LA SOBERANÍA SIN PODER Y EL PROBLEMA EUROPEO. Lorenzo Maria Pacini.

Lorenzo Maria Pacini.

Imagen: © SCF

16 de noviembre 2026.

Que la transición multipolar ofrezca una oportunidad para sanar la brecha o, por el contrario, selle su permanencia, dependerá de una decisión que nadie puede tomar en nombre de cada uno de los pueblos europeos.


De la creación del orden a su administración: centralidad sin subjetividad

Existe una contradicción que atraviesa la Europa contemporánea y que el debate público tiende a eludir. Hoy en día, el continente es uno de los lugares donde los cambios en el equilibrio de poder global son más evidentes: la guerra en Ucrania se libra en sus fronteras; la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China se desarrolla a través de sus mercados y regulaciones; y las crisis en el Mediterráneo y el Oriente Próximo afectan directamente su seguridad energética y demográfica.

Sin embargo, precisamente donde más está en juego, las decisiones importantes se toman en otros lugares.

La importancia de un territorio en la competencia internacional no coincide con la capacidad de sus actores políticos para moldear su desarrollo. La geografía le otorga valor a un espacio; no le otorga capacidad de acción.

Europa es central porque allí se cruzan rutas, recursos, mercados y líneas de fractura estratégicas, pero esta centralidad hace mucho que dejó de traducirse en iniciativa. Brzezinski, en su clásico de 1997 El gran tablero de ajedrez, lo había expresado sin rodeos a finales de la década de 1990, al describir al continente como la cabeza de puente del poder estadounidense en Eurasia. El cuarto de siglo posterior ha confirmado esta evaluación más de lo que muchos europeos estaban dispuestos a admitir.

Por lo tanto, es necesaria una distinción preliminar, una que sustente todo el argumento: la distinción entre centralidad geopolítica y subjetividad geopolítica.

Un actor es un sujeto de la política internacional cuando define sus propios intereses, toma decisiones de acuerdo con ellos y respalda materialmente sus propias decisiones; es un objeto de la competencia internacional cuando el espacio que ocupa se convierte en el escenario en el que otros llevan a cabo sus estrategias.

Ambas condiciones pueden coexistir durante mucho tiempo tras una fachada institucional intacta. Es precisamente esta coexistencia la que define el caso europeo.

La paradoja se vuelve aún más clara cuando se considera que Europa ha sido, durante casi cuatro siglos, la fuente de las categorías a través de las cuales el mundo entero ha aprendido a concebir la política internacional.

El Estado territorial moderno, la soberanía como poder supremo sobre un espacio delimitado, el equilibrio de poderes, el interés nacional y la diplomacia permanente: estos son inventos europeos, forjados en el crisol de las guerras de religión y codificados en un derecho público que, en su obra maestra El Nomos de la Tierra, el filósofo alemán Carl Schmitt denominó jus publicum europaeum (derecho público europeo).

El poder, en este sentido, no era simplemente la capacidad de imponer la propia voluntad a los demás; era también la capacidad de establecer las reglas mediante las cuales se reconocía como legítima la voluntad de los demás.

El sistema de Westfalia sirvió más para formalizar que para establecer, y la historiografía reciente ha demostrado cuánto del «modelo de Westfalia» se proyectó retroactivamente sobre los tratados de 1648.

Sin embargo, queda el hecho de que la Europa moderna fue capaz de transformar una experiencia histórica específica —la coexistencia armada de Estados territoriales de fuerza comparable— en un orden normativo con pretensiones universales.

La expansión colonial fue su reverso material: la proyección global de ese poder y, al mismo tiempo, la condición que hizo posible exportar el modelo de Estado mucho más allá del continente que lo había generado. La «línea de amistad» de Schmitt, que separaba el espacio europeo regulado del mundo exterior abierto a la conquista, muestra con brutal claridad cómo el orden y su excepción nacieron juntos.

Por lo tanto, el declive de Europa no debe medirse únicamente en términos de su participación en el PIB mundial o de sus divisiones blindadas. Debe medirse en la transición de una civilización política que produce orden a otra que lo administra.

A lo largo del siglo XX, las categorías desarrolladas en Europa siguieron circulando, pero su gestión e interpretación pasaron a manos de otros. Esto plantea una pregunta teórica que el resto de este artículo busca abordar: ¿qué le sucede a una civilización política cuando pierde la capacidad de producir de manera autónoma los conceptos a través de los cuales interpreta y organiza el mundo?

La respuesta provisional es que sigue utilizándolos, pero como un heredero que vive en una casa de la que ya no tiene las llaves.

El punto de inflexión de 1945 y la interpretación errónea de la integración

La Segunda Guerra Mundial representó el punto de inflexión decisivo. No tanto por la destrucción —que Europa ya había experimentado— sino por el desplazamiento definitivo de los centros de poder fuera del continente.

Washington y Moscú salieron del conflicto como las únicas potencias capaces de garantizar la seguridad de los demás; Europa emergió como la región cuya seguridad debía garantizarse.

La división del continente a lo largo del Telón de Acero fue la expresión territorial de esta nueva relación: en ambos lados, la protección se a cambio de alineamiento, y el territorio quedó subordinado a la seguridad de otros.

Es en este marco donde debe entenderse la integración europea. La narrativa celebratoria la presenta como la trascendencia de las soberanías nacionales en nombre de una soberanía más amplia —como han repetido a menudo los propagandistas del dogma globalista europeo—, viendo en ella, al menos durante su fase formativa, una herramienta para salvar a los Estados-nación que habían salido de la guerra en ruinas, garantizándoles crecimiento, bienestar y legitimidad interna.

Cabe añadir un elemento más: la integración fue también la forma que los europeos occidentales le dieron a su renuncia al poder. La Comunidad Europea de Defensa, hundida por la Asamblea Nacional francesa en 1954, es el punto en el que esta renuncia se hizo visible. Desde entonces, la construcción de la Comunidad Europea ha avanzado a través del mercado, la moneda y la regulación, mientras que la seguridad sigue delegada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

De ahí la tesis que debe afirmarse sin ambigüedades: la integración no produce automáticamente soberanía. Más bien al contrario.

La convergencia institucional de múltiples Estados genera procedimientos comunes, normas compartidas e incluso un orden jurídico superior; pero no genera, por ese mismo hecho, una entidad geopolítica unificada. Una entidad de este tipo presupone un centro capaz de decidir sobre el uso de la fuerza y de asumir el riesgo de esas decisiones. La Unión ha construido todo lo demás con notable eficacia.

Cuatro tipos de soberanía y una decisión que falta

El núcleo (teórico) del problema surge cuando dejamos de tratar la soberanía como un atributo único y unificado.

Vale la pena distinguir al menos cuatro niveles de la misma. La soberanía jurídica es el reconocimiento formal de una entidad como titular de derechos y facultades dentro del orden jurídico internacional.

La soberanía institucional es la posesión de órganos propios capaces de producir normas y actos vinculantes.

La soberanía material es la posesión de los recursos económicos, tecnológicos, energéticos y militares necesarios para respaldar esos actos.

La soberanía estratégica, por último, es la capacidad de definir de manera autónoma los propios intereses y de perseguirlos incluso cuando entran en conflicto con los de las principales potencias externas.

Los Estados europeos y la Unión en su conjunto poseen en gran medida los dos primeros niveles. El tercero es parcial y fragmentado. El cuarto es el que falta.

Esta evaluación se lleva a cabo en cuatro niveles. En el ámbito militar, la dependencia de las estructuras atlánticas es estructural y reconocida. La disuasión nuclear, la inteligencia satelital, la logística estratégica y el mando integrado permanecen en manos estadounidenses o pasan por ellas; incluso la Brújula Estratégica de 2022 —el documento que, más que ningún otro, ha defendido la autonomía estratégica— reconoce a la OTAN como el fundamento de la defensa colectiva.

El compromiso asumido en la cumbre de La Haya en junio de 2025 de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035 aumenta los recursos, pero no cambia el centro de la toma de decisiones sobre cómo desplegarlos. En sentido estricto, un mayor gasto dentro de la arquitectura de otro significa más soberanía material puesta al servicio de una soberanía estratégica que no es europea.

En el frente diplomático, la capacidad para formular posiciones independientes durante crisis importantes ha disminuido visiblemente. En la guerra de Ucrania, la Unión adoptó una línea que coincidía esencialmente con la de Washington, pero se vio excluida de la mesa de negociaciones cuando el gobierno de EE. UU. decidió tratar directamente con Moscú.

En el Medio Oriente, las divisiones entre las capitales europeas han reducido la voz de Europa a declaraciones de principios carentes de cualquier influencia. La política exterior común, sujeta al requisito de la unanimidad, tiende a reflejar el mínimo común denominador de las posiciones nacionales.

En el frente económico, esta vulnerabilidad tiene un nombre específico: interdependencia asimétrica.

Europa ha sustituido su dependencia del gas ruso por la dependencia del gas natural licuado procedente de EE. UU. y Catar; la destrucción de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 —un ataque contra la infraestructura estratégica europea cuya responsabilidad, años después, ninguna institución de la UE ha aclarado públicamente— sigue siendo la ilustración más reveladora de esta situación.

El informe Draghi de 2024 documentó la dependencia de proveedores externos en el sector digital, los semiconductores y las materias primas críticas.

El acuerdo comercial alcanzado en el verano de 2025 con Washington —que aceptó aranceles generalizados sobre las exportaciones europeas a cambio de su estabilización— demuestra que, incluso en ámbitos en los que la Unión tiene competencia exclusiva, su poder de negociación no se corresponde con el tamaño de su mercado.

Por último, en el frente político, el desafío radica en transformar veintisiete intereses nacionales en una voluntad estratégica compartida. No se trata de un defecto de procedimiento que pueda corregirse aboliendo la unanimidad. Es la ausencia de lo que Schmitt identificó como el criterio de la soberanía: la decisión relativa al estado de excepción.

Las instituciones europeas funcionan de manera eficiente bajo una normalidad regulada; se paralizan —o se alinean— cuando se altera la normalidad.

La pregunta decisiva no es si Europa cuenta con instituciones autónomas, sino si estas instituciones son capaces de tomar decisiones independientes cuando dichas decisiones entran en conflicto con los intereses de una potencia externa. Hasta ahora, la respuesta empírica ha sido negativa.

Hace veinte años, Kagan atribuyó esta situación a una diferencia en la cultura estratégica: los europeos, al haber salido de la historia de la política de grandes potencias, habían elegido el paraíso kantiano de la ley y la negociación, mientras que los estadounidenses permanecían en el mundo hobbesiano de la fuerza.

La interpretación es convincente, pero invierte la relación causal. No es la cultura de la paz la que ha generado debilidad; más bien, es la debilidad estructural —aceptada a cambio de protección— la que ha generado una cultura que la glorifica.

El fin del monopolio categórico

El problema europeo adquiere una nueva dimensión cuando se analiza en el contexto de la transformación del sistema internacional. El orden unipolar que surgió tras el fin de la Guerra Fría se está desmoronando.

China ha alcanzado una capacidad industrial y tecnológica que le permite proponer sus propios estándares; la India actúa como una potencia autónoma entre los bloques; Rusia ha optado por una ruptura abierta con Occidente y está asumiendo los costos de esa decisión; las monarquías del Golfo, Turquía, Brasil e Indonesia están buscando múltiples alineamientos que habrían sido impensables hace apenas unos años.

El grupo BRICS, ampliado a partir de 2024, no es ni una alianza ni un bloque cohesionado, y sería un error sobreestimar su cohesión interna. Sin embargo, es el instrumento a través del cual una parte cada vez mayor del mundo busca diversificar sus dependencias: sistemas de pago alternativos, regulaciones en monedas nacionales e instituciones financieras paralelas.

Lo que importa, para el argumento que aquí se presenta, no es meramente la redistribución material del poder.

Es la erosión del monopolio occidental en la formulación de normas. Se trata de un mundo «multiplex», en el que coexisten múltiples órdenes regionales sin un centro hegemónico, mientras que la teoría del mundo multipolar propone explícitamente la pluralidad de los grandes espacios civilizatorios como principio de la organización internacional.

Las dos perspectivas parten de premisas teóricas muy diferentes, pero convergen en un punto: las categorías mediante las cuales se organiza la coexistencia internacional ya no se producen en un solo lugar.

Para Europa, esto plantea un problema doble. Por un lado, el continente está perdiendo influencia frente a Estados Unidos, China y Rusia. Por otro lado —y de manera más profunda— se ve obligado a navegar por un orden que ya no se organiza exclusivamente según categorías políticas occidentales, sin contar con un marco estratégico propio a través del cual interpretarlo.

Kissinger señaló que el orden westfaliano se volvió universal justo cuando Europa estaba perdiendo la fuerza para sostenerlo. Hoy en día, ese orden está siendo renegociado por potencias que aceptan algunas de sus premisas —como la soberanía y la no injerencia— mientras rechazan otras, como la pretensión de Occidente de interpretar su contenido.

Europa, que inventó la gramática, se ve incapaz de participar en la reescritura de la sintaxis.

La asimetría entre responsabilidad y capacidad

Las consecuencias de este déficit no se limitan al continente. Una Europa carente de autonomía estratégica no puede cumplir el papel de mediadora que su posición geográfica, su historia diplomática y sus vínculos económicos con todas las partes implicarían naturalmente.

Un mediador debe poder garantizar algo, y solo quienes toman decisiones pueden garantizar algo. La neutralidad activa que la Francia gaullista o la Ostpolitik alemana pudieron practicar, dentro de límites estrechos, durante la Guerra Fría, ahora parece fuera del alcance de cualquier gobierno europeo.

Aún más grave: la dependencia estratégica puede convertir al continente en un multiplicador de tensiones entre las grandes potencias.

Cuando los intereses europeos no se distinguen de los de su principal aliado, Europa hereda esos conflictos sin poder controlar su intensidad. Las sanciones contra Rusia han impuesto costos económicos incomparablemente más elevados a las economías europeas que a la economía estadounidense; el reajuste comercial hacia China exigido por Washington expone a la industria europea a represalias en mercados de los que depende mucho más que sus competidores transatlánticos.

La fragmentación interna —con Polonia y los países bálticos inclinándose hacia una postura de confrontación, Hungría y Eslovaquia con posiciones divergentes, y Alemania atrapada entre las necesidades de su propia industria y las limitaciones de la alianza— impide el establecimiento de prioridades a largo plazo.

La cuestión se vuelve, por lo tanto, sistémica. Una región rica y densamente poblada que se está rearmando militarmente, pero que carece de voluntad estratégica propia, no es un factor de estabilidad.

Desde una perspectiva neorealista, una zona dotada de recursos pero carente de capacidades autónomas representa un punto de disputa, no un polo del sistema. La subordinación geopolítica, por lo tanto, no produce necesariamente estabilidad.

Bajo ciertas condiciones, genera una peligrosa asimetría entre la responsabilidad estratégica y la capacidad de toma de decisiones: Europa paga, acoge, asume riesgos y está expuesta, pero no decide. Esta es la condición típica de los territorios fronterizos entre imperios, y la historia europea conoce bien el precio que esto conlleva.

Tres trayectorias y una pregunta

Las vías plausibles de desarrollo para la próxima década pueden reducirse a tres, aunque ninguna es inamovible.

La primera es la consolidación de la dependencia. La arquitectura actual se mantiene; el rearme europeo se lleva a cabo dentro del marco atlántico y beneficia en gran medida a la industria de defensa estadounidense; y Europa desempeña un papel predominantemente ejecutivo dentro del sistema occidental. Tal como están las cosas, esta es la trayectoria más probable, porque es la que requiere menos decisiones.

La segunda es la fragmentación. Los intereses nacionales divergen hasta el punto de generar orientaciones estratégicas diferentes: un frente oriental que se alinea directamente con Washington en una postura antirusa, un núcleo occidental que busca márgenes de autonomía y una zona mediterránea expuesta a presiones del sur.

La Unión sobrevive como un espacio económico y regulatorio, pero deja de aspirar —incluso nominalmente— a una política exterior común.

Ya se observan indicadores de esta trayectoria: acuerdos bilaterales de defensa que eluden el marco de la UE, posiciones divergentes en las votaciones de la ONU y políticas energéticas nacionales contradictorias.

La tercera vía es la reconstrucción de la capacidad de acción política. Requeriría una concepción europea de la seguridad basada en la geografía del continente más que en las prioridades globales de otro actor; una diplomacia capaz de interactuar con todos los polos emergentes; una economía que reduzca las dependencias críticas en lugar de sustituirlas por otras; y, sobre todo, un centro de toma de decisiones con la capacidad de asumir riesgos.

Esta es la vía menos probable —y la que más importa— porque es la única en la que Europa deja de ser un objeto.

Queda una pregunta sin respuesta:

¿Es posible construir una verdadera autonomía europea sin replantear las categorías políticas y estratégicas sobre las que se fundó la integración continental?

La integración se creó para neutralizar el poder, haciéndolo superfluo entre los europeos y delegándolo hacia afuera. Pedirles a esas mismas instituciones que generen poder significa pedirles que contradigan su propia razón de ser.

Un actor puede conservar todos los rasgos institucionales de una entidad soberana durante décadas y, al mismo tiempo, perder la capacidad de ejercer una agencia geopolítica efectiva. La Europa actual es la demostración más completa de esto.

Que la transición multipolar ofrezca una oportunidad para sanar la brecha o, por el contrario, selle su permanencia, dependerá de una decisión que nadie puede tomar en nombre de los pueblos europeos individuales.

Traducción nuestra


*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.

Fuente: Strategic Culture Foundation

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