que nunca había renunciado, a pesar del espíritu democrático y no nacionalista que, en rigor lógico, debería haber impregnado a los participantes en el proyecto común europeo).
La clase política británica, a través de sus principales representantes y primeros ministros —desde Tony Blair hasta Cameron—, se esforzó por todos los medios en atenuar el descontento general con garantías y promesas a nivel interno, pero sobre todo ejerciendo presión sobre los legisladores europeos, solicitando en cada ocasión excepciones para su país hasta conseguir —justo en vísperas de la votación— un «estatus especial» para el – Reino Unido, en virtud de su particularidad respecto al resto de Europa continental.
La marcha incompleta hacia la fusión con el resto de Europa ya se había vislumbrado, por otra parte, en el momento de la no aceptación de la moneda común: el rechazo a adherirse al euro ya de por sí había puesto de manifiesto la brecha insalvable y el límite de lo que Londres estaba dispuesta a ceder.
En definitiva, el resultado de aquel 23 de junio de 2016 tenía sus raíces en un pasado muy lejano: surgía de la contradicción fundamental que enfrentaba una integración en la UE dictada por razones de alta política internacional y, por el contrario, una profunda aversión por parte de la propia opinión pública.
Un enfrentamiento que se prolongó durante décadas y se agudizó tras los años noventa hasta llegar al momento de la verdad en el transcurso de dos décadas: el día de la decisión final, el Reino Unido optó por su propia identidad en lugar de continuar por la vía de la integración (algo que, evidentemente, nunca había deseado desde el principio), restando así a la UE el 13 % de su población y reduciendo el número de miembros a 27.
Hubo un gran revuelo en aquel momento, pero, en el fondo, al final resultó ser una ganancia para ambas partes, más libres que antes: Bruselas, para continuar con sus políticas sin tener que lidiar con un intruso molesto, y Londres, para recuperar su «destino» independiente, su verdadera naturaleza.
Traducción nuestra
*Daniele Lanza —historiador y politólogo, antiguo profesor universitario en la Universidad Estatal de Astracán—, vive en Moscú y colabora con centros de estudios y medios de comunicación en Asia y Europa.
Fuente: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 