Ricardo Martins.
Foto: Consejo Europeo reunido en Bruselas en la cumbre ordinaria de octubre. | EP
27 de octubre 2025.
Los líderes de la UE reunidos en una cumbre en Bruselas no lograron ponerse de acuerdo sobre un plan para confiscar los activos rusos congelados ilegalmente.
Cuando los líderes europeos se reunieron en Bruselas los días 23 y 24 de octubre de 2025, el bloque se enfrentó a un dilema que pone de manifiesto las fisuras del acuerdo posterior a la Guerra Fría: qué hacer con la enorme cantidad de activos soberanos rusos inmovilizados tras la invasión de Ucrania en 2022.
La idea de convertir esos activos congelados en un préstamo de “reparación” de entre 140 000 y 165 000 millones de euros para Kiev ha encontrado resistencia, y no solo por razones políticas.
La disputa afecta al núcleo de lo que los inversores, los Estados y el derecho internacional esperan de Europa: previsibilidad, claridad jurídica y protección de los derechos de propiedad.
Por lo tanto, la decisión de la cumbre de posponer un fallo definitivo era previsible y trascendental.
La vacilación de Europa a la hora de confiscar los activos soberanos congelados de Rusia no fue una muestra de prudencia.
Convertir esos fondos en reparaciones para Ucrania podría haber satisfecho la venganza política, pero habría desencadenado un infierno legal y financiero, socavando los principios que en su día definieron el orden basado en normas del continente.
Al dar un paso atrás, al menos por ahora, la UE evitó sentar un precedente que podría haber sacudido su credibilidad, alienado al Sur Global y desencadenado graves represalias por parte de Moscú.
Reacciones rusas
Si se confiscaban los activos congelados, existía un riesgo inmediato: represalias y contramedidas específicas.
Rusia ha advertido en repetidas ocasiones que cualquier intento de apropiarse de sus reservas del banco central inmovilizadas se consideraría un robo y daría lugar a contramedidas.
Pero ninguna de las dos vías elimina los dilemas centrales: el peligro de represalias rusas, la ambigüedad jurídica sobre la inmunidad soberana y el coste reputacional con los proveedores de capital del Sur Global.
Tanto los informes occidentales como las declaraciones rusas han dejado claro que Moscú considera la confiscación como una línea roja y respondería de formas que podrían perjudicar los intereses nacionales concretos de la UE, desde contratos energéticos hasta acciones legales y confiscaciones de activos propios.
Esas advertencias no son abstractas: los funcionarios europeos reconocen que la mayoría de los activos pertinentes se encuentran bajo custodia privada y pública en un puñado de jurisdicciones (en particular en Euroclear, en Bélgica), lo que crea un punto focal para el riesgo político y jurídico.
La credibilidad y la legalidad en juego
Desde la perspectiva de los inversores, la principal preocupación es la credibilidad.
Los inversores valoran la certeza, los derechos de propiedad exigibles, la resolución predecible de controversias y el cumplimiento del derecho internacional.
La decisión de transferir activos soberanos a un tercero sin un mandato legal inequívoco complicaría el cálculo del capital global.
Los juristas y las sesiones informativas parlamentarias han subrayado la ausencia de un precedente claro para confiscar las reservas de un banco central sin la autorización del Consejo de Seguridad, que muchos sostienen que sería necesaria para ajustar dicha acción a las normas jurídicas internacionales establecidas.
Esa incertidumbre jurídica no solo generaría demandas judiciales, sino que indicaría que los Estados pueden reestructurar las normas de custodia cuando la geopolítica lo exija.
La cuestión de la legalidad no es meramente técnica. Varias evaluaciones jurídicas, entre ellas el reciente trabajo del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo y los análisis de grupos de expertos, subrayan que la incautación unilateral de activos soberanos corre el riesgo de violar las protecciones jurídicas internacionales de la propiedad estatal y la inmunidad de los bancos centrales.
Sin un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o una arquitectura jurídica igualmente sólida, la confiscación podría dar lugar a reclamaciones recíprocas en los tribunales internacionales y socavar la arquitectura jurídica occidental que sustenta las finanzas mundiales.
Ese es precisamente el riesgo para la reputación que temen los funcionarios de la UE: una erosión de la confianza en los compromisos jurídicos de Europa.
El Sur Global observa, inquieto
La economía política añade otra capa. El Sur Global está observando. Los informes publicados desde 2024 muestran que algunos de los principales actores del Golfo manifestaron su descontento ante la perspectiva de incautaciones de activos a gran escala, advirtiendo en privado que podrían reequilibrar sus carteras alejándose de las participaciones occidentales si se percibe que los derechos de propiedad se politizan.
Los medios de comunicación y la inteligencia de mercado sugirieron que Arabia Saudí había ‘velado’ en 2024 amenazas de vender deuda occidental si se intentaban incautaciones a gran escala, una señal de que las consecuencias repercutirían mucho más allá de los flujos de capital rusos.
Para la UE, socavar la confianza de los inversores soberanos sería nada menos que un autosabotaje: desestabilizaría los mercados de capitales, aceleraría la retirada de fondos de los bancos occidentales y tensaría las relaciones diplomáticas con socios poderosos, como los países del Golfo, cuyas vastas reservas sustentan la propia estabilidad financiera de Europa.
El factor belga: De Wever, el pragmático
¿Por qué Bélgica era importante y por qué Bart De Wever se convirtió en decisivo? Gran parte de las acciones congeladas se mantienen a través de Euroclear, un depósito de valores con sede en Bélgica; como resultado, Bélgica ocupa una posición desmesurada en cualquier plan operativo.
La insistencia del primer ministro Bart De Wever en obtener garantías de que Bélgica no quedaría expuesta legalmente paralizó efectivamente un mandato de la UE a la Comisión.
La intervención de De Wever no fue tanto un veto provinciano como un reflejo del realismo político: el Estado que administra físicamente los activos se enfrenta a un riesgo inmediato de litigios y medidas de represalia.
Su exigencia de que los riesgos legales y financieros se mutualicen entre los Estados miembros explica el aplazamiento de la cumbre.
El aplazamiento: una pausa estratégica
En la práctica, este aplazamiento tiene un doble significado.
En primer lugar, da tiempo a los abogados y tecnócratas para idear mecanismos que puedan aislar la exposición legal (por ejemplo, creando complejos vehículos de préstamo o buscando garantías multilaterales).
En segundo lugar, preserva la opción política de utilizar los intereses de los activos inmovilizados en lugar de confiscar el capital directamente.
Pero ninguna de las dos vías elimina los dilemas centrales: el peligro de represalias rusas, la ambigüedad jurídica sobre la inmunidad soberana y el coste reputacional con los proveedores de capital del Sur Global.
La elección que haga Europa sentará un precedente. Si la UE encuentra un instrumento jurídicamente sólido para redirigir los activos soberanos congelados a Ucrania, habrá creado un instrumento extraordinario de manipulación financiera geopolítica.
Si procede sin ese consenso, el bloque corre el riesgo de dar a entender que los imperativos estatales prevalecen sobre la seguridad jurídica, un cambio que podría convertir a Europa en un refugio más arriesgado para el capital internacional. Luxemburgo ya se muestra inquieto.
Por lo tanto, los responsables políticos deben sopesar las ganancias políticas a corto plazo frente a la pérdida de credibilidad a largo plazo.
Esa es la incómoda negociación que se encuentra en el centro de la cumbre de Bruselas, y la razón por la que el “orden basado en normas” que antes parecía evidente en Europa ahora parece frágil y controvertido.
Traducción nuestra
*Ricardo Martins, doctor en Sociología, especialista en política europea e internacional, así como en geopolítica.
Fuente original: New Eastern Outlook
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 