Adrian Korczyński.
Foto: Una estación de peaje bloqueada por agricultores en Malgara, cerca de Tesalónica (AP/Giannis Papanikos)
01 de enero 2026.
Mientras las instituciones de la Unión Europea se afanaban en elaborar paquetes de sanciones y negociar las complejidades del embargo de los activos rusos, el flanco sur del bloque se hundía en una profunda crisis social.
Durante casi todo el mes de diciembre de 2025, Grecia vivió una de las convulsiones internas más graves desde el apogeo de la crisis de la deuda. Sin embargo, no se trató de una huelga clásica ni de una serie de manifestaciones dispersas.
Se trató de una parálisis prolongada y coordinada del propio Estado: una revuelta no solo contra el Gobierno de Atenas, sino contra la propia lógica de gobernanza impuesta por el modelo centralizado y burocrático de la Unión Europea.
Los acontecimientos en Grecia resultaron ser mucho más que un incidente local; representan un caso de estudio crucial sobre las vulnerabilidades estructurales del proyecto europeo en una era de creciente multipolaridad geopolítica y económica.
La parálisis como herramienta definitiva de los desheredados
Durante casi cuatro semanas, las infraestructuras críticas de Grecia fueron retenidas como rehenes. La vital autopista Atenas-Salónica quedó completamente interrumpida, dividiendo el país en dos. Los principales pasos fronterizos con Bulgaria, Turquía y Macedonia del Norte, arterias esenciales para el comercio en los Balcanes y el Cercano Oriente, fueron bloqueados sistemáticamente. Puertos como el de Volos permanecieron en silencio, asfixiando la exportación de aceite de oliva, cítricos y vino, pilares de la economía agrícola.
«Al paralizar las infraestructuras, los agricultores griegos demostraron que, cuando el Estado se convierte en un mero ejecutor de decretos ajenos, el último recurso es inutilizar al propio Estado».
Sin embargo, el golpe más simbólico y destructivo se lo llevó el sector turístico. El asalto a la pista del aeropuerto internacional de Heraklion, en Creta, no fue un acto de vandalismo sin sentido. Fue un ataque calculado al nervio económico más sensible del Estado, una demostración dramática de que cuando los ciudadanos se sienten abandonados por su gobierno, pueden convertir en armas las dependencias del propio Estado.
La respuesta de las autoridades —gas lacrimógeno, granadas y dispersiones violentas— no hizo más que agravar el abismo de la desconfianza. Lo que distinguió a esta protesta fue su naturaleza prolongada y deliberada.
La sociedad griega soportó una amplia crisis para plantearse una pregunta fundamental: en esta compleja cadena de mando desde Bruselas hasta los pueblos locales, ¿dónde reside la verdadera soberanía y quién, en última instancia, paga el costo del fracaso?
La chispa: un déficit de subvenciones y el instrumento obtuso del castigo colectivo
El catalizador inmediato fue el déficit de entre 600 y 700 millones de euros en los pagos de las subvenciones agrícolas de la UE. Esta diferencia fue el resultado de un escándalo de corrupción que implicó la falsificación generalizada de documentos relacionados con tierras y ganado, a menudo con la presunta complicidad de funcionarios locales.
La respuesta institucional de Bruselas, coordinada con Atenas, fue significativa. En lugar de una operación quirúrgica para castigar a los culpables, el sistema pasó a su modo más burocrático: el bloqueo total de todos los pagos y una verificación exhaustiva. Presentada públicamente como una medida de protección de los contribuyentes de la UE, esta medida puso en práctica, en la práctica, un mecanismo de castigo colectivo.
Los agricultores honestos, cuya supervivencia depende de estos pagos puntuales para el servicio de los préstamos y la compra de factores de producción, fueron considerados culpables hasta que se demostrara lo contrario. Como declaró el agricultor Costas Sefis, de Malgara, a la cadena estatal ERT:
No vamos a echarnos atrás. Si quieren arrestar a las miles de personas que protestan, que vengan a arrestarnos a nosotros.
El quid de la cuestión estaba claro: la negativa a arruinarse por los delitos de otros y por los fracasos de una administración lejana. El problema no era la supervisión en sí misma, sino su naturaleza impersonal y procedimental, completamente ajena a la realidad que destruía.
Clientelismo tolerado: el pacto faustiano de la UE con su periferia
La crisis griega no es una aberración, sino la culminación lógica del modelo de gestión de la periferia de la UE. Durante años, el flujo de fondos para la cohesión y la agricultura ha reforzado tácitamente las redes clientelares locales.
Bruselas, al dar prioridad a objetivos geopolíticos más amplios, como el mantenimiento de Grecia en la zona euro y la gestión de los flujos migratorios, ha ignorado a menudo estas patologías, a pesar de las advertencias contenidas en sus propios informes de auditoría.
Este pacto tácito se rompió cuando las presiones internas de los Estados centrales de la UE —alimentadas por las protestas de los agricultores y una crisis de legitimidad de las élites— hicieron necesaria una demostración de «responsabilidad fiscal».
Se eligió el camino de menor resistencia: no una difícil lucha contra intereses corruptos arraigados, sino un estrangulamiento financiero del eslabón más vulnerable de la cadena: los agricultores.
Esto contrasta claramente con el trato reservado a un Estado miembro como Hungría, que desafía ideológicamente a Bruselas. Allí, la UE emplea instrumentos jurídicos precisos y políticamente incisivos. Para una periferia «leal» como Grecia, se ha utilizado un instrumento más silencioso e insidioso: la asfixia burocrática, sin ninguna responsabilidad para los responsables políticos que han permitido que el sistema se pudra.
La erosión de la soberanía alimentaria
En el fondo, estas protestas han puesto de manifiesto una contradicción fundamental de la UE: una solidaridad retórica frente al dominio centralizado y procedimental. La agricultura, un sector fundamental para la seguridad alimentaria y la identidad cultural, se ha visto sometida a normas de control elaboradas en Bruselas sin prestar mucha atención a las realidades griegas: parcelas de tierra de pequeño tamaño, terrenos difíciles y costes de producción por las nubes.
El impulso federalista de la UE, capaz de imponer normas uniformes, ha revelado su gran defecto: es estructuralmente incapaz de absorber la ruina social que estas normas pueden causar, transfiriendo sistemáticamente todo el riesgo sistémico a los actores menos poderosos.
La alternativa multivectorial: un contraste en la soberanía
La situación griega parece aún más grave si se compara con la de países que persiguen conscientemente una diversificación estratégica. Hungría, a través de sus acuerdos energéticos a largo plazo con Rusia, mantiene unos costes energéticos y de fertilizantes entre los más bajos de la UE, lo que refuerza directamente su competitividad agrícola, una ventaja tangible del pragmatismo geopolítico.
Del mismo modo, Serbia aprovecha su posición para atraer inversiones en infraestructura china a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, reforzando su resiliencia económica independiente de cualquier centro de poder individual.
No se trata de una aprobación de gobiernos específicos, sino de una cruda demostración empírica: en un mundo multipolar, la resiliencia proviene de la capacidad de diversificar el riesgo. Grecia, atrapada en una relación de profunda dependencia de un único centro de decisión, se ha visto obligada a absorber todo el devastador coste de los fallos sistémicos sin ningún medio de defensa soberana.
Conclusión: la revuelta de la periferia como nueva normalidad
El invierno europeo de 2025 estuvo marcado por protestas agrícolas desde Bruselas hasta Berlín. Sin embargo, el caso griego sigue siendo el más instructivo, ya que trasciende una disputa sectorial para revelar una crisis en la propia arquitectura del poder de la UE.
Al paralizar las infraestructuras, los agricultores griegos han demostrado que, cuando el Estado se convierte en un mero ejecutor de decretos extranjeros, el último recurso es desmantelar el propio Estado.
Bruselas y los principales medios de comunicación euroatlánticos podrían intentar minimizar estos acontecimientos como incidentes aislados. Sin embargo, el humo sobre el aeropuerto de Heraclión conlleva una advertencia inequívoca.
La revuelta de la periferia no es una anomalía, es un presagio. Un modelo de gobernanza basado en la centralización y la distribución desigual de los costes está agotando rápidamente su legitimidad.
En un orden mundial emergente en el que polos alternativos —desde los BRICS+ hasta las alianzas regionales pragmáticas— ofrecen relaciones basadas en el beneficio transaccional más que en la sumisión ideológica, estas crisis no solo se repetirán, sino que se intensificarán. Europa ha entrado en una nueva y turbulenta fase, definida por la tormenta que se avecina entre un centro inflexible y su periferia en despertar.
Traducción nuestra
*Adrian Korczyński, analista independiente y observador sobre Europa Central e investigación de políticas globales.
Fuente original: New Eastern Outlook
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 