Francisco Domínguez.*
Traduccion: Francisco Dominguez para Observatorio de Trabajador@s en Lucha.
12 de diciembre 2021.
Desde el golpe apoyado por Estados Unidos que derribó a Mel Zelaya en 2009, Honduras ha sufrido una contundente ofensiva contra su democracia acompañada de graves abusos a los derechos humanos. Pero la elección de la socialista Xiomara Castro ofrece la oportunidad de romper ese ciclo.
Lo que parecía imposible se ha conseguido; el pueblo de Honduras ha roto la perpetuación, mediante el fraude electoral y la violencia matonesca, de un régimen brutal, ilegal, ilegítimo y criminal.
A fuerza de resistencia, aguante, movilización y organización, han conseguido derrotar en las urnas la narco dictadura de Juan Orlando Hernández. Xiomara Castro, candidata presidencial del partido de izquierda Libre (Partido Libertad y Refundación), obtuvo un espléndido 50 por ciento+ –entre un 15 y un 20 por ciento más de votos que su más cercano rival, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, en una elección con niveles de participación históricos (6 por ciento).
La extraordinaria hazaña realizada por el pueblo hondureño tiene lugar bajo el régimen dictatorial de Hernández (alias JOH) en unas elecciones empañadas por lo que parecen ser asesinatos selectivos de candidatos y activistas. Hasta octubre de 2021, se habían perpetrado 64 actos de violencia electoral, incluidos 11 atentados y 27 asesinatos. Y en el período anterior a las elecciones (11-23 de noviembre) se produjo otra serie de asesinatos, principalmente de candidatos.
Ninguna de las víctimas mortales era miembro del Partido Nacional de Hernández. El objetivo parece haber sido aterrorizar a la oposición, y en particular a su electorado, para que creyeran que no era seguro acudir a votar, y que, aunque lo hicieran, se volverían a robar las elecciones mediante el fraude y la violencia, como ya lo hicieran en dos ocasiones, en 2013 y 2017.
Los comentaristas, correctamente, caracterizan esto como la ‘colombianización’ de la política hondureña –es decir, una banda gobernante en el poder despliega fuerzas de seguridad y grupos paramilitares para asesinar a activistas de la oposición. En Honduras, el más despreciable de estos asesinatos fue el de la activista medioambiental, feminista y líder indígena Berta Cáceres, asesinada por intrusos armados en su propia casa, tras años de recibir amenazas de muerte.
Ella había sido una figura destacada en la lucha popular contra el fraude electoral y la dictadura, y había estado agitando por la refundación urgente de la nación, propuesta que se ha incorporado al programa de movimientos sociales de masas como el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Desde 2009, cientos de activistas han sido asesinados a manos de la policía, el ejército y los paramilitares.
La analogía de la colombianización no se reduce al asesinato de opositores. El pasado mes de junio, el Washington Post (Opinión: Honduras, el narcoestado que ilustra las contradicciones de Estados Unidos[1]) explicaba el alcance de la infiltración del crimen organizado: ‘Jefes militares y policiales, políticos, empresarios, alcaldes e incluso tres presidentes han estado vinculados al tráfico de cocaína o acusados de recibir fondos del narcotráfico’.
El juez estadounidense Kevin Castel, que condenó a ‘Tony’ Hernández, hermano de JOH, a cadena perpetua tras ser declarado culpable de contrabandear 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, dijo: ‘Aquí, el tráfico [de drogas] sí fue patrocinado por el Estado’. En marzo de 2021, en el juicio contra Geovanny Fuentes, hondureño acusado de narcotráfico, el fiscal, Jacob Gutwillig, dijo que el presidente JOH ayudó a Fuentes con el tráfico de toneladas de cocaína. [2]
La corrupción impregna todo el Establishment hondureño: El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se ha enfrentado a un juicio previo “por abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de fondos públicos, fraude y lavado de dinero”. Y Yani Rosenthal, candidato del otrora gobernante Partido Liberal, diputado y banquero, fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión en Estados Unidos por “participar en transacciones financieras con ganancias ilícitas (blanqueo de dinero procedente del narcotráfico)”.[3]
Los paralelismos continúan. Al igual que Colombia, Honduras es un narcoestado en el que EE.UU. tiene una multitud de bases militares. Fue desde territorio hondureño que los mercenarios de la Contra libraron una guerra por encargo contra Nicaragua sandinista en la década de 1980, y también fue desde Honduras que se lanzó la invasión militar de Guatemala, liderada por Estados Unidos, en 1954, llevando a cabo el violento derrocamiento del presidente nacionalista de izquierda y democráticamente elegido, Jacobo Arbenz. Los especialistas se refieren al país como “USS Honduras”.
Así que el tráfico de cocaína, y el terrorismo de Estado, que opera como parte del negocio de la droga en connivencia con las instituciones clave del Estado, es “tolerado” y probablemente apoyado por varias agencias de Estados Unidos “a cambio” de una gran presencia militar estadounidense –Estados Unidos tiene Soto Cano y 12 bases militares más en Honduras– debido a cálculos geopolíticos tales como el combate regional contra los gobiernos de izquierda. La estabilidad de este sistema criminal requiere la eliminación de activistas políticos y sociales.
Así, muchas instituciones estadounidenses, desde la Casa Blanca hasta el ultimo eslabón de la maquinaria injerencista, hacen la vista gorda ante los colosales niveles de corrupción. De hecho, el Comando Sur ha estado activamente reforzando las capacidades militares represivas de Honduras a través de la financiación y el entrenamiento de unidades especiales, como el Batallón-316, que se ha informado actúa como un escuadrón de la muerte, “culpable de secuestros, torturas y asesinatos”. ‘Entre 2010 y 2016, mientras la “ayuda” y el entrenamiento de Estados Unidos fluían sin parar, más de 120 activistas medioambientales fueron asesinados por sicarios, bandas, policías y militares por oponerse a la tala y la minería ilegales’, explica un informe. [4]
El legado que han dejado los gobiernos de derecha desde el violento derrocamiento de Mel Zelaya en 2009 es calamitoso. Honduras es uno de los países más violentos del mundo (37 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un 60 por ciento atribuible al crimen organizado), con unos niveles de pobreza asombrosos (el 73,6 por ciento de los hogares viven por debajo del umbral de la pobreza, de los cuales el 53,7 por ciento vive en la pobreza extrema[5]), altos niveles de desempleo (muy por encima del 12 por ciento) y niveles aún más altos de subempleo (el sector informal de la economía, debido a los efectos de Covid-19, creció del 60 al 70 por ciento). Su deuda externa supera los 15.000 millones de dólares (el 57 por ciento de su PIB), y la nación sufre una alta incidencia de malversación y apropiación ilegal de los recursos del Estado por parte de esta administración criminal.
La podredumbre es tan pronunciada que en febrero de este año, un grupo de Demócratas en el Senado de EE.UU. presentó legislación destinada a cortar la ayuda económica y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad hondureñas. La propuesta “pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares en 2009, como resultado de la connivencia generalizada entre los funcionarios del gobierno, las fuerzas de seguridad estatales y privadas, el crimen organizado y líderes empresariales”.[6] En Gran Bretaña, Colin Burgon, presidente del grupo parlamentario Labour Friends of Progressive Latin América, criticó duramente la complicidad del gobierno británico por “haber vendido (cuando Boris Johnson era Ministro de Asuntos Exteriores, nada menos) al gobierno hondureño programas de espionaje diseñados para espiar a sus ciudadanos, meses antes de que el Estado detuviera a miles de personas en una bien orquestada operación de vigilancia”.[7]
Por si fuera poco, a través de la iniciativa de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDES), se entregan trozos enteros del territorio nacional a la empresa privada sometidos a un “régimen especial” que faculta a los inversionistas a establecer sus propios cuerpos de seguridad –incluyendo su propia fuerza policial y sistema penitenciario– para investigar delitos penales e instigar procesos judiciales.[8] Esto es llevar el neoliberalismo a niveles aberrantes, el sueño del capital multinacional: la venta de porciones del territorio nacional a la empresa privada. Afirmar que la oligarquía hondureña, encabezada por JOH, “está vendiendo la patria”, no es una frase puramente retórica.
Es esta monstruosidad, construida desde el derrocamiento del presidente Mel Zelaya en 2009 sobre el existente estado oligárquico, la que el ahora victorioso partido Libre y la presidenta entrante Xiomara Castro necesitan vencer para empezar a mejorar la vida del pueblo hondureño. El conjunto de fuerzas extremadamente perversas, tanto internas como externas a las que se enfrentará su gobierno es aterradoramente poderoso, y han demostrado abundantemente lo que están dispuestas a hacer para defender sus delincuenciales intereses.
El partido de la presidenta electa, Libre, es el más numeroso en el Congreso de 128 escaños, y con su socio de coalición, Salvador, tendrá una presencia parlamentaria muy fuerte, que será fundamental para cualquier posible referéndum para una Asamblea Constituyente destinada a refundar la nación. Libre también ha ganado en la capital, Tegucigalpa, y en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país. Y lo que es más importante, a diferencia de otras elecciones (Venezuela, Nicaragua, y Bolivia), el candidato del Partido Nacional, Asfura, ha reconocido su derrota. Por tanto, Xiomara cuenta con un fuerte mandato político.
Sin embargo, en una región dominada por las operaciones de “cambio de régimen” dirigidas por Estados Unidos –el golpe de Estado en Bolivia, el intento de golpe de Estado en Nicaragua, el ataque mercenario contra Venezuela, más una serie de violentos desórdenes callejeros en Cuba, la enérgica desestabilización contra el recién elegido presidente Castillo en Perú, etc. ad nauseaum– Honduras necesitará toda la solidaridad internacional que podamos aportar, y que debemos brindar.
La heroica lucha del pueblo hondureño ha demostrado una vez más que sí se puede: el neoliberalismo y sus brutales instigadores extranjeros e imperialistas pueden ser derrotados y se puede construir un mundo mejor. Así que, antes de que Washington, sus compinches hondureños, sus cómplices europeos y los medios de comunicación corporativos del mundo desaten cualquier asonada, digámoslo alto y claro: ¡Yanquis fuera de Honduras!
*Francisco Domínguez es Jefe del Grupo de Investigación sobre América Latina en la Universidad de Middlesex, Londres, Gran Bretaña. Domínguez es también Secretario Nacional de la Campaña de Solidaridad con Venezuela and el Reino Unido y co-autor de Right-Wing Politics in the New Latin America (Zed Books).
Notas
[1] Washington Post, Junio 14, 2021, https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/06/15/honduras-narco-state-that-illustrates-us-contradictions/
[2] France24, 9 Marzo 2021, https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210309-presidente-de-honduras-ayudó-a-traficar-toneladas-de-coca%C3%ADna-a-eeuu-dice-fiscal-en-juicio-en-nueva-york-1
[3] Giorgio Trucchi, “Elecciones Honduras: El reto de acabar con doce años de neoliberalismo”, Pressenza, 23 Nov 2021, https://www.pressenza.com/es/2021/11/elecciones-honduras-el-reto-de-acabar-con-doce-anos-de-neoliberalismo/ (los Pandora Papers revelaron que su familia tenia conexiones con compañías offshore que probablemente estaban involucradas en lavado de dinero).
[4] T.J. Coles, “The Evolution of US-backed death squads in Honduras”, 20 December 2020, https://theviolenceofdevelopment.com/the-evolution-of-us-backed-death-squads-in-honduras-the-pathology-of-u-s-foreign-policy/
[5] Periódico El Tiempo cita cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, 9 Nov 2021, https://tiempo.hn/pobreza-en-honduras-2021-736-informe-ine/
[6] Nina Lakhani, ‘Deeply alarming corruption’: US bill would sanction Honduran president, The Guardian, 23 February 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill
[7] Colin Burgon, “Ten Years After the Coup in Honduras”, 2 Aug 2019, https://labourhub.org.uk/2019/08/02/ten-years-after-the-coup-in-honduras/
[8] See full details in B. Geglia and Andrea Nuila, “A Private Government in Honduras Moves Forward”, NACLA, February 15, 2021, https://nacla.org/news/2021/02/12/private-government-honduras-zede-prospera
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