A modo de inicio.
La lucha de los pueblos contra el sistema capitalista, como modo de producción dominante, ha sido la lucha por la construcción de unas relaciones sociales colectivas y humanas. La cooperación de los seres humanos existe como algo natural e inherente de la especie humana (elemento genético-estructural), como cooperación social necesaria para la producción de valores de uso, para el buen vivir como totalidad. La cooperación capitalista es una cooperación de la dominación, impuesta y aprendida socialmente (histórico-concreta) por una formación social concreta, el capitalismo, para obtener grandes ganancias de unos pocos, los capitalistas, a costa de la mayoría de la población, bajo condiciones de explotación, opresión y exclusión social.
Los hábitos sociales de cooperación heredados de modos de producción anteriores al capitalista, que desarrollaban prácticas de apoyo mutuo, de cooperación colectiva en el trabajo, la lucha, la protección de niños y ancianos y en la vida cotidiana sobreviven, en resistencia, aún en el presente de manera material y espiritual. Existe una larga historia de iniciativas de participación colectiva, como el ayllu andino, la práctica de ayuda solidaria a todos los desvalidos y otras, basadas en formas de cooperación entre los pueblos, trabajadores y sectores oprimidos para mejorar su situación.
Sin embargo, el sistema capitalista, una vez que trata de controlar todas las palancas de la sociedad, destruye toda forma de gestión y cooperación colectiva, para individualizarlas en una profunda soledad.
Podemos visualizar, como lo hace Marx, que las bases materiales, espirituales y societarias que permiten la resistencia de los pueblos contra la agresión capitalista están ubicadas en la pequeña agricultura, la industria doméstica y la propiedad comunal de la tierra[1].
Así la historia del movimiento obrero, pero también de nuestros pueblos originarios, ha sido la ayuda mutua, la solidaridad intergeneracional, la protección de sus iguales. Es por eso que la reivindicación en la lucha del derecho a proteger su tiempo de vida en la vejez no puede estar subordinado al capital, ya que el aumento de la esperanza de vida es un producto de las trabajadoras y trabajadores, conquistados en sus largas luchas históricas.
Algunas notas históricas de la seguridad social en América Latina
El capital actúa tratando de mantener la unidad contradictoria de la relación capital-trabajo asalariado, ya que su acción y propósito no es la eliminación total de las clases subalternas sino su sometimiento y dominación para lograr, mediante la explotación, la acumulación del capital, generar plusvalía y así aumentar la tasa media de ganancia. El ciclo de valorización del capital busca integrar al trabajo como objeto fuerza de trabajo, aunque esta inclusión es siempre parcial, nunca es definitiva. Así el trabajo asalariado implica para el capital un problema permanente que debe ser controlado y dominado. Pero para el trabajo asalariado su lógica es la destrucción del capital como antagonismo de clase.
El capitalismo trata de controlar al trabajo buscando cauces que le faciliten mantener y acrecentar sus beneficios dando algunas “reivindicaciones” que permitan mantener a la clase obrera en el estado que el capital requiere para su explotación. Esto explica porque durante el siglo XIX, debido a las luchas de las trabajadoras y trabajadores para mejorar su situación, los capitalistas se vieron en la necesidad de limitar el trabajo infantil y regular la extensión de la jornada laboral debido al deterioro en la salud y la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, lo cual repercutía negativamente en su tasa de ganancia, es decir en sus propios beneficios.
Así la problemática de la jubilación y las pensiones tiene que ver con las luchas antagónicas entre capital y trabajo asalariado que encuentran cauces en los límites que se van colocando a la explotación. Es por eso que estos sistemas de previsión vienen precedidos de luchas del movimiento obrero-popular para el logro de esta reivindicación, así este principio es tomado y manoseado en función de los intereses del capital con la conformación del Estado de “Bienestar” capitalista moderno. El financiamiento obligatorio del retiro del trabajo a una edad estipulada, con cotizaciones tanto obreras como patronales y la garantía de esas prestaciones forma parte de las reivindicaciones conquistadas en arduas luchas que la clase obrera desarrolló contra el capital, pero que solo acotan la explotación; no la elimina.
En América Latina en general, pero guardando distancia con algunas especificidades, nunca se desarrolló un Estado “bienestar” capitalista, esto debido a la dependencia de la relación centro-periferia, eran Estados autoritarios pero distorsionados, no completos, dependientes y los beneficios que proveían se limitaron a ciertos accesos de la población a la educación básica, quedando los demás derechos, incluidos los de salud, seguridad social, jubilación y pensiones como derechos solamente de la clase asalariada o del movimiento sindical, que mediante acuerdos corporativos (contratos colectivos) beneficiaban a sectores reducidos de trabajadores asalariados. El acceso a la seguridad social se logró en una combinación de decisiones que realiza el Estado al darle algunos privilegios a ciertas elites que les interesaba proteger (sobre todo los militares); pero además, fundamentalmente, mediante las luchas obreras de los grandes sindicatos que transformaron sus conquistas, que podían ser para toda la clase, en conquistas corporativas que beneficiaban al grupo de trabajadoras y trabajadores de dichos sindicatos. Esto dejaría sin protección a la mayoría de la población.
En líneas generales en América Latina los sistemas de pensión de vejez, invalidez y muerte se conformaron bajo un régimen que requeriría la aportación de las trabajadoras y trabajadores y de los patrones y patronas para la conformación de un capital el cual debía crecer de acuerdo a las necesidades del cambio de la estructura demográfica. Esta cuota podría incrementarse de acuerdo al proceso de envejecimiento de la fuerza de trabajo. Evidentemente este capital ahorrado debería estar en un fondo bajo la responsabilidad del Estado y ser invertido para que no perdiera valor, así los beneficios futuros estarían asegurados. Existía la solidaridad intergeneracional, ya que las trabajadoras y trabajadores activos contribuían para pagar las pensiones de los más viejos y desvalidos. Como podemos ver el Estado era garante pero no controlaban ese fondo y menos las trabajadoras y trabajadores, sino el sistema financiero, es decir, estaba ya de por si privatizado, obteniendo este una rentabilidad.
Sin embargo, en muchos países de América Latina ese fondo nunca se constituyó o si se constituyo era cuando ya esta institución estaba, prácticamente, en crisis. Los recursos provenían directamente de los grandes ingresos de las exportaciones de materia prima que algunos países poseían. Pero además el desfalco de los patronos que no realizaban su aporte o si lo hacían era desde una mayor explotación de las trabajadoras y trabajadores, vía falso salario que declaraban ante las instituciones del Estado, como ocurrió Venezuela. Es decir que en realidad el sistema de pensiones por medio de los seguros sociales no se implementó en su totalidad o se implementó totalmente desvirtuado y eso indica la crisis profunda a la que llego. Además la deuda externa de América Latina, generada por los países centrales para una inversión de “desarrollo” en nuestra América, destruyó o redujo sustancialmente todos los sistemas de pensiones y jubilaciones existentes.
En la década de los 60 y 70 se generaron grandes luchas obreras a nivel mundial que empezaron en reivindicaciones salariales y terminaron en huelgas y tomas de fábricas; se desarrollaron amplios procesos de participación de los trabajadores en la gestión de la producción en diferentes empresas. El sistema capitalista entró en crisis, ésta se expresó en su modelo de acumulación (crisis de eficiencia) y en su modelo de gestión administrativa y de organización del trabajo Taylor-Fordista (crisis de legitimidad).
Así en la década de 1980-1990 la burguesía internacional logró reagruparse, frenando y derrotando las luchas obreras, y desarrolló una estrategia en varias direcciones para recomponer el modelo de acumulación capitalista, pero además para derrotar y fraccionar al movimiento obrero insurgente. Esto permitirá al capital descomponer el movimiento obrero de masa que había surgido contra el capital y recomenzar un nuevo control de este.
Se trata, por parte del capital, de recomponer el modelo de acumulación a nivel mundial, mediante diversos medios y políticas neoliberales, que pudiéramos resumirlo en:
- Reestructuración Productiva; en las empresas más importantes y que tenían fuertes movimientos sindicales. Esto significó, grandes reestructuraciones con despidos masivos con la excusa de bajar el costo laboral, leyes de desregulación laboral, profunda segmentación, división de los puestos de trabajo, y deslocalización de empresas para trasladarlas donde la mano de obra fuera más barata. Además de amplios procesos de privatización de empresas y servicios fundamentales para la población.
- Nuevas formas capitalistas de gestión administrativa y de organización del trabajo; como la calidad total, “equipos de trabajo”, toyotismo, just-on-time y otros que permitieron expropiar, aún más, el saber obrero de la producción para así lograr mayor rentabilidad para el capital y mayor explotación y dominación para la clase trabajadora.
- El Estado Social-Keynesiano o de Bienestar capitalista será sustituido, progresivamente, por un Estado-Empresa, iniciándose un proceso de desmantelamiento de todos los elementos garantistas que tenía el Estado social capitalista para la reproducción de la población, en lo que respecta a la seguridad social, educación y otros servicios.
Todo esto transversalizado por un proceso de mundialización del capital, que se venía gestando desde la década de los 50, mediante la desreglamentación y liberalización de la economía mundial en las finanzas, el comercio, la producción y las inversiones. Esta mundialización del capital será un amplio proceso de acumulación del capital y tenderá a estar hegemonizado por el capital financiero.
Debilitamiento de la seguridad social: Quiebre de la solidaridad
El proceso de mundialización del capital, la derrota del movimiento obrero, la caída de la URSS y la entrada de Rusia y los países del Este en el mercado mundial generó un debilitamiento político e ideológico en las instituciones de previsión que garantizaban una reproducción social dentro del contrato laboral de cierta limitación de la explotación, haciendo más vulnerables a las trabajadoras y trabajadores; reforzando, aun mas, el estatus de mercancía de la fuerza de trabajo a niveles del capitalismo liberal del siglo XIX, pero contextualizado a la realidad actual.
El primer ataque global de privatización de las pensiones sociales vino desde instituciones que dirigen e imponen las visiones económicas que el capitalismo globalizado requiere para su expansión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, sus recetas las sintetizaría John Williamson en una conferencia en 1989 en el llamado “Consenso de Washington”. Entre otras medidas estaban: disciplina en la política fiscal, desregulación laboral y amplios procesos de privatizaciones no solo a empresas del Estado, sino que incluían a la educación, salud y pensiones. Estas instituciones impusieron este tipo de medidas a los países “en desarrollo” que se encontraban en crisis, a cambio de préstamos leoninos.
Así bajo una correlación de fuerzas desfavorable al movimiento obrero-popular y las crisis económicas que se hicieron más recurrentes a partir de dicha década, asociadas a una baja de la tasa de ganancia, pusieron en marcha contra-reformas a los Estados de Bienestar, a través de una alianza estratégica entre gobiernos y élites, a fin de reducir tanto los costos de la fuerza de trabajo como el pago de impuestos. Se liberalizaron los mercados internacionales de bienes y capitales, pero no la de la fuerza de trabajo, lo que ha contribuido al deterioro de las condiciones laborales y de los sistemas de seguridad social, afectando el nivel de vida de la mayoría de la población[2]
Estas alianzas en América Latina, entre gobiernos y las burguesías nacionales, dependientes profundamente a las burguesías internacionales, significaron el impulso de reformas, en uno de los sistemas más sensible e importante para las trabajadoras y trabajadores, la seguridad social, sobre todo en lo que respecta al sistema de jubilaciones y pensiones. Los ejes fundamentales de estas reformas se dirigían al aumento del tiempo de cotización, aumento de la edad legal de retiro, cuentas individualizadas, ampliación aportaciones voluntarias y fijación de topes a las cotizaciones obligatorias.
Pero detrás de estas recetas de las instituciones de la burguesía internacional se encubre el contenido de clase, por lo menos en dos aspectos fundamentales. El primero, que es el disminuir o eliminar las cotizaciones patronales en el financiamiento del sistema de pensiones y jubilaciones, prolongar el periodo de permanecía de las trabajadoras y trabajadores en el trabajo y así desvalorizar la fuerza de trabajo para obtener mayor rentabilidad, aumentar la plusvalía, mediante un proceso de super-explotación de la fuerza de trabajo. Segundo, quitarles a las trabajadoras y trabajadores los fondos acumulados de ahorro de los sistemas de pensiones y jubilaciones en los diferentes países-naciones, y muy especialmente los países periféricos, para pasarlos a sistemas privados de capitalización individual, ser controlados por el sistema financiero y, a su vez, utilizados en la especulación bursátil para la obtención de mayor rentabilidad financiera generada por las trabajadoras y trabajadores.
El proceso de privatización de los sistemas de pensiones y jubilaciones se inició en Chile en 1981, durante la dictadura de Pinochet, que había destruido, prácticamente, al gobierno de Unidad Popular y toda su institucionalidad, con un golpe de estado facturado por los Estados Unidos, que se tradujo en cientos de miles muertes, represaliados y el ostracismo de millones de chilenos. Así Chile será el laboratorio especial para realizar esta contrarreforma, que se desarrolla en la década de los 80 al implantar las cuentas de ahorros individualizadas que serían gestionadas por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).
José Piñera fue ministro del Trabajo de Pinochet, y promotor del sistema privado de pensiones a escala mundial, presentó el esquema como la liberación de los trabajadores. En la actualidad forma parte del grupo de expertos del Instituto Cato, que es un lobbies o grupo de presión que promociona, impulsa e impone políticas publicas neoliberales que sean consistentes con sus principios de libertad individual, mercados libres y Estados limitados. Piñera presentó un trabajo en donde expresa, cínicamente, con el inicio del Manifiesto Comunista que:
Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de la quiebra de los sistemas de pensiones basados en el paradigma del “reparto”…[3]
Para después expresar:
La ley estableció una fecha clara de inicio (1 de Mayo de 1981) del nuevo sistema de AFP. En Chile, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, el día 1 de Mayo es el día del trabajo. Los símbolos son importantes y escogimos esta fecha de nacimiento del sistema privado de pensiones para permitirles a los trabajadores celebrar ese día no como uno de lucha de clases, sino como el día en que ganaron la libertad de controlar sus recursos para el retiro y se liberaron de “las cadenas” del seguro social estatizado.
En la década de los 90 ya habían florecido los fondos de pensiones en Estados Unidos y en los países “desarrollados” controlados por sectores financieros que manejaban grandes reservas de dinero en la especulación bursátil. A mediados de la década de 1990 comenzaron a proliferar estudios interesados que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Estos fueron realizados y direccionados simultáneamente por instituciones internacionales, como el Banco Mundial (1994), y los servicios de estudios de las entidades financieras, que eran en definitiva las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados. Aquí funcionaron los lobbies o grupos de presión junto a los medios de comunicación propagandísticos para ir imponiendo en la “opinión pública” políticas de privatización de las pensiones que luego se harían realidad concreta. Así basados en medias verdades, pretendían vender, pero por sobre todo crear la ilusión que el sistema de capitalización permitiría que el individuo controlara lo que aportaba, que podía multiplicar sus cotizaciones en la bolsa y que le permitiría ser propietario de bienes al tener un accionariado propio. Pero en realidad, las trabajadoras y trabajadores pensionistas no tenían el control directo de sus ahorros, de su gestión, menos de su distribución, ni tampoco de su orientación (utilizarlo en otras actividades que consideren). Solo perciben los beneficios, reducidos por su puesto, que los administradores del fondo tienen a bien entregar de acuerdo a las condiciones y determinaciones del mismo fondo. Es decir, los sectores financieros, cambiaron espejos por oro, pero a la vez encadenando al capital a vastos sectores de trabajadoras y trabajadores pensionados.
También al sistema de pensiones público lo atacaron, especialmente, expresando que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra a este sistema de pensiones. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que las trabajadoras y los trabajadores están obligados a cotizar, así como el patrono y patrona, para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria. Así bajo la crisis de la deuda externa, el impacto propagandístico del sistema financiero internacional, acerca de la quiebra inminente de los fondos de pensiones y una coyuntura donde se presentaron problemas de disciplina fiscal y estabilidad presupuestaria en los países con sistemas de seguridad social avanzados, que podrían reducir la capacidad de pago de la deuda; los organismo internacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE) comenzaron a recomendar las contrarreformas de los fondos de pensiones, extendiéndose estas a 23 países, de los cuales 11 eran de América Latina.
La privatización de los fondos de pensiones siguió diferentes vías en América Latina. Así, Bolivia, Chile, El Salvador, México y República Dominicana aplicaron uno “sustitutivo” que eliminó el sistema público y lo remplazó por el privado. Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay tomaron un modelo “mixto”, es decir una pensión sufragada por el sector público y otra por el sector privado. Colombia y Perú implementaron un modelo “paralelo” en que los sistemas público y privado compiten entre sí. Nueve países conservaron sus sistemas públicos: Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
Crisis capitalista mundial: los fondos de pensiones privados tiemblan
En 2007 y 2008 se desarrolla una crisis financiera global que impacto fuertemente en USA transformándose rápidamente en una recesión que afectó principalmente en las economías más desarrolladas. América Latina soportó mejor la crisis debido a los buenos precios de los commodities[4], que a su vez fueron impulsados por la gran demanda de China.
Esta crisis amenazó la quiebra sobre los fondos privados de capitalización, que, al estar mayoritariamente vinculados a la evolución de la bolsa, se hundieron o se vaporizaron como consecuencia del colapso financiero en 2008. Esta crisis ha mostrado el punto débil de los fondos privados.
Después de 30 años de contrarreformas neoliberal en los sistemas de pensiones se hace evidente su fracaso, aparte de su peligrosa inseguridad en la vida futura de los pensionistas ya que estas cuentas de ahorro individualizadas dependen de los depredadores bursátiles.
Para muestras varios botones. De acuerdo al Informe Mundial sobre Protección Social del 2014-2015 de la OIT[5], concluye que las presiones de los mercados financieros restringen la soberanía de los Estados de introducir aumentos a las cotizaciones de la seguridad social y también crear impuestos que permitan evitar recorte en las prestaciones. Además señala como la presión ejercida por los servicios financieros internacionales fue exitosa en el logro de vastas privatizaciones de los sistemas de pensiones de la seguridad social, sin embargo estas se revirtieron después de la crisis financiera y económica.
Con respecto a Chile expresa: En Chile, donde el “nuevo paradigma” se había introducido ya en 1981, transcurrió el tiempo suficiente para demostrar que el nuevo sistema no solo no mejoró la cobertura y el cumplimiento como se esperaba, sino tampoco pudo proporcionar de forma adecuada la seguridad de los ingresos en la vejez, especialmente a aquellos ingresos bajos y carreras profesionales más cortas o interrumpidas (y en particular a las mujeres). Chile fue, el primer país en iniciar una re-reforma[6].
Este es el principal indicio del fracaso del sistema de pensiones privatizado. El fracaso del paradigmático caso chileno. Para ello en 2006 se crea el “Consejo asesor para la reforma del sistema de pensiones” que dará los resultados y que los sintetizara la presidenta Bachelet en que el sistema de pensiones tiene baja cobertura, baja densidad de cotizaciones y deja fuera a una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores. El Estado Chileno tuvo que realizar una “re-reforma” en 2008 para que se estableciera un Sistema de Pensiones Solidarias, el Aporte Previsional Solidario (APS), que sirviera de complemento a las menguadas pensiones del régimen de capitalización individual (AFP). Claro este sistema seria público.
Esto no quedaría aquí, ya que posteriormente otro informe refleja el fracaso del sistema privatizado de pensiones, “Informe Final. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones” de septiembre del 2015 en donde esta realidad se hace tangible al expresar que la mediana de tasa de reemplazo de las pensiones autofinanciadas sobre el ingreso de los últimos 10 años antes de jubilar es de 34% para el total de los pensionados[7]. Pero, posteriormente agrega, acerca de la tasa de remplazo proyectada que: Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15,3 % del ingreso promedio de los últimos 10 años[8].
Es importante destacar la encuesta que la comisión presidencial realiza y que expresa la visión rotunda de los ciudadanos chilenos, después de más de 35 años de las AFP: La Encuesta de Opinión encargada por la Comisión muestra una imagen negativa de las AFP en la mayor parte de la población, un 72% de las personas considera que “Solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”. Un 66% considera que “Las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”… Según la pregunta de confianza son la 4ta institución en la que menos se confía después de los Partidos Políticos, el Congreso y las Isapres[9].
Así podemos concluir que el fracaso de la privatización de las pensiones en América Latina tiene que ver, entre otros, con la baja cobertura, el elevado costo del paso de un sistema a otro y las excesivas comisiones cobradas por los servicios financieros que administran estos fondos de pensiones que en el caso chileno son elocuentes: Mientras los sistemas de Seguridad Social se mueven en costos de administración que fluctúan entre un 5% a un 10% de sus ingresos por cotizaciones, las AFPs ante la indolencia de las autoridades, han cobrado para administración, entre un 20% a 30 % de lo que se ingresa por cotizaciones[10]. Además de la incapacidad de este sistema de proveer una pensión de sobrevivencia digna.
Pero mientras fue un fracaso generar pensiones justas para las trabajadoras y los trabajadores pensionistas, a las empresas financieras que controlan las AFP, sí que les fue muy bien, como expresa Gabriel Salazar:
Comprensiblemente, el ‘Fondo AFPs’ aumentó de US$ 300 mil en 1981, a US$ 35.400 millones en 2000, lo que significó pasar de 0.9% a 46.9% del PIB (…) A fines de 2010, el fondo giraba en torno a los US$ 130.000 millones, mientras el Gobierno autorizaba que el 80% de esos fondos podían invertirse en el exterior.
En 2012, cuando el fondo de pensiones administrados por las AFP es ya equivalente al PIB chileno (US$ 153.807 millones), el sistema de pensiones ha logrado ya, casi por completo, la internacionalización de su cuerpo y de su alma. Cumplió su destino.
Es decir a mayores ganancias de las empresas financieras menores serán las pensiones de las trabajadoras y los trabajadores, aparte de que estas empresas integradas al capital financiero internacional ponen en peligro constantemente los ahorros de las pensionadas y pensionados.
Vuelven las contrarreformas neoliberales pero vuelven con lucha popular en la calle
A partir del 2012 comienza un proceso de disminución de los precios de los commodities que se profundiza en los años 2015-2016, reduciéndose el crecimiento en América Latina; algunos países como Brasil, incluso entraron en recesión. A pesar de una ligera recuperación en 2017.
Ante el bajo crecimiento, las burguesías transnacionalizadas aplican las viejas recetas neoliberales, muy conocidas por los pueblos, que invocaron e impusieron en los años 90: reducir el gasto social, liberalizar sus economías, privatizar la propiedad pública, o lo que queda, desregular el mercado laboral y privatizar el fondo de pensiones donde sea privatizable o realizar “re-reformas”, donde el fracaso de las AFP ha sido evidente y así mantenerlos.
Es lo que tratan de hacer aprobando una reforma laboral y preparándose para aprobar una reforma previsional en Brasil. Aprobando la reforma previsional Macrista en Argentina. Realizando “re-reformas” y si es posible “re-re-reformas” en Chile y Perú. Claro todo esto con grandes movilizaciones y de las trabajadoras y los trabajadores y por supuesto de la represión que no envidia a ninguna dictadura de los gobiernos “re-neoliberales”.
En Brasil el 11 de julio el Senado, es decir cincuenta (50) senadores, aprobaron la reforma laboral del dictador Temer sin consultar a más de 200 millones de brasileños, ya que estamos hablando de su futuro y sin contar las masivas protestas desarrolladas durante el proceso anterior a la aprobación, donde los potentes movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST), entre otros se hicieron presentes; hasta la masiva huelga general del 28 de abril de 2017, convocada por la central mayoritaria del Brasil, la Central Única de Trabajadores (CUT) y apoyada por otras centrales sindicales, que paralizó el país y donde participaron más de 35 millones de trabajadoras y trabajadores. Una reforma que precariza el trabajo, lo temporaliza, que prácticamente vuelve a la esclavitud a los trabajadores rurales y que acrecentara considerablemente el desempleo (de más de 12% en la actualidad). A pesar de esto y de una posible reforma de las pensiones para este año ya en Brasil la lucha no ha terminado, apenas comienza, conformado unidades importantes en lucha como el Frente Brasil Popular (FBP) conformado por Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), La Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Central de los Movimientos Populares (CMP), Vía Campesina, la Central Única de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), entre muchos otros; todos contra el gobierno neoliberal y corrupto del dictador Temer y conformar un frente en lucha para las elecciones del 2018.
Después de grandes movilizaciones, reprimidas cual dictadura, durante todo el 2017 y el 2016, el Gobierno de Macri, con una parte del Congreso a su favor aprueban el 19 de diciembre (después que no pudieron hacerlo el 14 de diciembre por la gran movilización popular), con más de tres mil policías rodeando el Congreso y en la madrugada la Contrarreforma de Pensiones que pone en peligro la calidad de vida de las y los pensionistas argentinos, que ya de por si era precaria. Pero para Macri lo fundamental era ahorrar en gasto público y así reducir el déficit fiscal como se lo dijeron sus amigotes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que agrupa a 35 países miembros, entre ellos Argentina, y que su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Sin embargo, la lucha sigue y el 21 de febrero de 2018 se realizó una manifestación en rechazo de las políticas de ajustes del Gobierno de Macri, convocada por CGT, la Corriente Federal, la CTA Autónoma, la CTEP y la CTA de los Trabajadores y numerosos movimientos sociales que congrego a más de 400.ooo trabajadores y trabajadoras. Esto es una muestra del inicio de un amplio proceso de lucha donde converjan los gremios sindicales, los movimientos sociales y las organizaciones políticas para conformación de un gran frente de lucha donde lo diverso sea lo que unifique.
En Chile los procesos de lucha se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo, primero con el movimiento estudiantil y sus movilizaciones durante todo el año 2011 y su continuidad en 2012 y 2015 que revindicaban entre otros puntos una reforma al sistema de acceso a las universidades asegurando la igualdad de oportunidades, aumento del gasto público en educación superior, una democratización del sistema de educación superior, educación superior gratuita entre otras.
Pero importante también son las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores y un dato destacado es que el sistema de previsión en Chile no lo quiere nadie. Las trabajadoras y trabajadores en más del 70 % están en contra de las AFP, como expresó la Comisión Presidencial, en una encuesta realizada en 2015. Este sistema injusto provocó las movilizaciones de la población contra las AFP. Estas tuvieron su punto álgido el 24 de julio de 2016 cuando centenas de millares de chilenas y chilenos se movilizaron, convocado por un movimiento social, la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP, encabezado por sindicatos y ciudadanos organizados en las coordinadoras locales y regionales en toda la geografía nacional y conformado en 2013. La coordinadora NO + AFP ha venido desarrollando amplias movilizaciones durante el 2017 y en su III Congreso celebrado el 12 y 13 de enero plantean que el objetivo de terminar con las AFP y establecer un nuevo sistema previsional solidario y de reparto basado en los principios de la seguridad social, es la razón de ser de la CNT No+ AFP, movimiento social nacional de carácter autónomo, democrático y solidario, que representa transversalmente a chilenas y chilenos, independientemente de su creencia o adscripción social, política o religiosa. Además plantean diferentes acciones y la huelga general que es la forma más eficaz de generar la presión necesaria sobre el sistema político-económico para finalmente lograr nuestra reivindicación, por lo cual es necesario comenzar a trazar un programa de avance que permita su materialización[11]. Así amplios procesos de luchas de trabajadoras y trabajadores se intensificara en Chile.
Todo esto en el marco de unas fuerzas conservadoras cuyo proyecto es el mismo que nos presentaron en los años 90, las recetas de FMI, el Banco Mundial y la OCDE, recicladas y mecánicamente impuestas porque en algunos países desarrollados le ha salido parcialmente bien para el capital.
Pero además las tendencias que se están conformando en América Latina con respecto al cambio del Estado capitalista, que se han venido desarrollando desde el 2009 con los llamados, eufemísticamente, como “golpes institucionales” (Honduras, 2009; Paraguay, 2012 y Brasil, 2016), son en definitiva, la ruptura de la institucionalidad democrática liberal-burguesa y el paso a la forma de Estado de excepción permanente, que se reafirma con el fraude electoral de Honduras en 2017. Es la muerte de la democracia “realmente conocida” (liberal-burguesa) y es la tendencia de la conformación en América Latina de una Democracia de excepción preventiva, una Democracia de clase, de elites, de la burguesía y sus agentes nacionales e internacionales.
Ante esta coyuntura latinoamericana, debemos empezar por el inicio; la historia de nuestros pueblos originarios y del movimiento obrero-popular ha sido la ayuda mutua, la solidaridad intergeneracional, la protección de sus iguales. Es por eso que la reivindicación en la lucha del derecho a proteger el tiempo de vida de todas y todos en la vejez no puede estar subordinado al capital. Los sindicatos, movimientos sociales y los pueblos indígenas tienen el arma de la movilización en lucha para conformar sistemas de seguridad social integrales.
Pero el Estado imperialista, ese conformado por una compleja red de relaciones sociales entre las corporaciones económicas, militares y políticas-culturales y también con los lobbies, corporaciones que funcionan como sus agentes políticos en la relación con los parlamentos-gobiernos-tribunales de los Estados-Nación, tiene como estrategia a mediano plazo los Tratados de Libre Comercio (TLC). Por eso, comienzan desregularizando la relación laboral con las reformas laborales y las reformas previsionales que impusieron a sangre y fuego en Brasil y Argentina y las “re-reformas” en otros países para cambiarlos sin que nada cambie. Ahora trataran de apurar el acuerdo del TLC Unión Europea y Mercosur, que desde el punto de vista político significaría la liquidación de la autonomía de Mercosur como un mercado regional diferente a la UE y USA, pero por sobre todo significará penurias y desasosiegos para los pueblos, una gran pérdida de empleos y precarizaría aún más el trabajo en Nuestra América, tratando por sobre todo de vencer la resistencia de los pueblos, de dominarnos y subordinarnos a la nueva colonia imperial.
Pero, dice el sabio refrán popular, como los deseos no empreñan, y menos con pueblos indómitos como los nuestros, se avizora un amplio proceso de lucha-organización y lucha en Nuestra Patria Grande, en nuestra Abya Yala, tierra de sangre vital, donde las reformas previsionales y la seguridad social solo son la punta del iceberg, donde ya los pueblos no creen en fórmulas que fueron probadas y lo que trajo fue más explotación, opresión y exclusión social, donde ya los pueblos, mejor concienciados y politizados, saben que el futuro de América Latina está en su soberanía y la unidad latinoamericana de los pueblos, en la construcción de una democracia popular, de las mayorías, de las trabajadoras y trabajadores, de los pobladores indígenas, en el auto-gobierno de todas y todos, para la construcción del buen vivir, de la sociedad comunal. Entonces, “…se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”[12]
[1] Cooperativismo obrero Consejismo y Autogestión socialista de Iñaki Gil de San Vicente. http://www.rebelion.org/docs/12 se1970.pdf
[2] Seguridad social pensiones y pobreza de los adultos mayores en México, Araceli Damián, Acta Sociológica Volumen 70, mayo-agosto 2016, págs. 151-172. 1-Seguridad social pensiones y pobreza en Mexico
[3] Hacia un chile de trabajadores-propietarios, José Piñera Echenique, Derecho y Humanidades Nº 20, 2012, pp. 63-72. Hacia un Chile de trabajadores-propietarios Piñera
[4] Son bienes transables en el mercado de valores. Los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales (cobre, níquel, zinc, oro y plata) y de alimentos o insumos (trigo, maíz o soya). Los commodities pueden ser intercambiados en mercados en tiempo real o en futuros. La mayoría de los commodities de manera individual son intercambiados en manera de futuros, y lo que se intercambia no es el barril de petróleo, por ejemplo, sino un contrato para comprar o vender a cierto precio en un momento acordado en el futuro. Cuando se habla de futuro implica que puede haber fluctuaciones en los precios a lo largo del tiempo y con ello buenas oportunidades para inversionistas que se arriesguen a esta volatilidad para obtener ganancias
[5] Informe Mundial sobre la Protección Social 2014/15. Hacia la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social, OIT, pág. 94. Informe Mundial de Proteccion Social 2014-2015
[6] Ídem, pág. 96
[7] Informe Final. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”, septiembre del 2015, pag.87 http://www.comision-pensiones.cl/Informe_final_CP_2015.pdf
[8] Ídem, pág. 89
[9] Ídem, pág. 79
[10] Nuevo Sistema de Pensiones para Chile, Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP, 28 Noviembre 2016. 2016-PROPUESTA-PREVISIONAL
[11] Ver : http://werkenrojo.cl/chile-conclusiones-del-iii-congreso-nacional-no-afp/
[12] Palabras retransmitidas por Radio Magallanes, Salvador Allende se dirigía por última vez al pueblo chileno. Era el 11 de septiembre de 1973, día en que una irrupción golpista, impulsada por los Estados Unidos, puso fin al Gobierno popular y a su propia vida.
Observatorio de Trabajador@s en Lucha 