Thomas Fazi.
Ilustración: OTL.
03 de septiembre 2025.
Los nuevos archivos de Twitter revelan cómo las autoridades políticas, las ONG y los tribunales franceses presionaron a Twitter (ahora X) para que censurara, consolidando aún más el complejo industrial de la censura de la posguerra en Francia.
En Estados Unidos, los Twitter Files revelaron la existencia de una vasta alianza de agencias gubernamentales, organizaciones mediáticas, empresas tecnológicas, instituciones académicas y grupos de la sociedad civil que colaboraban para eliminar, señalar y suprimir los discursos no deseados en Internet, un sistema oculto de control narrativo que se ha dado en llamar el complejo industrial de la censura.
Sin embargo, estas prácticas no se limitaban en absoluto a los Estados Unidos. El complejo industrial de la censura es un fenómeno global, y hay pocos lugares donde tenga más influencia que en Francia, como revelamos en un nuevo informe para Civilization Works que he coescrito con Pascal Clérotte y editado por Michael Shellenberger y Alexandra Gutentag.
De hecho, los nuevos archivos de Twitter a los que hemos tenido acceso revelan cómo las autoridades políticas, las ONG y los tribunales franceses presionaron a Twitter (ahora X) para que aplicara la censura y la moderación proactiva o el prebunking, a pesar de que la legislación francesa prohíbe la censura preventiva.
En 2020, Macron buscó personalmente el número de teléfono de Jack Dorsey (entonces director ejecutivo de Twitter), supuestamente para felicitarle por las «políticas de integridad electoral» destinadas —una vez más, supuestamente— a abordar la desinformación y la interferencia en torno a las elecciones.
Cabe señalar que la justificación fundamental de dichas políticas fue toda la controversia del Russiagate, una invención que ha sido completamente desmentida.
No está claro si Macron llegó a ponerse en contacto personalmente con Dorsey —según su oficina personal, «Jack no tiene número de teléfono»—, pero el episodio pone de relieve el persistente deseo del presidente Macron de cultivar vínculos directos con los directores ejecutivos de las principales plataformas digitales.
En particular, concedió la ciudadanía francesa a Evan Spiegel, director ejecutivo de Snapchat, y a Pavel Durov, director ejecutivo de Telegram, que ahora se enfrenta a múltiples cargos graves en Francia.
Macron también ha mantenido varias reuniones en el Palacio del Elíseo con Mark Zuckerberg, fundador y director de Meta, lo que subraya su esfuerzo continuo por establecer una influencia personal sobre los líderes de las empresas tecnológicas mundiales.
Es razonable suponer que el acercamiento de Macron a Dorsey fue más allá de un simple gesto de felicitación, sino que tenía como objetivo influir personalmente en las políticas de las plataformas estadounidenses en Francia, una intervención con ramificaciones globales de gran alcance, incluso para los propios usuarios estadounidenses.
De hecho, la solicitud de Macron coincidió con la presentación de una demanda por parte de cuatro ONG francesas contra Twitter, lo que suscitó sospechas de presión coordinada. Las comunicaciones internas que X ha puesto a nuestra disposición revelan un patrón deliberado de litigios estratégicos diseñados no solo para impulsar la moderación de contenidos más allá de los requisitos legales existentes, sino también para moldear la opinión pública y orientar la evolución legislativa.
El 19 de octubre de 2020, Karen Colangelo, directora adjunta de Litigios, Regulación y Competencia de Twitter, escribió:
En primavera, cuatro ONG nos demandaron alegando que no estamos haciendo lo suficiente para combatir el discurso de odio en Francia (y comparándonos desfavorablemente con Facebook y otros). Pretenden que se nombre a un experto para que examine nuestros sistemas de denuncia y aplicación. Este caso se centra principalmente en presentar a Twitter como un actor peligroso en la prensa.
Colangelo se refería a una demanda presentada contra Twitter por las ONG SOS Racisme, SOS Homophobie, la Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF) y J’accuse, en la que se alegaba que Twitter no había eliminado el discurso de odio de manera oportuna.
Tras una sesión de mediación celebrada el 7 de noviembre de 2020, Colangelo informó a sus colegas:
Hoy hemos tenido la segunda mediación en el asunto de la UEJF. Las ONG han expresado sus preocupaciones, que, en términos generales, son: 1) consideran que no actuamos con la suficiente rapidez ante los discursos de odio (y, en su opinión, a veces no actuamos en absoluto); 2) quieren más transparencia en la forma en que gestionamos las denuncias de discursos de odio y supervisamos de forma proactiva los contenidos de este tipo, y 3) les preocupa que permitamos a los usuarios tuitear de forma anónima, ya que creen que esto permite a los autores de discursos de odio eludir la detección y el castigo.
El momento en que se presentó la demanda no fue casual, como señaló Audrey Herblin-Stoop, directora de Políticas Públicas de Twitter para Francia y Rusia:
Desde el punto de vista de las políticas públicas, como todos ustedes recordarán, el anuncio de la demanda se hizo justo antes de la lectura final del proyecto de ley Avia [una ley destinada a combatir el discurso de odio y los contenidos ilegales en Internet] y tenía por objeto apoyar la votación del proyecto de ley.
Esta coincidencia sugiere claramente que el litigio no fue simplemente una respuesta espontánea al abuso en línea, sino parte de un esfuerzo más amplio y coordinado en el que ONG con conexiones políticas actuaron de concierto con actores gubernamentales y legislativos para generar presión pública y reforzar los argumentos a favor de la ampliación de los poderes de censura.
Cabe señalar que, según la legislación francesa, el Estado tiene prohibido imponer una censura preventiva, lo que en las comunicaciones internas de Twitter se denomina «vigilancia proactiva».
Sin embargo, como explicamos en nuestro informe, las ONG financiadas por el Estado llevan mucho tiempo desempeñando el papel de ejecutoras, actuando mediante demandas, presión pública y litigios estratégicos para obligar a las plataformas a aplicar prácticas de moderación que exceden sus obligaciones legales.
A principios de la década de 2010, estos grupos iniciaron una serie de acciones legales contra Twitter por contenidos supuestamente ofensivos. Sus demandas, dirigidas contra hashtags antisemitas, la negación del Holocausto o los abusos homófobos, se basaron en la Ley de Confianza en la Economía Digital (LCEN) de 2004, a pesar de que dicha ley no obliga a las plataformas a moderar de forma proactiva los contenidos.
Al final, el poder judicial francés desestimó formalmente la mayoría de las solicitudes de las ONG en el juicio de 2020, como la suspensión de cuentas y la interferencia en la moderación de la plataforma, pero, no obstante, obligó a Twitter a revelar los datos de moderación a los grupos de la sociedad civil, en lugar de al público o a los fiscales.
Al hacerlo, permitieron efectivamente que las ONG sin legitimación obtuvieran acceso privilegiado a los procesos internos de Twitter. Las comunicaciones internas de Twitter confirman que el litigio de las ONG no tenía tanto que ver con la aplicación estricta de la ley como con presionar a la empresa para que aplicara una censura más agresiva y preventiva.
En 2023, el Tribunal de Casación confirmó que las revelaciones de Twitter eran inadecuadas, reforzando el precedente de que las plataformas podían ser obligadas legalmente a exceder sus obligaciones legales.
Este enfoque contradecía el principio internacional del «país de origen», según el cual los contenidos digitales deben cumplir las leyes del país en el que se producen, y no del país en el que se consumen. Por lo tanto, la administración Trump y el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos tienen razón al afirmar que las leyes europeas, ya sean nacionales o de ámbito comunitario, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), permiten potencialmente la censura de los ciudadanos estadounidenses.
El litigio en torno a April Benayoum, finalista del certamen Miss Francia 2020, ejemplifica esta tendencia. Benayoum, que fue objeto de una avalancha de tuits antisemitas, demandó a Twitter por no actuar con rapidez.
Aunque los tribunales desestimaron la mayoría de sus reclamaciones y reconocieron que Twitter Francia no tenía control operativo sobre la moderación (que gestionaba Twitter Internacional en Irlanda), ordenaron la divulgación de los datos relacionados con las denuncias presentadas a las autoridades francesas. El caso terminó finalmente con un acuerdo confidencial, lo que demuestra una vez más cómo las acciones legales pueden presionar a las plataformas para que hagan concesiones.
Los archivos franceses de Twitter revelan más que una serie de demandas aisladas. Ponen al descubierto un sistema coordinado en el que participan la presidencia, ONG con conexiones políticas y el poder judicial, todos ellos trabajando para presionar a Twitter para que aplique prácticas de censura que van más allá de lo que exige la legislación francesa.
Las implicaciones van mucho más allá de Francia. Hoy en día, el complejo estadounidense está siendo despojado de la financiación y la autoridad del Gobierno (aunque muchas iniciativas privadas siguen activas). Sin embargo, el complejo industrial de la censura sigue operando a nivel mundial y mantiene una enorme influencia en Europa, especialmente en Francia y a través de ella.
De hecho, aunque Francia se ha presentado durante mucho tiempo como la cuna de los ideales democráticos modernos, nacidos de la Revolución de 1789 y consagrados en el lema «Liberté, Égalité, Fraternité», la realidad es que pocos Estados occidentales ejercen tanta influencia sobre la libertad de expresión como Francia.
De hecho, como revelamos en nuestro informe, se podría decir que Francia inventó el complejo industrial de la censura moderna. Comprender sus orígenes y mecanismos es fundamental, no solo porque representa un formidable modelo para el control narrativo en la era digital, sino también porque su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Francia, llegando potencialmente también a Estados Unidos.
Fundamentos históricos: el nacimiento de un sistema
Desde los censores reales hasta los tribunales revolucionarios, pasando por los decretos napoleónicos y la opresión de Vichy, la historia de Francia se ha definido durante mucho tiempo por el tira y afloja entre la censura y la libertad de expresión.
Un momento crucial se produjo en 1881, durante la Tercera República (1870-1940), con la adopción de la Ley de Libertad de Prensa. Esta histórica legislación consagró la protección de la libertad de expresión al abolir la censura previa y, al mismo tiempo, definir la difamación y el insulto como delitos penales punibles con multas. Aunque ha sido modificada en numerosas ocasiones, la ley sigue vigente en la actualidad, aunque se ha ido debilitando progresivamente con el auge del complejo industrial de la censura de la posguerra.
Un paso crucial en esta dirección fue la aprobación de la Ley Pleven de 1972. Aunque aparentemente tenía por objeto combatir el racismo tipificando como delito la incitación al odio, la difamación o los insultos por motivos de raza, etnia o religión, su verdadera revolución radicaba en la innovación procesal.
La ley rompió con un principio fundamental de la Ley de Libertad de Prensa de 1881: que solo la persona directamente agraviada, y no el Estado, podía iniciar acciones judiciales por delitos de expresión. En su lugar, facultaba a dos ONG acreditadas por el Estado y financiadas en parte por él —la LICRA (Liga Internacional contra el Antisemitismo y el Racismo) y el MRAP (Movimiento o contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos)— para actuar como «fiscales privados» con la facultad de iniciar procesos penales como terceros.
Esto creó un arma potente: las ONG, a menudo impulsadas por ideologías y con abundantes recursos, podían iniciar costosos procesos judiciales que destruían la reputación de los críticos o las voces disidentes.
Esta privatización de jure y la instrumentalización de facto del proceso de acusación generaron un poderoso efecto disuasorio, que limitó drásticamente la libertad de expresión en los principales medios de comunicación.
La Ley Pleven no tenía tanto que ver con la transposición de las convenciones antirracistas de la ONU (que se centraban en las acciones discriminatorias, no en el discurso) como con una respuesta directa al aumento de las tensiones políticas, especialmente la creciente oposición a la inmigración masiva, en particular por parte del Partido Comunista Francés. La ley proporcionó una herramienta para deslegitimar ese discurso. La pretensión de suprimir la ideología racista sirvió de conveniente excusa para reprimir las críticas a las políticas de inmigración del Gobierno.
La Ley Pleven abrió la caja de Pandora. La década de 1980 fue testigo de una explosión de ONG, que a menudo presentaban causas nobles (antirracismo, feminismo, etc.), pero que con frecuencia actuaban como representantes de partidos políticos o grupos de interés. Estos grupos presionaron sin descanso para obtener acreditación y ampliar sus poderes para iniciar acusaciones en nuevos ámbitos (orientación sexual, memoria histórica, etc.), convirtiendo la guerra jurídica en una estrategia política fundamental.
La Ley Gayssot de 1990 supuso una peligrosa escalada, al tipificar como delito la negación y el revisionismo del Holocausto e imponer penas más severas por los delitos de Pleven. Sin embargo, su objetivo principal no era la integridad histórica, sino la guerra política: concretamente, demonizar al Frente Nacional (FN) de Jean-Marie Le Pen, que el presidente socialista François Mitterrand había impulsado en secreto para dividir a la derecha, solo para ver cómo obtenía casi el 15 % de los votos en 1988. Esta táctica aumentó la abstención de los votantes, preservando el poder del establishment y paralizando el compromiso democrático.
De manera similar, la Ley Taubira de 2001 reconoció la esclavitud como un crimen contra la humanidad y autorizó a las ONG que representaban a los descendientes a iniciar procesos judiciales, mientras que su promotora, Christiane Taubira, desalentó públicamente el debate sobre el comercio de esclavos árabes musulmanes para no ofender a determinadas comunidades. En resumen, con el tiempo, Francia desarrolló un inquietante patrón de criminalización selectiva del pasado.
Este modelo de 1972 —ONG sancionadas por el Estado que ejercen el poder fiscal sobre categorías definidas de expresión— sentó las bases del complejo industrial de la censura francesa décadas antes de que existieran las redes sociales.
Maquinaria institucional: la red de control del Estado
El complejo de censura francés no es un «Estado profundo» en la sombra, sino el propio Estado, un aparato permanente y centralizado distinto de los gobiernos transitorios. Su control sobre los flujos de información se logra a través de un sistema de múltiples capas, a menudo indirecto, de subvenciones, propiedad, regulación, vigilancia y marcos legales.
A partir de 1945, la radiodifusión —y más tarde la televisión— se estableció como un monopolio estatal. A pesar de la liberalización de los medios de comunicación audiovisuales en la década de 1980 mediante la concesión de licencias por parte de un organismo regulador, hoy conocido como ARCOM, el sistema público de radiodifusión francés sigue siendo un poderoso leviatán mediático: compuesto por France Télévisions (10 canales de televisión nacionales) y Radio France (8 emisoras nacionales y 44 locales), representa el mayor grupo mediático de Francia, con un presupuesto anual de 4000 millones de euros.
Esto eclipsa al de las principales cadenas privadas de e . Además, estas últimas también están sujetas al estricto control de ARCOM, que realiza un seguimiento meticuloso de las etiquetas políticas y los tiempos de intervención de los expertos, aplicando a menudo un doble rasero que perjudica a los conservadores y populistas. Durante las elecciones, la asignación de tiempo de emisión se basa en los resultados anteriores, lo que favorece estructuralmente a los candidatos titulares.
Mientras tanto, la prensa escrita sobrevive gracias a una inyección masiva de dinero público. Las subvenciones directas e indirectas, la publicidad estatal y el gasto en relaciones públicas de los gobiernos locales suman más de 1800 millones de euros al año, lo que representa más de un tercio de los 6000 millones de euros de ingresos del sector.
La acreditación, que da acceso a subvenciones, desgravaciones fiscales y distribución, está controlada por la Comisión Mixta de Publicaciones y Agencias de Prensa, presidida por un miembro del Conseil d’État (Consejo de Estado), el tribunal administrativo más alto de Francia, y compuesta a partes iguales por representantes del Estado y de la industria (estos últimos elegidos entre organismos alineados con el establishment). Esto fomenta la dependencia y la conformidad.
Para empeorar las cosas, entre el 80 % y el 90 % de los medios de comunicación privados convencionales están controlados por solo ocho multimillonarios: Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky, Martin Bouygues, la familia Dassault y François Pinault. De entre ellos, solo Bolloré tiene los medios de comunicación como actividad principal. Para los demás, la propiedad de los medios es una herramienta de influencia y protección.
Es fundamental señalar que sus vastas fortunas están profundamente entrelazadas con el Estado: dependen de contratos gubernamentales, licencias de explotación o la adquisición de activos privatizados a precios reducidos.
Por lo tanto, no es exagerado decir que, aunque los medios de comunicación franceses son formalmente libres, siguen estando profundamente influenciados por propietarios cuyos intereses están estrechamente alineados con los de la clase política y, sobre todo, con los del propio Estado.
Además, a lo largo de los años, el Estado no ha tenido ningún reparo en forzar o sobrepasar los límites de la ley para controlar la prensa. Aunque la ley de 1881 prohíbe la censura previa a la publicación, los servicios de inteligencia tienen un largo historial documentado de obtener pruebas previas a la publicación y coaccionar o sobornar a los periodistas.
François Mitterrand llevó a cabo una infame operación ilegal de escuchas telefónicas (1982-86) dirigida a periodistas, artistas y políticos. Hoy en día, las capacidades de vigilancia masiva —a menudo justificadas por exagerar las amenazas terroristas— permiten el seguimiento de los metadatos de las comunicaciones entre periodistas y sus fuentes, a pesar de las sentencias de los tribunales de la UE contra la recopilación masiva.
Mientras tanto, en los últimos años, el modelo de la Ley Pleven se ha ampliado con la DSA. En julio de 2025, la ministra Aurore Bergé anunció una coalición de ONG financiadas por el Estado contratadas específicamente para «combatir el odio en línea». Esto formaliza la privatización de la vigilancia del discurso, financiada directamente por el Estado para atacar los puntos de vista desfavorecidos bajo la bandera de la lucha contra el «discurso de odio».
El poder judicial, formado en la elitista Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), también está cada vez más politizado. Los fiscales, que inician los procesos judiciales, son nombrados por el presidente.
Macron ha nombrado sistemáticamente para puestos clave a personas leales con mínima experiencia en los tribunales, pero con fuertes vínculos políticos. Esto le permite controlar indirectamente los casos delicados.
Esto quedó claramente de manifiesto durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2017: a pesar de la implacable campaña de relaciones públicas impulsada por los principales medios de comunicación propiedad de oligarcas, Macron seguía languideciendo en tercer lugar en las encuestas a finales de 2016, por detrás de los candidatos de derecha François Fillon y Marine Le Pen.
Su ascenso no comenzó hasta después de los esfuerzos coordinados de altos funcionarios y altos cargos del poder judicial, que llevaron a la imputación de Fillon en marzo de 2017 —la más rápida en la historia judicial de Francia, resultado de una investigación que duró solo un mes y medio— por malversación e a de fondos públicos.
Esta intervención crucial sacó de la carrera al favorito que estaba a punto de convertirse en el próximo presidente e impulsó a Macron en las encuestas, lo que culminó en su victoria sobre Marine Le Pen en la segunda vuelta.
En última instancia, la elección de Macron se aseguró gracias a las maniobras estratégicas de altos funcionarios, altos cargos judiciales y oligarcas que habían defendido su candidatura. Para decirlo sin rodeos: fue un golpe de Estado fomentado por la élite.
Esta intrincada red —que combina influencia financiera, alineación oligárquica, supervisión regulatoria, vigilancia, enjuiciamiento privatizado y un poder judicial complaciente— constituye la sólida columna vertebral institucional del complejo industrial de la censura francés.
Expansión digital: legislar el panóptico en línea
El auge de Internet ha destrozado el control tradicional de la información, lo que ha desencadenado el pánico entre las élites europeas y ha culminado en la adopción por parte de la UE, en 2022, de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa sobre Internet más amplia jamás aplicada en Europa, que obliga a las plataformas a eliminar rápidamente los contenidos considerados ilegales por las autoridades de la UE o a enfrentarse a multas de hasta el 6 % de sus ingresos anuales globales.
Promocionada como una forma de «hacer que Internet sea más seguro», su objetivo es claramente controlar en secreto la narrativa en línea, obligando a las plataformas a vigilar el discurso en línea de acuerdo con definiciones amplias y políticamente cargadas de «daño» y «desinformación».
La DSA constituye la base del complejo industrial de censura respaldado por el Estado europeo, pero en muchos aspectos Francia ha ido aún más lejos, embarcándose en una implacable ofensiva legislativa y regulatoria destinada a replicar en línea los mecanismos de control fuera de línea.
Los primeros cimientos de la censura en línea francesa se encuentran en la Ley de Confianza en la Economía Digital (LCEN) de 2004. Aunque la ley representaba oficialmente la transposición al derecho nacional de una directiva de la UE sobre comercio electrónico destinada principalmente a garantizar la competencia libre y leal, el acceso al mercado y la protección de los consumidores, Francia fue más allá y añadió estrictas disposiciones de censura.
Estableció el marco de «notificación y retirada», que concedía inmunidad a las plataformas solo si eliminaban los contenidos ilegales cuando se les solicitaba y facilitaban los datos de los usuarios. Lo más importante es que las solicitudes podían provenir no solo de los tribunales, sino también de los organismos administrativos estatales. Esto creó el modelo para la censura administrativa. La situación se agravó en 2009 con el lanzamiento de la plataforma PHAROS, gestionada por las fuerzas del orden, que permite a los ciudadanos denunciar contenidos, automatizando aún más el proceso de solicitud de retirada.
En 2012, Francia ya era líder mundial en solicitudes de censura a Twitter, exigiendo medidas de «prebunking». Las dificultades a las que se enfrentaron Microsoft y Facebook ese mismo año ponen aún más de manifiesto cómo el Estado se sale con la suya de forma indirecta.
Las redadas fiscales a las dos empresas por sus prácticas de facturación fueron seguidas por el nombramiento por parte de Facebook de Laurent Solly, asesor principal del expresidente Nicolas Sarkozy cuando era ministro de Finanzas, como su director general en Francia, lo que reveló una pauta de contratación de personas con conexiones políticas para sortear la burocracia y garantizar el cumplimiento de la normativa. La amenaza de multas masivas o ajustes fiscales sigue siendo una poderosa palanca.
El año 2016 marcó un punto de inflexión en la represión estatal de la libertad de expresión en Internet. Acontecimientos como el Brexit, la victoria de Trump, la Primavera Árabe y el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, organizados a través de las redes sociales, convencieron a las élites de que los «trastornos de la información» representaban una amenaza e e y existencial para su poder.
Así surgió un consenso: era necesario regular las plataformas digitales para frenar el auge del populismo. Esto llevó a Macron a lanzar una ofensiva legislativa:
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La Ley contra la Manipulación de la Información de 2018: a pesar de las leyes existentes que penalizan las noticias falsas, esta ley obligaba a las plataformas a implementar herramientas de detección de «desinformación» y a garantizar la transparencia algorítmica durante las elecciones bajo la supervisión de la ARCOM. Era un caballo de Troya para el control narrativo a nivel de plataforma.
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La Ley contra el discurso de odio en Internet de 2020: al imponer plazos draconianos de eliminación —concediendo a las plataformas un estricto plazo de 24 horas para eliminar los contenidos considerados ilegales u odiosos por las autoridades o los usuarios—, obligó efectivamente a las plataformas a adoptar la censura automatizada y preventiva. El incumplimiento podía acarrear una sanción de hasta el 4 % de los ingresos globales de la plataforma, aplicada por la ARCOM. El Consejo Constitucional la anuló por violar la libertad de expresión, pero Macron prometió inmediatamente impulsar sus principios fundamentales a través de la UE durante la presidencia francesa de 2022.
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La Ley de 2021 sobre el refuerzo de los principios republicanos: añadió capas complejas que obligan a las plataformas a combatir el «discurso de odio», el «separatismo» y los «contenidos antirrepublicanos». La propia carga que supone el cumplimiento de la ley actúa como coacción para la eliminación excesiva y la automatización.
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La Ley de 2024 sobre la seguridad y la regulación del espacio digital (SREN): es la principal legislación que aborda los deepfakes y cuestiones relacionadas, y exige a las plataformas que eliminen rápidamente los contenidos deepfake no consentidos y se ocupen de los contenidos que impliquen acoso en línea o intercambio ilegal de datos. Fundamentalmente, la ley SREN integró en la legislación francesa la Ley de Servicios Digitales de la UE, designando a ARCOM como Coordinador de Servicios Digitales (DSC) de Francia, responsable de supervisar el cumplimiento de la DSA, al tiempo que introdujo disposiciones nacionales adicionales para mejorar la «seguridad digital» y la regulación.
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Presión para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años: tras un apuñalamiento mortal en una escuela, Macron dijo que presionaría para que la Unión Europea regulase la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años, o que lo haría por su cuenta. Esto equivale a una táctica apenas velada para obligar a la identificación de todos los usuarios a través del sistema de tarjetas de identificación biométricas de la UE, una forma de rastrear la actividad en línea de todos y cada uno de los ciudadanos.
Mención especial merece VIGINUM, la agencia de lucha contra la desinformación puesta en marcha por Macron en julio de 2021. Su mandato oficial es detectar la «manipulación de la información» extranjera que amenace los intereses nacionales mediante la supervisión de código abierto de las grandes plataformas.
Sin embargo, sus acciones y su liderazgo —el teniente coronel Marc-Antoine Brillant, especialista en contrainsurgencia, y Hervé Letoqueux, funcionario judicial con experiencia en antiterrorismo y ciberseguridad— sugieren un papel más amplio.
Por ejemplo, se ha sugerido que estuvo implicada en la controvertida cancelación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía de 2024, alegando una campaña no probada respaldada por Rusia en TikTok a favor del candidato soberanista Călin Georgescu. Los informes de VIGINUM suelen carecer de atribuciones concretas, pero alimentan narrativas utilizadas para operaciones de información nacionales y extranjeras bajo el pretexto de la «seguridad cognitiva».
Esta expansión digital representa un esfuerzo sistemático por construir un panóptico en línea: delegar la censura a las ONG, eliminar el anonimato mediante identificaciones digitales e imponer una conformidad narrativ a a través del control algorítmico y la amenaza constante de multas aplastantes. Se podría decir que el objetivo es el control narrativo en línea de todo el espectro bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos de las amenazas internas y externas, una extensión del estado de seguridad nacional al ámbito digital.
Apretando el cerco alrededor de las empresas tecnológicas y la oposición
Durante el último año, el complejo industrial de la censura ha intensificado su guerra contra las plataformas y las figuras de la oposición, utilizando todo el peso de la guerra jurídica y la intimidación judicial.
En agosto de 2024, el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en París, retenido durante cuatro días y acusado de una impresionante lista de cargos, entre los que se incluyen: complicidad en el crimen organizado, tráfico de drogas, fraude y distribución de material de abuso sexual infantil; negativa a proporcionar datos para la interceptación legal; conspiración criminal; blanqueo de capitales; y facilitación del terrorismo. La medida huele a represalia política.
Durov se negó sistemáticamente a instalar puertas traseras en Telegram, utilizada por más de mil millones de usuarios, principalmente no occidentales, en todo el mundo. Es importante destacar que Macron, su partido y sus ministros utilizaron mucho Telegram (2015-2022) creyendo que era seguro.
Su arquitectura cliente-servidor (no es un verdadero cifrado de extremo a extremo) significa que Telegram podría contener años de comunicaciones sensibles del Gobierno francés. En la primavera de 2025, Durov se reunió supuestamente con Nicolas Lerner, director de la DGSE, el servicio de inteligencia exterior francés.
Según Durov, Lerner le instó a suprimir las voces conservadoras en Telegram tras la repetición de las elecciones presidenciales en Rumanía. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores francés como la DGSE negaron las afirmaciones de Durov.
Mientras tanto, en julio de 2025, la fiscal de París Laure Beccuau (que también procesa a Durov) abrió una investigación penal contra X y su dirección por interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, extracción fraudulenta de datos e interferencia extranjera. Se trata de delitos cibernéticos graves, que conllevan penas de hasta diez años de prisión y una multa de 300 000 euros según el código penal.
Beccuau afirmó que su decisión de procesar se basaba en denuncias de investigadores franceses y en pruebas aportadas por diversas instituciones públicas, aunque hasta la fecha no se han revelado estas fuentes. Parece claro que el objetivo del caso es obligar a X a cumplir con los algoritmos aprobados por el Estado.
En los últimos años también se ha producido un aumento de los procesos y condenas asimétricos contra figuras políticas. El último ejemplo es el caso de Marine Le Pen, que a principios de este año fue declarada culpable de malversación de fondos de la UE y condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos suspendidos, y a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una pena que el tribunal de primera instancia ordenó que se ejecutara de inmediato a pesar de la apelación de Le Pen. Esto anula la presunción de inocencia y permite a los jueces excluir efectivamente a los principales candidatos.
Estos casos demuestran la evolución del complejo industrial de la censura: cuando la censura y el control de la narrativa flaquean, el sistema despliega los instrumentos contundentes del enjuiciamiento penal y la eliminación judicial contra sus críticos más acérrimos, tanto personas como empresas.
¿La última resistencia de una élite ilegítima?
El extenso complejo industrial de la censura francés no es una casualidad, sino el reflejo desesperado de una élite que se enfrenta a una crisis existencial. Los fracasos en múltiples frentes —el estancamiento económico, la desastrosa política en Ucrania que ha costado miles de millones, el deterioro del nivel de vida e — han destrozado su legitimidad.
El poder democratizador de Internet ha puesto de manifiesto la desconexión de la élite y ha fomentado los desafíos populistas. El complejo es la herramienta para reconstruir el control: extender la «seguridad cognitiva» como un imperativo de seguridad nacional, regulando la plaza pública digital con la misma rigidez con la que el Estado regulaba antes las ondas de radiodifusión.
Sin embargo, sus cimientos se están resquebrajando. La confianza pública se encuentra en mínimos históricos. La tecnología evoluciona más rápido que la regulación. Los ciudadanos migran a espacios encriptados.
La élite, atrapada en un dogma globalista obsoleto y en mentalidades de control verticalistas propias de la Guerra Fría, responde con una coacción cada vez mayor: más leyes, más multas, más procesamientos, más extralimitaciones judiciales. Su arrogancia tecnocrática —creer que solo ustedes pueden discernir la verdad y deben «proteger» a los ciudadanos de los pensamientos erróneos— alimenta este giro autoritario.
El resultado es incierto. Las burocracias buscan la autopreservación y las élites arraigadas se aferran ferozmente a sus privilegios. Sin embargo, nuestro informe sugiere que estas élites gobernantes obsoletas pueden acabar siendo abrumadas por las mismas fuerzas tecnológicas y sociales que tratan de suprimir. Francia puede haber construido la máquina de censura más sofisticada de Occidente, pero su victoria sobre la plaza pública digital está lejos de estar asegurada.
Lea el informe completo aquí.
Traducción nuestra
*Thomas Fazi es escritor y traductor anglo-italiano. Principalmente ha escrito sobre economía, teoría política y asuntos europeos. Ha publicado los libros La batalla por Europa: cómo una élite secuestró un continente y cómo podemos recuperarlo (Pluto Press, 2014) y Reclamando el Estado: una visión progresiva de la soberanía para un mundo posneoliberal (co -escrito con Bill Mitchell; Pluto Press, 2017). Su sitio web es thomasfazi.net.
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Fuente original: Thomas Fazi
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 