Radwan Mortada.
Ilustración: The Cradle
29 de junio 2026.
Líbano: un Estado que detiene a sus resistentes y da la mano a su ocupante.
La legitimidad del Estado no es un atributo permanente otorgado por las elecciones, el reconocimiento internacional o el monopolio de las armas. En el pensamiento político moderno, la autoridad se deriva de la función. Existe para desempeñar un papel.
El filósofo inglés Thomas Hobbes lo expresó de forma sencilla: las personas ceden parte de su libertad a cambio de seguridad. Cuando el Estado no logra proporcionar esa seguridad, la base de su autoridad comienza a erosionarse.
John Locke, uno de los padres del liberalismo político, llevó esta idea más allá. La autoridad pierde legitimidad cuando se vuelve contra los derechos naturales de los ciudadanos o gobierna de forma arbitraria.
En ese momento, la resistencia se justifica. Jean-Jacques Rousseau añadió otra dimensión. La legitimidad se basa en la representación de la voluntad general. Cuando la autoridad sirve a una facción o se somete a presiones externas, rompe el contrato social que le dio vida.
Estas ideas ofrecen un criterio claro. Un Estado que no puede proteger sus fronteras, que no puede detener el asesinato de sus ciudadanos y que acepta la ocupación de parte de su territorio mientras dirige su fuerza hacia el interior comienza a alejarse de su función fundamental.
Sus instituciones se utilizan entonces para contener la crisis en lugar de proteger a la sociedad, y el coste lo asume la propia ciudadanía.
Esta cuestión ocupa ahora un lugar central en la trayectoria actual del Líbano.
Redefinición de la soberanía
Desde principios de 2025, las autoridades libanesas han adoptado una definición diferente de soberanía. La ocupación israelí ya no se considera la principal amenaza. La atención se ha desplazado hacia las armas de la resistencia.
Tras la sesión del Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2026, este cambio pasó de ser retórica política a convertirse en política oficial. El Gobierno limitó la legitimidad militar al Estado y consideró al ala militar de Hezbolá como una fuerza ilegítima que debía ser desmantelada.
El debate sobre las armas de Hezbolá no es nuevo. Lo que llama la atención es el momento en que se produce. La decisión se tomó mientras Israel seguía ocupando territorio libanés, llevando a cabo operaciones en el interior del país y matando a civiles casi a diario. El Estado optó por comenzar a reivindicar la soberanía a nivel interno, y no frente a la ocupación.
Las redadas, detenciones y medidas de seguridad se dirigieron contra personas vinculadas a la resistencia, mientras que los combatientes del frente sur se enfrentaban a los ataques israelíes y, al mismo tiempo, a la presión de su propio Estado.
Mientras Beirut insistía en su postura de monopolizar las armas, las fuerzas israelíes seguían operando libremente en territorio libanés, sin que se hubiera garantizado su retirada ni existieran garantías claras al respecto.
Estado de seguridad, soberanía selectiva
La presidencia ha ampliado su papel en la gestión de los asuntos de seguridad y militares, con una presencia directa cada vez mayor en la dirección de los organismos.
El nombramiento del juez Ahmad Rami Hajj como fiscal general del Tribunal de Casación completó la reestructuración de la toma de decisiones, que pasó del ámbito político al judicial.
La cuestión atraviesa la propia estructura. El papel del poder judicial es hacer cumplir la ley y mantenerse independiente de la dirección política. Cuando los nombramientos judiciales van a la par con una campaña de seguridad contra un actor libanés, mientras que las violaciones israelíes no se enfrentan a ninguna rendición de cuentas efectiva, se pone en tela de juicio el papel de la propia institución.
En este punto, el contrato social se ve sometido a tensión. La autoridad se define por cómo se utilizan sus herramientas. Cuando la prioridad se desplaza hacia la persecución de una parte de la sociedad mientras persiste la ocupación, el equilibrio comienza a tambalearse. Lo que sigue ya no es una cuestión de gestión política, sino de legitimidad.
La vía de Washington
El cambio interno discurrió en paralelo a una vía externa. Entre abril y junio de 2026, funcionarios libaneses participaron en cinco rondas de negociaciones en Washington. Estas se presentaron como la única vía para restaurar la soberanía y poner fin a la ocupación.
Los resultados cuentan una historia diferente. Las conversaciones no dieron lugar a ningún alto el fuego ni a la retirada israelí. A juzgar por los resultados, fracasaron.
El «alto el fuego» que finalmente se produjo surgió a través de un canal independiente. Irán vinculó sus negociaciones con EE. UU. al cese de la guerra en el Líbano.
Advirtió de que se produciría una escalada si las operaciones continuaban. Bajo esa presión, el presidente de EE. UU., Donald Trump, tomó medidas para garantizar una tregua, presionando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que la aceptara.
Las cinco rondas de negociaciones libanesas no dieron ningún fruto, mientras que los resultados surgieron de un cálculo regional, lo que suscitó dudas sobre las prioridades y la estrategia.
Rubio, Vance y el Líbano
El acuerdo entre el Líbano e Israel no puede entenderse únicamente a través de las negociaciones bilaterales. También refleja las cambiantes dinámicas de poder en Washington, donde la política estadounidense hacia el Líbano viene determinada no solo por las instituciones oficiales, sino también por la competencia dentro de la Administración y del Partido Republicano, junto con la presión de los grupos de presión proisraelíes, en particular el lobby sionista y el lobby cristiano libanés de línea dura.
Muchos observadores sostienen que la creciente influencia de la facción más cercana a Israel hizo más probable un acuerdo que diera prioridad a los intereses israelíes en el Líbano.
Ese cambio también encontró apoyo dentro del Líbano, donde figuras políticas, financieras y mediáticas establecieron estrechos vínculos con los responsables de la toma de decisiones en EE. UU.
Entre ellos se encuentra el banquero Antoun Sehnaoui, quien desempeñó un papel clave en los nombramientos de la embajadora del Líbano en Washington, Nada Hamadeh, y del gobernador del Banco Central libanés, Karim Souaid, al tiempo que mantenía una influencia significativa dentro de la presidencia.
La misma dinámica se refleja en la discreta contienda dentro de la derecha estadounidense, en particular entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio —que representa al establishment republicano tradicionalmente proisraelí— y el vicepresidente JD Vance, cuyo bando se ha mostrado más cauteloso respecto a la implicación de EE. UU. en Asia Occidental.
A medida que ha crecido la influencia de Rubio, también lo ha hecho un enfoque que considera el Líbano principalmente a través del prisma de la seguridad israelí, en lugar de la soberanía libanesa o el fin de los ataques israelíes. Por lo tanto, el acuerdo puede interpretarse como algo más que un acuerdo de seguridad.
También refleja el equilibrio de poder en Washington y la creciente influencia del bando proisraelí dentro del Partido Republicano y de la Administración estadounidense.
Según fuentes familiarizadas con el asunto, estas tensiones han ido más allá de las diferencias políticas. Al parecer, Vance se enfadó al enterarse de que Rubio había estado planeando una gira por el Golfo sin consultarle previamente. También sospechaba que Rubio estaba trabajando entre bastidores con los enviados estadounidenses Jared Kushner y, posiblemente, Steve Witkoff, de formas que podrían socavar los logros diplomáticos de Vance.
Las personas cercanas a Vance creen cada vez más que Rubio, Kushner y el senador Lindsey Graham han formado una alianza informal destinada a marginarlo de cara a la próxima carrera presidencial.
Por su parte, se dice que Rubio sigue sin tener claro si el presidente Trump lo está utilizando o si el propio presidente está más influenciado por Kushner y Rubio.
Influencia regional
La postura iraní dejó claro que el alto el fuego era solo la primera fase. La segunda fase vinculaba la retirada israelí del sur del Líbano a los avances en el expediente nuclear.
Hasta ahora, no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. Esto hace que la principal baza siga sobre la mesa. Si la retirada se convierte en una condición para un acuerdo más amplio, es probable que vuelva la presión sobre Israel. Cualquier retirada del sur acarrearía costes políticos para Netanyahu, exponiéndole a críticas internas como líder obligado a retroceder.
Por el contrario, la vía emprendida por el presidente libanés Joseph Aoun aún no ha producido beneficios tangibles.
Si el Estado no consigue la aprobación para reparar las infraestructuras básicas dentro de su propio territorio, la perspectiva de forzar una retirada total sigue siendo lejana.
Cualquier acuerdo futuro también requeriría la aprobación constitucional, en particular a través del Parlamento.
Una ventaja estratégica para Israel
Lo que salió de Washington refleja un cambio en las prioridades. Poner fin a la ocupación ya no ocupa un lugar central. La atención se ha desplazado hacia la reestructuración del panorama de la seguridad interna.
La respuesta de Tel Aviv refleja esto. Netanyahu aclamó el resultado como una victoria para Israel, afirmando: «Este acuerdo fortalece a Israel y al Líbano, y debilita a Irán y a Hezbolá». Mientras tanto, el discurso israelí ha seguido haciendo hincapié en la necesidad de una «zona de seguridad» dentro del territorio libanés.
Independientemente de la interpretación, un acuerdo que en el Líbano se presenta como el restablecimiento de la soberanía se interpreta en Israel como el afianzamiento de una nueva realidad de seguridad.
La cuestión va más allá de las propias cláusulas. El acuerdo sitúa a la resistencia en el centro, relegando la ocupación a un segundo plano.
La cuarta cláusula deja poco margen para la ambigüedad. Obliga al Gobierno libanés a restablecer el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza y a perseguir «el desarme completo y verificado de todos los grupos armados no estatales», con el apoyo de socios internacionales, en particular de los Estados árabes, bajo el liderazgo de EE. UU.
El texto integra de hecho una exigencia israelí en la política libanesa, sin ofrecer a cambio ningún compromiso vinculante sobre la retirada ni un calendario claro.
Una soberanía limitada
La soberanía se planteó como un lema central, pero solo se aplicó a nivel interno. Se activaron herramientas de seguridad y judiciales en el ámbito nacional, mientras que no se logró una influencia comparable frente a la potencia ocupante.
Se exigió el desarme a nivel nacional, sin asegurar la retirada, un cese duradero de los ataques ni garantías contra una nueva acción militar israelí.
El acuerdo, según argumentan los críticos, va más allá al limitar la capacidad del Líbano para utilizar instrumentos jurídicos y políticos a nivel internacional.
Los compromisos de evitar «acciones negativas» en foros mundiales plantean dudas sobre los casos de crímenes de guerra y la capacidad del Líbano para exigir responsabilidades por las violaciones israelíes.
El resultado es una restricción de la propia soberanía: de una cuestión militar a una jurídica y política, en la que la moderación del Estado en el ámbito exterior contrasta con su firmeza en el ámbito interno.
Redefinición del Estado
Para sus críticos, esto sitúa al acuerdo de Washington en un plano más trascendental que el acuerdo del 17 de mayo de 1983. Aquel acuerdo anterior fue explícito y efímero, y fracasó ante el rechazo interno.
El marco actual avanza de forma más discreta, impulsando resultados similares a través del lenguaje de la soberanía, el control de armas, la reforma de la seguridad y el respaldo internacional, al tiempo que reordena las prioridades de modo que hacer frente a la resistencia tiene prioridad sobre hacer frente a la ocupación.
El acuerdo no solo establece un nuevo mecanismo de seguridad, sino también un cambio en el papel del propio Estado libanés, con la atención centrada en el interior, hacia las armas libanesas y la aplicación de la ley a nivel interno, a medida que la cuestión de la retirada pasa a un segundo plano. Las instituciones de seguridad y judiciales se reestructuran en consecuencia.
En este contexto, las declaraciones de Netanyahu se interpretan como una lectura política del resultado. Su afirmación de que el acuerdo bloqueó los esfuerzos por forzar una retirada israelí, junto con las referencias al mantenimiento de una zona de seguridad, enmarca el resultado como una ganancia estratégica.
Esa interpretación puede ser objeto de controversia. Pero, a falta de una refutación clara por parte del Líbano, se mantiene, lo que pone de manifiesto la profundidad de la crisis interna que ha provocado el acuerdo.
Desde el punto de vista constitucional, ni el presidente ni la autoridad ejecutiva por sí solos tienen la potestad de celebrar acuerdos que afecten a la soberanía del Estado sin pasar por los mecanismos constitucionales, entre los que destaca el Parlamento.
El camino hacia una solución definitiva sigue sin estar claro. Las conversaciones entre EE. UU. e Irán siguen en curso, y cualquier retirada israelí dependería de dinámicas regionales más amplias, no solo del Líbano. Por lo tanto, el acuerdo no es un resultado definitivo, sino una etapa de transición en un proceso en evolución y aún sin resolver.
La cuestión de la legitimidad
La teoría política se encuentra con la realidad en este punto. Hobbes, Locke y Rousseau abordaron la legitimidad desde diferentes ángulos. Convergieron en un principio: un Estado pierde su legitimidad cuando abandona su propósito.
Ese propósito es poner fin a la ocupación y proteger a la sociedad.
Cuando la ocupación se normaliza, las muertes de civiles se convierten en algo habitual y el poder del Estado se vuelve hacia su propio interior, la crisis se transforma en una crisis de legitimidad.
Esto devuelve el debate a su punto de partida. ¿Sigue la autoridad libanesa desempeñando la función que justifica su existencia, o se ha adaptado para preservar el poder bajo la ocupación?
En un momento en que parte de la comunidad internacional avanza hacia el aislamiento de Israel, el Líbano parece avanzar en la dirección opuesta.
En conjunto, esto equivale a una cobertura política para la ocupación continuada, incluso mientras persisten las violaciones de la soberanía libanesa y la matanza de civiles.
Traducción nuestra
*Radwan Mortada es un periodista afincado en Beirut que escribe para Al Akhbar desde 2007 y ha colaborado con numerosos medios de comunicación extranjeros sobre asuntos políticos, penales, sociales y judiciales en el Líbano y en toda la región. Radwan es especialista en grupos yihadistas islámicos y perfeccionó sus contactos y su oficio durante el conflicto sirio, entrevistando a líderes tanto de Al Qaeda como del ISIS para diversos medios. Es fundador de Blue House Film, una productora de Beirut especializada en documentales, y autor del libro «How the Syrian Revolution Grew its Beard» (Cómo se dejó crecer la barba la revolución siria). En 2020, fundó «The Hub» junto con un grupo de periodistas y productores de la región, que ofrece servicios informativos y mediáticos a periodistas extranjeros que cubren Oriente Próximo.
Fuente. The Cradle
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 