Misión Verdad.
FOTO. Un informe de New York Times revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos corrigió una de las acusaciones más difundidas durante la administración Trump, al admitir que el llamado Cartel de los Soles no existe como una organización criminal (Foto: Leonardo Muñoz / AFP)
07 de enero 2026.
Esta secuencia expone una debilidad estructural del poder estadounidense en el escenario global. Un hegemón seguro de su posición no necesita secuestrar a un jefe de Estado, corregir acusaciones después de ejecutadas las operaciones ni recurrir a doctrinas anacrónicas para explicar su conducta.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró de la acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, retenido en Nueva York desde el 3 de enero, una de sus afirmaciones más reiteradas y políticamente significativas: que lideraba una organización criminal llamada el «Cartel de los Soles».
La modificación, revelada por The New York Times, supone un giro sustantivo en una campaña que durante meses fue utilizada por Washington como sustento para justificar la estrategia de presión contra Venezuela en el Caribe.
La imputación original, formulada en 2020 y luego amplificada mediante designaciones del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, presentó al presidente Maduro como jefe de un cartel de narcotráfico, con capacidad operativa transnacional y fines explícitos de dañar a Estados Unidos.
Esa caracterización fue clave para difundir la idea de «narcoestado» y así legitimar acciones coercitivas que culminaron en el secuestro del presidente venezolano por parte de fuerzas militares estadounidenses.
La acusación que se desmorona
En un reportaje publicado el 5 de enero, el medio neoyorquino detalla cómo el Departamento de Justicia decidió reformular la acusación contra Nicolás Maduro y abandonar la afirmación de que el «Cartel de los Soles» es una organización criminal real. El diario recuerda que esa acusación se remonta a la imputación formal presentada por un gran jurado en 2020, que describía una supuesta conspiración de años liderada por el presidente venezolano para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
Esa narrativa fue posteriormente reforzada en julio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro designó al llamado «Cartel de los Soles» como organización terrorista, copiando el lenguaje de la acusación original. En noviembre pasado, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional interino, Marco Rubio, ordenó al Departamento de Estado adoptar la misma designación.
Sin embargo, según recoge el Times, desde hace años expertos en delincuencia organizada y narcotráfico en América Latina (incluyendo esta tribuna) han cuestionado la existencia real de dicho cartel como estructura cohesionada.
El propio diario señala que, para los especialistas, el cartel «es en realidad un término coloquial, acuñado por los medios de comunicación venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero de la droga», más que el nombre de una organización criminal comparable a los grandes carteles de la región. Esa distinción, largamente ignorada en el discurso oficial estadounidense, terminó imponiéndose en el terreno judicial.
Tras el secuestro del presidente Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación reescrita que, en palabras del periódico, «parecía admitir tácitamente este punto». Aunque los fiscales mantienen la imputación general por conspiración para traficar drogas, abandonaron la afirmación de que el «Cartel de los Soles» fuera una organización real, reemplazándola por formulaciones mucho más vagas.
La nueva acusación habla ahora de un «sistema de clientelismo» y de una «cultura de corrupción» alimentada por el dinero del narcotráfico.
La diferencia también es textual. Mientras la acusación de 2020 mencionaba al «Cartel de los Soles» en 32 ocasiones y describía a Maduro como su líder, la versión revisada apenas lo menciona dos veces y lo presenta, junto con el comandante Hugo Chávez, como partícipe de un entramado de clientelismo sin estructura criminal definida. Incluso, la propia redacción reconoce que el término se utiliza «en referencia a la insignia del sol que llevan en sus uniformes los altos mandos militares venezolanos», reforzando su carácter simbólico y no organizativo.
El reportaje subraya, además, una contradicción central: las designaciones como organización terrorista no requieren ser probadas ante un tribunal, a diferencia de una acusación penal.
Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, afirma que la nueva acusación es «exactamente fiel a la realidad», mientras que las designaciones políticas «siguen estando lejos de la realidad (…) Está claro que sabían que no podían demostrarlo ante un tribunal», añade.
Aún así, la narrativa no ha sido abandonada en el plano político. Un día después de hacerse pública la acusación revisada, Marco Rubio volvió a referirse al «Cartel de los Soles» como una organización real y reiteró amenazas de ataques contra embarcaciones, insistiendo en que su supuesto líder, Nicolás Maduro, se encuentra bajo custodia estadounidense.
La disonancia entre el discurso político y el reconocimiento judicial revela hasta qué punto la acusación funcionó exclusivamente como instrumento de presión política.
Cuando incluso el relato occidental reconoce lo absurdo
El 3 de enero, consumado el secuestro del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, el propio Times publicó un editorial que cuestionaba la legalidad y la lógica de la operación estadounidense en Venezuela. El dato es relevante, viniendo de uno de los diarios más influyentes del establishment político y mediático occidental, vocero usual del Departamento de Estado y de las incursiones imperiales extraterritoriales.
En ese texto, subrayó que el presidente Trump no había ofrecido una explicación coherente ni jurídicamente sostenible sobre sus acciones en Venezuela y recordó que, conforme a la Constitución estadounidense, el Ejecutivo debía acudir al Congreso. Sin esa aprobación, advirtió el diario, «sus acciones violan la ley estadounidense».
Pero el cuestionamiento más contundente se dirigió a la justificación central esgrimida por la administración Trump: la lucha contra supuestos «narcoterroristas». Señala que esa explicación resulta «particularmente ridícula» en el caso venezolano, puesto que el país no es un productor relevante de fentanilo ni de otras drogas responsables de la epidemia de sobredosis en Estados Unidos, y que la cocaína que transita por su territorio tiene como destino principal Europa, no el mercado estadounidense.
Del mito a la violencia real
El desmontaje tardío de la acusación obliga a volver sobre el origen del llamado «Cartel de los Soles» para comprender cómo una etiqueta imprecisa terminó convertida en fundamento de acciones militares concretas.
El término surgió en 1993 a partir de dos casos puntuales de corrupción dentro de la entonces Guardia Nacional venezolana. El apodo aludía simplemente a las insignias en forma de sol que portaban los oficiales involucrados.
Como documentamos anteriormente, aquella etiqueta funcionó desde su origen como una construcción mediática para referirse, de manera genérica, a prácticas de corrupción.
El episodio adquirió relevancia internacional cuando se reveló la participación de la CIA en una fallida operación de «contrabando controlado», que terminó con una tonelada de cocaína circulando en las calles estadounidenses sin valor de inteligencia y sin consecuencias judiciales relevantes en Venezuela.
El escándalo, conocido por el programa 60 Minutes como «la cocaína de la CIA», expuso tensiones entre agencias estadounidenses.
Con el paso de los años, y especialmente tras la llegada del comandante Chávez al gobierno, esa etiqueta fue reciclada y amplificada como arma discursiva en la confrontación política interna y externa.
Bajo la premisa de combatir al «narcoterrorismo», la administración Trump desplegó en el último trimestre de 2025 una operación de «máxima presión» en el Caribe que combinó coerción militar, excepcionalismo jurídico y una narrativa de amenaza existencial.
En ese marco, fuerzas estadounidenses ejecutaron más de veinte ataques aéreos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, sin procesos de verificación, sin advertencias graduales y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Casi un centenar de civiles muertos en apenas tres meses fue el saldo devastador, entre ellos pescadores y tripulantes venezolanos, colombianos y trinitenses. La ausencia de tribunales militares, evaluaciones de proporcionalidad o revisiones posteriores convierte esas operaciones en ejecuciones extrajudiciales, realizadas en nombre de una narrativa que hoy el propio Departamento de Justicia reconoce que no puede sostener ante un tribunal.
Petróleo, hemisferio y la confesión de una debilidad hegemónica
Las primeras declaraciones del presidente Trump tras el secuestro del presidente Maduro terminaron por despejar cualquier ambigüedad. Sin invocar el narcotráfico ni la democracia, Trump afirmó abiertamente que el objetivo central de su acción era el petróleo, y que las corporaciones energéticas estadounidenses estaban listas para «revitalizar» el sector venezolano.
En un gesto de franqueza excepcional, Trump también llegó a invocar la Doctrina Monroe, una formulación de política exterior fundada en el siglo XIX, diseñada para subordinar a América Latina a la esfera de dominación estadounidense.
Esta secuencia expone una debilidad estructural del poder estadounidense en el escenario global. Un hegemón seguro de su posición no necesita secuestrar a un jefe de Estado, corregir acusaciones después de ejecutadas las operaciones ni recurrir a doctrinas anacrónicas para explicar su conducta.
La imposición por la fuerza aparece, en este caso, como sustituto de una capacidad perdida para construir legitimidad, consenso o incluso credibilidad narrativa.
La retirada del «Cartel de los Soles» confirma que el aparato de poder estadounidense actuó sabiendo que su relato no resistiría el escrutinio judicial. En ese reconocimiento tardío se dibuja el retrato de un orden que ya no puede sostenerse sin recurrir abiertamente a la fuerza.
Fuente: Misión Verdad
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 