LINEAS ARGUMENTALES SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO DE CARA A SU TOMA DE POSESIÓN EL 10 DE ENERO DE 2019.

Misión Verdad.

Diciembre 2018.

Las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela se hicieron con arreglo a los lapsos y parámetros normativos de la Constitución. La convocatoria fue realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo de la firma de un Acuerdo de Garantías Electorales, suscrito por el Gobierno venezolano y por dirigentes opositores, entre ellos Felipe Mujica, (MAS) Miguel Salazar (COPEI) y Luis Romero (AP)1.
Semanas antes, en República Dominicana, los jefes de negociación de la MUD se negaron a firmar el acuerdo, el cual contenía sus principales exigencias2 para el proceso presidencial: apertura del Registro Electoral en el extranjero, acordar una misión de observación electoral internacional, someter a sorteo los miembros de mesa, crear una instancia de coordinación con los efectivos del Plan República y limitar la colocación de los llamados puntos rojos.
Tras negarse a firmar en República Dominicana debido a presiones internacionales, otras capas de la dirigencia opositora decidieron hacerlo en Caracas, al mismo tiempo que postularon a su abanderado3 Henri Falcón, quien afirmó que las condiciones eran idóneas para la elección refiriéndose al “Acuerdo de Garantías”.
Como es de costumbre, el CNE aplicó 15 auditorías para blindar la transparencia del proceso, garantizando la máxima de una persona, un voto, y la fiabilidad del conteo electrónico. En el proceso electoral anterior, las regionales, el jefe de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirmó4 que las condiciones técnicas dadas por el ente electoral eran propicias: “Esta consiste en que aquí, en máquinas del Consejo Nacional Electoral, está instalado ese software, es el mismo que el que fue utilizado para las elecciones del 6 de diciembre de 2015 (…) ese software, que en aquella oportunidad ya nosotros auditamos, se va a verificar que en efecto sea el mismo, además de comprobar algunos cambios teóricos del mismo”.
Las elecciones presidenciales del 20 de mayo se dieron en un contexto atípico: bajo el mandato de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente5, instancia que se encuentra por encima de todos los poderes públicos. Tras un decreto emitido para convocar las elecciones presidenciales, el CNE las convocó cumpliendo con el ciclo electoral de renovación de poderes públicos iniciado en diciembre de 2015.
Las elecciones presidenciales del 20 de mayo contaron con una profusa participación de actores opositores venezolanos, como el ex gobernador del estado Lara, Henri Falcón, y el pastor evangélico Javier Bertucci.
Las elecciones presidenciales del 20 de mayo contó también con una respetable participación de acompañantes y observadores internacionales. Al proceso asistieron6 la Unión Africana representada por la embajadora de la Unión Africana en Washington, Sra. Arikana Chihombori Quao, un grupo de expertos electorales rusos y una delegación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), presidida por Nicanor Moscoso, que ha trabajado junto a la OEA en decenas de procesos electorales latinoamericanos.
Los acompañantes internacionales, luego de la jornada, manifestaron7 que “los comicios fueron muy transparentes y cumplieron con los parámetros internacionales y la legislación nacional. El resultado que emanó del CNE son un reflejo perfecto de lo que es la voluntad de los venezolanos que acudieron a las urnas”.
Nicanor Moscoso, además de reafirmar que las condiciones preestablecidas en el Acuerdo de Garantías se había cumplido a cabalidad, acotó que “el desconocimiento de la elección es una resolución política que toma cada uno de estos países, ojalá sean atendidas adecuadamente por organismos internacionales que deberían promover diálogos adecuados para que estos países se informen adecuadamente sobre el proceso electoral. Nosotros casi no hemos visto que se manifiesten contra el sistema electoral sino contra la decisión política de realizar las elecciones”.
Las elecciones presidenciales no fueron adelantadas por capricho del Gobierno venezolano, sino como parte de una exigencia de las fuerzas opositoras para abrir un ciclo de diálogo y garantizar su participación en el proceso electoral presidencial para la resolución pacífica de la crisis venezolana.
Así, las elecciones fueron adelantadas con el objetivo de ampliar las garantías ya contempladas por la legislación venezolana y abrir el compás para la participación opositora. La oposición, que hizo de esta exigencia una variable central para sentarse a negociar, una vez adelantadas las elecciones las catalogaron como “fraudulentas”. Un absurdo desde todo punto de vista
Las elecciones presidenciales cumplieron con todos los parámetros de transparencia y seguridad del voto, reconocido por los propios actores opositores en medio de la contienda y por los observadores internacionales de prestigio que asistieron.
La participación electoral total fue de 46,01% del padrón electoral. Mediante la manipulación de la abstención en estos comicios se ha intentado condicionar su legitimidad, sin embargo, un mapeo rápido por los procesos electorales de la región, refleja la baja participación en otros procesos que no son cuestionados.
Por ejemplo, en Chile, durante sus últimas elecciones presidenciales (2017) la abstención fue del 59% del padrón electoral8. Los procesos electorales recientes en Guatemala, Honduras y Colombia, han tenido también porcentajes de abstención superiores al 40% y no ha sido cuestionada la victoria de sus respectivos candidatos.
Es vital recordar que durante el proceso electoral presidencial venezolano, sus instituciones fueron lesionadas bajo un ataque coordinado por actores externos e internos, que apostaban no sólo su deslegitimación, sino favorecer conscientemente la abstención.
Ejemplo de ello, fue la decisión de Canadá de restringir el voto venezolano. En su momento, Misión Verdad comentó9 que “la medida fue transmitida a través de una nota diplomática y afecta a una base electoral de 6 mil 18 venezolanos que residen en las ciudades de Ottawa, Vancouver, Toronto y Montreal, que en llamadas al ministro venezolano manifestaron la intención de ejercer su derecho al voto (…) Utilizando mecanismos que violan los estatutos del derecho internacional y las normas de la Carta de las Naciones Unidas, Canadá bloquea la posibilidad de votar en su territorio como un acto de deslegitimización del orden constitucional venezolano y con la pretensión de afectar el porcentaje de participación para apoyar la narrativa abstencionista que sectores de la oposición tuteladas desde el exterior han trabajado como campaña, sacrificando en su paso a la cuota opositora que ha decidido asistir a los comicios del 20 de mayo”.