Lorenzo Maria Pacini.
Foto: Ibrahim Traoré, SCF.© Photo: Public domain
13 de febrero 2026.
La actuación de Ibrahim Traoré deja huella en la escena internacional y reafirma una vez más que África es y debe ser plenamente africana.
A cada uno su estilo
Cuando el capitán Ibrahim Traoré llegó al poder en septiembre de 2022 tras derrocar a la junta corrupta y prooccidental tras una crisis de inseguridad e inestabilidad, estaba claro que el nuevo rumbo traería muchas sorpresas.
Con su gobierno, Traoré inició una serie de cambios radicales en las instituciones estatales, posponiendo inevitablemente las elecciones para reconstruir el Estado y combatir las insurgencias yihadistas que afligían parte del territorio nacional, así como para emancipar al país de la órbita colonial aún presente. Este intento tuvo éxito y arrojó resultados excepcionales.
Ahora, el 29 de enero de 2026, la junta emitió un decreto formal por el que se disolvían todas las formaciones políticas registradas en el PASE, incluidas las que habían sido suspendidas anteriormente pero que seguían funcionando internamente.
Con esta decisión, Burkina Faso eliminó todo el marco legal que regulaba los partidos, la financiación, el estatus de la oposición y la actividad política pluralista.
Se trata de una medida que, a los ojos del moralismo occidental, siempre víctima de sí mismo y de los dobles raseros, parece absurda, pero en realidad no lo es.
Estamos asistiendo a una serie de cambios repentinos en el mundo que deberían hacernos comprender que la antigua forma de entender la política y lo que está «bien» o «mal» ha llegado a su fin.
Tomemos un ejemplo del pasado y tratemos de actualizarlo para comprender la importancia política del acto de Traoré para su pueblo y su país.
En la antigua Roma existía la institución del dictador, concebida no como una forma ordinaria de gobierno, sino como un remedio excepcional para hacer frente a situaciones de grave peligro.
Comprender cómo funcionaba nos ayuda a captar una característica central del pensamiento político antiguo: la idea de que, en tiempos de crisis extrema, la supervivencia de la comunidad puede requerir una concentración temporal del poder.
En la República romana, el poder ordinario se distribuía entre magistrados anuales y colegiados, en particular los dos cónsules, controlados por el Senado y la asamblea del pueblo.
Sin embargo, cuando se producían emergencias militares, revueltas internas o parálisis institucional, el Senado podía recomendar el nombramiento de un político fuerte, el dictador, designado formalmente por uno de los cónsules.
Este recibía el imperium maius, es decir, una autoridad superior a la de los demás magistrados, y gobernaba con poderes muy amplios, no sujetos al veto de los tribunos de la plebe.
Sin embargo, su mandato era limitado en el tiempo, normalmente seis meses, o en cualquier caso hasta que se resolviera la crisis. Niccolò Machiavelli se detuvo largamente en el significado político de la dictadura romana. En sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, escribe: «Las dictaduras fueron muy útiles para la República romana y nunca fueron la causa de su ruina».
Maquiavelo observa que la institución, precisamente porque estaba regulada y limitada, permitía hacer frente a las emergencias sin destruir el orden constitucional.
En su opinión, el verdadero peligro no es el poder extraordinario en sí mismo, sino su transformación en poder permanente. Por esta razón, distingue entre una dictadura «ordenada por la ley» y una toma arbitraria del poder: la primera fortalece el Estado, la segunda lo subvierte.
Jean-Jacques Rousseau, también en El contrato social (libro IV), reconoce la necesidad de poderes extraordinarios en circunstancias excepcionales. Escribe: «Hay casos en los que la salvación del país exige que se suspenda la autoridad de las leyes».
Sin embargo, especifica que dicha suspensión debe ser temporal y tener como objetivo el restablecimiento del orden jurídico. Rousseau se fija precisamente en el ejemplo romano para argumentar que una república puede prever mecanismos de emergencia sin renunciar a sus principios, siempre que el objetivo siga siendo claro: salvar la comunidad política.
También podemos citar a Carl Schmitt, el famoso jurista y politólogo del siglo XX, que en su texto Teología política afirma: «El soberano es quien decide sobre el estado de excepción». Schmitt distingue entre una dictadura comisarial —similar a la romana, destinada a defender el orden constitucional existente— y una dictadura soberana, que en cambio tiene como objetivo crear uno nuevo.
En el modelo romano, el dictador era un comisario: actuaba para restablecer el orden republicano, no para establecer uno diferente. Su legitimidad derivaba precisamente de ser un instrumento de preservación del orden, no de transformación arbitraria.
El funcionamiento real de la dictadura romana confirma este enfoque teórico. El dictador nombraba a un Magister Equitum como su adjunto, concentraba el mando militar en sus propias manos y podía tomar decisiones rápidas sin los pasos deliberativos habituales.
Los demás magistrados permanecían formalmente en el cargo, pero estaban subordinados a su autoridad. Sin embargo, la costumbre republicana y el límite de tiempo actuaban como un freno estructural. La dictadura era, por tanto, un interludio institucional previsto por la constitución no escrita de Roma.
Lo importante era que no se convirtiera en una tiranía, es decir, un gobierno despótico y centralizado sujeto a la voluntad del tirano, que sobrepasara los límites permitidos por la ley.
La dictadura romana no nació como una negación de la libertad republicana, sino como un medio para defenderla en tiempos excepcionales.
El problema colonial y las soluciones africanas
La decisión de disolver los antiguos partidos y sindicatos en Burkina Faso ha suscitado la curiosa indignación de algunos moralistas, tanto nuestros como extranjeros.
Sin embargo, en realidad puede considerarse una medida prudente destinada a «africanizar» la política. Estas formaciones, no solo en Burkina Faso, nunca han aportado beneficios concretos ni han logrado resolver las dificultades del país. Por el contrario, a menudo han contribuido a agravar los problemas que prometían abordar.
Por esta razón, la dirección tomada por Burkina Faso se considera legítima, y ni siquiera es la primera nación africana que ha adoptado un enfoque similar.
Si el principio de que «los problemas africanos necesitan soluciones africanas» es válido, entonces los partidos y sindicatos modelados según los sistemas políticos europeos —percibidos como legados del pasado colonial e instrumentos de su continuación neocolonial— deberían desaparecer.
No solo serían ineficaces, sino que incluso serían perjudiciales para el país que pretenden gobernar. Según este punto de vista, no trabajarían en interés de la población local, sino en el de las antiguas potencias coloniales y las nuevas influencias externas, convirtiéndose así en presencias extranjeras y no deseadas.
La política multipartidista también se describe como problemática en varios contextos africanos, ya que supuestamente alimenta las divisiones entre clanes y tribus.
Lo mismo se aplicaría a otros países que adoptan modelos políticos e institucionales importados que son incompatibles con su propia historia y cultura.
Cabe preguntarse qué sentido tienen los sistemas políticos y los lenguajes de estilo occidental en realidades que no son ni cultural ni políticamente occidentales.
Las divisiones partidistas, detrás de las etiquetas ideológicas, a menudo acabarían reflejando fracturas identitarias, favoreciendo la fragmentación del Estado.
En cambio, serían necesarios modelos institucionales que fueran una expresión auténtica de la cultura local, desarrollados de forma autónoma, pero solo después de romper los lazos políticos y culturales heredados del colonialismo y luego reforzados por el neocolonialismo.
Según esta interpretación, los antiguos partidos «de estilo europeo» habrían gestionado el Estado como propiedad privada, persiguiendo los intereses de las élites gobernantes y sus redes familiares a través de extensos sistemas de corrupción.
Por un lado, garantizaban un régimen cleptocrático interno, mientras que, por otro, aseguraban que la antigua potencia colonial y otros actores externos mantuvieran el control de los recursos nacionales. Eran, por tanto, instrumentos del neocolonialismo, cuya corrupción era también un medio para ejercer presión y enriquecerse a costa de la población.
El fenómeno del terrorismo también encajaría en este panorama, descrito no como un verdadero antagonista de la política «al estilo europeo», sino como un complemento de la misma. La política partidista neocolonial y los grupos armados se repartirían el territorio en un equilibrio frágil y violento, destinado a continuar a lo largo del tiempo.
El terrorismo paramilitar se convertiría así en una herramienta útil para mantener al país en un estado de inestabilidad permanente, especialmente cuando el antiguo sistema de partidos ya no era suficiente, ni siquiera con el uso de regímenes militares de emergencia.
Traoré, aunque se asemeja a un dictador (según ciertos medios de comunicación occidentales que confunden tiranía con dictadura), es en realidad un político verdaderamente y plenamente africano.
En la tradición política africana —que es extremadamente variada y diferenciada de una región a otra, hay que subrayar— existen instituciones y prácticas que, aunque no son idénticas a la dictadura romana, tienen algunas similitudes funcionales.
El continente africano nunca ha tenido un único modelo político, sino una pluralidad de sistemas que van desde monarquías centralizadas hasta confederaciones y sociedades segmentarias sin poder estatal centralizado.
En varios reinos precoloniales de África occidental —como el Imperio de Malí, el Imperio Songhai o el Reino Ashanti— el soberano (mansa, askia, asantehene) tenía una fuerte autoridad, pero a menudo mediada por consejos de ancianos, jefes de clanes o notables.
Sin embargo, en tiempos de guerra o de amenaza externa, el poder tendía a centralizarse aún más, con una reducción de los espacios deliberativos ordinarios.
En la actual Ghana, antiguamente el reino ashanti, el asantehene gobernaba junto con un consejo de jefes, pero en tiempos de guerra, el mando militar asumía una posición predominante y la movilización general implicaba una forma de autoridad reforzada, legitimada no por una suspensión formal de las normas, sino por la urgencia de la supervivencia colectiva.
Este tipo de fortalecimiento del poder ejecutivo recuerda, en su función, a la «dictadura del comisionado» descrita por Carl Schmitt: un poder extraordinario destinado a defender el orden existente, no a destruirlo.
El Imperio etíope, una de las estructuras estatales africanas más duraderas, tenía un soberano (negus o negusa nagast) con autoridad sacralizada. Aunque existían la nobleza regional y las estructuras locales, el emperador podía centralizar poderes significativos en tiempos de rebelión o amenaza externa.
La legitimidad derivaba no solo de la fuerza, sino de una concepción teológico-política del poder.
Aquí podemos ver un paralelismo con la idea, también presente en el pensamiento europeo, de que en tiempos de crisis es esencial la unidad de mando.
A diferencia del modelo romano, la excepcionalidad no siempre estaba limitada en el tiempo por un mandato corto: la autoridad era estructuralmente fuerte, pero podía intensificarse en circunstancias extraordinarias.
El elemento subyacente en todas estas formas diversas era el restablecimiento de la armonía comunitaria, ya que la legitimidad del poder deriva no solo de la legalidad formal, sino de la capacidad de mantener el equilibrio entre grupos, linajes e intereses. Este es un elemento esencial del espíritu político africano (que los europeos han tratado de destruir).
El filósofo político Kwasi Wiredu ha destacado cómo, en diversas tradiciones de África Occidental, el consenso era el principio rector del gobierno, pero precisamente porque el consenso era fundamental, cuando se rompía gravemente, podía ser necesaria una intervención decisiva para restablecer el orden.
La autoridad fuerte se justificaba no como dominación, sino como un medio para restablecer el equilibrio colectivo, y la concentración de poder no se consideraba un valor en sí mismo, sino una herramienta temporal para evitar la fragmentación de la comunidad.
Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero tomemos algunos más recientes. En el período posterior a la independencia, varios líderes africanos teorizaron sobre formas de gobierno fuerte como respuesta a la fragilidad del Estado y a las divisiones étnicas o regionales.
Kwame Nkrumah en Ghana y Julius Nyerere en Tanzania argumentaron que el multipartidismo competitivo podía acentuar las divisiones artificiales, mientras que un sistema más unitario favorecería la construcción de la nación.
Corrupción sistémica, terrorismo a las puertas, el desastroso legado económico del franco francés… En tales condiciones, en el caso de la actual Burkina Faso, no habría sido posible hablar de democracia o seguridad auténticas, dadas las condiciones que dejó el antiguo sistema colonial.
Quienes hoy denuncian la inseguridad y la propagación del terrorismo en estos países —mucho más allá del Sahel— no lo hicieron entonces, y las razones de este silencio son fáciles de adivinar.
El acto del capitán Ibrahim Traoré no es el comienzo de un reinado despótico de terror, sino más bien un acto ejemplar que deja huella en la escena internacional y reafirma una vez más que África es y debe ser plenamente africana.
Con el debido respeto al antiguo orden colonial occidental, que debería pensar más bien en su propio final desastroso, en lugar de extender juicios y licencias de legitimidad por todo el mundo.
Traducción nuestra
*Lorenzo Maria Pacini es Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Fuente original: Strategic Culture Foundation
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 