Tamjid Kobaissy.
Ilustración: The Cradle
20 de marzo 2026.
La élite gobernante del Líbano corre el riesgo de reabrir el capítulo más peligroso de su historia moderna al intentar convertir al ejército nacional en un instrumento de confrontación política interna.
En el Líbano se está gestando un nuevo enfrentamiento político, que corre el riesgo de situar al ejército nacional en oposición directa con la fuerza de resistencia más poderosa del país.
La decisión del Gobierno de «prohibir la actividad militar de Hezbolá» a principios de este mes y calificar su papel militar y de seguridad de «ilegal» ha desencadenado un intenso debate en todo el país, que se extiende mucho más allá de los círculos políticos y plantea serias dudas sobre la seguridad, la estabilidad y la futura cohesión de la institución militar.
En la práctica, esta medida sitúa al ejército libanés ante una tarea de aplicación teórica que podría empujarlo a un enfrentamiento con Hezbolá. Esta perspectiva reaviva dolorosos recuerdos históricos de períodos en los que la institución militar se vio arrastrada a luchas internas por el poder, con consecuencias devastadoras tanto para la cohesión del ejército como para la frágil estabilidad del país.
El ejército libanés sufrió una grave escisión en 1976 durante la guerra civil. Una crisis similar resurgió durante el levantamiento del 6 de febrero de 1984, cuando las divisiones políticas y sectarias penetraron en las propias filas de la institución.
Revisar estos puntos de inflexión es esencial para comprender los riesgos inherentes a cualquier vía política que pretenda posicionar al ejército en contra de la resistencia —especialmente dentro del delicado equilibrio que ha regido el Líbano desde el fin de la guerra y la adopción del Acuerdo de Taif.
Cuando el ejército se fracturó
A mediados de la década de 1970, el Líbano entró en una de las fases más peligrosas de su historia moderna con el estallido de la guerra civil en 1975. En el centro de la agitación que se desataba se encontraba el ejército libanés, una institución que se suponía debía servir como garante de la unidad y la estabilidad nacionales.
Sin embargo, el complejo panorama político y sectario erosionó gradualmente la cohesión interna del ejército, lo que culminó en la escisión de 1976. El oficial Ahmad al-Khatib anunció su deserción junto con un grupo de oficiales y soldados, declarando la formación de una nueva fuerza militar conocida como el Ejército Árabe Libanés. Khatib alineó su fuerza con lo que entonces se denominaba el Movimiento Nacional Libanés, que mantenía una alianza con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Este acontecimiento no se produjo de forma aislada. Fue el resultado de las crecientes tensiones políticas y militares en el interior del Líbano. En aquel momento, el Estado libanés intentó desplegar al ejército para contener los enfrentamientos cada vez más intensos entre las fuerzas cristianas de derecha, por un lado, y las fuerzas nacionales libanesas aliadas con facciones palestinas, por otro.
Al final, la decisión política de involucrar al ejército en confrontaciones internas produjo precisamente el resultado que muchos habían temido. La institución se fragmentó en formaciones rivales que reflejaban la ruptura política y sectaria más amplia que azotaba al país.
La advertencia del 6 de febrero
La crisis de división no terminó ahí. Un punto de inflexión similar surgió durante la intifada (levantamiento) del 6 de febrero de 1984, cuando la presión política sostenida volvió a empujar al ejército a enfrentamientos internos con diversas fuerzas libanesas.
Varias unidades militares se desintegraron o se retiraron de sus posiciones, mientras que otras vieron cómo su personal se unía a facciones locales. Una vez más, el ejército reflejó las profundas fracturas políticas y sectarias del país, lo que reforzó la lección de que la confrontación interna conlleva riesgos existenciales para la institución.
La reconstrucción tras Taif
Tras el fin de la guerra civil y la ratificación del Acuerdo de Taif, se pusieron en marcha serios esfuerzos para reconstruir el ejército libanés y evitar que se repitiera la experiencia de la división.
El expresidente Emile Lahoud desempeñó un papel clave en este proceso. Se adoptó una nueva fórmula organizativa, que integraba a oficiales y soldados de diferentes orígenes sectarios dentro de las mismas brigadas y unidades.
Durante los años de guerra, muchas formaciones habían adquirido un carácter sectario o regional. La reestructuración posterior a Taif buscaba restaurar la identidad nacional del ejército y hacer mucho más difícil cualquier fragmentación futura.
El objetivo de este enfoque era consolidar el carácter nacional del ejército y dificultar cualquier intento de dividirlo.
Una peligrosa misión interna
Estos precedentes históricos dejan claro un hecho. Cualquier decisión política que empuje al ejército libanés hacia la lucha interna —especialmente mientras el Líbano se enfrenta a una agresión continua por parte de Israel— plantea graves peligros para la unidad y la cohesión de la institución militar.
Aun así, los indicadores actuales sugieren que tal escenario sigue siendo improbable a corto plazo. La aplicación de una decisión gubernamental de esta naturaleza requiere tanto capacidad operativa como un consenso militar interno, condiciones que brillan por su ausencia.
Los limitados recursos del ejército y la firme postura de su comandante, Rudolphe Haikal, contra la confrontación con Hezbolá limitan significativamente la viabilidad de tal curso de acción. El espectro de la fragmentación institucional complica aún más cualquier intento de imponer una decisión militar en esta dirección.
En la práctica, empujar al ejército hacia la división requeriría un cambio político de gran envergadura, que conduciría al Líbano hacia una guerra civil generalizada. Tal trayectoria no beneficiaría en última instancia ni siquiera a actores externos influyentes como Estados Unidos y Arabia Saudí. Un colapso interno total podría generar consecuencias que socavaran lo que queda de su influencia política en el Líbano.
La información disponible indica que Haikal se muestra muy cauteloso a la hora de abordar cualquier medida que pudiera arrastrar al ejército a un conflicto interno. Su postura quedó patente durante los debates en la última sesión del Consejo de Ministros con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, cuando, según se informa, dijo: «No puedo pedirle a un soldado que gana 200 dólares que luche en el norte, en el este y en el sur, y que luego luche contra su propio pueblo».
Los «Oficiales Nacionales»
Al mismo tiempo, estalló la polémica tras la publicación de una breve declaración en un periódico local cercano a Hezbolá, atribuida a un grupo que se autodenomina «Oficiales Nacionales», en la que se advertía contra la asignación al ejército de la tarea de «perseguir a quienes se enfrentan a un ataque externo contra el país».
El texto advertía de que tales decisiones podrían «debilitar el papel unificador del ejército y exponer su unidad interna a peligrosas sacudidas con consecuencias impredecibles».
La declaración, que constaba de tan solo unas pocas líneas, pasó rápidamente de ser una noticia mediática a situarse en el centro del debate político en un país profundamente sensible a cualquier discusión que implique a la institución militar.
Los observadores consideraron su publicación como un intento de presionar a las autoridades políticas en medio de los planes en curso para poner todas las armas bajo el control exclusivo del Estado.
El mando del ejército negó rápidamente cualquier vínculo entre el supuesto grupo y la institución, subrayando que «no hay absolutamente nada de cierto en lo que se ha informado con respecto a los oficiales del ejército», y afirmando que el personal militar sigue siendo leal únicamente al ejército y a la nación. El primer ministro Salam también calificó la declaración de «sospechosa y carente de patriotismo», planteando dudas sobre su autenticidad y advirtiendo de consecuencias legales si se determinaba que incitaba a la discordia.
A pesar de las desmentidas oficiales, el episodio agravó la inquietud en los círculos políticos. Su rápida difusión puso de manifiesto las tensiones subyacentes sobre el posible papel del ejército en la confrontación con Hezbolá y puso de relieve los temores de que cualquier intento de involucrar a la institución en un conflicto interno pudiera socavar su cohesión.
Una fuente militar señala a The Cradle que «la cúpula del ejército es plenamente consciente de la delicadeza de la fase actual, y que preservar la cohesión de la institución militar sigue siendo una prioridad fundamental en medio de los retos de seguridad a los que se enfrenta el Líbano».
La misma fuente subraya que el mando del ejército sigue siendo muy consciente de las lecciones de 1976 y 1984 y está decidido a evitar cualquier escenario que pueda reabrir la cuestión de la división interna.
En su opinión, el problema radica menos en el propio ejército que en los cálculos políticos precipitados de la élite gobernante, que pasan por alto las realidades sobre el terreno y tratan a la institución militar como una herramienta en las luchas de poder internas.
Añade que preservar la cohesión institucional sigue siendo una prioridad máxima para los mandos del ejército ante los retos de seguridad a los que sigue enfrentándose el Líbano.
Cálculos de poder y realidades del campo de batalla
Una fuente política revela a The Cradle que
estos cálculos y decisiones gubernamentales no benefician a los intereses de la actual administración, ya sea en relación con el presidente [libanés] Joseph Aoun o con el primer ministro Nawaf Salam. Cualquier camino que debilite al ejército o lo arrastre a una división interna acabará pesando en contra de su mandato político».
La fuente añade:
Las evaluaciones políticas preliminares que constituyeron el factor principal detrás de la decisión del Gobierno, junto con la presión externa, se basaron en una interpretación precipitada de que Hezbolá había llegado a una posición de debilidad que podía explotarse internamente en paralelo a la agresión israelí. Sin embargo, los acontecimientos sobre el terreno han demostrado que esta interpretación era inexacta y que el partido sigue poseyendo capacidades organizativas, militares y de seguridad efectivas».
Si la sesión se hubiera retrasado tan solo unos días, hasta que pasara la sorpresa generada por la fuerza militar del partido, es probable que la sesión no se hubiera celebrado en absoluto o que no hubiera emitido una decisión de este nivel.
El enfrentamiento también trasciende una lucha puramente local. Hezbolá no opera de forma aislada, ni afronta las presiones actuales en solitario. Contrariamente a las afirmaciones difundidas en los últimos meses de que el partido abrió un frente de apoyo en nombre de Irán, varios indicadores sugieren que el propio Teherán está contribuyendo activamente a respaldar a Hezbolá en este enfrentamiento.
El partido parece haber aprovechado el momento regional para reafirmar su postura de disuasión frente al enemigo israelí, ya sea reforzando la capacidad defensiva del Líbano, deteniendo los ataques o restableciendo las reglas de combate.
Las declaraciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) en referencia a operaciones militares coordinadas con Hezbolá apuntan a un alto nivel de alineación. Esta coordinación refleja el concepto más amplio de la «Unidad de Frentes», que vincula la confrontación militar con vías políticas y de negociación paralelas.
En la práctica, Hezbolá se enfrenta a presiones internas y externas como parte de una red regional más amplia. Esta dinámica le otorga un mayor margen estratégico para reorganizar su posición nacional y regional y fortalecer su posición política y militar en el período venidero.
La presión judicial como otro frente
Paralelamente al debate político y militar, se ha endurecido el tratamiento judicial del expediente de las armas.
La información indica que el ministro de Justicia, Adel Nassar, ha ordenado un enfoque más estricto, que incluye medidas legales más severas contra las personas a las que se les encuentre en posesión de armas sin licencia.
Las fuentes señalan que estas medidas no afectan únicamente a Hezbolá, sino que también imponen una realidad apremiante al ejército libanés y a las Fuerzas de Seguridad Interna, lo que les plantea retos adicionales.
Un resultado conocido y peligroso
En última instancia, el problema de las decisiones de esta índole no radica en el propio ejército, sino en los cálculos políticos dentro de la autoridad gobernante. La historia libanesa demuestra repetidamente que los intentos de utilizar al ejército para alterar los equilibrios internos conducen al mismo resultado: el debilitamiento de la institución.
En un país como el Líbano, convertir al ejército en un instrumento de confrontación política corre el riesgo de desestabilizar su unidad. Empujar a la institución hacia un conflicto con fuerzas internas influyentes no producirá resultados políticos decisivos.
Se corre el riesgo de socavar al propio Estado y de reabrir peligrosas líneas de fractura dentro del ejército —y en el Líbano en su conjunto—.
Traducción nuestra
*Tamjid Kobaissy es un periodista libanés que escribe para el periódico Al-Akhbar. Está especializado en temas de seguridad y asuntos sociales. Durante la agresión israelí contra el Líbano, siguió el caso de los detenidos en los suburbios del sur de Beirut sospechosos de colaborar con agencias de inteligencia extranjeras.
Fuente original: The Cradle
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 