Misión Verdad.
18 de marzo 2020.
Existen múltiples factores que inciden al momento de entender por qué el virus se propaga con mayor o menor velocidad en cada país del mundo. Allí entran variables circunstanciales, como el tipo de clima de la región, la afluencia de viajeros extranjeros o la susceptibilidad de la población (Italia y Europa en general tienen mayores riesgos de mortalidad por tener un grueso de población anciana).
Sin embargo, los elementos relacionados a los protocolos de prevención y contención que tome cada país también alentarán o disminuirán la transmisión en el territorio, cuestión que hemos abordado en un informe anterior, al revisar la estrategia que Venezuela ha diseñado basándose en la experiencia china y europea.
Chile, Ecuador y Perú: reacciones al crecimiento exponencial de contagio
Siguiendo las estadísticas que publica la universidad estadounidense Johns Hopkins en tiempo real, el medio chileno BioBio Chile determinó que, por número de habitantes, “Chile lidera la lista de los países de América del Sur en propagación (con) un 1 caso por cada 114 mil personas”.
Al día de hoy, el país tiene 201 casos confirmados, por lo que Piñera decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.
Santiago informó del primer caso registrado el 3 de marzo. Se trataba de un médico chileno que llegó desde Singapur el 25 de febrero. De la identificación del contagiado a que el gobierno de Sebastián Piñera pasara a medidas que todavía no se acercan en contundencia a las que está tomando Venezuela, transcurrieron 12 días y 155 contagios.
Dice el estadista chileno Eduardo Engel:
“Chile en cinco días pasó de 23 a 155 casos. Italia en cinco días pasó de 21 a 470 casos. En esta comparación partimos casi en el mismo nivel (23 y 21) y ya estamos en el crecimiento exponencial. La primera conclusión es que estamos mejor que Italia, pero que se haya más que duplicado el número de casos entre ayer y hoy sí es muy preocupante”.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Piñera? Las primeras acciones trascendentales ocurrieron cumpliendo las casi dos semanas de propagación del coronavirus.
El 14 de marzo el ejecutivo chileno informó que el país había entrado en la fase 3 de la enfermedad (contagio comunitario) con 43 casos de contagio. La batería de medidas anunciadas para contrarrestar la situación estuvo compuesta por aislamientos parciales a los grupos que tuvieran contacto con casos contagiados.
Así, en el sector laboral solo asumirían cuarentena obligatoria de 14 días los empleados que “hayan tenido contacto estrecho comprobados con casos de COVID-19”.
Igualmente con el sector de educación: se suspendería las clases de un curso completo de estudiantes por 14 días si se confirmaba un caso de COVID-19. Si existía dos o más el plantel escolar entraría en aislamiento.
Se prohibieron las reuniones de grupos mayores de 500 personas, un mayor control migratorio de las personas que arribaran de países contagiados y el permiso para que funcionarios públicos mayores de 75 años pudieran realizar su trabajo desde el hogar.
El lunes 16 de marzo, Piñera se dirigió a la nación chilena para anunciar que habían entrado en la fase 4 de la pandemia (la etapa “más dura” según el mandatario, en la que se produce la transmisión sostenida del COVID-19) y que tomarían nuevas medidas, entre ellas:
–Cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas durante 15 días a partir del 18 de marzo.
–Sanciones para quienes no cumplan la cuarentena.
–Suspensión de clases por 14 días en todos los establecimientos educacionales.
–Prohibición de eventos públicos con más de 200 personas.
Hasta los momentos, el protocolo sanitario mantiene el sistema de cuarentenas parciales, permitiendo incluso el funcionamiento normal de centros comerciales y supermercados en todo el país.
Sobre estas restricciones, Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, evalúa que “hay mucho que implementar. Hay cuarentenas que sabemos que no se están siguiendo y el gobierno tiene que hacerlo, porque esa es la forma más efectiva de evitar la propagación del virus”.
Hasta los momentos, Ecuador registra 111 casos y 2 personas fallecidas, ambas mayores de 50 años.
El país anunció el primer caso el 29 de febrero, una mujer que había viajado desde España hacía dos semanas atrás (14 de febrero). Presentó síntomas dos días después de llegar a Guayaquil.
Emergieron varias contradicciones sobre el manejo de este caso por parte de las autoridades sanitarias, que el medio ecuatoriano Expreso recopiló en un reportaje.
La ministra de Salud, Catalina Andramuño informó que todos los familiares de la contagiada “estaban cumpliendo el aislamiento”. Sin embargo, una funcionaria del ejecutivo confirmó que su hermana, que había tenido contacto con ella, no estaba en cuarentena.
A Andramuño también se le espetó la falta de rigurosidad en la detección temprana y el rastreo de los otros 288 pasajeros que viajaron a bordo del avión en el que estuvo la paciente. La autoridad sanitaria no dejó claro si se había contactado al grupo y si estaban cumpliendo el protocolo de aislamiento.
Tanto la paciente cero como la hermana fallecieron por el COVID-19.
El 7 de marzo, una semana después de hallar al paciente cero en la ciudad de Guayaquil, se realizó una desinfección de la Metrovía, transporte público que traslada alrededor de 400 mil usuarios diariamente.
Cuatro días más tarde, el presidente Lenín Moreno decretó emergencia sanitaria en todo el territorio. A través de esa decisión, se dispuso mayores medidas de control en puntos de ingreso nacional, aplicación de restricciones para eventos masivos, medidas de prevención en los transportes públicos y flexibilidad laboral para los empleados que lo requieran.
Especialistas locales cuestionan la falta de acceso a datos sobre la evolución del brote. “El acceso a información de cualquier tipo de brote es fundamental porque nos permite evaluar modelos, distribución geográfica, gravedad de los pacientes (…) cuando uno ve que aquí no hay datos, los toma de los otros países y eso muchas veces no es replicable en nuestra realidad”, dice el doctor Esteban Ortiz, experto en salud pública.
Del 15 al 16 de marzo, los casos oficiales ascendieron de 21 a 58 personas, un incremento del 56,7% en menos de 24 horas.
Ahora, todo el país está bajo toque de queda, estado de excepción y restricción vehicular, “medidas extremas” que si no se cumplen, “pudiéramos llegar a tener 800 mil contagiados”, dijo Lenín Moreno en una alocución.
Por su parte, el gobierno de Perú tiene registro de 117 casos confirmados, la segunda tasa más alta de COVID-19 por número de habitantes después de Chile. 70 de los casos están concentrados en Lima, la ciudad capital.
El paciente cero fue reportado el pasado 6 de marzo. El presidente de Perú decretó estado de emergencia nacional el domingo 15 de marzo; implica la inmovilización de la ciudadanía y el cierre total de las fronteras durante 15 días.
Entre las medidas tomadas bajo el estado de emergencia, destaca la implementación de un subsidio de 380 soles (US$100, aproximadamente) a 9 millones de peruanos para atajar las complicaciones económicas que puedan presentarse en los 15 días de aislamiento obligatorio que ordenó Vizcarra.
Bolivia, Brasil y México minimizan el impacto del coronavirus
Los conflictos políticos internos entre la presidenta de facto Jeanine Áñez y otros factores de poder en Bolivia no han permitido que se defina un solo programa para tratar los 13 casos confirmados en el país y contener su expansión en el territorio.
Hasta la llegada del virus, Áñez desestimó las medidas de prevención y contención ensayadas con resultados positivos en países asiáticos. En cambio, emitió órdenes inconexas que prohibían, por ejemplo, el cierre de sitios para el esparcimiento en horario nocturno sin tocar los horarios laborales.
Las restricciones migratorias han sido influenciadas por la presión regional de países que sí han tomado esas medidas con anticipación. El 14 de marzo, Bolivia prohibió los vuelos hacia y desde Europa, también el ingreso de pasajeros de China, Corea, Italia y España.
Las autoridades nacionales, presionadas por varios gobiernos regionales a decretar el cierre de fronteras, accedieron solo a prohibir vuelos hacia y desde Europa y vetar el ingreso a ciudadanos y viajeros procedentes de China, Corea, Italia y España.
Autoridades regionales de Oruro, Sucre, Tarija y Cochabamba anunciaron la aplicación de una “cuarentena urbana de 14 días” para frenar la pandemia siguiendo una línea de acción opuesta a la del gobierno central.
A estas cuatro regiones, se sumó Santa Cruz.
El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha estado vinculado a múltiples controversias por el incumplimiento de protocolos sanitarios propuestos por la OMS, bajo el argumento de que hay una “neurosis” por la pandemia.
El país ha registrado 234 casos de coronavirus y una víctima fatal. El plan de contingencia implementado por la administración de Bolsonaro para atacar al virus no incluye la suspensión de actividades laborales o educativas, tampoco la prohibición de grandes concentraciones de personas o el control férreo de las fronteras y aeropuertos internacionales.
Algunas gobernaciones han tomado sus propias medidas de seguridad, que incluyen el cierre de escuelas y la limitación de las concentraciones. Ante esto, el presidente de Brasil opinó que no coincide en las decisiones porque “afecta la actividad económica (…) muchos ya contrajeron esto a pesar de los cuidados que se toman, esto va a pasar más tarde o más temprano”.
Bolsonaro y su gabinete omiten las recomendaciones sanitarias incluso a nivel personal, lo que ha derivado en que 11 personas vinculadas al ejecutivo brasileño dieran positivo en la prueba de coronavirus y que el propio presidente brasileño se la tuviera que realizar, dando negativo pero quedando bajo cuarentena.
Esa última orden médica también fue ignorada por Jair Bolsonaro, yendo a concentraciones donde tuvo estrecho contacto físico con sus seguidores.
Fuente: Misión Verdad; https://medium.com/@misionverdad2012
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 