Lorenzo Maria Pacini.
Foto: Llamas y humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo alcanzada por los ataques que sacudieron la ciudad durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, en la tarde del sábado 7 de marzo de 2026.Associated Press/LaPresse
18 de marzo 2026.
Estados Unidos está malgastando miles de millones de dólares en bombardear Irán, mientras el mundo observa distraídamente cómo se desploman los precios del petróleo.
Malgastando miles de millones de dólares
Estados Unidos está malgastando miles de millones de dólares en bombardear Irán, mientras el mundo observa distraídamente cómo se desploman los precios del petróleo; al mismo tiempo, China está publicando, casi sin que nadie se dé cuenta, el que probablemente sea el documento económico más decisivo de toda la década.
Esta diferencia de atención es precisamente el quid de la cuestión.
Mientras Occidente mira hacia el escenario bélico y las fluctuaciones energéticas, Pekín está plasmando por escrito su arquitectura de poder tecnológico, industrial y estratégico para los próximos quince años.
El 5 de marzo se presentó ante la Asamblea Popular Nacional el XV Plan Quinquenal, un documento de 141 páginas que dista mucho de ser ritualista o puramente burocrático.
En este texto, la inteligencia artificial se menciona más de cincuenta veces, una señal de que no se la considera un sector más entre muchos, sino la columna vertebral de toda la transformación económica.
Pekín pretende garantizar que, para 2027, el 70 % de la economía nacional integre soluciones de IA y que esta proporción aumente hasta el 90 % en 2030, transformando de hecho la IA en una infraestructura tan extendida como la electricidad o la conectividad digital.
El Plan identifica la robótica, y en particular la robótica humanoide, como uno de los pilares de la nueva fase industrial de China, con el objetivo declarado de duplicar la producción de robots en un plazo de cinco años.
Junto a esto, el documento esboza ambiciones muy claras en el ámbito de las tecnologías de vanguardia: redes de comunicación cuántica entre el espacio y la Tierra, plazos indicativos para lograr la fusión nuclear controlada y el desarrollo sistemático de interfaces cerebro-ordenador. En otras palabras, China no se limita a perseguir las innovaciones existentes, sino que busca anticiparse a la trayectoria de las tecnologías más disruptivas.
En términos cuantitativos, el Plan establece objetivos que aclaran el alcance de esta estrategia. Se prevé que el valor total de las industrias relacionadas con la inteligencia artificial supere los 10 billones de yuanes, o aproximadamente 1,38 billones de dólares, lo que sitúa al sector de la IA entre los principales motores de la economía nacional.
Al mismo tiempo, el documento anuncia «medidas extraordinarias» para alcanzar un alto grado de autosuficiencia en las cadenas de valor consideradas críticas: tierras raras, semiconductores y componentes avanzados.
Aquí, la dimensión económica se confunde abiertamente con la estratégico-militar: controlar estas cadenas de suministro significa controlar la capacidad de combate de cualquier potencia rival.
Por esta razón, calificarlo de simple plan económico resulta engañoso. Se trata más bien de un auténtico plan de guerra para un conflicto que ya está en marcha, pero que se libra en un terreno que Estados Unidos, absorto en guerras convencionales y crisis regionales, sigue subestimando.
Washington dirige recursos y atención hacia la guerra «caliente» en Oriente Medio, mientras que Pekín estructura una guerra «fría» tecnológica, industrial y logística que tiene como objetivo determinar quién controlará las herramientas materiales y digitales de las guerras futuras.
La Ley CHIPS como un «rifle» frente a un arsenal
La respuesta más significativa de Estados Unidos al desafío tecnológico de China ha sido hasta ahora la Ley CHIPS y de Ciencia, aprobada en 2022, que destinó 52 700 millones de dólares al sector de los semiconductores, incluidos 39 000 millones en subvenciones directas, acompañadas de una deducción fiscal del 25 % sobre las inversiones.
Esta medida ha generado más de 640 000 millones de dólares en inversión privada, distribuidos entre aproximadamente 140 proyectos en 30 estados, lo que ha contribuido a la creación de medio millón de puestos de trabajo.
En cualquier otro momento de la historia, un programa de este tipo se habría considerado un paso histórico en la redefinición de la base industrial estadounidense.
El problema es que, por muy ambicioso que sea, se centra esencialmente en un solo segmento —crucial, pero no obstante limitado— de una competencia tecnológica que, en el caso de China, afecta en cambio a todo el aparato productivo, científico y militar.
La asimetría es evidente: la Ley CHIPS es, de hecho, un rifle apuntando a un objetivo específico —la producción de chips avanzados—, mientras que el 15.º Plan Quinquenal de China se asemeja a un arsenal completo que abarca todos los ámbitos: la IA en todos los sectores, la robótica como columna vertebral de la industria, la infraestructura espacial, la computación cuántica y la consolidación y el fortalecimiento del dominio en el procesamiento de tierras raras.
Las tierras raras, el complejo militar y la «opción Sansón»
La cuestión de las tierras raras es donde el aparente «plan económico» se cruza más claramente con la dimensión bélica. Hoy en día, Pekín controla alrededor del 90 % de la capacidad mundial de procesamiento de estos elementos cruciales, lo que convierte la dependencia industrial en vulnerabilidad estratégica.
Cada avión de combate F-35 requiere cientos de kilogramos de tierras raras; cada batería de misiles Patriot, cada interceptor THAAD, cada munición guiada lanzada sobre Irán por miles cada semana depende de materiales refinados en China.
La referencia a «medidas extraordinarias» en el Plan no indica una postura cautelosa: representa la consolidación de una cadena de suministro sin la cual el aparato militar estadounidense simplemente no puede funcionar.
Esta influencia ya se ha puesto en práctica: en abril de 2025, Pekín introdujo controles a la exportación de los 17 elementos clasificados como tierras raras, transformando una dependencia histórica en un instrumento directo de presión.
En el frente estadounidense, al mismo tiempo, se avecina la fecha límite de enero de 2027 fijada por el DFARS, que exige al Pentágono eliminar su dependencia de China en lo que respecta a las tierras raras utilizadas en los contratos de defensa.
Esto abre una ventana de vulnerabilidad que podría durar diez, quizá quince años, durante los cuales Estados Unidos se encuentra atrapado en una contradicción: por un lado, libra una guerra con un consumo de munición extremadamente elevado, mientras que, por otro, intenta construir cadenas de suministro alternativas que aún no están plenamente operativas.
En la práctica, la guerra contra Irán está consumiendo rápidamente interceptores y sistemas de armas guiadas, mientras que China, al estrechar el cerco sobre el procesamiento de tierras raras, está reduciendo gradualmente el cuello de botella industrial del que depende la mera posibilidad de sustituir esas municiones.
El XV Plan Quinquenal formaliza y legitima este proceso como parte integral de la estrategia nacional, transformando lo que podría parecer un problema logístico en un auténtico instrumento de poder geoestratégico. Quien controla los materiales que constituyen el núcleo del armamento militar controla también el ritmo y la sostenibilidad de las guerras ajenas.
De las refinerías de Teherán a Bapco: la guerra contra las infraestructuras vitales
En este contexto, la guerra en Oriente Medio adquiere las características de una «opción Sansón» que no es solo militar, sino también energética y medioambiental.
Tras la infraestructura de Haifa, en Israel, también fueron atacadas las refinerías de Bapco en Baréin: esta fue la respuesta previsible, casi automática en términos de lógica bélica, al anterior ataque contra las refinerías de Teherán, que producían alrededor de 250 000 barriles de petróleo al día.
Al atacarlas, Israel ha sentado —o más bien reafirmado, ya que no era la primera vez que atacaba infraestructuras petroleras, como en la Guerra de los Doce Días o en 2006 con el bombardeo de las instalaciones de Jiyeh en el Líbano— un precedente muy grave: en la guerra, lo que se le hace a los enemigos se convierte inmediatamente en algo legítimo para que se le haga a uno mismo.
La misma dinámica se repite hoy con un nuevo salto cualitativo. Al atacar las plantas desalinizadoras de Qeshm junto con Estados Unidos, Washington y Tel Aviv han autorizado de hecho a Teherán a atacar la infraestructura desalinizadora israelí, de la que depende más del 60 % del suministro de agua del país y, por extensión, la de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que dependen de ella en mayor medida aún.
Para algunos Estados del CCG, la proporción de agua potable procedente de la desalinización supera el 80-90 %, lo que convierte a estas plantas en el equivalente hídrico de una central eléctrica o una refinería de petróleo.
Si estos sistemas dejaran de funcionar, las poblaciones que han crecido exponencialmente durante años de «prosperidad tranquila» se verían literalmente obligadas a huir muy rápidamente.
Atacar las instalaciones de refinado y almacenamiento de Teherán fue, por lo tanto, no solo una elección cuestionable desde el punto de vista militar, sino también una mala idea en términos atmosféricos, sanitarios y políticos.
La operación es similar, en lógica e impacto, a la «Opción Sansón» evocada en el ámbito nuclear: aunque no utiliza armas atómicas, produce efectos comparables a un ataque químico no convencional, debido a la enorme cantidad de sustancias tóxicas liberadas al aire.
El cielo y las calles de Teherán quedan envueltos en una nube venenosa que no se detiene en los límites de la ciudad, sino que se extiende hacia el norte y el noreste, llegando hasta Turkmenistán y Asia Central, con consecuencias para la salud que se manifestarán a lo largo de un período de veinte o treinta años.
Las repercusiones políticas son igualmente profundas. La imagen de Israel, ya gravemente comprometida, se ve aún más empañada, y la acción pesa mucho sobre las relaciones con los países de Asia Central, con los que Tel Aviv había forjado acuerdos significativos en los últimos años, atraído por sus recursos energéticos y minerales.
Al mismo tiempo, surgen fricciones con su aliado estadounidense: Washington había sido advertido de la operación, pero no de su alcance real, y ahora se ve obligado a gestionar las consecuencias diplomáticas y geoeconómicas de un acto que expone gran parte de la infraestructura energética del Golfo a represalias.
Para Estados Unidos, el riesgo es triple. En primer lugar, el deterioro de las relaciones con los países productores de la zona, que ven sus instalaciones —refinerías, terminales, plantas desalinizadoras— como objetivos que se han convertido en «legítimos» a raíz del precedente sentado.
En segundo lugar, la vulnerabilidad de otros complejos petroleros y energéticos en el propio Golfo, que, de ser atacados, podrían provocar que el precio del crudo —ya por encima de los 110-115 dólares por barril y al alza— se disparara aún más.
Por último, el impacto sistémico en la economía mundial y en la ya precaria situación financiera interna de Estados Unidos, con aumentos de los precios de la energía capaces de alimentar la inflación, las tensiones sociales y una nueva inestabilidad política.
El orden internacional y la vieja regla de «estructura/superestructura»
En un contexto marcado por una escalada casi automática, ya no son solo las bases y los objetivos militares estadounidenses e israelíes —o lo que queda de ellos, al margen de la propaganda— los que se están convirtiendo en objetivos principales, sino también fuentes vitales para la supervivencia humana, como el agua, y centros neurálgicos para la economía, como el petróleo.
Esto también es una forma de «Opción Sansón»: no necesariamente nuclear, sino energético-humanitaria, capaz de producir efectos humanos, geopolíticos y geoeconómicos de magnitud telúrica.
La explosión de esta «bomba» —con la aniquilación progresiva de los símbolos materiales de la presencia y el dominio estadounidenses en Oriente Medio— coincide con el colapso, ante nuestros propios ojos, de un orden internacional que Washington, Tel Aviv y sus aliados (Europa, Japón, etc.) han mantenido con vida durante décadas mediante una especie de respiración boca a boca.
Así, un orden «basado en normas» que solo lo era de nombre, pero que en realidad se erigía sobre la depredación de los ingresos petroleros y el control cuasi-colonial de Oriente Medio como retaguardia energética del Occidente industrial, está llegando a su fin.
El hecho de que la batalla actual se libere por refinerías, terminales, plantas desalinizadoras, cables submarinos, centros logísticos y cadenas de suministro de tierras raras ilustra vívidamente lo que, hace muchos años, se describió en términos de «estructura y superestructura».
La infraestructura material —energía, recursos, logística, tecnologías críticas— es la estructura; los discursos sobre la «democracia liberal», el «orden internacional basado en normas» y las «alianzas de valores» son la superestructura.
Hoy, bajo la presión cruzada de la guerra caliente en Oriente Medio y la guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, vemos cómo la estructura se resquebraja y la superestructura pierde credibilidad con ella.
Es aquí donde el contraste entre los líderes se vuelve simbólico: por un lado, el presidente Trump confía su postura estratégica a eslóganes como «Muerte, fuego y furia», amplificados en las redes sociales para reforzar su imagen de decisión y fuerza inmediata.
Por otro lado, Xi Jinping aprueba y difunde un plan de 141 páginas que detalla cómo asegurar el control de los materiales, las tecnologías y la infraestructura sin los cuales ninguna «muerte, fuego y furia» es realmente posible.
Un líder está librando una guerra, el otro está trabajando para ganar la paz, entendida como la capacidad de determinar las condiciones estructurales que hacen que la guerra sea sostenible para uno mismo e insostenible para los demás.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 