Franco Vielma.
Foto: Archivo. Los salarios y las pensiones son también una variable política. ¿Es un tema tratado de manera responsable? (Foto: Archivo)
14 de febrero 2023.
…a superación del cuadro actual implica que la economía puede verse beneficiada integralmente si ese segmento de casi 7 millones de personas recupera al menos una parte significativa de sus capacidades adquisitivas, lo cual implica un aumento del consumo, del crecimiento y la retroalimentación de las actividades.
Sobre esos aspectos, estamos hablando de economía. Pero, en el contexto actual, lo políticamente correcto es situarnos en las condiciones reales y tratar este tema con la seriedad y responsabilidad que merece.
El salario público y las pensiones han sido componentes claves de la economía venezolana, especialmente por su expresión microeconómica al incidir en el funcionamiento del Estado y también en la cotidianidad de amplias capas sociales. Ello le da una denominación que es también político-social.
Como sabemos, este ítem -llamémoslo el de la «nómina pública»-, están en el centro ahora de una discusión que va más allá de la economía, por recaer a niveles mínimos, tal como ocurrió entre los años 2019 y 2020.
A inicios del año 2022, el salario mínimo (sin contar con otros beneficios) y las pensiones se calculaban por sobre los 30 dólares estadounidenses (USD) al cambio del promedio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pero durante 2022 estos perdieron su valor llegando a cotas mínimas por causa de la devaluación.
Sin embargo, la cuestión de la nómina pública es mucho más extensa que su matemática elemental. Tiene matices.
CUESTIONES SOBRE LA NÓMINA PÚBLICA
En la Venezuela bolivariana se acumuló un historial económico-político sobre el salario público y las pensiones, especialmente porque el Estado asumió una política expansiva en su nómina de trabajadores y fue muy inclusiva en la incorporación masiva de la población al sistema de seguridad social.
Ello explica que la nómina nacional sea, al día de hoy, cercana a las 7 millones de personas, incrementándose sobre la base de un sistema de pensiones que está constitucionalmente regido por un valor equivalente al salario mínimo oficial y que, en Venezuela, se puede optar a la pensión, en el caso de las mujeres superando los 55 años de edad, y en el caso de los hombres, superando los 60. Venezuela pensiona a su población en edad muy temprana y ello ha sido un logro del chavismo.
Pero la nómina pública también ha tenido otros hitos. Por ejemplo, como que en 2008 el presidente Hugo Chávez anunciaba que el salario mínimo (y por ende, pensiones) alcanzaban los 372 USD, y que adicionalmente la clase trabajadora contaría con un Bono de Alimentación que llevaba sus ingresos a un mínimo de 557 USD, el más alto de América Latina, al punto de casi triplicar el promedio del salario regional (que para el momento era de 212 USD).
¿Cuál era la dimensión política de estos referentes? Primeramente, que el país gozaba de una importante bonanza petrolera que durante un ciclo entero (desde 2005 hasta 2013) se apalancó en un precio internacional del crudo en valores superiores a los 75 USD por barril, superando incluso los 100 USD por barril durante años.
Pero, además de ello, el significado de la política distributiva de la renta petrolera se había consolidado como un referente esencialmente chavista, extendiéndose más allá de la presidencia de Chávez. En su momento, en el año 2013, el presidente Nicolás Maduro hizo ajustes salariales que colocaron el sueldo base (y pensiones) en los 380 USD y, conjuntamente con bonificaciones adicionales, el salario superaba los 510 USD mensuales.
En 2015, se produjeron las primeras medidas coercitivas estadounidenses, y en el año 2017 el bloqueo se formalizó, evolucionando en categorías cada vez peores, asfixiando la economía a niveles jamás vistos, restringiendo integralmente las exportaciones del Estado venezolano, quien ha sido históricamente el principal aportador de divisas al tejido económico.
Para el año 2020, el país registró una pérdida de 99% de sus ingresos en divisas comparadas con las que ingresaban en 2014. En números, si en 2014 ingresaban 56 mil millones de USD, en 2020 ingresaron solo 400 millones.
La sinceridad política de 2008, e incluso de 2013 (con Maduro en la presidencia), era la de una política distributiva sostenida en las exportaciones petroleras. No era un asunto «tabú», en ambos ciclos el gobierno venezolano defendía orgullosamente que los ingresos del Estado eran la base del salario. Sobre esa misma sinceridad política se explica el declive registrado en 2020 y, por ende, el bajísimo nivel de los salarios públicos y pensiones. Por ello, no en vano, Maduro insiste tanto en el daño del bloqueo al país.
No se puede hablar de la nómina pública en Venezuela sin hablar de su base fundamental, su fuente histórica de recursos: las exportaciones del Estado. Cualquier análisis de lo primero, sin incluir lo segundo, está en el terreno de la demagogia y lo majadero.
Por ello, el bloqueo a las exportaciones del Estado es la condición objetiva, inobjetable e ineludible sobre la cuestión salarial en el presente.
La nómina pública es hoy el principal insumo para toda una fundamentación política, que es en muchos casos irresponsable y tendenciosa.
Para ponerlo más simple, justamente las oposiciones políticas que han pedido el bloqueo al país, los llamados «críticos» y otros factores pescadores en río revuelto, intentan capitalizar políticamente el tema mediante ejercicios de demagogia que alcanzan niveles excepcionales. Lo hacen una comidilla política.
Pero, además de ello, frente a las demandas legítimas de sectores que exigen un ajuste salarial por razones más que justificadas, azuzan el tema irresponsablemente, desconociendo, obviando, banalizando y ocultando, la pérdida enorme en la base de recursos y sus causas.
El tema de la nómina pública ha sido entonces intervenido, instrumentalizado, como el factor central del momento actual de la economía venezolana. Esto por su funcionabilidad múltiple, pues no solo atiza el descontento útil para agendas más allá de lo gremial; además propone intentos de paralizar al Estado y adicionalmente sepultar el hito del levantamiento del PIB que se ha registrado –sobre 22% entre enero y septiembre de 2022– pese a la continuidad del bloqueo como condición objetiva.
La economía, entonces, se vuelve el lugar de los ánimos exasperados, de la frustración y también de las demagogias. Los números se vuelven irrelevantes pese a su contundencia y adquiere lugar la crispación, pues es en ese terreno hacia donde se pretende trasladar la discusión.
¿UN SALARIO NO DEPENDIENTE DE LA RENTA?
Siendo el tema de la nómina pública un tema de disputa múltiple, precisamente ha sido el presidente Maduro el único que ha mencionado el tema de manera responsable. No solo por las obligaciones de su cargo, sino por su propio estilo, en muchos casos, sin tapujos.
El primer mandatario nacional ha admitido el bajo nivel salarial y de pensiones. Ha dicho que está trabajando en una fórmula para su aumento y, sobre todo, habla de crear una base para hacerlo sostenible.
Ha incorporado eso como parte de las siete líneas de trabajo político para el chavismo este año. Las líneas uno y dos implican emplear la restitución del salario como un instrumento para detener la desigualdad que se está gestando por el crecimiento económico actual, donde solo los privados se están beneficiando. Es obvio que en el directorio económico hay un conocimiento crudo y pleno del metabolismo que ha adquirido la economía nacional.
Pero, nuevamente, tal como el Presidente lo ha dicho múltiples veces al hablar de la cuestión económica, reaparece la cuestión de la superación del rentismo como modelo, pues su propio significado es el nudo gordiano de la economía venezolana. Por eso el bloqueo apuntó ahí, por eso la base material fue en declive, por eso los salarios están como están.
Ir a una revisión del sistema de base salarial y de pensiones supone el examen honesta de la economía nacional y diseñar políticas sobre una base distanciada de la renta tradicional por exportaciones. Tal como la conocimos fue desfigurada, no existe, el bloqueo la mató. Por lo tanto, no es posible considerarla como base material, no es posible financiar la nómina pública desde ella, perdió significado como referente político-social.
El año 2022 dejó algunas cifras que fueron presentadas por el presidente venezolano en su Memoria y Cuenta el pasado enero.
La actividad petrolera furtiva al bloqueo, la cual se mantiene a niveles mínimos, reportó al Banco Central de Venezuela (BCV) unos 4 mil 758 millones de USD. Consideremos ello como lo que queda de la renta petrolera, que es apenas un 8% de los niveles históricos anteriores al bloqueo.
Adicionalmente, se presentó la buena noticia de que la recaudación fiscal en el país aumentó un 97% en 2022. Mediante nuevos impuestos y un aumento en el rigor de la recaudación, el Estado llevó a sus arcas el equivalente a unos 4 mil 744 millones de USD.
Estas cifras refieren la principal base del presupuesto nacional. Son claramente mejores que las del año 2020, pero equivalen a apenas un 17% de los ingresos netos en divisas que el país recibía en 2014.
Estimaciones no oficiales refieren que llevar la nómina pública a una modesta cifra de 50 USD mensuales equivale a 7 mil millones de USD para el presupuesto de un año. Otra estimación pública, como la de Luis Bárcenas de la firma privada Ecoanalítica, indica que si el salario base y pensiones se llevan a 100 USD mensuales, ello costaría al Estado más de 13 mil millones de USD.
¿De dónde puede surgir la base de financiamiento para las nuevas tablas de salarios y pensiones? Si reconocemos que el bloqueo contra el país continuará como condición objetiva y asfixiante, entonces la composición de la fuente de recursos para la nómina pública debe ser diametralmente distinta.
Hay dos consideraciones adicionales:
- El Estado venezolano no renunciará a sus obligaciones de presupuesto y en materia de gestión para destinar casi absolutamente todos sus recursos solo para sostener salarios y pensiones. Carecería de sentido sostener los salarios de trabajadores públicos si estos no tienen ningún volumen de trabajo o gestión que realizar, pues se concretaría una paralización del Estado que en nada puede contribuir a la recuperación económica.
- El Ejecutivo se ha mostrado determinado en no aplicar medidas de financiarización del presupuesto público mediante emisión monetaria o aumento exacerbado de la liquidez. Este ítem -que cuenta tristemente con el grupo de «críticos anti-monetaristas»- implica la superación de un debate pseudo-ideológico. Para el gobierno venezolano sí hay demostraciones contundentes de que en el contexto actual de la economía venezolana la emisión desproporcionada de liquidez tiene efectos directos en la depreciación del bolívar, incrementando el tipo de cambio.
Siendo esas las condiciones dichas en la contundencia de las cifras y en la política, entonces, la recaudación fiscal, la reconducción del presupuesto público, la emisión muy moderada de liquidez, nuevos regímenes concesionarios, el desarrollo de las actividades de recaudación del Estado en materia de servicios y el aumento de su actividad productiva en sus empresas deben ser la nueva fuente del presupuesto público y, por ende, de la nómina de trabajadores y pensionados.
El gobierno nacional nuevamente tendrá que aplicar acciones excepcionales, esta vez para poder aumentar la base de presupuesto del Estado. El gran desafío será hacer sostenible a la nómina.
El tema fiscal seguramente será de atención. Probablemente habrá una nueva matriz de impuestos y reglas fiscales que deben ser aplicadas en amplísima escala y detalle.
De esa manera, la cuestión económica de la nómina estatal podrá contar con una base de financiamiento invulnerable a la causa de su caída: el bloqueo. Pero no implica el fin de la diatriba. Serán comunes los pronunciamientos en contra de medidas tributarias y veremos a algunos que actualmente se rasgan las vestiduras por los salarios cortándose las venas en defensa del capital privado. Las demagogias no van a escasear.
Sin embargo, al mediano plazo, la economía venezolana tendrá que adaptar más aún sus sistemas de reglas para poder sortear el momento.
Por una parte, el Ejecutivo venezolano entiende perfectamente que es necesario contener la continuidad de una economía hemipléjica, paralizada en parte. Una economía donde quienes están dentro de la esfera de los salarios privados y las remesas pueden consumir, y una economía donde los dependientes del Estado no pueden hacerlo por sus bajos ingresos.
Por otro lado, la superación del cuadro actual implica que la economía puede verse beneficiada integralmente si ese segmento de casi 7 millones de personas recupera al menos una parte significativa de sus capacidades adquisitivas, lo cual implica un aumento del consumo, del crecimiento y la retroalimentación de las actividades.
Sobre esos aspectos, estamos hablando de economía. Pero, en el contexto actual, lo políticamente correcto es situarnos en las condiciones reales y tratar este tema con la seriedad y responsabilidad que merece.
*Franco Vielma es escritor, analista político y comunicador. Licenciado en Sociología del Desarrollo. Especialista en Planificación pública. Magister en Comunicación Política. Ha sido analista para Petróleos de Venezuela S. A. Fue Coordinador en el Vice Ministerio de Asuntos Estratégicos, adscrito al Ministerio del despacho de la Presidencia de Hugo Chávez.
Fuente: Misión Verdad
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 