Lorenzo Maria Pacini.
Imagen: Tomada de SCF. © Photo: Public domain
08 de marzo 2026.
Esta vez no será posible culpar a Putin.
De sueño a pesadilla, y todo ello estadounidense
En el sistema geopolítico del Oriente Medio contemporáneo, la presencia militar estadounidense es uno de los elementos estructurales más importantes de la arquitectura de seguridad regional.
Desde la década de 1990, y con mayor intensidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores guerras en Afganistán e Irak, Estados Unidos ha consolidado una extensa red de instalaciones militares en la región del Golfo Pérsico.
Estas bases, distribuidas por países como Baréin, Catar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, desempeñan funciones operativas clave: proyección de poder, apoyo logístico, control de las rutas energéticas y disuasión frente a los actores regionales considerados hostiles.
Un aspecto que a menudo se pasa por alto en el debate público es la estructura financiera que ha hecho posible la expansión de esta infraestructura militar. Numerosos estudios sobre la economía política de la seguridad destacan cómo una parte significativa de los costes de construcción, mantenimiento y ampliación de las bases ha sido sufragada por las propias monarquías del Golfo.
En muchos casos, estos países han financiado directamente la construcción de las instalaciones o han aportado contribuciones sustanciales en forma de «apoyo de la nación anfitriona», es decir, formas de participación económica en los costes operativos y de infraestructura de las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en su territorio.
Este modelo de financiación refleja una lógica estratégica específica. Las monarquías del Golfo, que tienen una capacidad militar relativamente limitada en comparación con las potencias regionales circundantes, han tratado históricamente de compensar esta vulnerabilidad mediante acuerdos de seguridad con una potencia externa.
Por lo tanto, el apoyo financiero a la presencia militar estadounidense representa, desde un punto de vista económico y político, una forma de seguro estratégico: a cambio de la inversión en infraestructura militar y la hospitalidad territorial, los Estados anfitriones obtienen garantías implícitas o explícitas de protección.
No obstante, esta arquitectura de seguridad tiene importantes consecuencias geopolíticas. Desde la perspectiva de actores regionales como Irán, la red de bases estadounidenses en el Golfo se interpreta no solo como un sistema defensivo, sino también como un medio de contención estratégica y de posible proyección ofensiva. Las instalaciones militares estadounidenses se convierten en parte integrante de la estructura de amenaza percibida por Teherán.
Según el derecho internacional sobre conflictos armados, la infraestructura militar es un objetivo legítimo cuando se utiliza para operaciones militares o apoyo logístico.
La doctrina militar y jurídica distingue claramente entre objetivos civiles y militares, y las bases operativas entran sin ambigüedad en la segunda categoría.
En el contexto de la actual Nueva Guerra del Golfo, estas instalaciones pueden ser consideradas objetivos estratégicos por los actores implicados, por derecho propio y de conformidad con la ley.
Sin embargo, el problema surge cuando estas infraestructuras se encuentran cerca de zonas densamente pobladas. Muchas bases del Golfo están situadas cerca de centros urbanos o zonas económicamente vitales, en parte por razones logísticas y en parte porque el desarrollo urbano se ha expandido gradualmente alrededor de las instalaciones existentes.
Esta configuración territorial crea un riesgo estructural para las poblaciones civiles que viven en las zonas vecinas.
En caso de ataques con misiles u operaciones militares contra dichas bases, el principio de distinción —una piedra angular del derecho internacional humanitario— exige a los actores armados que eviten o minimicen en la medida de lo posible los daños colaterales.
Sin embargo, en los conflictos contemporáneos, la separación entre los objetivos militares y el espacio civil es a menudo extremadamente frágil. Incluso las operaciones selectivas pueden generar efectos indirectos, como explosiones secundarias, incendios o daños a la infraestructura urbana.
Como resultado, la población civil de los países anfitriones se encuentra en una posición especialmente vulnerable. Paradójicamente, los mismos Estados que han financiado y acogido infraestructuras militares para reforzar su propia seguridad pueden verse expuestos a riesgos adicionales en caso de escalada regional.
Las bases militares, diseñadas como instrumentos de disuasión, pueden convertirse en factores de exposición estratégica.
Desde un punto de vista económico y político, este escenario plantea interrogantes sobre la distribución de la responsabilidad por los daños resultantes de las operaciones militares contra dichas instalaciones.
Si las bases son utilizadas por una potencia externa y desempeñan un papel operativo en sus estrategias regionales, se plantea la cuestión de quién debe asumir los costes económicos y sociales de los daños colaterales sufridos por las comunidades locales.
En teoría, el derecho internacional establece mecanismos para la responsabilidad del Estado por actos ilícitos y por los daños resultantes de operaciones militares que no cumplen con las normas humanitarias, pero en la práctica geopolítica estos mecanismos suelen ser difíciles de aplicar, especialmente cuando los conflictos involucran a grandes potencias o coaliciones militares complejas.
Las dinámicas de poder internacionales tienden a prevalecer sobre los procedimientos legales de compensación.
Desde la perspectiva de la economía política de la guerra, el problema también puede analizarse en términos de externalidades. La presencia militar de una potencia externa genera beneficios estratégicos para algunos actores —disuasión, protección de las rutas energéticas, estabilidad de los regímenes aliados—, pero al mismo tiempo puede generar costes para otros, en particular para las poblaciones civiles que viven en las zonas circundantes a las infraestructuras militares.
Cuando estos costes no son internalizados por los responsables de la toma de decisiones estratégicas, se crea una forma de asimetría en la distribución de los riesgos.
Esto lleva a una cuestión política más amplia: ¿en qué medida deben los Estados anfitriones y las potencias militares implicadas asumir la responsabilidad económica por los daños sufridos por las comunidades locales?
No se han desarrollado mecanismos de compensación preventiva, fondos de garantía o acuerdos multilaterales que prevean una compensación en caso de ataques a infraestructuras militares. Las rivalidades estratégicas, las alianzas militares y las guerras por poder contribuyen a crear un entorno en el que las responsabilidades son difusas y difíciles de atribuir de forma inequívoca.
En este contexto, la percepción de impunidad o la falta de atención a las consecuencias civiles de las operaciones militares pueden alimentar aún más las tensiones y el resentimiento regionales.
Los países del Golfo, monarquías que lo son gracias al dólar, son ahora víctimas de ese mismo dólar, que se hizo poderoso gracias a ustedes. Una paradoja que pasará a los libros de historia.
La evolución de las tensiones regionales sugiere que estas cuestiones cobrarán cada vez más importancia en el debate sobre la seguridad colectiva en Oriente Medio y la sostenibilidad de la actual arquitectura militar de la región.
Una reflexión más amplia sobre la responsabilidad económica y política de las potencias implicadas podría ser un paso necesario para abordar las consecuencias humanitarias y estratégicas de un sistema de seguridad basado en una presencia militar externa permanente. Y esta elección depende únicamente de los países del Golfo, ahora que el «sueño americano» del petrodólar ha resultado ser una pesadilla.
Y todo esto pesa sobre Europa
El fracaso del proyecto del Golfo tendrá otra consecuencia, la más impactante de todas. No solo sería un acontecimiento geopolítico regional, sino que tendría efectos sistémicos en la economía mundial y, lo que es más significativo, en las economías europeas.
De hecho, Europa se encuentra en una posición estructuralmente vulnerable con respecto a la dinámica energética internacional: su fuerte dependencia de las importaciones de hidrocarburos, combinada con la progresiva reducción de los suministros procedentes de algunas zonas de abastecimiento tradicionales, hace que el continente sea especialmente sensible a cualquier crisis geopolítica que afecte a Oriente Medio y al Golfo Pérsico.
El Golfo Pérsico es uno de los ejes centrales del sistema energético mundial, y el estrecho de Ormuz representa una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.
Cualquier aumento de las tensiones militares en la región —y, en particular, un enfrentamiento directo con Irán, una potencia regional con capacidad misilística y herramientas de disuasión asimétricas— conduce inevitablemente a un aumento de la denominada prima de riesgo energético. – conduce inevitablemente a un aumento de la denominada prima de riesgo energético, un término utilizado en la economía de las materias primas para indicar los aumentos de precios debidos no tanto a una escasez real de recursos como a la percepción del riesgo asociado a la posibilidad de interrupciones en las cadenas de suministro.
Para Europa, que ha experimentado una compleja reestructuración de su sistema energético en los últimos años, esta dinámica podría resultar especialmente gravosa.
La crisis energética tras la guerra en Ucrania ya ha puesto de manifiesto la fragilidad estructural del modelo energético europeo. El aumento de los precios del gas y la electricidad ha tenido un impacto significativo en la competitividad industrial, la inflación y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, una nueva crisis en Oriente Medio podría amplificar las tensiones económicas existentes.
La industria europea, en particular las industrias que consumen mucha energía, como la química, la siderúrgica y la manufacturera, depende directamente de la estabilidad de los precios de la energía.
Un aumento prolongado de los costes del petróleo y el gas conduce inevitablemente a un aumento de los costes de producción, lo que a su vez afecta a la competitividad internacional de las empresas europeas.
A medio y largo plazo, este proceso puede acelerar la desindustrialización o la deslocalización hacia regiones del mundo con menores costes energéticos.
Los efectos también pueden ser significativos a nivel macroeconómico. El aumento de los precios de la energía tiende a alimentar la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y obligando a los bancos centrales a adoptar políticas monetarias más restrictivas.
Este mecanismo puede ralentizar el crecimiento económico y agravar la carga de la deuda pública en muchos países europeos. En otras palabras, un conflicto en el Golfo Pérsico podría generar una cadena de efectos económicos que se extenderían mucho más allá del teatro militar regional.
A la luz de esta dinámica, surge una cuestión de responsabilidad económica y política que rara vez se aborda de forma explícita en el debate europeo. Si las decisiones estratégicas tomadas por actores externos —o por aliados con mayor autonomía militar— tienen efectos económicos significativos en las economías europeas, es legítimo preguntarse cómo se distribuyen estos costes dentro del sistema internacional.
Este fenómeno refleja una característica más amplia de la gobernanza internacional: las decisiones estratégicas en materia de seguridad se toman a menudo en contextos en los que los costes económicos se distribuyen de forma asimétrica entre los actores implicados.
Las grandes potencias militares tienen una mayor capacidad para absorber las crisis económicas o para transferir parte de las consecuencias a sus socios económicos y comerciales, y Europa, la UE como entidad política, pero también todos los países europeos en general, no son superpotencias.
Por lo tanto, esta dinámica plantea interrogantes sobre la capacidad de la Unión Europea para desarrollar una política exterior y energética verdaderamente autónoma.
En los últimos años, el debate sobre la «autonomía estratégica europea» ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la capacidad de decisión del continente en los ámbitos de la seguridad, el suministro energético y la política industrial… pero nada de esto se ha conseguido.
Toda la zona del euro es una gigantesca chimenea que consume energía comprada en el exterior, sin garantías de suministro, debido a su propia incapacidad política. Los líderes europeos han dado volteretas geopolíticas para declarar la guerra a Rusia, pero no se han dado cuenta de que aterrizarían en un terreno extremadamente duro y doloroso.
La cuestión es que esta vez no será posible culpar a Putin. Por el contrario, los líderes europeos corren el riesgo de verse obligados a volver a comprar recursos energéticos rusos, quizás a un precio más alto o a través de otros actores, como los propios Estados Unidos de América.
El Gobierno de Moscú ya había previsto que se produciría una situación así, y también estaba claro para los analistas menos experimentados.
Ahora Europa tendrá que sufrir las dramáticas consecuencias de su arrogancia política. Escuchar a Londres y Washington no ha dado buenos resultados, pero ahora… ya es demasiado tarde.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 