EDITORIAL
Observadores de Trabajadores en Lucha.
08 de julio 2019.
El Informe de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH no sorprendió a nadie, ¿Es que esperábamos que existiría cierta imparcialidad u objetividad en ese informe? ¡Evidentemente que no! ya que el problema no es solo la señora Bachelet, sino todo el entramado burocrático-neoliberal que se expresa en esas instituciones, en este caso el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se fijan los parámetros de los opresores y donde se maneja una visión eurocentrica y colonial .
A veces creemos, que con el cambio de una persona, aparentemente progresista, con lo difuso, que ya es, dicho termino, cambiara toda su estructura. Esto evidentemente no es así. Recordábamos a Rene Lourau cuando nos expresaba que toda institución por modesta que sea, posee, como todo Estado (en tanto que super-institución) un cadáver en su alacena, una huella de la violencia sacrificada que presidió su nacimiento o, sobre todo, su reconocimiento por las formas sociales ya existentes e instituidas.
A veces o casi siempre el relato oficial, intenta enmascarar y maquillar los orígenes y las diversas fases de desarrollo de la institución, pero también existen otros relatos que luchan por recuperar o mejor, por re-crear ese proyecto, que los orígenes de la institucionalizacion han deformado, alterado y ultrajado.
Rene Lourau lo llamo como el efecto efecto Mühlmann o mühlmannización (etnologo Alemán), que en pocas palabras es que la institucionalización es el fracaso de la profecía, es decir: lo que pudo ser y no ha sido; los derechos humanos en el avance de la humanidad toda.
Como indica Lourau «No se trata de un fenómeno extraño, y menos aún de una consecuencia de la perversidad de la naturaleza humana, sino de un proceso político muy claro. La Ínstitucionalización no es más que la negación del proyecto del que era portador el movimiento social al reclamarse míticamente de la misión o la función de la institución».
Estos organismos (ONU, Consejo de DDHH de ONU, OIT, y otros) fueron creados en momentos de una correlación de fuerzas favorables a los procesos revolucionarios de los pueblos, pero el capitalismo se encargo de institucionalizarlos, castrando todo el poder instituyente, como elemento de transformación permanente. Posteriormente fueron siendo penetrados y conformados por las élites reformistas y liberales durante toda la guerra fría y estos aun permanecen, con nuevas generaciones que tienen las mismas viejas ideas, donde los derechos humanos son instrumentalizados en una caja de sastre que sirven para todo, en este mundo oprimido, incluso para permitir que no se castigue al imperialismo de EEUU, por los crímenes de lesa humanidad y genocidio histórico. Al final este informe también sera instrumentalizado y servirá a los propósitos imperialistas y coloniales de EEUU y Europa para la injerencia extranjera y una probable invasión «que siempre esta sobre la mesa», como dijera el grupo de locos aquellos.
Por parecernos muy importante presentamos en estas entradas, dos artículos uno de Pascualina Curcio, Consigne las pruebas, señora Bachelet y otro de Misión Verdad, El informe Bachelet será otro instrumento para acentuar el cambio de régimen (análisis especial) realizando un análisis de dicho informe. Ademas, en esta editorial presentamos las respuestas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que permitirá valorar el informe poco ético, por decir algo, de la señora Bachelet.
Gobierno Bolivariano de Venezuela presenta 70 observaciones al informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH
Leonardo Ojeda.
04 de julio 2019.
En el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emite un informe acerca de la situación de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela “solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18”, a través de un documento que da cuenta de los errores de hecho del informe de la Alta Comisionada. A continuación el texto íntegro de Comentarios formulados por el Estado
Fuente: http://mppre.gob.ve/
Observaciones al informe de la Alta Comisionada de los DDHH Michelle Bachelet
William Castillo.
05 de julio 2019.
Ponencia del Viceministro para la Comunicación Internacional William Castillo, presentada el 5 de julio en el marco de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El texto contiene las observaciones al informe de la Alta Comisionada de los DDHH ante la ONU Michelle Bachelet. Entre otros puntos se señala que “El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”.
Se agrega que “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
ERRORES DE HECHO DEL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (RESUMEN)
El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela.
Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El 82%[1] de las entrevistas utilizadas por la OACNUDH para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la
República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019, la primera de ella en el mes de marzo con una duración de 12 días y la segunda entre el 19 y 22 de junio, por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La OACNUDH priorizó en su análisis los testimonios recabados fuera de Venezuela, sin considerar los elementos que el personal de esa Oficina pudo directamente apreciar en sus visitas al país. Vale recordar que, durante la misión realizada en el mes de marzo de 2019, la OACNUDH pudo visitar, por ejemplo, cinco centros de privación de libertad[2], tres hospitales[3], un almacén robotizado de acopio y distribución de medicamentos[4], un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela[5] y dos centros de expendio de alimentos.[6]
El informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. Sobre este punto, debe tenerse presente que la OACNUDH está llamada por las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial.
Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles.
El informe omite hacer referencia a las medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Entre esas medidas se encuentran: el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria[7], el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras.
El informe omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el país.
El Gobierno de Venezuela informó que, además del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, invierte recursos públicos para la progresiva realización del derecho a la alimentación, a través de los siguientes programas: Programa de Alimentación Escolar (PAE), Casas de Alimentación,
Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional, Comedores Populares, Servicio de Alimentación a Personas bajo la Tutela del Estado, Entrega de Componentes
Alimentarios para Pueblos Originarios y al promoción, protección y apoyo a la Lactancia materna.
El informe hace un análisis sobre la “escasez” y disponibilidad de alimentos, con base en las entrevistas realizadas mayoritariamente fuera del territorio de Venezuela. Sin embargo, en ese análisis, se omite la información recabada directamente por la OACNUDH durante su visita a dos establecimientos de expendio de alimentos en Venezuela.[8]
Durante la misión realizada en Venezuela en el mes de marzo de 2019, la OACNUDH visitó tres establecimientos de salud públicos. La OACNUDH accedió salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios, constatando la atención brindada y los reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal.
El Gobierno informó a la OACNUDH que entre los años 2011 y 2019 se han graduado 29.057 médicos integrales comunitarios, formados bajo los principios de la atención primaria de salud, a los que se suman aproximadamente 2.000 por año que se gradúan como médicos cirujanos. Del mismo modo, se indicó que entre 2015 y 2019 el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha registrado el ingreso a la plantilla de 128.324 profesionales en diversas áreas, incluyendo 30.841 licenciados en enfermería y 21.968 médicos cirujanos.
El informe alega que las listas de personas beneficiadas a través del Carnet de la Patria son administradas por “estructuras locales del partido gobernante”. Esta aseveración es errada. Las personas beneficiadas con los diferentes programas del Carnet de la Patria son determinadas por las diversas instituciones del Estado responsables de cada uno de esos programas. En esos listados se incorporan, sin discriminación, a todas las personas que cumplan los requisitos para ello.
La OACNUDH menciona la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica en Venezuela. No obstante, se abstiene de subrayar el deber de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, tal como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Esta omisión resulta preocupante e inexplicable, sobre todo considerando que la OACNUDH ha reconocido que:
Las medidas coercitivas unilaterales consistentes en sanciones económicas pueden tener repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general de los Estados a los que se aplican tales medidas.
Las principales víctimas de esas medidas suelen ser las clases más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres. Esos grupos sufren más las consecuencias de la denegación del acceso a material y medicamentos que pueden salvarles la vida, a productos alimenticios básicos y a material educativo.[9]
El informe destaca el supuesto cierre de medios de comunicación social y la expulsión de periodistas del territorio nacional. En este abordaje, la OACNUDH omite la información suministrada por el Estado en relación con el proceso de renovación de concesiones y las normas que regulan el ejercicio de la labor del periodismo para profesionales extranjeros, no residenciados en el país. El Gobierno venezolano informó que, entre los años 2018 y 2019, han sido otorgadas 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión. Asimismo, han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión.
El informe señala que el Estado venezolano no habría investigado las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos. Esta afirmación es errónea, tal como lo demuestra la información aportada a la OACNUDH en respuesta al cuestionario remitido por esa Oficina. El Gobierno informó que, hasta la fecha, existen 44 personas privadas de libertad por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este mismo asunto.
Se indicó a la OACNUDH que el Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019.
La OACNUDH omitió hacer mención a las diferentes expresiones de violencia ejercida por los manifestantes, especialmente durante los años 2013, 2014 y 2017, así como sobre las consecuencias de esa violencia y los casos de personas fallecidas y lesionadas. La Alta Comisionada pudo recabar abundante información sobre este asunto en su visita al país. Además, el Gobierno indicó que al menos 9 funcionarios fallecieron y otros 1.263 resultaron lesionados entre los años 2017 y 2019, como consecuencia de la violencia ejercida por el sector opositor durante manifestaciones públicas.
El informe analiza las condiciones de los centros de detención del país. En este estudio, la OACNUDH desconoce los grandes avances en materia de régimen penitenciario alcanzado por el Estado, constatado por el personal de esa Oficina durante su visita al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a dos centros penitenciarios del país. Incluso, estos progresos fueron reconocidos por la propia Alta Comisionada en la reunión sostenida en Venezuela con las autoridades en materia de derechos civiles y políticos.
El informe denuncia la supuesta violación de los “derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras”, obviando toda la información entregada por el Gobierno venezolano. Hasta la fecha se han entregado 102 títulos de propiedad colectiva de la tierra a pueblos indígenas, que comprenden 3.282.299 hectáreas demarcadas. Con estos títulos se ha dado respuesta al 73% de las solicitudes de demarcación presentadas, beneficiando a 683 comunidades indígenas.
El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país. Esta omisión es grave e injustificada, pues -entre otras cosas- implica un desconocimiento a las decisiones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos y los mandatos otorgados a la OACNUDH.
Notas
[1] Según el Informe la OACNUDH realizó 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron efectuadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.
[2] Centro de Formación Hombres Nuevos Libertador (Carabobo), Centro de Formación Hombres Nuevos Sargento David Viloria (Lara), Centro Nacional de Procesados Militares “Ramo Verde” (Miranda), Sebin Helicoide (Distrito Capital) y Zona N° 4 de la Policía Nacional Bolivariana (Miranda).
[3] Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Carabobo), Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera (Lara) y Centro de Diagnóstico Integral “Che Guevara” (Distrito Capital).
[4] Almacén robotizado Jipana (Lara)
[5] Urbanismo Alí Primera (Lara)
[6] Mercado de la Cooperativa Cecosesola (Lara) y un mercado privado ubicado en el estado Lara.
[7] El sistema del Carnet de la Patria abarca más del 80% de la población adulta del país y comprende asignaciones dinerarias mensuales, por montos cercanos o equivalentes a un ingreso mínimo nacional.
[8] La OACNUDH visitó dos establecimientos de expendio de alimentos ubicados en el estado Lara. Uno de los establecimientos, de carácter público, ubicado en una zona popular del estado y otro, de naturaleza privada, ubicado en un sector de clase media.
[9] Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/19/33)
Fuente: América latina en movimiento; https://www.alainet.org/
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