LA POLICÍA DE BOLIVIA COMO BRAZO ARMADO DEL CAMBIO DE RÉGIMEN.

Misión Verdad

11 de noviembre 2019.

No es la primera vez que la policía boliviana se amotina, pero sus manifestaciones se relacionaron con la orden del golpe contra el gobierno de Evo Morales y se mantuvieron lejos de las reivindicaciones protestadas. Lo coyuntural enmarca sus acciones, dando a los motines policiales un protagonismo en los últimos acontecimientos.

Esta vez, la Policía en Bolivia demandó un incremento salarial del 10%, armamento de dotación individual, viviendas para cada uno de los funcionarios, trato preferencial a los que se encuentran en comisión de servicios, jubilación con el cien por cien de salario, ejecución de un plan de profesionalización y anulación de la Ley 101, que regula el régimen disciplinario del cuerpo de seguridad.

La administración de Morales anunció el sábado 9 de noviembre que aceptaba tres de estas demandas (equipación salarial, jubilación con el cien por cien de salario, derogación de la Ley 101) y dio a la jefatura policial la oportunidad de aceptar el acuerdo o rechazarlo.

Pero, frente al edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en La Paz, ya pedían la renuncia de Evo Morales.

Algo parecido ocurrió en 2012, año del último motín policial con prerrogativas de reivindicación salarial y laboral, pero bajo otro contexto político, mucho menos crítico que el actual.

PUGNA HISTÓRICA ENTRE PODERES

En junio de 2012 irrumpió el amotinamiento de la policía boliviana en varias ciudades del país andino, en específico La Paz, Santa Cruz, Cochambamba, Oruro, Sucre y Tarija, donde los funcionarios de seguridad se replegaron y dejaron las calles sin patrullaje.

Los policías amotinados quemaron cuarteles antidisturbios, uno de ellos cercano al palacio presidencial en la capital boliviana (la UTOP), donde prendieron fuego el edificio, durante la celebración del Nuevo Año Aymara. También atizaron hogueras en la calle con muebles y documentos mientras exigían sus demandas.

Aquellos días de junio y principios de julio fueron de mucha tensión en toda Bolivia pues la protesta policial supuso una eventual desestabilización política. El llamado al diálogo por parte de Morales conllevó a aceptar algunas reivindicaciones y a negociar un punto de estabilidad.

Sin embargo, desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente depuesto, tomó las riendas del Estado y lo refundó, la policía ha visto su statu quo peligrar con algunas decisiones que había tomado el entonces ejecutivo en relación a la estructura del cuerpo securitario, lo que derivó en una pugna entre ambos factores.

El gobierno del MAS intentó reformar la policía con algunas decisiones jurídicas e imposición de jefaturas capaces de responder a la estructura gubernamental, pero las respuestas en contra en el mismo cuerpo policial mermó tales iniciativas.

Las sanciones por corrupción policial fueron una de las principales causas por las que la policía decidió enfrentar directamente al MAS.

Boicoteó la creación de nuevas entidades bajo ley en 2011 (el Servicio general de identificación personal y el Servicio general de licencias para conducir) cuyas tareas estaban antes en manos de la gendarmería. Lo que antes era el principal instrumento de control y de generación de recursos legales e ilegales de la Policía, ahora pasaba a manos de los ministerios de Gobierno y Justicia.

De igual manera, varios funcionarios de seguridad tuvieron que responder ante la justicia luego de que los ministerios de Gobierno y Transparencia intervinieran en la Universidad Policial (Unipol) ese mismo año, donde se denunciaron casos de nepotismo y tráfico de influencias para vender cupos para el ingreso (a 54 postulantes). El caso reveló complicidad entre autoridades públicas, senadores, diputados y autoridades policiales, y llevó al retiro del comandante nacional de la Policía.

Asimismo, fueron sancionados funcionarios que participaron en represiones brutales contra la población, como lo sucedido en septiembre de 2011, donde 500 policías reprimieron violentamente (sin consentimiento del ejecutivo) el campamento de más de 700 indígenas que descansaban de su caminata en Yucumo, quienes marchaban en protesta por la construcción de una carretera que cruzaría un área protegida y un parque nacional.

Todo ello fue crucial para que aumentaran las divisiones entre el gobierno y la policía, Morales incluso llegó a dudar de la «lealtad» de esta para con su administración. Esto conllevó a cambios de autoridades policiales que rompieron la tradición organizacional y a la suspensión del Reglamento de ascensos a generales. La orientación fue la de limitar y, en algunos casos, eliminar privilegios, así como mafias que se habían convertido en fuente de intimidaciones, amenazas y persecuciones ilegales, que socavaban la imagen y funcionamiento de la institución.

Siguiendo el hilo de sus causas, el amotinamiento de la policía en 2012 se debió a una pugna política que hubo entre el gobierno del MAS y la estructura tradicional de la gendarmería, que culminó con una negociación que a día de hoy se rompió con la consumación del golpe contra Evo Morales y el MAS.

REPLIEGUE PARA UN GOLPE

El consultor internacional boliviano José Carlos Campero publicó un análisis sobre lo ocurrido en 2012, donde examina la estructura de la Policía de Bolivia y describe el modelo policial de la siguiente manera:

• Su liderazgo es político y prebendal ya que «relegan los resultados de su gestión al beneficio corporativo coyuntural y cortoplacista, y una institucionalidad informal alimentada por la impunidad y la corrupción como retribución prebendal a la lealtad y la protección policial a la política» (que no al ejecutivo).
• Su estructura represiva y militarizada «en detrimento de la función de servicio a la sociedad», como intenta impulsar el gobierno de Evo Morales.
• Su estructura burocrática «obliga al desarrollo de una maraña interminable de trámites, normas, dependencias y personal en la atención de los servicios que ofrece a la ciudadanía, lo que favorece la corrupción».
• Su profesionalización precaria: «La carrera policial es ambigua en sus objetivos y prioriza las funciones burocráticas para garantizar la permanencia vegetativa de los efectivos».
• El predominio del trabajo informal alimenta «una cultura de delito y corrupción que contradice los marcos normativos».
• Su atomización estructural genera que el mando policial «a veces muestra una faceta en la que cumple funciones políticas más que institucionales, y en otras ocasiones es deficitario en el control y la fiscalización del comportamiento policial».
• Y por último, escribe Campero, «como parte de los privilegios obtenidos por las relaciones de simbiosis con la política, la Policía Nacional puede ofertar sus servicios de forma privada, distorsionando la noción de la seguridad como bien público y afectando la asignación de los escasos recursos humanos a la seguridad ciudadana, práctica que ha acentuado la atomización organizativa y sus efectos discriminatorios e incrementado los niveles de informalidad, discrecionalidad y corrupción».

Bajo esta caracterización no parece extraño que las reivindicaciones policiales de días recientes fueran producto de la crítica situación en Bolivia, en donde diversos actores pugnaron por la deposición de Morales de la presidencia. Los motines en distintos departamentos son expresiones análogas a las de 2012, pero esta vez el componente de golpe dio un acento armado a la acción policial en beneficio de la agenda destituyente promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición boliviana.

No en balde Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y líder empresarial del golpe, agradeció a la policía su incursión en la actual coyuntura y prometió estar a su lado. Una declaración política que da un espaldarazo a una institución politizada en contra de Evo Morales.

• El repliegue de la policía en La Paz(junto con la inacción de las Fuerzas Armadas) el sábado 9 de noviembre abrió la senda para que los golpistas, liderados por Camacho, llegaran al Palacio de Gobierno durante el punto clímax del golpe este domingo 10. Al mismo tiempo, generó la salida de Evo Morales hacia Cochabamba unas horas antes.
• Funcionarios de la Policía arrestaron ilegalmente a la presidenta y al vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque y Antonio Costas respectivamente, una acción que solo confirma a la gendarmería como brazo armado del golpe. También arrestaron a otros 33 miembros del TSE, aumentando la persecución política bajo excusa de «fraude».
• Bajo la misma narrativa persecutoria, un oficial dijo que había una orden de captura de Evo Morales (video que se hizo viral) y Camacho lo «confirmó»vía Twitter. Sin embargo, horas después el mismo comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, negó la existencia de cualquier «orden de aprehensión» contra el exmandatario boliviano, los ministros de su gabinetes u otros miembros del Estado. Camacho, por su lado, borró el tuit que confirmaba tal orden.

De acuerdo a la palabras de Calderón del día de ayer, los arrestos de los funcionarios del TSE y la persecución a los miembros del MAS toman tintes ilegales en el contexto actual, con el cuerpo policial como principal brazo armado (de facto y no oficial) coordinado con los actores del golpe. El empresario Camacho ya no puede negarlo.

• Bajo la misma narrativa persecutoria, un oficial dijo que había una orden de captura de Evo Morales (video que se hizo viral) y Camacho lo «confirmó» vía Twitter. Sin embargo, horas después el mismo comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, negó la existencia de cualquier «orden de aprehensión» contra el exmandatario boliviano, los ministros de su gabinetes u otros miembros del Estado. Camacho, por su lado, borró el tuit que confirmaba tal orden.

De acuerdo a la palabras de Calderón del día de ayer, los arrestos de los funcionarios del TSE y la persecución a los miembros del MAS toman tintes ilegales en el contexto actual, con el cuerpo policial como principal brazo armado (de facto y no oficial) coordinado con los actores del golpe. El empresario Camacho ya no puede negarlo.

Al cierre de esta nota se informó de la renuncia de Yuri Calderón como comandante de la policía boliviana, a tan solo un día del golpe y con el amotinamiento policial transformado en un cerco de cazería política. La dimisión significaría un cambio estratégico en la participación de la Policía en el golpe, ya que se desplaza un factor que supone una contrariedad a la razzia convocada por Camacho & Cía.

De esta manera la Policía dio paso a la deposición de Morales y monopoliza los instrumentos de represión a favor de la oposición boliviana. La persecución y la violencia contra los simpatizantes y militantes del MAS están a la orden del día, siendo un operador clave en el terreno en Bolivia.

Fuente: Mision Verdad; http://misionverdad.com/