Ermelinde Malcote.
Foto : El presidente Donald Trump sigue la Operación Absolute Resolve en directo. Imagen oficial de la Casa Blanca.
27 de enero 2026.
Esta declaración ofrece el marco teórico de la operación Absolute Resolve: el derecho internacional no es más que un barniz opcional que cualquier país con el poder de imponer su voluntad por la fuerza puede ignorar.
Introducción
En la noche del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó la operación militar «Absolute Resolve» con el objetivo de secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para ser juzgados.
La administración Trump justificó la operación de dos maneras: por un lado, como una acción de legítima defensa frente al «ataque armado» de los cárteles de la droga contra Estados Unidos (AP, 3 de octubre de 2025) y, por otro, como una operación policial destinada a ejecutar una orden de arresto por tráfico de drogas.
Sin embargo, esta justificación es doblemente errónea, ya que se basa, en primer lugar, en una interpretación abusiva y sin precedentes de la legítima defensa (que consiste en asimilar el tráfico de drogas a un ataque armado) y, en segundo lugar, en un dictamen jurídico interno marginal y controvertido de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) de 1989, dictamen que el Departamento de Justicia ha evitado sistemáticamente ante los tribunales debido al sofisma en el que se basa.
A continuación, detallaremos estos dos elementos, así como las consecuencias que la operación tiene tanto para Venezuela como para las relaciones internacionales en general.
I. Una ilegalidad total y estratificada
1.Violación de la prohibición del uso de la fuerza (Jus ad Bellum).
La agresión militar contra Venezuela constituye una violación del artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe todo uso de la fuerza contra un Estado (salvo en casos específicos y extremadamente limitados: legítima defensa en situaciones de emergencia o cuando existe una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU). El argumento de legítima defensa invocado por la administración Trump, basado en la calificación del tráfico de drogas como «ataque armado», es, por lo tanto, jurídicamente inadmisible.
A esto hay que añadir que los cárteles de Venezuela no están considerados como actores importantes del narcotráfico, ni por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ni por los informes de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que confirma el análisis del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (NSC), que en un informe del 6 de mayo de 2025 confirma que Venezuela no constituye una narco-amenaza (AA, 06/05/2025).
Además, según el New York Times del 5 de enero de 2026, la acusación contra el presidente Nicolás Maduro renunció a calificarlo de líder del «Cartel de los Soles» (al que la acusación inicial de 2020 hacía abundante referencia). En el texto modificado de la acusación, el término solo aparece muy brevemente y únicamente para referirse a un «sistema de clientelismo» y a una cultura de corrupción, y no como una organización criminal real dirigida por Maduro.
En cualquier caso, incluso si se demostrara que Venezuela está implicada en este tráfico, la relación causal con las muertes en Estados Unidos es demasiado indirecta para legitimar cualquier ataque contra Venezuela.
Este argumento es aún menos plausible si se tiene en cuenta que la administración Trump no lo utiliza para atacar a un cártel, sino a un Estado. Históricamente, la Asamblea General de la ONU ya había condenado la operación estadounidense similar en Panamá en 1989 como una «violación flagrante del derecho internacional» (88.ª sesión plenaria, punto 44/240 del orden del día).
2. Violación de la soberanía y ejercicio ilícito de la jurisdicción de aplicación.
La operación también constituye una intervención ilícita en los asuntos internos de Venezuela, un «ámbito reservado» del Estado, en referencia a la sentencia Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra este país (Nicaragua contra Estados Unidos) de la Corte Internacional de Justicia de 1986.
El derecho internacional prohíbe realizar detenciones en otro país salvo que se cuente con el consentimiento de este, principio establecido desde el caso del Lotus (CPJI, 1927) y recogido en el Restatement (Third) of Foreign Relations Law. Por lo tanto, la operación estadounidense viola la soberanía territorial de Venezuela, así como las funciones estatales de su gobierno.
Así lo confirma la resolución 138 (1960) del Consejo de Seguridad de la ONU, que se pronunció sobre el secuestro de Adolf Eichmann en Argentina por parte de Israel, declarando que esta violación de la soberanía era «incompatible con la Carta», lo que justificaba una indemnización.
El derecho estadounidense se ha referido a este principio, en particular en 1989, cuando el asesor jurídico del Departamento de Estado, Abe Sofaer, recordó en su testimonio ante el Congreso que las detenciones sin consentimiento «no tienen justificación alguna en el derecho internacional, salvo en caso de legítima defensa» (Cámara de Representantes, 101.º Congreso, n.º de serie 134). .
3. Violación de la inmunidad y la inviolabilidad del jefe de Estado.
Como jefe de Estado en ejercicio, Nicolás Maduro goza de inmunidad absoluta (ratione personae) e inviolabilidad personal ante los tribunales extranjeros, una norma de derecho consuetudinario «firmemente establecida» según la CIJ en su sentencia Mandato de detención del 11 de abril de 2000 (R.D.C. contra Bélgica).
Esta inmunidad es una manifestación del principio de igualdad soberana del artículo 2(1) de la Carta de las Naciones Unidas. El argumento estadounidense de que Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo carece de relevancia jurídica, ya que el derecho internacional se basa en el hecho del «control efectivo» del territorio, tal y como estableció el arbitraje Tinoco (Reino Unido c. Costa Rica) de 1923.
Por lo tanto, la retirada del reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos no suprime esta inmunidad personal. La detención del presidente Nicolás Maduro constituye, por lo tanto, una violación directa de esta norma protectora.
4. Una base jurídica interna errónea y rechazada.
La administración Trump se basó en un controvertido memorándum de la OLC de 1989, generalmente conocido como el «memorándum Barr» (cuyo título oficial es: Authority of the Federal Bureau of Investigation to Override International Law in Extraterritorial Law Enforcement Activities, firmado por Bill Barr).
Este texto alega que el presidente puede, en virtud del derecho interno, pasar por alto el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. Según Ryan Goodman (especialista en la legalidad de las acciones militares en el derecho internacional y en la responsabilidad de los Estados), el memorándum Barr se basa en un «razonamiento fundamentalmente erróneo», ya que confunde el hecho de que una disposición de un tratado no sea directamente aplicable por los tribunales («no autoejecutable» en el sentido de Foster v. Neilson, 1829) con la idea de que no vincula al poder ejecutivo (véase su artículo del 3 de enero de 2026 en su blog Just Security).
Así, numerosas autoridades, entre ellas Louis Henkin (Foreign Affairs and the United States Constitution), Curtis Bradley, Ted Cruz (cuando era fiscal general de Texas en el caso Medellín v. Texas), Edward Swaine y el Restatement (Fourth) of Foreign Relations Law (2018), afirman que, contrariamente a lo que se alega en el memorándum de Barr, todos los tratados internacionales son «la ley suprema del país» y que el presidente tiene el deber constitucional de «hacerlos cumplir fielmente».
Además, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado rechazó explícitamente la lógica del memorándum de Barr en un informe de 2008, reafirmando que todos los tratados son la ley suprema.
Por lo tanto, basándose en el memorándum de Barr, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no proporciona ninguna legitimidad a la agresión contra Venezuela y a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
Por el contrario, la movilización de este dictamen jurídico marginal y cuestionado por las más altas instancias legislativas del país refuerza la convicción de que la operación es ilegal, tanto en el derecho internacional como en la interpretación dominante del derecho constitucional estadounidense.
II. Consecuencias: el inicio de un conflicto armado y el riesgo sistémico
Más allá de su ilegalidad, la operación tiene consecuencias jurídicas inmediatas y graves desde el punto de vista del orden internacional.
1. Estallido de un conflicto armado internacional.
La agresión de los Estados Unidos ha desencadenado de facto un «conflicto armado internacional» entre los Estados Unidos y Venezuela en el sentido del artículo común 2 de los Convenios de Ginebra de 1949, lo que conlleva la aplicación inmediata del derecho internacional humanitario (DIH) y, por consiguiente, el hecho de que Nicolás Maduro y su esposa deben ser considerados «personas protegidas» en virtud del IV Convenio de Ginebra (art. 4).
De hecho, Nicolás Maduro podría incluso reclamar el estatus de prisionero de guerra (III Convenio), un precedente establecido en Estados Unidos contra Noriega (1992). Además, los civiles venezolanos en Estados Unidos también adquieren este estatus, con derechos específicos (como la prohibición de penas colectivas, art. 33 GCIV).
Por lo tanto, la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro transforman lo que el gobierno de Trump calificó como una «operación policial» selectiva en un estado de beligerancia oficial.
2. La doctrina explícita del poder contra el derecho.
Las consecuencias del descarado desprecio del derecho internacional pueden extenderse mucho más allá de Venezuela, ya que la operación socava los mecanismos establecidos para prevenir la guerra y proteger a los Estados contra la violación de sus prerrogativas soberanas. De ello se deriva «una atmósfera de inseguridad y desconfianza incompatible con la preservación de la paz», según los propios términos de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso Eichmann.
Al validar de facto el argumento de la «legítima defensa» contra el tráfico de drogas, la administración Trump abre la puerta a una militarización generalizada de sus relaciones exteriores, como lo demuestra el hecho de que, desde el inicio de su segundo mandato, Estados Unidos ha bombardeado siete países (Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela), sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni legalidad en virtud del derecho a la legítima defensa.
Además, solo en el último mes, el presidente Donald Trump ha amenazado directamente a seis países (Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y Venezuela).
Las declaraciones de Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto de Donald Trump, aclaran la filosofía que subyace a la agresión contra Venezuela cuando afirma que «el mundo real [está] gobernado por la fuerza […] por la coacción […], por el poder», calificando a Estados Unidos de «superpotencia» y precisando que «bajo la presidencia de Trump, nos comportaremos como una superpotencia» (Miller, en una entrevista con la CNN el 6 de enero de 2026).
Esta declaración ofrece el marco teórico de la operación Absolute Resolve: el derecho internacional no es más que un barniz opcional que cualquier país con el poder de imponer su voluntad por la fuerza puede ignorar. La operación militar en Venezuela socava, en realidad, todo el orden jurídico internacional.
Colaboración para Observatorio de Trabajadores en Lucha
*Ermelinde Malcote, milita en la asociación belga Arlac, que defiende a los países del Alba y los movimientos sociales de América latina. Tiene una maestría en filosofía y otra en salud pública. Colabora con teleSUR, RT, Hispan TV, Sputnik y con el programa de Tertulias en cuarentena
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 